Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

RESOLUCIÓN 262 DE 2013

(Marzo 21)

“Por la cual se establece el reglamento interno de cartera de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap)”.

(Nota: Derogado por la Resolución 1708 de 2016 de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca)

El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap),

En ejercicio de las facultades legales y estatutarias conferidas por el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, y por el numeral 4º del artículo 11 del Decreto 4181 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011, se creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) como una unidad administrativa especial, entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, de carácter técnico especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que de conformidad con el artículo 3º del Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), tendrá por objeto ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos.

Que conforme a los principios que regulan la administración pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el tesoro público.

Que a la luz de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 por medio de la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública, cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial, deberán:

“1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el reglamento interno del recaudo de cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago.

2. Incluir en sus respectivos presupuestos de ingresos el monto total del recaudo sin deducción alguna.

3. Exigir para la realización de acuerdos de pago garantías idóneas y a satisfacción de la entidad.

4. Contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y con la autorización de vigencias futuras, si es del caso, de conformidad con el estatuto orgánico de presupuesto, para la realización de acuerdos de pago con otras entidades del sector público.

5. Reportar a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones establecidas en la Ley 901 de 2004, aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pagos con ellas realizadas, con el fin de que dicha entidad los identifique por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

6. Abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparezcan reportados en el boletín de deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida la correspondiente certificación.

7. Regularizar mediante el pago o la celebración de un acuerdo de pago las obligaciones pendientes con otras entidades públicas a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley”.

Que dada su naturaleza jurídica, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), tiene la facultad de cobro coactivo para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberá seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario, de conformidad con lo señalado en el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006.

Que el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 1066 de 2006 a través del Decreto 4473 de 2006, y en él, reiteró la obligación de adoptar el reglamento interno de cartera, señalando el contenido mínimo que este debe contener e indicando que su expedición debe darse a través de normatividad de carácter general en el orden nacional por los representantes legales de cada entidad.

Que teniendo en cuenta la obligación legal y reglamentaria de la adopción del reglamento interno de cartera como de los elementos mínimos que este debe contener, la Dirección General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) procederá a adoptarlo, con el ánimo de tener un instrumento concreto, claro y de amplio conocimiento, que permita a la entidad la recuperación efectiva de sus acreencias, bajo los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, con observancia de las garantías fundamentales plasmadas en la Constitución Política concernientes al debido proceso y a la defensa.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Establecer el siguiente reglamento interno del recaudo de cartera de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en los términos señalados en el Decreto 624 de 1989 - estatuto tributario, tal como lo señala el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006.

(Nota: Derogado por la Resolución 1708 de 2016 de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca)

CAPÍTULO I

1. Aspectos generales de la jurisdicción coactiva.

1.1 Finalidad del reglamento

1.2 Marco jurídico

1.3 Concepto y finalidad de la jurisdicción coactiva

CAPÍTULO II

2. Trámite para el proceso de cobro.

2.1. Competencia

2.1.1 Competencia funcional

2.1.2. Competencia territorial

2.2. Carácter oficioso

2.3. Representación

2.4. Normas aplicables

2.5. Del título ejecutivo

2.5.1. Títulos ejecutivos que prestan mérito ejecutivo

2.5.2. Los títulos ejecutivos contra deudores solidarios

2.6. Ejecutoria de los actos administrativos

2.7. Interrupción del proceso administrativo coactivo

2.8. Suspensión del proceso

2.9. Término de prescripción

2.9.1. Suspensión del término de prescripción

2.9.2. Causales de interrupción de la prescripción

2.10. Acumulación de obligaciones-pretensiones

2.11. Acumulación de procesos

2.12. Pérdida de fuerza ejecutoria

2.13. Conformación del expediente

2.14. Cobro persuasivo

2.14.1. Trámite para el cobro persuasivo

2.15. Mandamiento de pago

2.16. Notificación del mandamiento de pago

2.17. Término para pagar o presentar excepciones

2.18. Excepciones

2.18.1. Trámite de excepciones

2.18.2. Resolución que resuelve excepciones

2.18.3. Recursos

2.19. Liquidación del crédito y de las costas

2.19.1. Liquidación del crédito

2.19.2. Costas del proceso

2.20. El deudor guarda silencio

2.21. Orden de seguir adelante con la ejecución

CAPÍTULO III

3. De las medidas cautelares.

3.1. Embargo y secuestro de bienes

3.1.1. Trámite para algunos embargos

3.1.2. Límite del embargo

3.1.3. Reducción del embargo

3.2. Práctica de la diligencia del secuestro

3.3. El secuestre y honorarios

3.4. Oposición a la diligencia del secuestro

3.5. Efectos de la no práctica del secuestro o del levantamiento de las medidas cautelares

3.6. Levantamiento de las medidas de embargo y secuestro

3.7. Bienes que no pueden embargarse

3.8. Comisiones

3.9. Avalúo

3.10. Remate de bienes

3.10.1. Requisitos

3.10.2. Medidas preparatorias al remate

3.10.3. Aviso y publicación

3.10.4. Diligencia de remate

3.10.5. Contenido del acta

3.10.6. Remate desierto

3.10.7. Pago del precio y aprobación del remate

3.10.8. Causas que invalidan el remate

3.10.9. Aprobación del remate

3.10.10. Entrega del bien rematado

3.10.11. Repetición del remate

3.10.12. Actuaciones posteriores al remate

3.11. Terminación del proceso por pago

3.12. Honorarios para los auxiliares de la justicia

CAPÍTULO IV

4. De los recursos e intervención de la jurisdicción contenciosa administrativa.

4.1. De los recursos

4.2. Intervención de la jurisdicción contenciosa administrativa

CAPÍTULO V

5. De las irregularidades y nulidades del proceso

5.1. Aspectos generales

5.2. De las nulidades

5.2.1. Oportunidad y trámite para proponerlas

5.2.2. Declaración oficiosa de la nulidad

5.2.3. Efecto de la nulidad

5.2.4. Apelación de autos que decretan la nulidad

CAPITULO VI

6. Acuerdos de pago y garantías.

6.1. Acuerdos o facilidades de pago

6.2. Trámite de la solicitud para la facilidad de pago

6.3. Facilidad de pago solicitado por un tercero

6.4. Garantías

6.4.1. Concesión de plazos

6.4.1.1. Concesión de plazos sin garantía

6.4.1.2. Concesión de plazos con garantía

6.5. Garantías que se pueden prestar dentro del proceso

6.5.1. Garantías personales

6.5.2. Garantías admisibles

6.5.3. Hipoteca

6.5.4. Prenda

6.5.5. Depósitos de dinero que trata el artículo 1173 del Código del Comercio

6.5.6. Garantías bancarias o pólizas de cumplimiento

CAPITULO VII

7. Clasificación de la cartera.

7.1. Obligaciones corrientes

7.2. Obligaciones de difícil cobro

7.3. Obligaciones irrecuperables

7.4. Intereses en el proceso coactivo

CAPÍTULO I

1. Aspectos generales de la jurisdicción coactiva.

1.1. Finalidad del reglamento.

Este reglamento tiene como finalidad orientar el trámite de las actuaciones administrativas y procesales que deben seguirse para el cobro por jurisdicción coactiva en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), responsable del recaudo de las obligaciones a su favor en cumplimiento del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006 que dispuso el procedimiento descrito en el estatuto tributario, Código Civil, Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio y demás normas concordantes que facultan a la entidad para que directamente haga efectivos los créditos a su favor, teniendo en cuenta que se trata de un privilegio exorbitante de la administración pública que consiste en que la administración, sin necesidad de acudir a los estrados jurisdiccionales, puede hacer efectivos los créditos exigibles a su favor.

1.2. Marco jurídico.

El fundamento y desarrollo de la jurisdicción coactiva, está basado en la siguiente normatividad: El inciso 3º del artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, estableció que excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales, en materias precisas, a determinadas autoridades administrativas. Por su parte el artículo 112 de la Ley 6ª facultó a las entidades del orden nacional y a otras, para el cobro por jurisdicción coactiva de los créditos exigibles a su favor, la Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública, su Decreto Reglamentario 4473 del 2006 facultó a los representantes legales para expedir su reglamento interno del recaudo de cartera y el numeral 5º del artículo 12 del Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011 delegó la facultad de adelantar el cobro coactivo en la oficina asesora jurídica de la Aunap.

1.3. Concepto y finalidad de la jurisdicción coactiva.

La jurisdicción coactiva es una función asignada por la ley a un funcionario u organismo administrativo, para hacer efectivos, mediante el proceso ejecutivo, los créditos o deudas fiscales a favor de una entidad pública que actúa como ejecutora.

Así mismo, ha sido definida en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como “un privilegio exorbitante” de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales (Corte Constitucional. Sent. C-666/00).

CAPÍTULO II

2. Trámite para el proceso de cobro.

2.1. Competencia.

Como se mencionó en el capítulo primero de este reglamento, para el caso de las entidades del orden nacional, la competencia está en la siguiente normatividad: artículo 116 de la Constitución Política de Colombia y artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, Ley 1066 de 2006, Decreto 4473 de 2006, las cuales otorgan competencia al representante legal de la entidad para la adopción del reglamento interno de cartera de la entidad, y para el caso de la Aunap, el Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011 asignó la facultad de cobro coactivo en la oficina asesora jurídica.

2.1.1. Competencia funcional.

Para exigir el cobro coactivo, el artículo 12 del Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011 asignó esa facultad en la oficina asesora jurídica de la Aunap.

2.1.2. Competencia territorial.

La competencia por razón del territorio en los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva que adelante la Aunap, se determina por el domicilio del funcionario ejecutor y corresponde a la oficina asesora jurídica de la entidad.

2.2. Carácter oficioso.

El procedimiento de cobro coactivo en la Aunap, se inicia e impulsa en todas sus etapas de oficio.

2.3. Representación.

Para este proceso el deudor puede intervenir personalmente o por intermedio de apoderado, quien debe ser abogado inscrito, no es posible su representación a través de curador ad litem.

2.4 Normas aplicables.

El artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública, determinó que todas las entidades públicas que tienen a su cargo la facultad del cobro coactivo, deben aplicar para el cobro de sus obligaciones, el procedimiento descrito en las normas del estatuto tributario - Decreto 624 de 1989, desarrollado en sus artículos 823 y siguientes, los vacíos que se presenten de interpretación se resuelven con las normas del Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil, y en los casos expresos como es el de medidas cautelares es preciso remitirse al Código de Procedimiento Civil.

2.5. Del título ejecutivo.

El título ejecutivo para efectos del procedimiento administrativo coactivo, es una condición para que una obligación pueda hacerse cumplir coactivamente por las entidades del Estado. El artículo 98 y 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los artículos 422 y 469 del Código General del Proceso y el artículo 58 de la Ley 610 de 2000 determinan que solo constituye título ejecutivo aquel que contenga la obligación expresa, clara y exigible.

