RESOLUCIÓN 271 DE 1999 

(Agosto 16)

Pronunciamiento de la secretaría general al amparo del artículo 17 de la Decisión 328 (sanidad agropecuaria andina).

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTA: La Decisión 328 de la comisión (sanidad agropecuaria andina), y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 9 de julio del año en curso, la directora de negociaciones del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia remitió a esta secretaría general una comunicación, con la cual envía copia de la Resolución 01384 del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, expedida el mismo 9 de julio de 1999, por medio de la cual se adoptan “medidas fitosanitarias de emergencia para la importación de frutas frescas provenientes de Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela”. Sostiene el gobierno colombiano que dicha resolución se adoptó “debido a la presencia de B. carambolae drew y hancock en las cercanías del territorio colombiano y porque los principales hospederos de estas plagas son las frutas”;

Que, con fecha 15 de julio del año en curso, mediante nota SG/F/4.5.1/01684-1999, la secretaría general comunicó a la directora de negociaciones del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia que la medida temporal impuesta contiene algunos de los requisitos establecidos en las resoluciones 431 y 451 de la antigua junta del Acuerdo de Cartagena;

Que, con fecha 16 de julio del año en curso, mediante comunicación SG/X/4.5.1/01308-1999, la secretaría general envió a los países miembros copia de la Resolución 01384 del ICA;

Que, con fecha 28 de julio del año en curso, el director general del servicio ecuatoriano de sanidad agropecuaria, SESA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador remitió a la secretaría general el Oficio Nº 00853-SESA, por medio del cual manifiestan su sorpresa por la expedición de la Resolución 01384 del ICA, la cual restringe la exportación de banano, plátano y otras frutas frescas de origen ecuatoriano al mercado colombiano por supuesta presencia del insecto bactrocera dorsalis hendel y B. carambolae drew y hancock. Sostiene el SESA que en el territorio ecuatoriano no existe presencia de bactrocera spp., por lo cual consideran a la resolución adoptada por el ICA injusta e improcedente por carecer de justificativos técnicos. Manifiestan además que la referida Resolución 01384 perjudica a los productores y limita las exportaciones ecuatorianas, no respetando la Resolución 431 de la secretaría general (norma andina sobre requisitos fitosanitarios de aplicación al comercio de productos agrícolas). En tal virtud, se solicita “tomar las acciones prioritarias sobre el particular a fin de que sea derogada dicha resolución por carecer de todo justificativo técnico científico”;

Que, con fecha 28 de julio del año en curso, el subsecretario de comercio exterior e integración (E) del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador remitió a la secretaría general el fax número 80-DININ, recibido en esta secretaría general el 2 de agosto del año en curso, por medio del cual manifiestan que “la Resolución 01384 no puede aplicarse al comercio intrasubregional al no estar inscrita en el registro de normas sanitarias” y que la misma “no puede ser tratada como una medida de emergencia por no ajustarse a los requisitos y procedimientos establecidos en el artículo 17 de la Decisión 328”. Del mismo modo, el gobierno del Ecuador solicita a la secretaría general el inicio de los análisis técnicos para que dicha medida no se aplique al comercio subregional;

Que, con fecha 9 de agosto del año en curso, la jefa del servicio nacional de sanidad agraria, Senasa, del Ministerio de Agricultura del Perú remitió a la secretaría general la carta número 2298-99-AG-Senasa, por medio de la cual manifiestan que “como es de conocimiento internacional, bactrocera dorsalis no se encuentra presente en sudamérica y bactrocera carambolae sólo ha sido reportada en Surinam y Guyana Francesa (...). En consecuencia, no existe ninguna referencia científica o indicio de la presencia de las citadas plagas en el Perú”. Sostiene además el gobierno peruano que “siendo bactrocera dorsalis y bactrocera carambolae plagas cuarentenarias para el Perú, nuestro sistema de vigilancia oficial a nivel nacional para moscas de la fruta, que cuenta con 3112 trampas, no ha detectado la presencia de las citadas plagas”, para lo cual adjuntan un informe de la coordinación del programa nacional de moscas de la fruta. Del mismo modo, el gobierno peruano informa que “por ser país libre exige como requisito fitosanitario para la importación de las frutas de las especies hospedantes de bactrocera dorsalis y bactrocera carambolae, que provengan de áreas libres de éstas, lo cual es concordante con las resoluciones 431 y 451” y que “no comercializa frutas frescas con países afectados con estas especies de moscas de la fruta, por lo que el ingreso de las citadas plagas al Perú es poco probable”. En consecuencia, el gobierno peruano manifiesta que “no acepta que se le incluya dentro de los alcances de la Resolución 01384 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA”. Por último, el gobierno de Perú informa que les ha creado gran preocupación que la Resolución 01384 —en su parte considerativa— mencione que el ICA viene desarrollando un plan de acción para la detección y erradicación de bactrocera dorsalis hendel y bactrocera carambolae drew y hancock, puesto que podría entenderse que ambas especies se han detectado en Colombia y está en marcha un plan de erradicación, por lo cual solicitan que se haga la aclaración respectiva;

