Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 2587 DE 2017

(Octubre 18)

“Por la cual se reitera el límite a los montos de gastos de las consultas que realicen las agrupaciones políticas para la selección de sus candidatos a la Presidencia de la República que se lleven a cabo durante el año 2017, se fija el valor de reposición de los votos válidos depositados en cada una de ellas y se toman otras decisiones”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas en los artículos 107, 109 y 265 de la Constitución Política,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 2152 del 29 de agosto de 2017 el Consejo Nacional Electoral fijó la fecha para la realización de las consultas populares, internas e interpartidistas a realizar por parte de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos, la que quedó para el día 19 de noviembre de 2017.

Que en desarrollo de ello y dentro del plazo estipulado, el Consejo Nacional Electoral fue informado por las siguientes organizaciones políticas, de la intención que les asiste de convocar a consultas:

Partido Centro Democrático, mediante escrito radicado el 5 de septiembre de 2017 y con radicado 201700006404-00, manifestó su intención de participar en tales consultas tanto para escoger candidatos como para la toma de decisiones.

Partido Liberal Colombiano, mediante escrito radicado el 14 de septiembre de 2017 y con radicado 201700006657-00, manifestó su intención de participar en tales consultas tanto para escoger candidatos a la Presidencia de la República como al Congreso de la República para el periodo 2018-2022, como para la toma de decisiones.

Partido Conservador Colombiano, mediante escrito radicado el 15 de septiembre de 2017 y con radicado 201700006712-00, manifestó su intención de participar en tales consultas, en principio en todos los municipios y departamentos del país, tanto para escoger candidatos a la Presidencia de la República como al Congreso de la República para el periodo 2018-2022, como para la toma de decisiones.

Grupo Significativo de Ciudadanos La Patria de Pie, mediante escrito radicado el 15 de septiembre de 2017 y con radicado 201700006713-00, manifestó su intención de participar en tales consultas.

Que el artículo 4º de la Resolución 290 del 29 de enero de 2014, expedida por el Consejo Nacional Electoral, fijó los límites al monto de gastos de las campañas de las consultas que las agrupaciones políticas realicen para seleccionar sus candidatos a la Presidencia de la República, en un valor equivalente al cincuenta (50%) por ciento del límite fijado para las campañas a la Presidencia de la República, lo que se hizo, sin limitarlo a las consultas que se realizaran ese año, razón por la cual, aplica para aquellas que con este mismo propósito se lleguen a realizar en los años sucesivos y hasta que el Consejo Nacional Electoral adopte un criterio diferente.

Que sin embargo, del texto de la citada normatividad no es claro en indicar si el monto allí previsto es para las campañas que, de manera individual adelanten cada uno de los precandidatos inscritos en cada partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, o si por el conjunto de las campañas que adelanten todos los candidatos del respectivo partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, por lo que se hace necesario precisar si se trata de un monto individual o global. En relación con lo cual, este organismo estima pertinente que tal monto debe ser gastado de manera conjunta por las campañas que adelanten todos los candidatos del respectivo partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, prorrateada a partes iguales entre cada uno de los precandidatos.

Que el artículo 107 de la Constitución Política, faculta a los partidos y movimientos políticos para la selección de candidatos y toma de decisiones mediante el sistema de consultas populares o internas o interpartidistas, al señalar la norma que:

“Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y en la ley...”.

Además, este artículo a renglón seguido dispone que:

“En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias...”.

Que tratándose de consultas, se aplicarán las normas de financiación de elecciones ordinarias y en lo pertinente, el artículo 109 de la Cata Política expresa:

“También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley (...)”.

Que el parágrafo del mismo artículo 109 superior prevé que:

“Las consultas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo recibirán financiación mediante el sistema de reposición por votos depositados, manteniendo para ello el valor en pesos constantes vigente en el momento de aprobación de este acto legislativo”.

De lo anterior, se puede inferir que, para las consultas populares, internas o interpartidistas, no opera el sistema de anticipos previsto en las leyes 996 de 2005 y 1475 de 2011, en tanto que para ellas rige una norma constitucional especial y posterior a la regla contenida en el artículo 107 superior, lo que afecta el mecanismo de financiación de estas campañas, en la medida que la Ley 996 de 2005, al regular la financiación de las campañas presidenciales dispone, que este será preponderantemente estatal, mediante el sistema de anticipos, así como que los particulares, personas naturales, solo pueden aportar hasta el “veinte por ciento (20%) del tope de los gastos de las campañas presidenciales”, lo que de aplicarse a estas consultas, reduciría en la práctica el límite de gastos fijados a tan solo el veinte por ciento (20%) de su valor.

Que la Ley 1475 de 2011 en sus artículos quinto y sexto regula de manera general las consultas populares, internas o interpartidistas.

