Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

RESOLUCIÓN 264 DE 2011 

(Enero 24)

“Por la cual se dictan medidas relacionadas con la atención de niños, niñas y adolescentes, afectados por la emergencia económica, social y ecológica en el marco del sistema nacional de bienestar familiar”.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el parágrafo del artículo 11 y el artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y el artículo 2º del Decreto 117 de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que mediante el Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de sus efectos.

Que durante la declaratoria del estado de excepción, se presentaron hechos nuevos relacionados con el fenómeno de La Niña, los cuales fueron posteriores a la expedición del Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, por lo cual mediante el Decreto 020 de 7 de enero de 2011 se declaró nuevamente el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional hasta el 28 de enero de 2011, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de sus efectos.

Que en cumplimiento de los principios señalados en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales, sobre protección integral, interés superior y prevalencia de los derechos de los niños y niñas, el Estado debe garantizar, evitar su amenaza, inobservancia o vulneración y restablecerlos de manera eficaz, oportuna y efectiva.

Que el Código de la Infancia y la Adolescencia —Ley 1098 de 2006— establece el mandato de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el restablecimiento de sus derechos cuando se hayan vulnerado, y en su artículo 20 establece el derecho de protección especial de los niños contra los riesgos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia.

Que los artículos 44 de la Constitución Política y 10 del Código de la Infancia y la Adolescencia establecen la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la garantía, prevención y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Que las Leyes 7ª de 1979 y 1098 de 2006, establecen que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el ente rector, coordinador y articulador del sistema nacional de bienestar familiar, y en desarrollo de esa función le corresponde definir los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y analizar y formular las líneas de acción frente a las problemáticas que ponen en alto riesgo de vulneración de derechos de esta población.

Que el artículo 205 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que el ICBF como ente rector del Sistema, tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos y territorios indígenas.

Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 919 de 1989, los comités locales para la prevención y atención de emergencias y desastres - Clopad, y los comités regionales para la prevención y atención de emergencias y desastres —Crepad—, son los encargados de asumir la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias para atender una situación de desastre regional o local declarada, y ejecutar los planes prevención de riesgos, de contingencia y de orientación para la atención inmediata de desastres que hayan sido aprobados por el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 4579 de 2010, “por el cual se declara la situación de desastre nacional en el territorio colombiano”, se entenderán corno personas damnificadas o afectadas por el desastre, aquellas que se encuentren en los censos de afectados elaborados por los comités Locales de los municipios afectados, con el aval del respectivo comité regional y de una entidad operativa del sistema nacional para la prevención y atención de desastres.

Que con ocasión de la grave calamidad pública derivada de la ola invernal, y con el objeto de que en las regiones afectadas por la emergencia se garanticen efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la misma, el ICBF, impartirá directrices a los alcaldes y gobernadores de todo el país para la adopción de medidas en cumplimiento del mandato de protección integral establecido en el artículo 44 de la Constitución Política y 7º del Código de la Infancia y la Adolescencia.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Coordinación y concurrencia de los integrantes del sistema nacional de bienestar familiar. Los alcaldes y gobernadores en su calidad de responsables del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia, deberán actuar de manera planificada y coordinada con los demás integrantes del mismo, en la gestión y ejecución de las políticas públicas de infancia adolescencia y familia, de acuerdo con las directrices señaladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector del sistema.

ART. 2º—Atención prioritaria a la niñez y la adolescencia. Los alcaldes y gobernadores en los servicios prestados para la atención de la emergencia económica, social y ecológica derivada de la ola invernal, a través de las secretarías de salud, de integración social, de infraestructura y de educación y demás entidades del orden departamental y distrital y municipal, deberán tener en cuenta que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás, por lo cual toda atención que se brinde será prioritaria para estos.

ART. 3º—Identificación y acciones para la niñez y la adolescencia. Los comités locales para la prevención y atención de emergencias y desastres —Clopad— y los comités regionales para la prevención y atención de emergencias y desastres - Crepad, deberán llevar dentro de los censos de población afectada por la emergencia, información discriminada sobre los niños, niñas y adolescentes y de las acciones que se van a adelantar para su atención.

Para garantizar la atención de todos los niños, niñas y adolescentes afectados por la emergencia económica, social y ecológica, los alcaldes y gobernadores deberán solicitar al censo de dicha población a los Crepad y Clopad y desarrollar sus acciones con base en la información contenida en dicho censo.

ART. 4º—Prevención de la vulneración de derechos. Los alcaldes y gobernadores en coordinación con las direcciones regionales del ICBF deberán diseñar e implementar en los albergues, refugios y demás lugares donde se concentren damnificados, estrategias de atención para la protección de los niños, niñas y adolescentes, frente al riesgo de ser víctimas de maltrato infantil, violencia intrafamiliar y comunitaria, abuso sexual, o reclutamiento forzado.

ART. 5º—Creación y fortalecimiento de comisarías de familia. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 84 del Código de la Infancia y la Adolescencia, los municipios que a la fecha no cuenten con comisaria de familia, deberán crearla para garantizar la atención de todos los niños, niñas y adolescentes afectados por la ola invernal en todo el territorio nacional.

En aquellos municipios afectados por la emergencia en los que se hayan creado y se encuentren funcionando las comisarias de familia, se deberá procurar su fortalecimiento, mediante el nombramiento y mantenimiento de por lo menos un comisario de familia con su equipo interdisciplinario para la atención exclusiva de los niños, niñas y adolescentes afectados por la ola invernal y sus familias para la prevención de la vulneración de sus derechos y el restablecimiento de los mismos.

ART. 6º—De los consejos departamentales, distritales o municipales de política social. Para efectos definir el plan de acción para la atención de los niños, niñas y adolescentes afectados por la ola invernal, la prevención de la vulneración de sus derechos y el restablecimiento de los mismos, así como su seguimiento y evaluación, en todos los departamentos y municipios afectados por la emergencia económica, social y ecológica, los alcaldes y gobernadores deberán convocar como mínimo cada ocho (8) días a los consejos departamentales y municipales de política social, cuyas decisiones serán de obligatorio cumplimiento.

A cada sesión de los consejos departamentales y municipales de política social deberán convocarse a las procuradurías y contralorías regionales o en su defecto a las personerías y contralorías distritales y municipales.

ART. 7º—Deber de denuncia. Cualquier autoridad o servidor público que tenga conocimiento de casos de presunta vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes afectados por la ola invernal, está en la obligación poner en conocimiento del ICBF o la autoridad competente que tenga presencia en el lugar de los hechos, para que adopten las medidas que haya lugar.

ART.8º—Debida ejecución de los recursos. En la administración y ejecución de los recursos destinados para la atención de niños, niñas y adolescentes afectados por la ola invernal se deberán garantizar los principios de transparencia, igualdad, moralidad, libre concurrencia, eficiencia y eficacia.

Con el objeto de garantizar una efectiva participación de la comunidad en la vigilancia de la inversión de los recursos, y en virtud del principio de corresponsabilidad, se insta a los alcaldes y gobernadores a la adopción de mecanismos tales como la rendición pública de cuentas y la convocatoria a las veedurías ciudadanas para ejercer dicha vigilancia.

ART. 9º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 24 de enero de 2011.