Que, con fecha 18 de agosto del año en curso, se recibió en esta secretaría general la comunicación SASA/DGS/01/459 de fecha 11 de agosto de 1999, remitida por el director general sectorial del servicio autónomo de sanidad agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Cría de la República de Venezuela, por medio de la cual notifican que en ese país miembro no ha sido registrada la plaga bactrocera spp., por lo cual “se considera improcedente la solicitud de área libre dentro del territorio venezolano para la citada plaga”. El gobierno de Venezuela manifiesta igualmente que “la inclusión de Venezuela en la citada resolución puede generar, además de la restricción al comercio de frutas frescas hacia Colombia, las restricciones a las exportaciones venezolanas de estos frutos por parte de terceros países”, por lo cual “se estima la inmediata rectificación de la medida aplicada”;

Que, con fecha 18 de agosto del año en curso, se recibió en esta secretaría general el fax Nº 509 DININ/NCI, de fecha 16 de agosto de 1999, remitido por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador, por medio del cual se ratifica en los términos contenidos en las comunicaciones número 80/DININ y 00853-SESA, en el sentido que la Resolución 01384 del ICA “debe ser derogada, por carecer de fundamentos técnicos y científicos debidamente comprobados”. Sostiene el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca del Ecuador que “la medida tomada por la República de Colombia constituye una inaceptable restricción al comercio bilateral y un subterfugio que esta secretaría de estado rechaza desde todo punto de vista por estar causando graves inconvenientes a los sectores productivos y exportadores nacionales, cuyos efectos desfavorables han agudizado la problemática social del país”;

Que, en el título de la precitada Resolución 1384 del ICA se indica que la misma adopta “medidas de carácter fitosanitario emergenciales para la introducción a Colombia de frutas frescas procedentes de Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela” (énfasis añadido);

Que, en el primer párrafo de la parte considerativa de la Resolución 1384 se menciona que corresponde al ICA “velar por la sanidad agropecuaria del país a fin de prevenir la introducción y propagación de plagas y enfermedades que puedan afectar la agricultura y la ganadería”. El segundo párrafo dice que “el ICA viene desarrollando un plan de acción para detección y erradicación de bactrocera dorsalis hendel y bactrocera carambolae drew y hancock”. El tercer párrafo menciona que “ante la presencia de B. carambolae drew y hancock en cercanías al territorio colombiano y por la amplia gama de hospederos de esta plaga(1) (...) es necesario estremar (sic) las medidas de carácter sanitario emergencial para impedir la introducción de esta plaga al país”;

Que, el artículo primero de la Resolución 1384 del ICA dice que “la expedición de permisos fitosanitarios para la importación de frutas frescas hospederas de bactrocera spp. del Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela deberán proceder de áreas libres de esta plaga”. El artículo segundo de la referida resolución indica que “las autoridades de cuarentena agropecuaria de Colombia exigirán el certificado fitosanitario en el cual conste como declaración adicional que el material objeto de la importación proviene de áreas libres de bactrocera spp”. Y que dichas medidas “se mantendrán por el término de cuatro meses a partir de la fecha de la expedición de la presente resolución, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en esta resolución”. El artículo tercero menciona que “los permisos fitosanitarios para la importación de frutas frescas de estos países, otorgados con anterioridad a la fecha de expedición de la presente resolución, quedarán condicionados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos anteriores”;