De conformidad con lo señalado en el artículo 469 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solo pueden demandarse por vía del cobro coactivo las obligaciones que reúnan las siguientes características:

a) Que la obligación sea expresa. Quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente.

b) Que sea clara. Esto es que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor).

c) Que sea exigible. Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta.

d) Que la obligación provenga del deudor o de su causante. El título ejecutivo exige que el demandado sea el suscriptor del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario del deudor con consentimiento del acreedor.

e) Que el documento constituya plena prueba contra el deudor: La plena prueba es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere, o en otras palabras, la que demuestra sin género alguno de duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida de acuerdo con ese hecho. Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter de título ejecutivo deberá constituir plena prueba contra el deudor, sin que haya duda de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo con otro elemento de convicción.

2.5.1. Títulos ejecutivos que prestan mérito ejecutivo. Por expresa remisión del estatuto tributario, los títulos ejecutivos para el caso de la Aunap que prestan mérito ejecutivo para el cobro por jurisdicción coactiva, están señalados taxativamente en las normas. Es así como el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé:

“ART. 99.—Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero en los casos previstos en la ley.

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.

4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor”.

Además de los títulos ejecutivos de derecho público que establece la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), deben tenerse en cuenta que existen otros títulos creados mediante normas especiales que le dan mérito ejecutivo a otros documentos de la administración que se entiende, deben estar respaldados por el acto o actos administrativos correspondientes, respecto de los cuales se haya cumplido el trámite de la notificación y el agotamiento de los recursos que procedan, de conformidad con lo previsto por los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para iniciar el trámite de todo proceso coactivo se requiere la existencia del título ejecutivo debidamente ejecutoriado. Cada vez que se genere una deuda y esté entre en mora, la dependencia donde se origine procederá a adelantar la gestión para que se cree el respectivo título.

2.5.2. De los títulos ejecutivos contra deudores solidarios.

Según la jurisprudencia, para vincular el deudor solidario al proceso de cobro, debe habérsele notificado previamente el título de ejecución, “(...) pues no puede confundirse el acto procesal de notificación del mandamiento de pago, con el título ejecutivo, ya que el primero es el medio a través del cual es posible la vinculación del deudor solidario al proceso de cobro, y el segundo la causa material que justifica tal vinculación, es decir el acto contentivo de la obligación clara, expresa y exigible, cuyo cobro se pretende”.

El criterio mencionado sigue siendo válido, a pesar de la previsión del artículo 828-1 del estatuto tributario, según el cual la vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago, pues, el proceso de cobro no tiene como finalidad la declaración o constitución de obligaciones, sino hacer efectivas las obligaciones claras, expresas y exigibles, previamente definidas a favor de la administración y a cargo de los deudores.

Son deudores solidarios las terceras personas a quienes la ley llama a responder por el pago de la obligación, junto con el deudor principal. Algunos de estos casos están contemplados en las siguientes normas del estatuto tributario:

ART. 14-1.—Establece la responsabilidad de la sociedad producto de una operación económica de fusión de sociedades, respecto de las obligaciones a cargo de las sociedades fusionadas.

ART. 14-2.—Establece la responsabilidad de las sociedades producto de una operación económica de escisión, respecto de las obligaciones de la sociedad escindida.

ART. 793.—Establece la solidaridad para los herederos por las obligaciones del causante y de la sucesión para los socios por las obligaciones de sociedades disueltas para las sociedades subordinadas por las obligaciones de la matriz domiciliada en el exterior que no tenga sucursal en el país para los copartícipes o asociados por las obligaciones de los entes colectivos sin personalidad jurídica para los terceros que asumen obligaciones fiscales.

ART. 794.—Establece la solidaridad de los socios por las deudas de la sociedad no disuelta.

ART. 839-1, PAR. 3º—Establece la solidaridad de las entidades bancarias por las obligaciones de sus clientes, cuando no consignan oportunamente los dineros depositados por estos, una vez comunicado el embargo de las respectivas cuentas.

ART. 847.—Establece la responsabilidad de los representantes legales, si no dieren aviso oportuno a la administración de impuestos sobre el proceso de liquidación de la sociedad y de los liquidadores, por las obligaciones de la sociedad liquidada, que desconozcan la prelación de créditos.

En virtud de lo anterior, cuando se pretenda ejecutar a deudores solidarios, antes de expedir el mandamiento de pago se creará el título ejecutivo, acto que se hará mediante resolución motivada contra la cual procede el recurso de reconsideración, según los artículos 720 y 722 del estatuto tributario. En dicha providencia se identificará al deudor principal y al solidario; se indicarán los hechos que originan la responsabilidad, el concepto, periodo, cuantía total de la obligación y cuantía por la que se vincula al responsable solidario.

2.6. Ejecutoria de los actos administrativos.

El artículo 829 del estatuto tributario señala que el acto administrativo que sirve de fundamento para iniciar el cobro coactivo, se entiende ejecutoriado en los siguientes eventos:

a) Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

b) Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.

c) Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos.

d) Cuando los recursos interpuestos en el procedimiento administrativo o las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho se haya decidido en forma definitiva.

2.7. Interrupción del proceso administrativo coactivo.

La interrupción del proceso administrativo coactivo es un fenómeno jurídico, diferente a la interrupción del término de prescripción, aunque eventualmente pueden estar relacionados.

Para el caso de interrupción del procedimiento la obligación adeudada no se afecta, pero en cambio, cuando opera la prescripción, sí se afecta la obligación, en la medida que se amplía el tiempo para su extinción, e incluso, la interrupción de la prescripción puede darse sin existir el proceso de cobro.

La figura de interrupción del proceso administrativo coactivo consiste en que por la ocurrencia de un hecho externo el proceso se paraliza, al que la ley le otorga tal efecto.

Los artículos 159 y 169 del Código General del Proceso señalan entre otras las siguientes causas:

1. “Muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad litem.

2. Muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión en el ejercicio de la profesión de abogado, cuando la parte tenga varios apoderados para el mismo proceso, la interrupción solo se producirá si el motivo afecta a todos los apoderados constituidos.

3. Muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante o curador ad litem que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial.

La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento”.

La interrupción del proceso debe ser declarada mediante auto una vez se conozca la muerte del deudor; en la misma providencia debe ordenarse la notificación de los mandamientos de pago a los herederos, siguiendo el procedimiento indicado por el artículo 826 del estatuto tributario, esto es, personalmente o, si ello no es posible, por correo. Obviamente, son aplicables en este caso las demás normas que sobre notificación trae el estatuto tributario.

El funcionario ejecutor por jurisdicción coactiva inmediatamente tenga conocimiento del hecho que origina la interrupción, ordenará citar al cónyuge, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes o al curador de la herencia yacente, o al ejecutado cuyo apoderado falleció o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, según fuere el caso.

Los citados deberán comparecer al proceso personalmente o por conducto de apoderado dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Vencido este término, o antes cuando concurran o designen nuevo apoderado, será reanudado el proceso.

El albacea, el cónyuge, el curador de la herencia yacente y los herederos serán notificados como lo prevén los numerales 1º y 2º del artículo 320 del Código Procedimiento Código, en la dirección denunciada por la parte para recibir notificaciones personales; la parte mediante telegrama dirigido al mismo lugar, cuando en la sede del despacho existe el servicio, y en su defecto como lo disponen los citados numerales.

Quienes pretendan apersonarse en un proceso interrumpido, deberán presentar las pruebas que demuestren el derecho que les asista. La petición debe formularse y tramitarse como lo establece el artículo 52 del Código Procedimiento Código.

2.8. Suspensión del proceso administrativo coactivo.

En los procesos que se adelantan ante la jurisdicción coactiva procede la suspensión del proceso, por las siguientes razones:

a) Por la presentación de demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa base del proceso coactivo, siempre y cuando se aporte la prueba de la aceptación de la demanda.

b) Por acuerdo de pago de las obligaciones entre el deudor o un tercero y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

El acto que decreta la suspensión del proceso, sus efectos, la reanudación del proceso y la suspensión de una determinada providencia están señalados en los artículos 170 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que se encuentre pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se ordenará levantar las medidas.

2.9. Término de prescripción.

El estatuto tributario en su artículo 817 señala que la acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, para el caso de las entidades se tendrá en cuenta a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo, en este caso el título ejecutivo.

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de la jefe de la oficina asesora jurídica.

2.9.1. Suspensión del término de prescripción.

El artículo 818 del estatuto tributario, señala tres causales de suspensión del término de prescripción, las cuales no conllevan la suspensión del proceso administrativo coactivo, el cual debe continuar adelantándose hasta el remate de bienes.

a) Cuando se ha solicitado la revocatoria directa del acto administrativo y hasta la ejecutoria de la providencia que resuelva la petición.

b) Cuando se ha presentado una solicitud de restitución de términos en relación con un acto administrativo, en virtud de la situación presentada en el artículo 567 del estatuto tributario y hasta la ejecutoria de la providencia que resuelva la petición.

c) Cuando se ha demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa la resolución que resuelve desfavorablemente las excepciones y ordena seguir adelante la ejecución y hasta la ejecutoria del fallo contencioso administrativo.

En eventos indicados anteriormente, no se suspende el proceso de cobro, el funcionario ejecutor puede adelantar las acciones propias del proceso, como continuar con la investigación de otros bienes, decretar su embargo, practicar su secuestro, ordenar su avalúo, siempre y cuando el bien que fue objeto de la suspensión de la diligencia de remate, no cubra la totalidad del crédito objeto del proceso.

Para el caso de sumas de dinero embargadas dentro del proceso y si existieren títulos judiciales, estos no se aplicarán hasta tanto haya decisión definitiva sobre la revocatoria, la restitución de términos o los fallos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Si no se propusieron excepciones y tampoco hay pendiente decisión sobre alguna de las tres circunstancias anteriores, se aplicarán los títulos.

2.9.2. Causales de interrupción de la prescripción.

La prescripción es un modo de extinguir las obligaciones por el transcurso del tiempo sin que el acreedor consiga el pago total de la misma por parte del deudor.

El término de prescripción se interrumpe en los siguientes casos:

a) Por la notificación del mandamiento de pago. El término de prescripción empieza a contar nuevamente a partir de la notificación en debida forma del mandamiento.

b) Por el otorgamiento de facilidad de pago. El término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe desde la notificación de la resolución que concede la facilidad de pago y empezará a correr nuevamente desde la ejecutoria de la resolución que declare el incumplimiento.

c) Por la admisión del deudor a un proceso concordatario o la declaratoria oficial de liquidación obligatoria. A partir del día siguiente de la providencia de admisión de la solicitud del proceso concordatario o declaratoria oficial de liquidación obligatoria, se interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro y empezará a contar nueva­mente a partir de la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.

d) Por la admisión del deudor en acuerdo de reestructuración. A partir de la providencia de admisión del acuerdo de reestructuración, se interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro, y comenzará a contarse nuevamente a partir de la notificación de la providencia que declara su terminación.

