Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

RESOLUCIÓN 269 DE 2015

(Enero 26)

“Por medio de la cual se delega el pago de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales en la secretaría general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se ajusta el procedimiento aplicable”.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la Fuente de Lleras,

en uso de sus facultades legales y, en especial, las previstas en el artículo 2º del Decreto 987 de 2012, la Ley 7ª de 1979, el Acuerdo 102 de 1979 aprobado mediante Decreto 334 de 1980, y en los artículos 9º y 78 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativos (CPACA) establecen las reglas para el cumplimiento de sentencias y conciliaciones por parte de las autoridades públicas, normas aplicables cuando el pago se origine en un laudo arbitral en los términos de la Ley 1563 de 2012, estatuto de arbitraje nacional e internacional;

Que para optimizar el pago de sentencias, conciliaciones aprobadas por la jurisdicción y laudos arbitrales que impliquen obligaciones a cargo de la entidad se requiere centralizar en la sede de la dirección general su ejecución presupuestal;

Que para el cumplimiento de dicho objetivo, se requiere ajustar el procedimiento establecido para el pago de sentencias, conciliaciones aprobadas por la jurisdicción y laudos arbitrales, y modificar el macroproceso de gestión jurídica - PR12 MPA2, adecuándose a los parámetros establecidos en la presente resolución;

Que se considera conveniente y necesario delegar en la secretaría general el cumplimiento de obligaciones impuestas en providencias judiciales o equivalentes;

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Delegación. Delegar en la secretaría general el cumplimiento de las obligaciones impuestas en providencias judiciales o equivalentes, específicamente el pago de las sentencias, conciliaciones aprobadas por la jurisdicción y laudos arbitrales que impliquen obligaciones a cargo de la entidad como consecuencia de una providencia judicial, o equivalente, ejecutoriada.

ART. 2º—Remisión de soportes. Los coordinadores de los grupos jurídicos de las direcciones regionales, deberán comunicar al jefe de la oficina asesora jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de las sentencias, conciliaciones aprobadas por la jurisdicción y laudos arbitrales, y remitir la totalidad de los soportes en cada caso:

1. Memorando remisorio a la oficina asesora jurídica que indique que los requisitos se encuentran cumplidos por los beneficiarios y todos los documentos aportados.

2. Copia de las sentencias de primera y segunda instancia y constancia de ejecutoria; de la conciliación prejudicial suscrita por la Procuraduría General de la Nación y del auto que resuelve sobre su aprobación o improbación por parte del despacho judicial y su constancia de ejecutoria; y del laudo emitido por el tribunal de arbitramento y su constancia de ejecutoria, respectivamente.

3. Poder conferido por los beneficiarios en el proceso y uno actual en donde se especifique que se faculta al apoderado para recibir el dinero producto de la sentencia, conciliación aprobada por la jurisdicción y laudo arbitral a cargo del ICBF.

4. Copia de los documentos de identificación de los beneficiarios del pago.

5. Certificación bancaria de los beneficiarios del pago o del apoderado, si tuviere facultades para recibir.

6. Consulta a la DIAN, a efectos de establecer si el acreedor de la obligación tiene deudas por pagar a favor del tesoro público nacional, en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y la Sentencia C-428 de 1997 de la Corte Constitucional.

ART. 3º—Liquidación del crédito. Una vez verificado que la documentación esté completa, la oficina asesora jurídica remitirá esta a la dirección financiera y/o dirección de gestión humana para realizar la liquidación de la obligación.

Estas dependencias liquidarán la obligación a pagar dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los documentos, e informarán el resultado a la oficina asesora jurídica.

ART. 4º—Solicitud de traslado presupuestal. La oficina asesora jurídica generará a la dirección financiera, a través del aplicativo financiero del instituto, la solicitud de traslado presupuestal para el pago de las obligaciones derivadas de sentencias, conciliaciones aprobadas por la jurisdicción y laudos arbitrales, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que sea informado el resultado de la liquidación de la obligación.

ART. 5º—Traslado presupuestal. La dirección financiera realizará el trámite de traslado presupuestal dentro de los cinco (5) días siguientes, una vez recibida la solicitud por parte de la oficina asesora jurídica.

ART. 6º—Elaboración del acto administrativo que ordena el pago. La oficina asesora jurídica, una vez obtenga la documentación completa de que tratan los artículos anteriores, proyectará el acto administrativo de pago, con el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), correspondiente. Dicho proyecto y sus anexos se remitirán a la secretaría general, dentro de los cinco (5) días siguientes.

ART. 7º—Orden de pago. La secretaría general, dentro de los cinco (5) días siguientes, remitirá el acto administrativo firmado y numerado al grupo financiero de la sede de la dirección general para ejecutar la orden de pago.

ART. 8º—Pago. La dirección financiera realizará a través del grupo correspondiente el pago de las obligaciones derivadas de sentencias, conciliaciones aprobadas por la jurisdicción y laudos arbitrales, dentro de los cinco (5) días siguientes una vez recibido el acto administrativo que ordena el pago.

ART. 9º—Improcedencia de recursos contra el acto administrativo que ordena el pago. El acto administrativo que reconoce y ordena el pago no tendrá recurso alguno en el procedimiento administrativo, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

ART. 10.—Actualización de procedimiento de gestión. Ordénese a la oficina asesora jurídica y a la dirección de planeación ajustar el procedimiento para el pago de sentencias, conciliaciones aprobadas por la jurisdicción y laudos arbitrales, que adopte los principios establecidos en esta resolución.

ART. 11.—Remisión de información para análisis de repetición. Una vez realizado el pago de una sentencia, conciliación aprobada por la jurisdicción y laudo arbitral, el tesorero de la dirección general del ICBF informará, dentro de los cinco (5) días siguientes, a la oficina asesora jurídica para que inicie el estudio correspondiente del medio de control de repetición.

ART. 12.—Vigencia y derogatorias. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial modifica el procedimiento PR12.MPA2 de 5 de diciembre de 2014.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 26 de enero de 2015.