Que, si bien la Decisión 328 dispone que la importación de productos agropecuarios originarios de la subregión andina por un país miembro sólo podrá ser objeto de la aplicación de normas sanitarias registradas y de las comunitarias, el artículo 17 de dicha norma comunitaria permite la adopción de normas temporales para casos de brotes o infestaciones que constituyan fuentes potenciales de contagio;

Que, en ese sentido, el artículo 17 de la Decisión 328 dispone lo siguiente:

“En los casos en que brotes repentinos o infestaciones de cualquier naturaleza dentro de la subregión o fuera de ella, en áreas actual o potencialmente peligrosas de contagio, demandaren que un país miembro deba establecer limitaciones o prohibiciones distintas a aquellas señaladas en las normas registradas, podrá dictar normas temporales, especificando su plazo de vigencia, las que deberán estar en concordancia con criterios técnicos adoptados por el comité técnico andino, el cual podrá tomar en cuenta los establecidos por organismos regionales e internacionales (ORPS, OIE, FAO), relacionados con principios cuarentenarios y análisis de riesgos.

El país que haya tomado dicha medida procederá inmediatamente a notificar por fax o télex a la junta, la que a su vez lo hará de inmediato a los demás países miembros, a fin de prevenir los perjuicios que pudieran afectarlos.

La junta, de oficio o a petición de cualquier país miembro y mediante resolución, siguiendo los criterios técnicos establecidos, podrá suspender o modificar, en cualquier momento, la medida, si hechas las investigaciones del caso, se demostrase que la misma no implica riesgo para el país miembro que la estableció y para la subregión”;

Que, como puede apreciarse, el artículo 17 permite a los países miembros adoptar por un tiempo determinado normas de emergencia “en casos de brotes repentinos o infestaciones de cualquier naturaleza dentro de la subregión o fuera de ella, en áreas actual o potencialmente peligrosas de contagio”. Sin embargo, este artículo exige que dichas normas temporales de emergencia “deberán estar en concordancia con criterios técnicos adoptados por el comité técnico andino, el cual podrá tomar en cuenta los establecidos por organismos regionales e internacionales (ORPS, OIE, FAO), relacionados con principios cuarentenarios y análisis de riesgos”. Adicionalmente, el país miembro que aplique esta norma temporal de emergencia está obligado a informar de ello a la secretaría general, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de los demás países miembros. Por último, el artículo 17 prevé la posibilidad que la secretaría general, de oficio o a solicitud de cualquier país miembro y mediante resolución, suspenda o modifique la medida en cualquier momento, si es que se comprueba que la misma “no implica riesgo para el país miembro que la estableció y para la subregión”;

Que, de la revisión integral de la Resolución 01384 se infiere que la misma se origina en razones de emergencia por haberse detectado la presencia de B. carambolae drew y hancock en cercanías al territorio colombiano. Adicionalmente, el parágrafo del artículo segundo de la Resolución 01384 dispone un plazo de cuatro meses para aplicar las medidas referidas en los artículos primero y segundo;

Que, bactrocera carambolae se halla presente por más de un año en plantaciones de varios países del Caribe y en el norte del Brasil, y dicha plaga sigue desplazándose a nuevas áreas pese a una intensa campaña de control y erradicación desarrollada con la cooperación de la FAO, otros organismos internacionales y apoyo gubernamental de algunos países. Si bien en este entorno la actitud adoptada por Colombia podría ser comprensible, la norma no debe estar dirigida para aplicarla a Ecuador, Perú y Venezuela, por cuanto la plaga aducida en ella sigue siendo exótica a estos países miembros y no se tiene evidencia de que dicha situación se haya modificado;