2.10. Acumulación de obligaciones-pretensiones.

El parágrafo único del artículo 826 del estatuto tributario, establece: “(...) PAR.—El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor...”.

Lo anterior en concordancia con el artículo 88 del Código General del Proceso.

2.11. Acumulación de procesos.

El estatuto tributario indica en su artículo 825, que cuando se estén adelantando varios procedimientos administrativos coactivos respecto de un mismo deudor, estos podrán acumularse, para el trámite se aplicarán las normas señaladas en el Código Procedimiento Código y Código General del Proceso.

2.12. Pérdida de fuerza ejecutoria.

El cobro por jurisdicción coactiva es viable siempre y cuando no hayan cesado los efectos del acto administrativo que se pretende ejecutar, pues, la exigibilidad del acto administrativo es uno de los presupuestos básicos del proceso de cobro coactivo.

En este sentido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha expresado: “...La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos ocurre, tal y como lo señala la Corte Constitucional, de manera excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley...”.

Consagra el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

“ART. 91.—Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan su vigencia”.

Conforme al mandato legal, la pérdida de fuerza ejecutoria opera por el ministerio de la ley cuando quiera que se presente una de las causales señaladas, una de las cuales es el transcurso del tiempo sin que se haga efectivo o haya ejecutado el acto administrativo, es decir cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme el acto administrativo contentivo de una obligación a favor del Estado, la administración no ha realizado los actos que le corresponden para lograr su ejecución.

2.13. De la conformación del expediente.

Recibidos los documentos que sirvan al cobro ejecutivo coactivo de la obligación, el funcionario competente dejará constancia de la fecha de recibo, (indicando en su orden día, mes y año) número y fecha del documento, clase de documentos, oficina de origen y número de folios; formará el expediente, lo radicará y revisará que contenga los siguientes documentos:

a) Título ejecutivo donde conste una obligación clara, expresa y exigible. En el acto administrativo debe existir coherencia entre la parte considerativa y la resolutiva, así como lo referente a los nombres, apellidos, razón social de los deudores con sus respectivos do­cumentos de identificación y en los valores en letras y números.

b) Providencias que resuelvan los recursos de reposición, en caso de que estos se hayan interpuesto, con sus respectivas constancias de notificación y ejecutoria del acto administrativo principal.

c) Se debe constatar que estén anexos los originales o la primera copia de las referidas resoluciones.

d) Copia de los oficios de citación a notificarse personalmente, con su constancia de envío por correo certificado.

e) Constancia de la notificación personal.

f) Constancia de la fijación y desfijación del edicto, cuando la notificación se haya surtido de tal forma.

g) Constancia de ejecutoria en la que se indique que el acto administrativo quedó en firme, agotó vía gubernativa y la fecha de ejecutoria.

Si de la revisión de los documentos anteriores se detecta que no se reúne alguno de los requisitos para ser título ejecutivo, mediante escrito se solicitará, en el menor término posible a la oficina de origen, el requisito que deba cumplirse, para que esta subsane la deficiencia presentada.

Si dentro del término previsto no se subsanan las deficiencias presentadas, se archivará la actuación mediante providencia motivada en la que se indicará la razón por la cual no pudo iniciarse el cobro coactivo. No obstante, el funcionario competente podrá realizar requerimientos a su solicitud, cuantas veces sea necesario, siempre y cuando no haya operado el fenómeno de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que dio lugar al cobro.

De presumirse una conducta irregular que pueda ser disciplinable, el funcionario ejecutor remitirá la queja a la oficina encargada de adelantar los procesos disciplinarios para su averiguación.

2.14. Cobro persuasivo.

El cobro persuasivo como una estrategia de recaudo de las obligaciones en mora. Es la primera etapa del proceso de cobro, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia en el recaudo de la cartera en mora.

Básicamente, es una oportunidad en la que se invita a los deudores morosos a pagar en forma voluntaria, bien de manera inmediata o a través de la concertación de fórmulas que incluyen la expedición de facilidades de pago o acuerdos de pago, las obligaciones a su cargo, evitando el desgaste o el costo que para la administración significa adelantar el proceso de cobro por jurisdicción coactiva.

2.14.1. Trámite para el cobro persuasivo.

Recibido el acto administrativo que configura el título ejecutivo, debidamente ejecutoriado, se avoca conocimiento y se procede a efectuar el cobro a través de los siguientes mecanismos, cuyo tiempo de ejecución no debe superar los veinte (20) días contados a partir del día siguiente a la fecha que se avoca conocimiento.

Correo electrónico o fax: Si el deudor dispone de medios electrónicos como correo electrónico o fax , a través de estos se le enviará una invitación formal, para recordarle de la obligación a su cargo o de la sociedad que representa, la necesidad de su pronta cancelación sin necesidad de adelantar acciones jurídicas; en esta comunicación se le informará sobre el funcionario a cuyo cargo está el cobro, sitio en donde puede atendérsele, número telefónico, correo electrónico de contacto, número de fax, plazo límite para efectuar el pago de la obligación y la advertencia de que si no concurre a la citación, la entidad se verá en la necesidad de adelantar el proceso coactivo respectivo.

La respuesta del deudor también puede ser a través de cualquiera de estos medios.

De los anteriores documentos se dejará una copia en el expediente.

Llamada telefónica: Una vez efectuado el anterior procedimiento, se efectuará una llamada telefónica al deudor para confirmar su recibo y concertar la fecha de la entrevista. De esta actuación se dejará constancia en el expediente para lo cual se registrará en el formato dispuesto para el registro de las llamadas.

Requerimiento a través del correo: Si efectuados los procedimientos anteriormente señalados y el deudor hace caso omiso, se procederá entonces a enviar un oficio, a la dirección que reposa en el expediente, señalándole la resolución que presta mérito ejecutivo, la cuantía del valor adeudado, el número de la cuenta y entidad a favor de la cual se debe efectuar el pago y la fecha límite para realizar el mismo; advirtiéndole que debe enviar a la respectiva oficina jurídica de Aunap copia del recibo de consignación, donde conste el pago.

Igualmente, se concede la posibilidad de presentarse dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, ante la oficina jurídica de la Aunap, quien tiene la competencia para celebrar acuerdos de pago con los deudores morosos.

Satisfecha la obligación de manera inmediata, por el deudor, se anexa al expediente el correspondiente recibo de pago para la expedición del auto a través del cual se archiva el expediente, no habiendo lugar así, a adelantar el proceso de cobro por jurisdicción coactiva.

Cuando se realizan acuerdos de pago y este se realiza por cuotas, se deben anexar a los expedientes los correspondientes recibos de pago.

En caso de no pago de la obligación o de no realizarse un acuerdo de pago, se continuará con el proceso agotando las etapas contempladas en la ley.

2.15. Mandamiento de pago.

Es el acto que se dicta en el proceso de jurisdicción coactiva y contiene la orden al deudor para que pague a favor del acreedor la obligación contenida en el título ejecutivo más los intereses respectivos, de conformidad con el artículo 826 del estatuto tributario.

Contenido

Parte considerativa

a) La identificación plena del deudor o deudores, con sus nombres y apellidos, razón social, cédula de ciudadanía o NIT, según el caso.

b) Nombre de la entidad ejecutora.

c) Número del expediente del cobro coactivo.

d) Identificación del título señalando la clase de documento, valor del capital, los intereses, concepto, periodo, fecha de expedición.

Parte resolutiva.

a) Orden de pagar una suma líquida de dinero a favor de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), especificando el capital y la tasa de interés desde cuando se hicieron exigibles hasta el momento en que se efectúe el pago total de la obligación.

b) La orden expresa de pagar dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, la deuda con sus respectivos intereses (E.T., art. 830).

c) La posibilidad de proponer excepciones dentro del término de los quince (15) días señalados para el pago (E.T., arts. 830 y 831).

d) En el mandamiento de pago no se decretarán medidas cautelares, estas se tramitarán en providencia separada conforme lo estipulado en este documento.

2.16. Notificación del mandamiento de pago.

El artículo 826 del estatuto tributario, nos señala la forma de notificar este acto:

a) Personal

Para efectos de esta notificación, se citará previamente al ejecutado mediante escrito que se enviará por correo a la última dirección reportada, para que comparezca en un término de diez (10) días, los cuales se empezarán a contar al día siguiente al de su introducción al correo. Si el deudor comparece, se le efectuará la notificación personal y se le hará entrega de una copia del mandamiento de pago, tal como lo estipula el artículo 569 del estatuto tributario.

b) Por correo.

Si vencido el término de los diez (10) días señalados al deudor para comparecer para la notificación personal, y este no comparece, entonces el mandamiento se notificará por correo.

El procedimiento será el indicado en los artículos 566, 567 y 568 del estatuto tributario, anexando una copia del mandamiento de pago a notificar, el cual se hará a través del correo certificado, para los efectos de notificación se tendrá en cuenta la fecha de recibo de la planilla del correo certificado o la correspondiente certificación expedida por la empresa de correo.

Cuando la notificación del mandamiento de pago se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada.

En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.

Además del procedimiento especial señalado en el artículo 826 del estatuto tributario, esta norma nos indica otras formas de notificación.

c) Por aviso

En caso de que la notificación sea devuelta por el correo y de conformidad con lo estipulado en el artículo 568 del estatuto tributario será necesario realizar la notificación mediante publicación de un aviso en un periódico de amplia circulación nacional o regional que corresponda a la última dirección informada, con los efectos establecidos en la citada norma, insertando la parte resolutiva del acto.

d) Por conducta concluyente

Este tipo de notificación la establece el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil y 48 del Código Contencioso Administrativo para los actos administrativos. En consecuencia es válida la notificación del mandamiento de pago por este medio, esto es, cuando el deudor manifiesta que conoce la orden de pago o lo menciona en escrito que lleva su firma o proponga excepciones. En este caso se tendrá notificado personalmente el deudor, en la fecha de presentación del escrito respectivo.

e) Notificación a herederos

Si el mandamiento de pago ya fue notificado y el ejecutado fallece, se continúa con el proceso con sus herederos en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil y Código General del Proceso.

