Ministerio de Transporte

RESOLUCIÓN 2734 DE 2018

(Julio 11)

“Por la cual se adiciona el artículo 2º de la Resolución 2222 del 21 de febrero de 2002 del Ministerio de Transporte”.

El Ministro de Transporte,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el literal b) del artículo 2º de la Ley 105 de 1993, los artículos 2.2.1.7.5.3, y 2.2.1.6.3.3, del Decreto 1079 de 2015 y los numerales 6.2, 6.4 y 6.18 del artículo 6º del Decreto 87 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, establece que el Estado mantendrá la regulación, control y vigilancia de los servicios públicos, en procura de garantizar el mejoramiento continuo en la prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés social.

Que el numeral 2 del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, prevé que: “La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad”.

Que en concordancia con lo anterior, los artículos 4º y 5º de la Ley 336 de 1996, señalan que el transporte es un servicio público esencial sometido a la dirección, regulación y control del Estado y que en consecuencia en la prestación del servicio y en la protección a los usuarios prima el interés general sobre el particular.

Que el parágrafo 2º del artículo 17 de la Ley 105 de 1993, determina que la política sobre terminales de transporte terrestre en cuanto a su regulación, tarifas y control operativo, será ejercida por el Ministerio de Transporte.

Que el artículo 2.2.1.4.10.1.1 del Decreto 1079 de 2015 establece que el Ministerio de Transporte es la autoridad para la regulación, autorización, reglamentación de la operación de las terminales de transporte y fijación de la tasa de uso y la Superintendencia de Puertos y Transporte para la inspección, control y vigilancia de la operación de los terminales de transporte, y del desarrollo de programas de seguridad en la operación del transporte.

Que el artículo 2.2.1.4.10.4.1 del Decreto 1079 de 2015 contiene las obligaciones a cargo de los terminales de transporte terrestre y determina entre otros asuntos, que éstas deberán suministrar al Ministerio de Transporte de manera oportuna la información relacionada con la operación del transporte de pasajeros de acuerdo con los formatos, plazos y medios que para este fin establezca el ministerio y cobrar las tasas de uso fijadas por el Ministerio de Transporte.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.10.2 del Decreto 1079 de 2015, las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros con sus instalaciones y sistemas adecuados prestan un servicio público que sirve de apoyo a las empresas de transporte habilitadas por el Ministerio de Transporte, para que mejore la calidad del servicio prestado a sus usuarios.

Que el artículo 2.2.1.4.10.3.1 del Decreto 1079 de 2015 define las tasas de uso como el valor que deberá cancelar lis (sic) empresas de transporte terrestre de pasajeros por carretera a la empresa terminal del transporte por el uso de las áreas operativas de los terminales de transporte.

Que el artículo 2.2.1.4.10.3.2 del Decreto 1079 de 2015, señala que el Ministerio de Transporte fijará las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre, autorizados por este, a las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros usuarias de los mismos, la cual se compone de dos partes: una suma que se destinará al desarrollo de los programas atinentes a la seguridad definidos en el numeral 8 del artículo 2.2.1.4.10.4.1 del Decreto 1079 de 2015, la cual será recaudada por los terminales de transporte y transferida íntegramente a la entidad administradora de los mencionados programas y la otra parte restante ingresará a la empresa terminal de transporte.

Que el numeral 8 del artículo 2.2.1.4.10.4.1 del Decreto 1079 de 2015 establece como obligación de las terminales de transporte en operación, disponer dentro de las instalaciones físicas de cada terminal de transporte, los equipos, el personal idóneo y un área suficiente para efectuar exámenes médicos generales de aptitud física y practicar la prueba de alcoholimetría a una muestra representativa de los conductores que estén próximos a ser despachados del respectivo terminal.

Que conforme lo anterior, el Ministerio de Transporte mediante Resolución 2222 del 21 de febrero de 2002, “por la cual se fijan las tasas de uso que deben cobrar los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera homologados o habilitados por el Ministerio de Transporte”, estableció el valor de la prueba de alcoholimetría por cada despacho de origen y que este valor es un componente de la tasa de uso para el desarrollo de los programas de seguridad en la operación de transporte definidos en el artículo 2.2.1.4.10.3.2 del Decreto 1079 de 2015.

Además establece que los referidos recursos serán recaudados por el terminal y depositados diaria e íntegramente en la cuenta que para el efecto establezca el organismo administrador del programa creado por las entidades gremiales nacionales del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros.

