RESOLUCIÓN 271 DE 2007 

(Mayo 7)

“Por la cual se ordena la práctica de unas pruebas necesarias para constatar posibles violaciones a lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política”.

El Consejo Nacional Electoral,

en desarrollo del mandato establecido en el artículo 4º de la Ley 163 de 1994 y lo dispuesto en la Resolución 215 de 2007, de conformidad a la atribuciones que le confieren los numerales 1º y 5º del artículo 265 de la Constitución Política,

CONSIDERANDO:

Que los numerales 1º y 5º del artículo 265 de la Carta Política, confirieron competencia al Consejo Nacional Electoral para “ejercer la suprema inspección y vigilancia de la Organización Electoral”, y para “velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías”.

La Constitución Política de Colombia dispone en su artículo 316 que:

“En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.

Por su parte, la Ley 163 de 1994 en su artículo 4º señala:

“Residencia electoral. …, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral. Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción. Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto número 2762 de 1991. Parágrafo transitorio. Para los efectos del inciso final de este artículo, los residentes y nativos del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán votar en todas las elecciones de 1994 con la sola presentación de la cédula de ciudadanía.

Que la Ley 599 de 2000, por medio de la cual se expidió el Código Penal, tipifica como delito esta conducta, en el artículo 389, el cual dispone:

Fraude en inscripción de cédulas. El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”.

Que la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-135 de 2000, respecto de la trashumancia electoral manifestó:

“Debe anotarse al respecto, que el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P. art. 40), se radica en cabeza de todos los ciudadanos, pero está expresamente limitado por la Carta Política a los residentes en el municipio, cuando se refiere a la elección de autoridades locales o la decisión de asuntos del mismo carácter (C.P. art. 316), pues el Constituyente colombiano encontró que de esta forma debía cumplirse con el fin esencial del estado (C.P. art. 2º), de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Así la práctica de incluir en los censos electorales municipales a personas que no residen en el lugar, a fin de que estos votantes sean escrutados junto con los residentes en la elección de las autoridades locales o la decisión de asuntos que afectan a los habitantes de determinado municipio, claramente viola las disposiciones constitucionales aludidas, y es una actuación irregular que debe ser controlada por el Consejo Nacional Electoral, pues en esos casos, esta entidad debe ejercer de conformidad con la ley, la atribución especial de velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías al tenor del numeral 5º del artículo 265 de la Carta Política”.

Que el artículo 1º de la Resolución 215 de 2007, dispone:

“El Consejo Nacional Electoral es competente para iniciar de oficio o a petición ciudadana las investigaciones a que haya lugar por inscripción irregular de cédulas de ciudadanía cuyos titulares no residan en la correspondiente circunscripción, o cuya inscripción haya sido realizada contraviniendo lo prescrito en el artículo 78 del Código Electoral. Para el efecto podrá comisionar a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil o a otros servidores públicos vinculados a la Organización Electoral para la práctica de pruebas o para cualquier otra diligencia que fuere necesaria dentro de la investigación correspondiente.”

Disposición que en su artículo 4º establece:

“La petición a que se refiere el artículo anterior podrá ser presentada durante el último mes calendario del período de inscripciones, y hasta dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del plazo de inscripción de cédulas fijado por la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

De lo que se desprende que nos encontramos dentro del plazo para recibir denuncias e iniciar las actuaciones correspondientes.

Que el artículo décimo de la Resolución 215 de 2007 dispuso:

“El Magistrado Sustanciador o la comisión instructora, mediante auto, decretará las pruebas necesarias de conformidad con el artículo 175 del C.P.C.

Igualmente el Magistrado Sustanciador podrá ordenar de oficio el cotejo de las bases de datos de entidades públicas y privadas por medio de los cuales se pueda establecer la residencia de los ciudadanos”.

Que esta corporación, por medio de la Resolución 754 del 6 de septiembre de 2000, manifestó: “La trashumancia electoral es una práctica maligna e inveterada que es preciso combatir y eliminar porque:

a) Distorsiona los mecanismos de participación y afecta el derecho a la autodeterminación, especialmente en las pequeñas comunidades, al someterlas a una manipulación externa indebida, cuando se trata de discutir y decidir sobre sus propios asuntos;

b) Atenta contra la eficacia del voto al generar la nulidad de la elección, si los votos de los no residentes inscritos llegaren a ser determinantes en la elección;

c) Malea la transparencia del proceso electoral, al permitir que personas extrañas, sin vínculos permanentes con las comunidades, sin ningún sentido de pertenencia a las mismas, carentes en ellas de arraigo social, cultural, político o económico, aparezcan influyendo desfavorablemente en decisiones que las afectan”.

Que las disposiciones electorales propugnan por el mejoramiento del proceso electoral, para que las votaciones populares traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y para que los escrutinios sean el reflejo de los resultados de la voluntad popular expresada en las urnas.

Que a la fecha se han radicado en esta corporación quejas por posibles casos de transhumancia electoral no obstante no haberse cerrado aun el periodo de inscripción de cédulas, las que por reparto han sido asignados a diferentes magistrados de la corporación a fin de que adelanten las investigaciones correspondientes a cada caso en particular.

Que a través de los medios de comunicaciones se han denunciado casos de posible transhumancia electoral. Situación que implica que tal práctica puede estar presentándose de manera generalizada en el país, o al menos en algunas zonas del mismo.

Que se hace necesario solicitar la colaboración de otros órganos del Estado colombiano, a fin de obtener las bases de datos de la población inscrita en el Sistema de Identificación de Beneficiarios, Sisbén, así como de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en atención a lo dispuesto en el artículo 113 Constitucional que dispone:

“Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado.

Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—A efectos que puedan ser tenidos como medios probatorios en las actuaciones adelantadas por esta corporación por presunta violación a lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, ordénese requerir al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de la Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, para que suministren en medio magnético las bases de datos tanto del Sistema de Identificación de Beneficiarios (Sisbén) de cada uno de los municipios del país, como la de los afiliados al sistema de seguridad social en salud, regímenes contributivo y subsidiado, en cada uno de los municipios del país, respectivamente, de acuerdo al siguiente diseño:

CampoTipoTamaño
CédulaNumérico10 posiciones
NombresAlfanumérico50 posiciones
ApellidosAlfanumérico50 posiciones
Dirección residenciaAlfanumérico50 posiciones
Ciudad residenciaAlfanumérico30 posiciones
Departamento residenciaAlfabético20 posiciones

ART. 2º—Requiérase al señor Registrador Nacional de Estado Civil para que ponga a disposición de esta corporación en medio magnético el censo electoral consolidado a 21 de mayo de 2007.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 7 de mayo de 2007.

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