Entre tanto, si el mandamiento de pago no ha sido notificado y el ejecutado fallece, se debe proceder a notificar a los herederos de conformidad con lo establecido en el artículo 1434 del Código Civil, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 826 del estatuto tributario.

f) Notificación a deudores solidarios

Para la notificación a los deudores solidarios se debe proceder de conformidad a lo señalado en el artículo 826 del estatuto tributario.

g) Corrección de la notificación

Según el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, la falta de notificación o la efectuada en forma defectuosa, impide que el acto administrativo produzca efectos legales, lo que en este caso significaría que todas las actuaciones posteriores al mandamiento de pago sean nulas.

Para subsanar tales irregularidades, el artículo 849-1 del estatuto tributario, autoriza hacerlo en cualquier momento y hasta antes de aprobar el remate, obviamente la corrección de la notificación deberá subsanarse antes de que se produzca la prescripción.

Cuando la irregularidad hubiera recaído sobre la notificación del mandamiento de pago, una vez declarada, toda la actuación procesal se retrotraerá a la diligencia de notificación inclusive, lo cual significa que todas las providencias posteriores a ella son nulas y habrá necesidad de rehacerlas. Las únicas actuaciones que no se afectan por la irregularidad procesal en cuestión son las medidas cautelares, la que se mantendrán incólumes, pues se tomarán como previas.

2.17. Término para pagar o proponer excepciones

El artículo 830 del estatuto tributario, establece que una vez notificado el mandamiento de pago, el deudor tiene quince (15) días hábiles para cancelar la obligación señalada en el mandamiento de pago o proponer excepciones.

El término empezará a contar a partir del día siguiente al de la notificación. El deudor podrá asumir las siguientes conductas: pagar, proponer excepciones o guardar silencio.

Cuando se pague el total de la obligación, se procederá a verificar mediante la confrontación de los recibos de consignación, que efectivamente se realizó el pago, luego se procederá al levantamiento de las medidas cautelares si se hubieren decretado y a expedir el auto de archivo del expediente y a resolver cualquier situación pendiente dentro del proceso.

2.18. Excepciones.

En caso que se hayan propuesto excepciones, las cuales pueden estar referidas a las obligaciones o al proceso. En el primer caso son hechos que modifican o extinguen, total o parcialmente la obligación y obligaciones contenidas en el mandamiento de pago, como por ejemplo la prescripción. En el segundo caso son hechos que afectan simplemente el trámite del proceso, pero no afectan la obligación.

Las excepciones que se pueden proponer por escrito dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago y están expresamente señaladas en el artículo 831 y parágrafo del estatuto tributario, así:

1. El pago, entendiendo la compensación como una forma de pago efectivo.

2. La existencia de acuerdo de pago.

3. La falta de ejecutoria del título.

4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

6. La prescripción de la acción de cobro.

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

8. La calidad de deudor solidario.

9. La indebida tasación del monto de la deuda.

2.18.1. Trámite de excepciones.

El escrito de excepciones debe presentarse personalmente en la oficina asesora jurídica de la Aunap y anexar la prueba de representación para las personas jurídicas, el poder en caso de apoderado judicial y las pruebas en que se apoyen los descargos alegados, según el caso, de conformidad con lo estipulado en los artículos 555 al 559 del estatuto tributario.

El término para resolver las excepciones: Dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del escrito de excepciones, el jefe de la oficina asesora jurídica, mediante resolución resolverá las excepciones.

Si fuere necesario ordenará pruebas, bien sea porque se solicitaron o el funcionario ejecutor las decretó de oficio, estas se practicarán conforme lo establece el Código de Procedimiento Civil y Código General del Proceso, pero en todo caso las excepciones se resolverán en el término de un mes tal como lo señala el artículo 832 del estatuto tributario.

No obstante el artículo 831 del estatuto tributario establece taxativamente las excepciones que se pueden proponer dentro del proceso administrativo coactivo, teniendo en cuenta que los títulos ejecutivos base del proceso coactivo en esta entidad corresponden a actos administrativos debidamente ejecutoriados, que al haber agotado la vía gubernativa gozan de presunción de legalidad, por lo tanto, al presentarse la excepción señalada en el numeral 5º del artículo 831 del estatuto tributario, daría lugar a la suspensión del proceso y no a la terminación y levantamiento de las medidas cautelares tal como lo indica el artículo 833 del mismo estatuto.

2.18.2. Resolución que resuelve excepciones.

En el acto administrativo se resuelven las excepciones y se declarará, según el caso:

1. Que se encuentran probadas las excepciones respecto de la obligación y en la providencia se dará por terminado el proceso y se levantarán las medidas cautelares.

2. Que prosperen parcialmente las excepciones, evento en el que la ejecución continuará respecto de las obligaciones o valores no afectados por las excepciones.

3. Que se declare no probadas ninguna excepción, en cuyo caso se ordenará en el mismo acto continuar con la ejecución.

2.18.3. Recursos.

Contra la resolución que rechaza las excepciones propuestas y ordena seguir adelante con la ejecución, procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, dentro del mes siguiente a su notificación, quien a su vez tendrá un mes, contado a partir de su interposición en debida forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 834 del estatuto tributario.

La notificación se hará conforme lo estipulado en el artículo 565 del estatuto tributario, personalmente o por edicto.

2.19. Liquidación del crédito y de las costas.

Ejecutoriado el acto que ordena seguir adelante la ejecución, se practicará por separado la liquidación del crédito y de las costas.

2.19.1. Liquidación del crédito.

Una vez ejecutoriada la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución, el funcionario ejecutor con apoyo de la oficina financiera de la secretaría general de la Aunap, deberá presentar una liquidación provisional, particularmente en relación con intereses, conversión a moneda nacional con el fin de tener certeza del monto que se pretende recuperar con el remate, pues luego de producido el remate se elaborará una nueva liquidación para establecer en ese momento la liquidación definitiva.

De esta actuación se expedirá un auto de trámite sobre el que no procede recurso alguno y se ordenará dar traslado de la liquidación del crédito al ejecutado por tres (3) días, el cual se notificará por correo, dentro de los cuales puede formular objeciones y acompañar las pruebas que estime necesarias.

Posteriormente, mediante auto que no admite recurso se aprobará la liquidación y si hubo objeciones que resultaron viables, se harán las modificaciones y ajustes a que haya lugar dando curso a la aprobación.

Expirado el término para que la entidad ejecutante presente la liquidación, mientras no lo hubiere hecho, el ejecutado podrá presentarla y se aplicará lo dispuesto en los numerales anteriores.

2.19.2. Costas del proceso.

Las costas pueden ser definidas como aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en el proceso. Esta carga comprende, por una parte, las expensas, es decir todos aquellos gastos necesarios para el trámite del proceso como honorarios del secuestre, peritos, gastos de transporte, copias, viáticos, etc.

La liquidación está contenida en un auto de trámite, contra el que no procede recurso alguno, no obstante de este auto se dará traslado al ejecutado por el término de tres (3) días, para que formule las objeciones que a bien tenga y aporte las pruebas necesarias. Para tal efecto su notificación se hará por correo.

2.20. El deudor guarda silencio.

Si el deudor ejecutado guarda silencio la Aunap continuará con la ejecución, para lo cual se expedirá el acto administrativo en tal sentido, es decir ordenando continuar con la ejecución según lo ordena el artículo 836 del estatuto tributario. Dicha providencia se dictará al mes siguiente al vencimiento del término para pagar, en ella se ordena avaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados o de los que posteriormente lleguen a hacerlo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al deudor. Contra este acto administrativo no procede recurso alguno.

2.21. Orden de seguir adelante con la ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 836 del estatuto tributario, si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o las propuestas no fueron probadas o el deudor no hubiere pagado, se debe proceder a proferir la resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede ningún recurso.

Cuando previamente a la orden de ejecución no se hubiere dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se proceda con el remate de los mismos.

CAPÍTULO III

3. De las medidas cautelares.

La noción de las medidas cautelares se aplica en cualquier proceso en el cual se permita su práctica, dado que es idéntico su desarrollo, ya que tiene que ver en las más disímiles actuaciones, porque son de aplicación en procesos tales como el ordinario, ejecución, verbales, divisorios, quiebras, sucesión y coactivos, para citar solo algunos.

La finalidad de estas medidas es la inmovilización comercial de los bienes del deudor, con el objeto de proceder a su venta o adjudicación, una vez determinados, individualizados y avaluados, de conformidad a lo consagrado en el artículo 2492 del Código Civil, que señala que salvo las excepciones relativas a bienes inembargables, los acreedores podrán exigir que sean vendidos todos los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos, incluidos los intereses y las costas de cobranza.

Mediante resolución, el funcionario ejecutor podrá previa o simultáneamente decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes que haya comprobado sean de propiedad del deudor, la cual no se notifica.

Las medidas cautelares garantizan la satisfacción de las obligaciones insolutas, mediante el embargo de los bienes muebles e inmuebles, estas se pueden practicar en dos momentos:

a) Medidas cautelares previas, se procede a practicarlas antes de notificar el mandamiento de pago al deudor e inclusive antes de que este se expida.

b) Medidas cautelares dentro del proceso, se pueden decretar en cualquier etapa del proceso, después de notificado el mandamiento de pago.

3.1. Embargo y secuestro de bienes.

Esta medida cautelar es la más usual a los procesos que se adelantan por jurisdicción coactiva, es aplicable a todo tipo de bienes (muebles, inmuebles, derechos), tiene como efecto poner los bienes fuera del comercio. La medida varía fundamentalmente en su operancia práctica según se trate de bienes sujetos a registro sin que importe si son muebles o inmuebles, o cuando versa sobre otro tipo de bienes o derechos.

En efecto, en tratándose de bienes cuya tradición exige el registro (inmuebles, vehículos, naves, aeronaves, etc.), el embargo se perfecciona con la inscripción de la providencia que lo decreta, para lo cual el funcionario ejecutor mediante comunicación informa y remite al encargado del registro el acto por el cual un determinado bien queda afecto al proceso como garantía y, por lo mismo, fuera del comercio; de manera similar opera en ciertos bienes muebles no sometidos a registro, donde la comunicación del funcionario ejecutor genera los efectos de ponerlos fuera del comercio como sucede con los saldos en cuentas corrientes, sueldos y créditos.

Tal como lo prevé el artículo 601 del Código General del Proceso, el secuestro de bienes sujetos a registro, tanto el previo como el decretado en el proceso, solo se practicará una vez se haya inscrito el embargo y siempre que en la certificación del registrador aparezca el demandado como su propietario. En todo caso, debe perfeccionarse antes de que se ordene el remate; en el evento de levantarse el secuestro se aplicará lo dispuesto en el parágrafo tercero, artículo 686, ibídem.