Que la inspección, control y vigilancia de la operación de los terminales de transporte, y del desarrollo de programas de seguridad en la operación del transporte corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Que la Superintendencia de Puertos y Transporte inició desde el año 2016 una estrategia para recibir información de los despachos en los terminales de transporte del país, y el primer trimestre del año 2016 realizó auditorios al programa de seguridad en la operación de transporte, encontrando hallazgos entre otros, respecto del recaudo con destino al programa de seguridad en la operación de transporte, los cuales fueron informados al Ministerio de Transporte.

Que el dentro de las funciones del Ministro de Transporte se encuentran las de orientar, dirigir, coordinar, planificar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones a cargo del sector, en materia de transporte, tránsito e infraestructura de todos los modos, por lo que una vez realizado el análisis del informe de auditorías de la superintendencia de los dineros recaudados con destino al programa de seguridad en la operación del transporte, se considera necesario, fortalecer los preceptos establecidos en la Resolución 2222 de 2002 en lo pertinente a los recursos recaudados con destino al desarrollo de los programas de Transporte” seguridad en el transporte.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones y el deber que tiene las autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que en consonancia con el anterior postulado constitucional y lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin de lograr los fines y cometidos estatales y prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.

Que de acuerdo a todas las consideraciones anteriores, el Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte mediante memorando 20182100090393 de 2018 solicitó la publicación del presente acto administrativo e informa que teniendo en cuenta que la entidad recibió el informe que contiene los hallazgos evidenciados en la auditoría realizada por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte al programa de medicina preventiva en los terminales de transporte, y considerando que tanto el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte deben ejercer acciones conjuntas en torno a la operación de los terminales de transporte y del desarrollo de los programas de seguridad en la operación del transporte, que se requieren para el cumplimiento de las funciones de inspección, control y vigilancia de la operación de los terminales de transporte y del desarrollo de programas de seguridad en la operación del transporte, solicita la emisión del acto administrativo, en el que entre otros, se busca eliminar la posibilidad que los recursos con destino al programa de seguridad en carretera se utilicen para fines distintos a dicho programa y se pretende evitar que se realicen descuentos que no estén permitidos.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas y conforme al correo electrónico dguerrero@mintransporte.gov.co y que mediante memorando Nº 20184000103173 la Dirección de Transporte y Tránsito certifica que las presentadas fueron tenidas en cuenta y atendidas según correspondía.

Que la oficina asesora de jurídica del Ministerio de Transporte conservará los documentos asociados al proceso de divulgación y participación ciudadana incluidos los cronogramas, actas, comentarios, grabaciones e informes que evidencien la publicidad del proyecto y la participación de los ciudadanos y grupos de interés, así como los estudios, las observaciones presentadas frente al presente acto administrativo y las respuestas dadas.

Todo ello en concordancia con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adicionar los siguientes incisos al artículo 2º de la Resolución 2222 de 2002 adicionada por la Resolución 4222 de 2002, así:

“Las empresas terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera deberán contabilizar de manera separada los recursos recaudados con destino al desarrollo de los programas atinentes a la seguridad definidos en el numeral 8 del artículo 2.2.1.4.10.4.1 del Decreto 1079 de 2015, los cuales serán reflejados como ingresos para terceros en la contabilidad de los mismos, con su respectivo registro en partidas independientes, que permitan su plena identificación y cuantificación. En ningún caso podrán cobrar comisiones o realizar descuentos sobre dichos recaudos, con excepción de los costos financieros que implique la operación de transferencia a los administradores del programa.

Los organismos administradores de los programas de seguridad en la operación del transporte deberán garantizar el cumplimiento del plan nacional de seguridad vial, ajustado mediante Resolución 2273 de 2014 del Ministerio de Transporte, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en el plan nacional de seguridad vial sobre esta materia, estará a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la inspección, control y vigilancia del desarrollo de los programas de seguridad en la operación del transporte será efectuado por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Así mismo, los organismos administradores del programa de seguridad en la operación del transporte y las empresas terminales de transporte terrestre de pasajeros, según corresponda, deberán reportar de manera oportuna toda la información de la realización de las pruebas de alcoholimetría, del recaudo del programa de seguridad y toda aquella sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que le sea requerida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, so pena del inicio de las investigaciones administrativas a que haya lugar y de las quejas o denuncias a los organismos de control.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 11 de julio de 2018.