Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

RESOLUCIÓN 26 DE 2014 

(Enero 9)

“Por la cual se reglamenta y se asignan los recursos para la cofinanciación de la continuidad del servicio de asistencia técnica directa rural – a los municipios y centros provinciales de gestión agroempresarial (CPGAs), beneficiados con el incentivo a la asistencia técnica directa rural (IATDR) 2012”.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 1133 de 2007 y el Decreto 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 65 que “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.

Que teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con el principio de coordinación establecido en el artículo 288 de la Constitución Política de Colombia, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

Con relación a los principios antes mencionados, la Corte Constitucional ha señalado que el principio de coordinación, “indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, coordinación que debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como entre estas y la Nación. El principio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo que ellas intervengan en el “diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues solo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía territorial”(1).

Que la Ley 607 de 2000, “Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria, Umata, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”, tiene como fin garantizar la asistencia técnica directa rural agropecuaria, medio ambiental, asuntos de aguas y pesquera.

Que así mismo, dicha ley establece que con la asistencia técnica directa se busca crear las condiciones necesarias para aumentar la competitividad y la rentabilidad de la producción, en un contexto de desarrollo regional y en el marco de la internacionalización de la economía, a la par que se garantiza el acceso equitativo a los servicios estatales y a los beneficios de la ciencia y la tecnología a todos los productores rurales, la cual está dirigida a pequeños y medianos productores.

Que la ley antes mencionada, dispone que la prestación de la asistencia técnica directa está a cargo de los municipios en coordinación con los departamentos y los entes nacionales, en particular el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que de igual manera, el Decreto 3199 de 2002, “por el cual se reglamenta la prestación del servicio obligatorio de asistencia técnica directa rural previsto en la Ley 607 de 2000” establece en su artículo 4º que el “Plan general de asistencia técnica directa rural es el instrumento de planeación que permite ordenar las actividades y los recursos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del servicio de asistencia técnica directa rural y asegurar su ampliación progresiva de su cobertura, calidad y pertinencia”.

Que de conformidad con el Decreto 2980 de 2004, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 607 de 2000, en lo relativo a la asociación de municipios para la prestación del servicio público obligatorio de asistencia técnica directa rural, mediante la creación de centros provinciales de gestión agroempresarial y se dictan otras disposiciones”, los municipios podrán asociarse para el cumplimiento de la prestación del servicio obligatorio de asistencia técnica directa rural, fortaleciendo los encadenamientos productivos con enfoque agroempresarial mediante la creación de centros provinciales de gestión agroempresarial.

Que el Gobierno Nacional expidió la Ley 1133 de 2007, “por medio de la cual se crea e implementa el programa “Agro, Ingreso Seguro (AIS)”, el cual tiene como fin, según el artículo 1º de la referida ley, proteger los ingresos de los productores que resulten afectados, ante las disposiciones derivadas de los mercados externos y mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con ocasión a la internacionalización de la economía.

Que de conformidad con el artículo 5º de la ley anteriormente mencionada, se encuentran definidos unos apoyos para la competitividad, incentivos que tendrán en cuenta las cadenas productivas y estarán determinados por los incentivos a la productividad, apoyo a través de crédito y apoyo a la comercialización.

Que dentro de los incentivos antes mencionados, el incentivo a la productividad “incluye la destinación de recursos del programa orientados a fortalecer la asistencia técnica, el desarrollo y transferencia de tecnología, así mismo promover la cultura de buenas prácticas agrícolas y pecuarias, la asociatividad entre los productores, y cofinanciar adecuación de tierras e infraestructura de riego y drenaje”.

Que de conformidad con el Decreto 1985 de 2013, “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias”, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como uno de sus objetivos promover el desarrollo rural con enfoque territorial y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos agropecuarios, a través de acciones integrales que mejoren las condiciones de vida de los pobladores rurales, permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen empleo y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.

Que el decreto antes mencionado, establece que dentro de las funciones que tiene el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentran las de formular políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural, fortaleciendo los procesos de participación ciudadana y planificación del territorio, bajo los lineamientos de la política macroeconómica; y formular acciones para propiciar la articulación interinstitucional de las entidades del orden nacional y territorial que conlleven a la implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo rural, y agropecuario con enfoque territorial.