Persecución de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta Levantado el secuestro de bienes muebles no sujetos a registro quedará insubsistente el embargo. Si se trata de bienes sujetos a aquel, embargados en proceso de ejecución, dentro de los (3) tres días siguientes a la ejecutoria del auto favorable al opositor, que levante el secuestro, o se abstenga de practicarlo en razón de la oposición, podrá el ejecutante expresar que insiste en perseguir los derechos que tenga el ejecutado en ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo; de lo contrario se levantará el embargo.

Cuando los bienes no están sujetos a registro ni a otras solemnidades, el embargo se perfecciona con el secuestro.

De conformidad con el artículo 839 del estatuto tributario, de la resolución que decreta el embargo de bienes se enviará una copia a la oficina de registro correspondiente.

3.1.1. Trámite para algunos embargos.

De igual manera, el artículo 839-1 ibídem, dispone un trámite para algunos embargos de bienes sujetos a registro:

Cuando exista otro embargo registrado. En este caso, si el crédito que originó el anterior embargo es de grado inferior al de fisco, el funcionario ejecutor continuará con el procedimiento, informando de ello al juez respectivo y si este lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate.

Si el embargo que originó el anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario ejecutor se hará parte del proceso ejecutivo y velará por que se garantice la deuda con el remanente del bien embargado.

Si en el respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes, resulta que los bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor hará saber al acreedor la existencia del cobro coactivo, mediante notificación personal o por correo para que pueda hacer valer su crédito ante el juez competente.

El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviará al juez que solicite y que adelante el proceso para el cobro del crédito con garantía real.

Si el embargo se refiere a salarios, se informará al patrono o pagador respectivo, quien consignará dichas sumas a órdenes de la administración.

Los demás embargos se tramitarán y perfeccionarán conforme lo dispone el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

3.1.2. Límite del embargo.

Tal como lo contempla el artículo 838 del estatuto tributario, los bienes embargados no podrán exceder del doble del crédito cobrado con sus intereses y la actualización de la deuda establecida en el artículo 867-1 ibídem y las costas.

Para el embargo de cuentas bancarias, se debe tener presente el límite señalado en el artículo 9º de la Ley 1066 de 2006, el cual adicionó el artículo 837-1 del estatuto tributario y estipula un límite de inembargabilidad para las personas naturales, de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta más antigua de la cual es titular el deudor. Para cuentas bancarias de personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad.

Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo.

3.1.3. Reducción del embargo.

La reducción del embargo es factible una vez efectuado el avalúo y este se encuentre en firme y su valor excediere del doble de la deuda más sus intereses, el funcionario ejecutor deberá proceder a reducir el embargo a solicitud del interesado o de oficio. Pero si se trata de otros bienes que no requieren avalúo, como dinero o aquellos que se cotizan en bolsa, basta con la certificación de su cotización actual o del valor predeterminado.

La reducción deberá producirse antes que se decrete el remate, mediante auto que se comunicará al deudor y al secuestre si lo hubiere, siempre y cuando la reducción no implique división del bien. No habrá reducción de embargo respecto de bienes cuyo remanente se encuentre solicitado por autoridad competente.

3.2. Práctica de la diligencia del secuestro.

Para la práctica del secuestro, se siguen los siguientes lineamientos:

1. El funcionario ejecutor señala, mediante auto, fecha y hora para la diligencia, que se practicará aunque no concurra el secuestre, caso en el cual el funcionario ejecutor lo reemplazará en el acto.

2. Llegado al sitio donde debe practicarse la diligencia, debe informar acerca del objeto de la misma para que se le permita el acceso. Como el acto administrativo de secuestro supone tácitamente la orden de allanamiento, si hay imposibilidad de ingresar al lugar o si sus moradores se oponen o no se encuentran, procede el ingreso aún en contra de la voluntad de los habitantes, como también si no se encuentra la persona en el lugar, valiéndose de la fuerza pública.

3. Luego el funcionario ejecutor, procede primero a identificar los bienes objeto de la medida. Si se trata de secuestrar un inmueble, debe hacer su reconocimiento para verificar que coincidan los linderos y demás especificaciones.

4. Si se decreta el secuestro por no prosperar ninguna oposición los bienes se entregarán al secuestre, detallando su naturaleza, clase, estado, así como las demás circunstancias que puedan identificarlos, tales como marcas, números de serie, modelos, etc.

5. Para llevar a cabo esta práctica, previamente el funcionario ejecutor deberá solicitar a la secretaría general de la Aunap, mediante comunicación que se expida el certificado de disponibilidad presupuestal que autorice el pago de los honorarios provisionales del secuestre, una vez expedido el CDP, se procederá a proferir el auto que designe al secuestre y señale el lugar, fecha y hora de la diligencia. Para efectos del pago definitivo de los honorarios del secuestre, el funcionario ejecutor hará el trámite interno para solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal y dictará un auto que señale los honorarios definitivos.

3.3 El secuestre y honorarios.

El secuestre es el depositario de los bienes, el cual será escogido dentro de la lista de auxiliares de la justicia, o de las personas idóneas, que reúnan los requisitos que dicho cargo exige, para lo cual se seguirán las normas del Código de Procedimiento Civil, artículos 8º al 11.

3.4. Oposición a la diligencia de secuestro.

Es un mecanismo estructurado para evitar que en la diligencia de secuestro se atente contra intereses legalmente protegidos de personas que no tienen por qué verse sometidas a los efectos nocivos de la diligencia, razón por la cual el artículo 686 del Código de Procedimiento Civil, contempla tres aspectos importantes, como son:

a) La protección de los tenedores cuyo derecho proviene de la persona contra quien se decretó la medida.

b) La oposición del tenedor quien deriva sus derechos de un tercero poseedor quien la formula a nombre de este, y

c) La del tercero poseedor directamente.

En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia. Artículo 839-2, estatuto tributario. Adicionado por Ley 6ª de 1992, artículo 87.

3.5. Efectos de la no práctica del secuestro o del levantamiento de la medida.

Cuando no se pueda llevar a cabo la práctica del secuestro por prosperar la oposición o se levantara la medida cautelar, se presentan una serie de consecuencias, las cuales están señaladas en el parágrafo 3º del artículo 596 del Código General del Proceso, el cual ordena en su inciso primero, que:

Levantado el secuestro de bienes muebles no sujetos a registro, quedará insubsistente el embargo.

Si se trata de bienes sujetos a registro, embargados en proceso de ejecución dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que levante el secuestro o que se abstenga de practicarlo en razón de la oposición, podrá el ejecutante expresar que persigue los derechos que tenga el ejecutado en ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo; de lo contrario, se levantará el embargo.

3.6. Levantamiento de las medidas de embargo y secuestro.

En el proceso de jurisdicción coactiva debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 597 del Código General del Proceso, norma de carácter general aplicable a toda diligencia de embargo o de secuestro, también existe la posibilidad de levantar estas clases de medidas, mediante el otorgamiento de caución que garantice el pago de la obligación.

3.7. Bienes que no pueden embargarse.

El artículo 594 del Código General del Proceso que desarrolla lo señalado en el artículo 1677 del Código Civil, prevé la hipótesis de bienes inembargables por diversas consideraciones, como la protección de la cosa pública, el evitar perjuicios a la comunidad, reconocer el valor afectivo de ciertos bienes o privar a un ejecutado de lo estrictamente necesario para una decorosa subsistencia.

3.8. Comisiones.

Cuando haya lugar a comisiones, los funcionarios investidos de jurisdicción coactiva deberán conferirlas de preferencia a otro funcionario de la misma clase, esto es, de la misma jurisdicción coactiva, de igual o inferior categoría, sin perjuicio de que puedan comisionar a los jueces municipales de la jurisdicción ordinaria, vale decir, civiles o promiscuos. Podrá igualmente comisionarse a los directores de las oficinas regionales de la Aunap.

3.9. Avalúo.

El avalúo de los bienes embargados, lo hará la administración teniendo en cuenta el valor comercial y lo notificará personalmente o por correo.

Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular designado por la Aunap caso en el cual el deudor deberá cancelar los honorarios (E.T., art. 838, par.).

Contra el avalúo no procede recurso alguno.

3.10. Remate de bienes.

A través de esta diligencia se materializa el cumplimiento de la obligación no atendida oportunamente por el deudor, resaltándose tres aspectos denominados: medidas preparatorias al remate, diligencia de subasta y actuaciones posteriores a la diligencia de remate.

3.10.1. Requisitos.

a) Que el bien o bienes se encuentren debidamente embargados, secuestrados y avaluados.

b) Que estén resueltas las oposiciones o peticiones de levantamiento de medidas cautelares.

c) Que se encuentren resueltas las peticiones sobre reducción de embargos o la condición de inembargable de un bien o bienes.

d) Que se hubieren notificado a los terceros acreedores hipotecarios o prendarios, a quienes se debe notificar personalmente o por correo, con el fin de que puedan hacer valer sus créditos ante la autoridad competente.

e) Que se encuentre resuelta la petición de facilidad de pago que hubiere formulado el ejecutado o un tercero por él, en caso de haberse presentado solicitud en tal sentido.

f) Que en el momento de fijarse la fecha del remate, no obre dentro del proceso la constancia de haberse demandado ante el contencioso administrativo la resolución que rechazó las excepciones y ordenó seguir adelante la ejecución, pues en tal evento no se puede proferir el auto fijando fecha para remate, sino de suspensión de la diligencia, conforme a los artículos 835, en concordancia con el 818, inciso final del estatuto tributario.

3.10.2. Medidas preparatorias al remate.

Una vez en firme la resolución de seguir adelante la ejecución, descontado que los bienes se encuentran avaluados, y que se ha cumplido con todos los requisitos previos a la diligencia, se ordenará el remate mediante auto debidamente ejecutoriado en el cual se señalará la fecha, la base para la licitación, que será el 70% del avalúo del bien.

Las personas interesadas en solicitar la adjudicación del bien o conjunto de bienes, postores, deben hacer una consignación equivalente al 40% del valor del avalúo dado a los bienes, el que será devuelto a los postores no favorecidos, o cuando por cualquier causa no se lleve a cabo el remate.

La Aunap efectuará el remate de los bienes directamente o través de entidades de derecho público o privado, artículo 840, estatuto tributario, modificado Ley 788 de 2002, artículo 82.

3.10.3. Aviso y publicaciones.

De acuerdo con el artículo 450 del Código General del Proceso, el remate se anunciará al público mediante la inclusión en un listado que se publicará por una sola vez en un periódico de amplia circulación en la localidad o, en su defecto en otro medio masivo de comunicación que expresará:

a) Fecha y hora en que ha de iniciar la licitación.

b) Bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles, si son inmuebles la matrícula de su registro, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos.

c) Avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la licitación.

d) Porcentaje que deba consignarse para hacer postura.