Que el legislador estatutario, en la Ley 1475 de 2011, consagra que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica pueden invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas, al tiempo que establece en su artículo 20 como fuente de financiación de campañas electorales “los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para la financiación de las campañas en que participen”.

Que en consecuencia, el Consejo Nacional Electoral autorizará a los partidos y movimientos políticos a invertir en la campaña institucional para cada uno de estos cargos y corporaciones, hasta el veinte por ciento (20%) de la suma máxima fijada para sus campañas.

Que mediante Resolución 173 de 2017, el Consejo Nacional Electoral fijó el valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos en el año 2017 a nivel nacional lo hizo por el monto de mil seiscientos treinta y dos pesos ($1.632), mientras que la Resolución 674 del 19 de febrero de 2014, el Consejo Nacional Electoral fijó tal valor en la suma de cuatro mil setecientos catorce pesos ($4.714) para el caso de las consultas para escoger candidatos a la Presidencia de la República, por lo que de mantenerse el valor previsto en la Resolución 173 del 31 de 2017, se estaría dando una reducción significativa en el valor aprobado para el año 2014, el que se mantendrá para la presente vigencia.

Que el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 dispone:

“ART. 23.—Acceso al Canal Institucional y la Radiodifusora Nacional. Durante el período de campaña presidencial, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, mantendrán el acceso a los medios de comunicación social en los términos de la ley de partidos y movimientos políticos. Tendrán los mismos derechos de estos, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidato a la Presidencia de la República en los términos de la presente ley.

Además de los programas de televisión del Canal Institucional previstos en la ley, durante la campaña presidencial los partidos o movimientos políticos con personería jurídica, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidato a la Presidencia de la República, tendrán derecho a:

1. Realizar tres (3) debates de hasta sesenta (60) minutos cada uno, por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición durante el período de campaña presidencial.

2. Realizar una intervención de hasta cinco (5) minutos por parte de cada candidato, dentro de la semana siguiente al inicio de la campaña presidencial, con el fin de presentar su programa de gobierno a los ciudadanos. Estas transmisiones se realizarán en enlace nacional de todos los canales de televisión y estaciones de radio, estatales.

3. Realizar una intervención de hasta diez (10) minutos por parte de cada candidato presidencial, ocho (8) días antes de las elecciones a la Presidencia de la República, con el fin de presentar a los ciudadanos sus palabras de cierre de campaña. Estas transmisiones se realizarán en enlace nacional de todos los canales de televisión y estaciones de radio, estatales.

El Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con sus competencias, reglamentará la materia dentro de los tres (3) días siguientes al cierre de la inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República”.

Por otra parte, el artículo 24 de la Ley 996 de 2005 dispone:

“ART. 24.—Propaganda electoral. Cada una de las campañas presidenciales, podrá contratar solo durante los treinta (30) días anteriores a la elección presidencial en primera vuelta, y durante el lapso entre esta y la segunda vuelta, si la hubiere, con los concesionarios y operadores privados de televisión, espacios para divulgar propaganda electoral de las respectivas campañas.

Las campañas presidenciales podrán contratar y realizar propaganda electoral en la prensa escrita y la radio, durante los tres (3) meses anteriores a la elección presidencial.

Cada campaña presidencial decidirá en qué medio de comunicación social desea pautar, teniendo como límite los topes establecidos en la presente ley.

Las propagandas no podrán utilizar los símbolos patrios.

Las empresas que prestan el servicio de televisión por suscripción tienen prohibida la transmisión o divulgación de propaganda electoral referente a la campaña presidencial en Colombia, que sean transmitidos en los canales de televisión extranjeros.

PAR.—También podrá transmitirse divulgación política o propaganda electoral a través del servicio de televisión y radiodifusión comunitaria”.

Que las anteriores disposiciones son aplicables a las consultas populares, internas o interpartidistas que organicen los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos para la escogencia de sus candidatos a la Presidencia de la República, solo que ajustado a los tiempos de una campaña más corta como a la que se refiere la presente resolución.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Reitérase que el límite de los gastos de las campañas de las consultas que las agrupaciones políticas realicen para seleccionar sus candidatos a la Presidencia de la República es un valor equivalente al cincuenta (50%) por ciento del límite máximo de gastos fijado para las campañas a la Presidencia de la República, este monto deberá ser gastado de manera conjunta por las campañas que adelanten todos los candidatos del respectivo partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, prorrateada a partes iguales entre cada uno de los precandidatos.

ART. 2º—Adviértase que, por no mediar anticipos, el cien por ciento (100%) de la financiación de estas campañas será con cargo a aportes privados de personas naturales, los que estarán sujetos a los límites previstos en el artículo 14 de la Ley 996 de 2005.

ART. 3º—Los recursos de las campañas de las consultas que las agrupaciones políticas realicen para seleccionar sus candidatos a la Presidencia de la República se recibirán y administrarán a través de una cuenta única y exclusiva para tal objetivo, tanto para la recepción de los aportes y donaciones, como para los gastos de la misma campaña presidencial.

Cada campaña de las consultas que las agrupaciones políticas realicen para seleccionar sus candidatos a la Presidencia de la República deberá designar un gerente de campaña, encargado de administrar todos los recursos de la campaña, el que podrá ser una persona natural o jurídica.

ART. 4º—Cada partido o movimiento político con personería jurídica podrá invertir en la campaña institucional a favor de sus precandidatos hasta un monto igual al veinte por ciento (20%) de la suma máxima autorizada a gastar en cada una de sus campañas, el cual será adicional a los valores fijados.

ART. 5º—Fíjase la suma de cuatro mil setecientos catorce pesos ($4.714) como valor de reposición por cada voto válido depositado para las consultas populares, internas o interpartidistas que lleven a cabo en el año 2017 los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que opten por este mecanismo para la escogencia de su candidato a la Presidencia de la República.

ART. 6º—Cada partido o movimiento político con personería jurídica o grupo significativo de ciudadanos que organice consultas para la escogencia de sus candidatos a la Presidencia de la República podrá acceder al Canal Institucional y la Radiodifusora Nacional para realizar un (1) debate de hasta sesenta (60) minutos, por parte y a petición conjunta de todos sus candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición, durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre y el 17 de noviembre de 2017.

Así mismo cada candidato podrá realizar una intervención de hasta cinco (5) minutos dentro de la semana siguiente al 19 de octubre de 2017, con el fin de presentar su programa de gobierno a los ciudadanos. Estas transmisiones se realizarán en enlace nacional de todos los canales de televisión y estaciones de radio, estatales.

Así mismo cada candidato podrá realizar una intervención de hasta diez (10) minutos el día 11 de noviembre de 2017, con el fin de presentar a los ciudadanos sus palabras de cierre de campaña. Estas transmisiones se realizarán en enlace nacional de todos los canales de televisión y estaciones de radio, estatales.

ART. 7º—A partir de la inscripción de sus respectivos precandidatos y hasta el 18 de noviembre de 2017, los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o los grupos significativos de ciudadanos que organicen consultas populares, internas o interpartidistas para la escogencia de sus candidatos a la Presidencia de la República tienen derecho a contratar y difundir en Bogotá, D.C. y en las demás capitales de departamento hasta cincuenta (50) cuñas radiales diarias, en los demás municipios o hasta veinticinco (25) cuñas radiales diarias, cada una de las cuales podrán tener una duración de hasta treinta (30) segundos.

Así mismo, en el mismo lapso, tendrán derecho a contratar la publicación en Bogotá D.C. y en las demás capitales de departamento de hasta ocho (8) avisos diarios en la prensa y revistas impresas, en los demás municipios a hasta cuatro (4) avisos diarios en la prensa y revistas impresas, cada uno hasta del tamaño de media página por cada edición.

De igual manera, en el mismo periodo, tendrán derecho a contratar la publicación en Bogotá D.C. y en las demás capitales de departamento de hasta dieciséis (16) vallas publicitarias, en los demás municipios a hasta ocho (8) vallas publicitarias.

Además, durante el mismo tiempo, podrán contratar y difundir hasta cinco (5) cuñas diarias en los canales de televisión nacionales y regionales, cada una de las cuales podrán tener una duración de hasta treinta (30) segundos. Las cuñas televisivas diarias previstas en este artículo, podrán ser contratadas en uno o varios canales de cada departamento, sin exceder el total del número determinado. En ningún caso, las no emitidas se acumularán para otro día.

PAR. 1º—Los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o los grupos significativos de ciudadanos que organicen consultas populares, internas o interpartidistas para la escogencia de sus candidatos a la Presidencia de la República distribuirá entre sus precandidatos las cuñas radiales y televisivas, avisos en publicaciones escritas, vallas publicitarias a que tienen derecho y adoptarán las decisiones que consideren necesarias para su mejor utilización.

PAR. 2º—La propaganda electoral solo podrá efectuarse por los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, así como por los candidatos y sus gerentes de campañas, propaganda que en ningún caso podrá ser contratada por personas distintas a las enunciadas.

Las personas que apoyen candidatos y pretendan hacer en su favor propaganda electoral, deberán coordinar con las campañas a efectos de respetar los límites a las cantidades consignadas en esta Resolución, así como las disposiciones que al respecto establezcan las diferentes administraciones municipales y para incluir el valor de la misma como donación en los informes de ingresos y gastos de las campañas.

ART. 8º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D.C., a 18 de octubre de 2017.