Que mediante Resolución 000178 de 2012, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creó instrumentos de soporte técnico e incentivo económico a la asistencia técnica directa rural, con el fin de fortalecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria.

Que en dicha resolución, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros temas, estableció:

• Soporte técnico del servicio de asistencia técnica agropecuaria.

• Usuarios del soporte técnico.

• Funciones del servicio de soporte técnico.

• Incentivo económico a la asistencia técnica directa rural.

• Requisitos para acceder al incentivo económico a la asistencia técnica directa rural.

• Cobertura de la asistencia técnica directa rural.

• Operatividad del incentivo económico.

• Interventoría.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para ejecutar el programa de asistencia técnica directa rural suscribió el Contrato Interadministrativo 247 de 2012 con el Fondo para el Financiamiento para el Sector Agropecuario (Finagro), toda vez que es una entidad vinculada a esta cartera ministerial, la cual tiene como misión “contribuir al desarrollo integral, competitivo y sostenible del sector rural, facilitando el acceso al financiamiento y a los demás instrumentos de apoyo establecidos en la política pública”.

Que en dicho contrato se estableció como objeto “la administración de recursos por parte de Finagro para la implementación, adjudicación y ejecución de los instrumentos orientados a financiar y fortalecer la asistencia técnica agropecuaria, así como para adelantar y suscribir los procesos contractuales necesarios para el desarrollo de los mismos, en el marco de los incentivos a la productividad del Programa Agro, Ingreso Seguro (AIS)”.

Que en el mismo contrato, se comprometieron recursos públicos hasta por la suma de ciento sesenta y cuatro mil ciento cincuenta millones de pesos ($ 164.150.000.000) m/cte., para el cumplimiento de su objeto, de los cuales ochenta y dos mil millones ($ 82.000.000) m/cte., correspondían a la vigencia fiscal del año 2012, y ochenta y dos mil ciento cincuenta millones ($ 82.150.000) m/cte., correspondían a vigencias futuras del año 2013.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tenía presupuestado atender 357 municipios y centros empresariales de gestión agroempresarial (CPGAs), para acceder al servicio de asistencia técnica directa rural.

Que atendieron la convocatoria realizada solamente 330 municipios y CPGAs, allegando planes generales de asistencia técnica (PGAT), de los cuales cumplieron los mínimos habilitantes 267 municipios y CPGAs.

Que al realizar la verificación de cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en los términos de referencia y los establecidos por Finagro, solo 163 planes generales de asistencia técnica, cumplieron con dichos requisitos, firmando los respectivos acuerdos de financiamiento para acceder al Incentivo de asistencia técnica directa rural (IATDR) 2012.

Que por tal motivo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural disminuyó el monto inicial del contrato interadministrativo suscrito con Finagro.

Que solo 153 acuerdos de financiamiento suscritos con los municipios y CPAGs, terminaron su ejecución en el mes de noviembre de 2013, por lo cual se iniciaron los procesos de liquidación correspondientes.

Que la continuidad de este servicio, cofinanciada por el Gobierno Nacional mediante el incentivo a la asistencia técnica directa rural para los municipios y CPGAs, beneficiarios de la convocatoria celebrada en el año 2012, con cargo a los recursos del programa Agro, Ingreso Seguro (AIS), resulta de gran importancia para el sector agropecuario nacional, dadas las dificultades que enfrentan los pequeños y medianos productores agropecuarios para acceder a los servicios que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad de las distintas líneas productivas.

Que para desarrollar y poner en marcha la estrategia de apoyo a la continuidad del servicio de asistencia técnica agropecuaria en el año 2014, se requiere la designación de un operador por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural una vez evaluada la prioridad del tema, considera que el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), como entidad vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene el deber de apoyar y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional y en especial los objetivos de la política agropecuaria.