El porcentaje que debe consignarse para hacer postura en la subasta es del cuarenta por ciento (40%) del avalúo del respectivo bien, de conformidad con el artículo 451 del Código General del Proceso. Sin embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de consignar el porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo menos al veinte por ciento (20%) del avalúo, en caso contrario se consignará la diferencia.

El aviso se publicará por una vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, en uno de los periódicos de más amplia circulación en el lugar y en radiodifusora local si la hubiere; una copia informal del diario y la constancia del administrador o funcionario de la emisora sobre su transmisión se agregarán al expediente antes de darse inicio a la subasta. Con la copia o la constancia de la publicación del aviso, deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate.

3.10.4. Diligencia del remate.

Llegados el día y la hora para el remate, el encargado de realizar la subasta, anunciará en alta voz las ofertas a medida que se hicieren. Transcurridas al menos dos (2) horas desde el comienzo de la licitación, el encargado de realizar la subasta, adjudicará al mejor postor los bienes materia de la misma, luego de haber anunciado por tres (3) veces que de no existir una oferta mejor la declarará cerrada.

En la misma diligencia se devolverán los títulos de las sumas depositadas a quienes la consignaron, excepto la que corresponda al rematante, que se reservará como garantía de sus obligaciones.

3.10.5. Contenido del acta.

1. Fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia.

2. Designación de las partes del proceso.

3. Las dos últimas ofertas que se hayan hecho y el nombre de los postores.

4. La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados y la procedencia del dominio del ejecutado si se tratare de bienes sujetos a registro.

5. El precio del remate.

6. Constancia de si la licitación quedó desierta por falta de postores, si es del caso.

3.10.6. Remate desierto.

Si queda desierta la licitación por falta de postores, se señalará fecha y hora para una segunda licitación, cuya base será el cincuenta por ciento (50%) del avalúo.

Si en la segunda licitación tampoco hubiere postores, se señalará una tercera fecha para el remate, en la cual la base será el cuarenta por ciento (40%) del avalúo.

Si tampoco se presentan postores en esta ocasión, se repetirá la licitación las veces que sea necesario, y para ellas la base seguirá siendo del cuarenta (40%) por ciento del avalúo.

3.10.7. Pago del precio y aprobación del remate.

Se aprobará el remate, si dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia, el rematante consigna el saldo del precio del bien rematado. Vencido el término sin que se hubiere hecho la consignación y el pago del impuesto que prevé el artículo 7º de la Ley 11 de 1987, se improbará el remate y se decretará la pérdida de la mitad de la suma depositada para hacer postura, a título de multa (CGP, art. 453).

Si existen liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta recibo de consignación de dichos valores, el funcionario ejecutor declara terminado el proceso una vez se aprueba y pague la liquidación adicional a que hubiere lugar, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

3.10.8. Causas que invalidan el remate.

El artículo 453 del Código General del Proceso, faculta al funcionario ejecutor para invalidar el remate en el evento de incumplimiento de las formalidades prescritas en los artículos 523 al 528 del Código de Procedimiento Civil, entre otras, las siguientes:

a) Que no sea publicado el aviso en legal forma.

b) El no anexar al expediente la página del diario y la constancia de la emisora, de la publicación del aviso.

c) No señalar fecha, hora y lugar del remate.

d) No realizar el remate personalmente el funcionario ejecutor, etc.

e) No haber allegado certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate.

3.10.9. Aprobación del remate.

Pagado oportunamente el precio y cumplidas las formalidades previstas en los artículos 450 al 454 del Código General del Proceso, el funcionario ejecutor aprueba el remate mediante auto en el cual de conformidad con el artículo 455 del Código General Proceso, debe disponer lo siguiente:

a) La cancelación de los gravámenes prendarios o hipotecarios que afecten el objeto del remate.

b) La cancelación del embargo y secuestro que gravan al bien rematado.

c) La expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio. Si son bienes sujetos a registro dicha copia será inscrita y protocolizada en la notaría correspondiente al lugar del proceso, y copia de la escritura pública será agregada luego al expediente.

d) La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados.

e) La entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutante tenga en su poder.

f) La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o efectos públicos nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de que quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado.

g) La comunicación al secuestre para que entregue los bienes debe hacerse conforme al artículo 688 del Código de Procedimiento Civil.

El auto que aprueba el remate es apelable en el efecto diferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 538 del Código de Procedimiento Civil.

3.10.10. Entrega del bien rematado.

Le corresponde al secuestre entregar los bienes materia del remate dentro de los tres (3) días siguientes a la orden de entrega. Si no lo hace, el funcionario ejecutor, mediante auto, que se notifica personalmente o por aviso y que no es susceptible de recurso alguno, fija fecha y hora para la entrega de tales bienes, la cual hará en forma personal.

En la diligencia de entrega no serán admitidas oposiciones de ninguna naturaleza, ni el secuestre podrá, en ningún caso, alegar derecho de retención (art. 531, modificado por L. 794/2003, art. 61 y CPC, art. 688).

3.10.11. Repetición del remate.

De conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código General del Proceso, cuando se declare improbado o se anule el remate, se repetirá la diligencia y la base para hacer postura será la misma que para la anterior.

3.10.12. Actuaciones posteriores al remate.

Para garantizar la satisfacción de las obligaciones objeto del proceso y al rematante el disfrute del bien o derecho adquirido en la licitación. Se surten los siguientes trámites:

1. Mediante oficio se ordena al secuestre la entrega del bien rematado, dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Se efectúa una nueva y definitiva liquidación del crédito y las costas, con el fin de imputar correctamente a la obligación u obligaciones los dineros producto del remate.

3. Cuando otros acreedores hubieren promovido ejecución que diere lugar a la acumulación de embargos, en los términos indicados en el artículo 466 del Código General del Proceso, se procederá a efectuar la entrega del producto de la venta a los despachos que lo hayan requerido, de acuerdo con la prelación legal de créditos.

4. Se aplica el producto del remate al pago de costas procesales y al crédito fiscal, conforme a la imputación de pagos establecida en el artículo 804 del estatuto tributario.

5. Se entregará el eventual remanente al ejecutado, al menos que se encontrara embargado, en cuyo caso se pondrá a disposición del juez correspondiente.

6. Se dicta el auto mediante el cual se da por terminado el proceso y se dispone el archivo del expediente, en caso de haber quedado completamente satisfecha la obligación.

Por remisión expresa del estatuto tributario, para todos los fines concernientes con el embargo, secuestro, avalúo y remate de bienes se debe aplicar el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil.

3.11. Terminación del proceso por pago.

Si antes de rematarse el bien, el ejecutado acredita el pago de la obligación demandada y las costas, se declara terminado el proceso y se dispone la cancelación de los embargos y secuestro, si no estuviere embargado el remanente.

Si existen liquidaciones en firme del crédito y de las costas y el ejecutado presenta recibo de consignación de dichos valores, el funcionario ejecutor declara terminado el proceso una vez que se apruebe y pague la liquidación adicional a que hubiere lugar, y dispondrá de la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.

3.12. Honorarios para los auxiliares de la justicia.

Para fijar los honorarios de los auxiliares de la justicia, se aplicarán las tarifas dispuestas para el efecto por el Consejo Superior de la Judicatura. Acuerdo 1518 del 2002, fija los honorarios, individualizando la cantidad dentro de los límites que se le trazan, basados en la complejidad del proceso, cuantía de la pretensión, y duración del cargo entre otros.

CAPÍTULO IV

4. De los recursos e intervención de la jurisdicción contenciosa administrativa.

4.1 De los recursos.

El artículo 833-1 del estatuto tributario, dispone que dentro del proceso administrativo del estatuto tributario, las providencias que se dicten no pueden ser recurridas, por considerarse de trámite, excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas, como es el caso de las siguientes resoluciones.

La resolución que rechaza las excepciones propuestas y que ordena seguir adelante la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados, contra la cual procede únicamente el recurso de reposición ante el funcionario ejecutor, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un mes, contado a partir de su interposición en debida forma (E.T., art. 834).

La resolución que declara incumplida la facilidad de pago y deja sin vigencia el plazo concedido, se notifica tal como lo establecen los artículos 565 y 566 del estatuto tributario, y contra ella procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación (art. 814-3), quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma, y se notifica tal como lo señala el inciso 2º del artículo 565 del estatuto tributario.

Dentro del proceso de cobro coactivo se profieren algunas providencias no contempladas en el proceso al que nos remite el proceso tributario. En su momento el funcionario ejecutor debidamente fundamentado considerará el recurso que procede como por ejemplo el auto que niega la nulidad, el cual es apelable ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

4.2. Intervención de la jurisdicción contenciosa administrativa.

La única providencia del proceso coactivo administrativo susceptible de ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es la resolución que ordena seguir adelante la ejecución, cuando ha declarado no probadas las excepciones propuestas por el ejecutado, artículo 835 del estatuto tributario.

En el caso que el ejecutado no proponga excepciones, la resolución que ordena continuar con la ejecución, no puede ser demandada ante la jurisdicción, por no ser procedente.

El efecto jurídico dentro del procedimiento administrativo coactivo, respecto de la demanda contra la resolución que rechazó las excepciones y ordenó seguir adelante la ejecución, es el de continuar con el proceso coactivo, teniendo en cuenta que la admisión de dicha demanda no suspende el proceso de cobro, pero la diligencia de remate no se realizará, hasta cuando exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción, esto es, sentencia ejecutoriada, por tal razón la diligencia de remate deberá suspenderse.

La suspensión de la diligencia de remate se ordenará mediante auto, lo que implica para el funcionario ejecutor, abstenerse de dictar providencia que fija fecha para su realización pero si tal evento ya hubiere ocurrido, la suspensión se producirá a más tardar antes de la diligencia de remate.

La prueba de haberse demandado la resolución de excepciones será una copia autenticada del auto admisorio de la demanda, o, en su defecto, una certificación sobre el hecho de haberse proferido dicha providencia de admisión de la demanda, siendo obligación del ejecutado el aportarla al proceso.

CAPÍTULO V

5. De las irregularidades y nulidades procesales.

5.1. Aspectos generales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 849-1, las irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro deberán subsanarse en cualquier tiempo, de plano, antes de que se profiera la actuación que apruebe el remate de bienes.

Las irregularidades saneables se subsanarán de oficio o a petición de parte, y de plano, esto es, sin necesidad de tramitar incidente. Según la norma citada, las irregularidades se considerarán saneadas cuando a pesar de ella, el deudor actúa en el proceso y no la alega, en todo caso, cuando el acto cumplió su finalidad y no violó el derecho de defensa.

Las irregularidades pueden ser absolutas, que no son susceptibles de sanearse, y relativas, las que admiten dicha posibilidad. Uno u otro carácter se definirán siguiendo las reglas que para tal efecto establece el Código General del Proceso; sus artículos 132 y siguientes sobre el tema de las nulidades.