Que, la Resolución 431 de la antigua junta del Acuerdo de Cartagena, en su parte considerativa señala la necesidad de aplicar medidas fitosanitarias que eviten la introducción y diseminación de plagas cuarentenarias en los países miembros; a tal fin, el artículo 1º de la referida resolución establece que en el comercio de productos agrícolas se aplicarán requisitos sanitarios específicos para cada especie vegetal. En este contexto, las resoluciones 431 y 451 regulan como requisito específico que la importación de frutas de cítricos, durazno, mango, manzana, melón, piña, sandía y uva, deben venir libres de bactrocera spp., y sólo en el caso de frutos de banano y plátano, deben provenir de áreas libres de la plaga;

Que, la mencionada Resolución 431 en su artículo 4º establece que “ningún país miembro exigirá requisitos fitosanitarios distintos de los establecidos en el anexo de la presente resolución, para los productos allí especificados”. Dentro del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, lo establecido en el referido artículo 4º de la Resolución 431 hace improcedente que Colombia señale un nuevo requisito como medida sanitaria para fines de importación de productos agrícolas, que en este caso específico se refiere a la exigencia de áreas libres para todas las frutas, y no sólo para banano y plátano;

Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Resolución 26 de la secretaría general, el concepto de área libre se interpreta como “un área en donde no esté presente una plaga específica tal como haya sido demostrado con evidencia científica y dentro de la cual, cuando sea apropiado, dicha condición esté siendo mantenida oficialmente”. En tal sentido, desde inicios del registro de los inventarios de plagas existentes en la subregión andina, ninguno de los países miembros ha reportado la ocurrencia de bactrocera spp., ni tampoco ha denunciado el aparecimiento de algún brote. Consecuentemente, con base en lo señalado en la Resolución 419(2), en los actuales momentos se puede afirmar que bactrocera carambolae y bactrocera dorsalis son exóticas a la subregión andina, y para el comercio de las frutas que se especifican en las normas comunitarias los países miembros deben acogerse al cumplimiento de los requisitos establecidos en las resoluciones 431 y 451;

Que, siendo Colombia y los demás países miembros de la Comunidad Andina libres de bactrocera spp., se debe tomar en cuenta el principio de la no discriminación relacionado con el comercio internacional, por el cual uno o más países deben evitar hacer distinciones injustificadas y arbitrarias en la aplicación de medidas fitosanitarias a los otros países, medida que también reza para el comercio de los productos nacionales en comparación con los importados;

Que, si bien la norma dictada por el Gobierno de Colombia reúne los requisitos exigidos en el artículo 17 de la Decisión 328 (razones de emergencia y temporalidad), tanto las comunicaciones e informes técnicos remitidos por los gobiernos de Ecuador, Perú y Venezuela, como la normativa comunitaria en materia de sanidad vegetal, indican que la suspensión de la aplicación de la Resolución 01384 del ICA no implicaría riesgo para los países miembros de la Comunidad Andina;

Que, conforme a lo previsto en el literal a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, corresponde a la secretaría general “velar por la aplicación de este acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”;

RESUELVE:

ART. 1º—Suspender la aplicación de la Resolución 01384 del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, a los países miembros de la Comunidad Andina, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 17 de la Decisión 328.

ART. 2º—Concédase al Gobierno de Colombia un plazo que no excederá de cinco días calendario contados a partir de la notificación de la presente resolución para que suspenda la aplicación de la Resolución 01384 del ICA.

ART. 3º—Comuníquese a los países miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiséis días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

(1) Se indica que estos hospederos pueden ser, entre otros, los siguientes 25 productos: mango (mangulfera indica), banano y plátano (musa spp.), guayaba (psidium guajava), durazno (prunus persica), pera (pyrus communis), uva (vitis vinifera), ciruela (prunus doméstica), albaricoque (prunus armeniaca), aguacate (persea americana), manzana (pyrus malus), tomate de árbol (cyphomandra botaceae), naranja dulce (citrus sinensis), toronja (citrus paradisi), pomelo (citrus grandis), limón (citrus aurantifolia), lima (citrus limetta), zapote (achras sapota), papaya (carica papaya), anón (annona squamosa), guanábana (annona muricata), chirimoya (annona cherimola), café (coffea arabica), feijoa (feijoa sellowiana), higo (ficus carica), y tuna (opuntia spp.).

(2) Que contiene el “inventario subregional de plagas y enfermedades de los vegetales de importancia económica para el área andina”.

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