Que Finagro está facultado y cuenta con experiencia para administrar recursos para la ejecución de programas de financiamiento en el sector agropecuario y rural de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 811 de 2003 y en el Decreto 2172 de 2007.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural considera de gran importancia para el desarrollo del sector apoyar a los municipios para que cumplan con su obligación legal de prestar el servicio de asistencia técnica, en cumplimiento de su misión, enfocada, en la formulación, coordinación y evaluación de las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de descentralización, concertación y participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. Reglamentar y asignar los recursos para la cofinanciación de la continuidad durante la vigencia 2014 de los planes generales de asistencia técnica de los municipios y CPGAs que resultaron beneficiados por la convocatoria de asistencia técnica directa rural 2012, y que prestaron el servicio IATDR 2012 de manera satisfactoria.

ART. 2º—(Modificado).* Presupuesto. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural comprometerá los recursos hasta por un valor de treinta y seis mil millones de pesos ($ 36.000.000.000) m/cte., los cuales se destinarán al cofinanciamiento de hasta el ochenta por ciento (80%) del valor total de los planes generales de asistencia técnica actualizados y aprobados presentados por los municipios y CPGAs, que resultaron beneficiados del IATDR 2012.

*(Nota: Modificado por la Resolución 126 de 2014 artículo 1° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

ART. 3º—Imputación del gasto. El incentivo de que trata la presente resolución se pagará por el operador, con recursos del presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Programa 520, Subprograma 1100, Proyecto 108, Recurso 11 - Apoyo Agro, Ingreso Seguro nacional, correspondiente a la vigencia de 2014.

ART. 4º—Montos máximos del incentivo a otorgar. El monto máximo de incentivo a otorgar a cada municipio o CPGA, será el resultado de multiplicar el valor máximo del incentivo a otorgar por cada usuario, por el número de usuarios a atender según el plan general de asistencia técnica y el registro de usuarios de asistencia técnica, debidamente actualizados para prestar el servicio durante el año 2014. A su vez, el monto máximo de incentivo por usuario será el que se determine en las ‘Condiciones generales y requisitos para el otorgamiento del incentivo a la continuidad del servicio de asistencia técnica directa rural”, establecido en el artículo 5º de la presente resolución.

ART. 5º—Condiciones generales y requisitos para la asignación y ejecución de los recursos. Las condiciones generales y los requisitos para la asignación y ejecución de los incentivos, así como los municipios o centros provinciales de gestión agroempresarial (CPGAs), potenciales beneficiarios, serán establecidos en un documento que se denominará “Condiciones generales y requisitos para el otorgamiento del incentivo a la continuidad del servicio de asistencia técnica directa rural”, instructivo que deberá ser difundido a los interesados junto con el cronograma que se adopte para este propósito.

PAR. 1º—Será requisito indispensable que los municipios y CPGAs, interesados en la continuidad de los planes de asistencia técnica directa rural de la convocatoria 2012, hayan ejecutado satisfactoriamente el plan de asistencia técnica del IATDR 2012, según los informes del interventor; y cumplan con los requisitos establecidos en la presente resolución y en el instructivo de que trata este artículo. El operador evaluará los planes generales de asistencia técnica a ejecutar en la vigencia 2014 y el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al incentivo definido en el presente documento.

PAR. 2º—(Modificado).* Los municipios y CPGAs deberán disponer de una contrapartida de por lo menos el 20% del costo de ejecución de los planes generales de asistencia técnica.

*(Nota: Modificado por la Resolución 126 de 2014 artículo 2° del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)

PAR. 3º—Teniendo en cuenta que la asignación de los recursos del incentivo se deriva directamente de este acto administrativo y en cumplimiento del instructivo, los municipios y CPGAs interesados en acceder al incentivo definido en la presente resolución, deberán manifestar expresamente al operador su aceptación y cumplir a cabalidad con cada uno de los requisitos exigidos para el presente incentivo.

ART. 6º—Operador de la convocatoria. El operador del programa de continuidad de la asistencia técnica de que trata la presente resolución será el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), entidad idónea para llevar a cabo esta actividad. Para el efecto, el ministerio suscribirá el correspondiente contrato.

ART. 7º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de enero de 2014.

(1) Sentencia C-105 de 2001. Corte Constitucional. M. P. Jaime Araújo Rentería.