5.2. De las nulidades.

5.2.1. Oportunidad y trámite para proponerlas.

De conformidad con el artículo 134 del Código General del Proceso, las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se decrete el remate definitivo, teniendo en cuenta que esta es la última actuación en el proceso de cobro coactivo.

La solicitud será resuelta previo traslado por tres (3) días a las partes, cuando el funcionario considere que no es necesario la práctica de alguna prueba que le haya sido solicitada y no decretada otra de oficio; en caso contrario será tramitado el incidente.

Los artículos 135 y 136 del Código General del Proceso señalan los requisitos para alegar la causal de nulidad y los casos en que es considerada saneada, respectivamente.

5.2.2. Declaración oficiosa de la nulidad.

De acuerdo con el artículo 137 del Código General del Proceso, en cualquier estado del proceso, antes de decretar el embargo definitivo, el funcionario ejecutor deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe. Si la nulidad fuere saneable, ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que le será notificado como lo indica el artículo 566 del estatuto tributario.

Si dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación, dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el funcionario ejecutor la declarará.

5.2.3. Efecto de la nulidad.

De conformidad con el artículo 138 del Código General del Proceso, la nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará la validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron la oportunidad de contradecirla.

El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe revocarse y condenará en costas a la parte que dio lugar a ella.

5.2.4. Apelación de autos que decreten nulidades.

En la jurisdicción coactiva, y comoquiera que el funcionario ejecutor no tiene en su dignidad un superior inmediato, la apelación de las nulidades debe surtirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo dispuesto mediante auto del 12 de diciembre de 2005, del honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección V, donde señaló que le compete a dicha jurisdicción conocer en segunda instancia de las apelaciones contra el auto que decrete nulidades procesales.

CAPÍTULO VI

6. Acuerdos de pago y garantías.

6.1. Acuerdos o facilidades de pago.

El jefe de la oficina asesora jurídica de la Aunap, es el competente para expedir la resolución motivada, concediendo las facilidades de pago o acuerdos de pago.

Las facilidades de pago o acuerdos de pago se concederán en cualquier momento, aun estando en trámite el proceso, por solicitud del deudor o de un tercero, en este caso debe suspenderse el proceso y si se han dictado medidas cautelares se procederá a levantarlas, siempre y cuando las garantías ofrecidas respalden el pago total de la obligación.

La facilidad de pago se puede conceder a plazos hasta por cinco (5) años.

6.2. Trámite de la solicitud para la facilidad o acuerdo de pago.

El deudor interesado en obtener una facilidad de pago deberá presentar una solicitud por escrito conforme lo indica el artículo 559 del estatuto tributario, la cual contendrá por lo menos los siguientes datos.

a) Concepto. Resolución de mandamiento de pago.

b) Valor de la obligación.

c) Plazo solicitado.

d) Calidad en la que actúa el peticionario, en tratándose de personas jurídicas, deberá adjuntar certificado de existencia y representación legal.

e) Señalar la garantía ofrecida para respaldar la deuda cuanto existan medidas cautelares, indicando con precisión qué garantía ofrece con su respectivo avalúo y certificación de tradición si se trata de un bien inmueble.

Recibida la petición, se procederá a verificar y analizar por el funcionario ejecutor los documentos y requisitos necesarios aportados para expedir la resolución de facilidad de pago, en caso de que estos se encuentren debidamente cumplidos, si no es así, se concederá al solicitante un plazo no mayor de un (1) mes para que adicione, aclare, modifique o complemente su escrito.

Vencido el término anterior, se considerará que el deudor ha desistido de su propuesta de pago y se procederá con el proceso, de acuerdo a la etapa de cobro en que se encuentre. No obstante, el deudor podrá solicitar nuevamente la facilidad con el lleno de los requisitos.

En caso de no aprobarse la solicitud de facilidad de pago, la decisión deberá comunicarse al peticionario mediante escrito, en la cual se le invitará a cancelar la obligación de manera inmediata, advirtiéndole que de lo contrario se continuará con el proceso.

6.3. Facilidad de pago solicitada por un tercero.

Cuando la facilidad de pago sea solicitada por un tercero y deba otorgarse a su favor, en la solicitud el tercero deberá señalar expresamente que se compromete solidariamente al cumplimiento de las obligaciones generadas por la facilidad otorgada, es decir, por el monto total de la deuda, incluidos los intereses y demás recargos a que hubiere lugar.

Sin embargo, la actuación del tercero no libera al deudor principal del pago de la obligación, ni impide la acción de cobro contra él; en caso de incumplimiento, se podrá perseguir simultáneamente a los dos, o a uno cualquiera de ellos.

Concedida la facilidad de pago solicitada por el tercero, el funcionario ejecutor deberá notificar al deudor, comunicándole tal determinación a su dirección, quien solamente podrá oponerse acreditando el pago total de la obligación.

6.4. Garantías.

La concesión de plazos para las facilidades de pago, podrán ser respaldadas por el deudor con las siguientes garantías, pero en todo caso el funcionario ejecutor, dentro de su facultad discrecional, pero debidamente fundamentado, siguiendo el procedimiento legal establecido, exigirá la garantía que más convenga a la entidad en el sentido de proteger los intereses de la misma.

6.4.1. Concesión de plazo.

Las facilidades de pago, por tratarse de la concesión de plazos adicionales al deudor, se deberán tener en cuenta las siguientes circunstancias.

6.4.1.1 Concesión de plazos sin garantía.

Podrán celebrarse acuerdos de pago sin garantía sobre aquellas obligaciones que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que el monto del capital y sus intereses liquidados a la fecha de la solicitud no superen los diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b) Que la antigüedad de la obligación no sea mayor a dos años.

c) Que el término del plazo solicitado no sea superior a un (1) año.

d) Que el deudor denuncie bienes de su propiedad, o del garante o solidario, para su posterior embargo y secuestro, con el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad y acompañada de un estimado valor comercial de los bienes que integran la relación que está presentando, de lo cual el funcionario ejecutor deberá dejar constancia expresa en el acto administrativo que concede la facilidad de pago.

e) Presentar los certificados de libertad de los bienes denunciados como garantía, expedidos con una antelación no mayor a un mes, con el fin de constatar que los mismos se encuentran libres de embargos, hipotecas, patrimonio de familia o cualquier otro gravamen que pueda afectar el dominio de los mismos.

f) La relación de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, identificación, propiedad y valor comercial de los bienes ofrecidos, de manera tal que permita verificar la existencia y estado de los mismos.

g) En el evento de que el deudor, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informar a la oficina asesora jurídica de la Aunap, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo del anterior o anteriores, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el deudor no queda en estado de insolvencia.

h) También se podrán conceder plazos sin garantía, en el caso que se hubieren decretado y registrado medidas cautelares sobre bienes, con las cuales se pueda garantizar el pago total de la obligación con la facilidad de pago otorgada.

6.4.1.2. Concesión de plazos con garantías.

Se exigirá la constitución previa de garantías, cuando la facilidad de pago solicitada sea por un plazo superior a un (1) año, y la cuantía de la obligación sea mayor a diez (10) salarios mínimos legales vigentes.

La garantía debe constituirse a favor de la Aunap y perfeccionarse antes del otorgamiento de la facilidad de pago.

6.5. Garantías que se pueden prestar dentro del proceso de cobro coactivo.

6.5.1. Garantías personales.

Para el caso de las garantías personales, se considerarán satisfactorias aquellas cuyo valor sea igual o superior al monto de la obligación principal, más los intereses, calculados para el plazo, entendiendo por obligación principal la correspondiente al capital e intereses de mora, liquidados hasta la fecha de expedición de la resolución que concede la facilidad.

El garante deberá tener un patrimonio líquido por lo menos tres (3) veces superior a la deuda garantizada y no podrá ser deudor de la Aunap, deberá presentar además relación detallada de sus bienes en que está representado su patrimonio, anexando la prueba de propiedad de los mismos y haciendo compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad y acompañada de un estimado valor comercial de los bienes que integran la relación que está presentando, de lo cual el funcionario ejecutor deberá dejar constancia expresa en el acto administrativo que concede la facilidad de pago.

En el evento de que el garante, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informarlo a la Aunap, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo del anterior o anteriores, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el garante no se pone en estado de insolvencia.

La relación de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, identificación, propiedad y valor comercial de los bienes ofrecidos, de manera tal que permita verificar la existencia y estado de los mismos.

6.5.2. Garantías admisibles.

Para efectos de garantizar el pago de las obligaciones que se cobran a través del proceso de cobro coactivo, se consideran garantías admisibles aquellas constituidas que tengan un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que sean suficientes para cubrir el monto de la obligación y que ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada, otorgando a la Aunap mejor derecho para obtener el pago de la obligación. Entre las garantías admisibles que pueden ser ofrecidas por los solicitantes de facilidades de pago se encuentran, las siguientes:

6.5.3. Hipoteca.

Con el fin de garantizar el monto de la obligación, el ejecutado puede constituir a favor de la Aunap hipoteca sobre un bien de su propiedad, la cual será constituida por el valor que determine el funcionario ejecutor, con el cual considera se puede garantizar el monto de la obligación y los intereses, de acuerdo al plazo solicitado, para el efecto, el solicitante deberá presentar el certificado de tradición y propiedad del bien, el certificado del avalúo catastral y el certificado de avalúo del bien a hipotecar. Los gastos de constitución y registro de la escritura pública de hipoteca a favor de la Aunap, serán asumidos por el solicitante.

6.5.4. Prenda.

Igualmente para garantizar el cumplimiento de la obligación se puede constituir contrato de prenda sobre bienes muebles de propiedad del solicitante o de su garante. Esta prenda puede ser con la tenencia material del bien otorgado como garantía o sin tenencia si la prenda ofrecida es de tan última clase, que debe otorgarse póliza de seguro que ampare los bienes pignorados contra todo riesgo, endosada a favor de la Aunap.

Para la aceptación de esta garantía es indispensable que el solicitante dé la facilidad de pago, presente documentos auténticos que acrediten que el bien ofrecido es de su propiedad, para aquellos casos en que el bien no es sujeto a registro, para el caso de bienes muebles sujetos a registro, ejemplo vehículos, el solicitante deberá presentar con la solicitud certificado de tradición y libertad del vehículo, lo mismo que el certificado de avalúo del mismo y si se trata de naves deberá aportar el documento que lo acredite como titular del derecho real de dominio.

Previa a la expedición de la providencia que concede la facilidad de pago, el solicitante debe presentar el registro de pignoración a favor de la Aunap, con la póliza de seguro respectiva.

6.5.5. Depósitos de dinero de que trata el artículo 1173 del Código de Comercio.

Cuando se deposite una suma de dinero en garantía del cumplimiento de la obligación, el depositario en este caso la Aunap solo estará obligada a hacer la restitución en cuanto al exceso del depósito sobre lo que el deudor deba pagar en razón del crédito garantizado.

6.5.6. Garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de seguro o instituciones financieras.

El aval bancario, o la póliza de una compañía de seguros, es una garantía ofrecida por una entidad autorizada por el Gobierno Nacional, para respaldar el pago de las obligaciones por parte del deudor. La entidad que otorgue la garantía debe indicar claramente el monto y el concepto de la obligación garantizada y el tiempo de vigencia, mediante la expedición de una póliza de seguros o de un aval bancario.

El funcionario ejecutor de la Aunap debe verificar, que quien firmó la póliza en representación de la entidad aseguradora, tiene la facultad para ello, mediante la certificación de representación legal expedida por este mismo organismo y que la póliza cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Comercio, lo mismo que debe exigir la constancia del pago de la prima correspondiente.

Cuando se trate de garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de seguros, el monto de las mismas deberá cubrir la obligación principal, más un porcentaje de los intereses de plazo, que garantice el total de la obligación más los intereses, en caso de incumplimiento de la facilidad de pago, en cualquiera de las cuotas pactadas. En ningún caso, el porcentaje de los intereses del plazo garantizado podrá ser inferior al 20% de los mismos.

Para plazos mayores de un año y a criterio del funcionario ejecutor, se podrá permitir la renovación de las garantías, con por lo menos tres (3) meses de anticipación al vencimiento de las inicialmente otorgadas.

6.5.7. Libranza.

El interesado podrá solicitar se le acepte como garantía para el pago de la obligación una libranza certificada y aprobada por el pagador de la entidad donde presta sus servicios el deudor o el tercero, mediante el cual este lo autoriza a descontar de su salario, cuotas periódicas hasta la concurrencia de la suma adeudada y a consignar mensualmente a favor de la Aunap el valor de la cuota acordada.

6.6. Perfeccionamiento de la facilidad de pago.

La facilidad de pago se concede mediante acto administrativo que debe contener por lo menos, la identificación del acto administrativo que contiene la obligación, el monto total de la obligación, estableciendo los intereses de mora y los de plazo, la periodicidad de las cuotas y el tiempo total del plazo concedido, se indicarán las causales para declarar incumplida la facilidad de pago, y las consecuencias ante dicho incumplimiento.

Cuando se concede la facilidad de pago respaldando la obligación con una relación de bienes detallada o con garantías reales o personales, se debe mencionar en la citada resolución, la relación de bienes denunciados y/o el perfeccionamiento de la garantía aceptada.

Los costos que represente el otorgamiento de la garantía para la suscripción de la facilidad de pago, deben ser cubiertos por deudor o el tercero que suscriba el acuerdo en su nombre.

6.7. Incumplimiento de la facilidad de pago.

El funcionario ejecutor de la Aunap podrá declarar el incumplimiento de la facilidad de pago y dejar sin vigencia el plazo concedido, cuando el deudor incumpla el pago de dos (2) cuotas, en las respectivas fechas de vencimiento.

El incumplimiento se declara mediante acto administrativo motivado, la cual deja sin vigencia el plazo concedido y en el evento en que se hayan otorgado garantías, ordenará hacerlas efectivas hasta la concurrencia del saldo insoluto.

En el caso de aquellas facilidades de pago que se otorgaron con base en una relación detallada de bienes, en el acto administrativo de incumplimiento de la facilidad de pago, deberá ordenarse el embargo, secuestro y avalúo de los bienes, para su posterior remate.

Igualmente en dicha resolución deberá dejarse constancia, cuando se constituyeron garantías personales, que la Aunap se reserva el derecho de perseguir al garante y al deudor simultáneamente, a fin de obtener el pago total de la deuda.

El acto administrativo que declara incumplida la facilidad de pago y sin vigencia el plazo concedido, se notifica tal como lo establecen los artículos 565 y 566 del estatuto tributario, y contra ella procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación (art. 8143), quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma, y se notifica tal como lo señala el inciso 2º del artículo 565 del estatuto tributario.

No obstante, la Ley 1066 del 29 de julio de 2006 estableció beneficios para los contribuyentes deudores y que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), posee normatividad interna que permite efectuar rebajas o condonaciones de intereses a los deudores, sobre las obligaciones cobradas en este caso por la oficina asesora jurídica de la Aunap, no son aplicables estos beneficios, toda vez que el valor de las mismas hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación y por eso no se tiene poder de disposición sobre ellas.

CAPÍTULO VII

7. Clasificación de la cartera.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, para la clasificación de la cartera correspondiente a las obligaciones cobradas a través del proceso administrativo de cobro coactivo de la Aunap se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

7.1. Obligaciones corrientes.

Son todas aquellas obligaciones pendientes de pago que ingresan a la oficina jurídica de la Aunap para su recaudo, sin importar su cuantía las cuales reúnen alguna de las siguientes características:

a) Obligaciones cuya fecha de ejecutoria no es mayor de dos (2) años.

b) El deudor se encuentra ubicado.

c) Se ubicaron bienes de propiedad del deudor, cuentas, ubicación laboral u otros productos financieros y se decretaron medidas cautelares sobre estos para garantizar la obligación.

d) El deudor se notificó del mandamiento de pago.

e) Se constituyeron garantías para asegurar el pago de la obligación.

f) Fue tenida en cuenta la obligación dentro de procesos que se adelantan contra el deudor en otros despachos judiciales, para ser canceladas con el producto del remate de los bienes embargados o fue reconocida nuestra obligación como remanentes dentro del proceso.

g) El ejecutado denunció bienes de su propiedad para garantizar la obligación y se comprometió a no enajenarlos.

h) Si hizo acuerdo de pago con el ejecutado y este está cumpliendo con las cuotas correspondientes.

i) El ejecutado a pesar de no haber efectuado acuerdo de pago, en forma voluntaria está realizando abonos para el pago de la obligación.

7.2. Obligaciones de difícil cobro.

Dentro de esta categoría se clasifican todas aquellas obligaciones cuya cuantía supere los dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuya fecha de ejecutoria está entre dos (2) y cinco (5) años y que además reúnan alguna de las siguientes características.

a) El ejecutado a pesar de no haber efectuado acuerdo de pago está haciendo abonos para el pago de la obligación.

b) Obligaciones, que a pesar de haberse ubicado el deudor no tiene solvencia económica que pueda garantizar la obligación.

c) No ha sido posible ubicar bienes para embargar que garanticen el pago de la obligación o el valor de los ubicados no cubren ni siquiera el monto de los intereses generados.

d) Ha sido imposible ubicar al deudor a pesar de haberse agotado la búsqueda ante otras entidades, especialmente las suministradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

e) El deudor es una persona jurídica que se encuentra en proceso de liquidación obligatoria, concordato o acuerdo de reestructuración y sus pasivos superan a los activos.

f) El deudor es una persona natural que se encuentra en proceso concordatario, e igualmente sus pasivos superan a los activos.

g) Se comunicó a despachos judiciales donde se adelanta proceso contra el deudor y los tuvieron en cuenta, pero el proceso no ha llegado a la etapa de remate, o existen obligaciones con mayor derecho reconocidas dentro del proceso, ejemplo las de los juzgados laborales y de familia.

h) A pesar de existir bienes ubicados, estos no garantizan el pago de la obligación si se tiene en cuenta que son mayores los costos que generaría para la administración el continuar con las diligencias de secuestro y remate de los bienes que el beneficio obtenido.

i) A pesar de haber sido embargado el salario del deudor, los descuentos son irrisorios frente al monto de la obligación.

j) A pesar de haberse notificado el mandamiento de pago, el ejecutado fallece y no se conoce heredero alguno.

7.3. Obligaciones irrecuperables.

Se clasifican en esta categoría aquellas obligaciones que reúnan cualquiera de las siguientes características o circunstancias:

a) Desde su exigibilidad cuenta con una antigüedad mayor de cinco (5) años, sin importar su cuantía.

b) No ha sido posible la ubicación del deudor ni de bienes que garanticen el pago de la obligación a pesar de las investigaciones realizadas.

c) Aquellas obligaciones menores de dos (2) salarios mlmv sumados sus intereses, siempre que tengan tres (3) o más años de antigüedad, esta cuantía será objeto de ajuste anual conforme al procedimiento establecido en el artículo 868 del estatuto tributario.

d) Inexistencia de la entidad deudora, siempre y cuando se posea el acto administrativo que así lo declara y se encuentre registrada en la cámara de comercio.

e) Cuando la entidad no ha renovado en los últimos tres (3) años su matrícula mercantil, ni ha presentado en el mismo tiempo declaración tributaria, ni se haya podido ubicar bienes de su propiedad que garanticen el pago de la obligación.

f) El deudor principal se encuentre fallecido, sin haber dejado bienes que garanticen la obligación, siempre y cuando se cuente con la partida de defunción, y no ha sido posible ubicar a los herederos o estos no poseen bienes para garantizar la obligación.

g) Obligaciones correspondientes a entidades en liquidación forzosa administrativa que terminaron su proceso de liquidación y sus activos no fueron suficientes para cancelar las obligaciones legalmente reconocidas. Para el efecto se debe contar con el acto administrativo mediante el cual se decidió su terminación y la respectiva constancia de registro en la cámara de comercio correspondiente.

Las obligaciones que se encuentren clasificadas dentro de la categoría de las irrecuperables serán objeto de estudio por parte de la oficina asesora jurídica de la Aunap, con el fin de declarar mediante resolución motivada la remisibilidad de que trata el artículo 820 del estatuto tributario.

7.4. Intereses en el proceso de cobro coactivo.

De conformidad con el artículo 7º del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, las obligaciones diferentes a impuestos, tasas y contribuciones fiscales y parafiscales continuarán aplicando las tasas de interés especiales previstas en el ordenamiento nacional.

ART. 2º—La jefe de la oficina asesora jurídica de la Aunap será la funcionaria ejecutora de conformidad con la facultad prevista en el numeral 5º del artículo 12 del Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011, que asignó la facultad de adelantar el cobro coactivo.

(Nota: Derogado por la Resolución 1708 de 2016 de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca)

ART. 3º—El presente reglamento interno de cartera se publicará en la página web de la entidad y en el Diario Oficial.

(Nota: Derogado por la Resolución 1708 de 2016 de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca)

ART. 4º—La oficina asesora jurídica de la Aunap asignará un número consecutivo de resoluciones para efecto de los actos administrativos que en virtud de este reglamento deba expedir.

(Nota: Derogado por la Resolución 1708 de 2016 de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca)

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 21de marzo de 2013.

(Nota: Derogada por la Resolución 1708 de 2016 de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca)