Aeronáutica Civil

RESOLUCIÓN 2750 DE 2011 

(Mayo 27)

“Por medio de la cual se modifican las disposiciones internas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil”.

El Director General,

en uso de las facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 9º del Decreto 260 de 2004, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998, el Decreto 1716 de mayo 14 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. La norma constitucional establece que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que la Ley 446 de 1998 en su artículo 75 establece que las entidades y organismos de Derecho Público del orden Nacional, Departamental, Distrital y de los municipios Capital de Departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles, deben integrar un comité de conciliación.

Que el Capítulo V de la Ley 640 de 2001 regula lo relacionado con la conciliación contencioso administrativo.

Que el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 aprobó un artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, denominado como artículo 42A, relacionado con las conciliaciones judiciales y extrajudiciales, conforme con el cual cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, mediante Resolución 2298 de mayo 13 de 1994, creó el Comité de Conciliación, estableciendo los parámetros máximos bajo los cuales los apoderados de la entidad deben actuar en las respectivas diligencias de conciliación.

Que mediante Resolución 3165 de julio 13 de 2005, se adecuó la normatividad vigente de la época a la reglamentación interna del comité de conciliación.

Que mediante Decreto 1716 de mayo 14 de 2009, se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

Que el artículo 16 del Decreto 1716 de mayo 14 de 2009 establece que el comité de conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Agrega la norma citada que este comité decidirá, en cada caso en específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público.

Que en desarrollo de las actuaciones anteriores, el Decreto 1716 de 2009, señala que la decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros del comité.

Que la decisión del comité de conciliación acerca de la viabilidad de conciliar no constituye ordenación del gasto.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Comité de conciliación. El Comité de Conciliación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad, que se regirá conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 1716 de 2009 y las previstas en la presente resolución.

Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros del comité.

La decisión del comité de conciliación acerca de la viabilidad de conciliar no constituye ordenación de gasto.

ART. 2º—Integración. El comité de conciliación y defensa judicial estará conformado por los siguientes funcionarios, quienes concurrirán con voz y voto y serán miembros permanentes:

a) El Director general o su delegado que será el subdirector general, quien lo presidirá;

b) El Secretario general;

c) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica;

d) El Director financiero;

e) Un asesor del despacho, designado por el Director General mediante memorando interno.

La participación de los integrantes será indelegable con excepción del Director General.

PAR. 1º—Concurrirán solo con derecho a voz los funcionarios que por su condición jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto y los que invite el secretario técnico del comité; asimismo el apoderado que represente los intereses del ente en cada proceso; el jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces y el secretario técnico del comité.

PAR. 2º—El comité podrá invitar a sus sesiones a un funcionario de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia, quien tendrá la facultad de asistir a sus sesiones con derecho a voz. Para tales efectos se atenderán las siguientes directrices, sin perjuicio de las especiales que imparta la Dirección de Defensa Jurídica del Estado o el organismo o dependencia que haga sus veces:

a) El secretario técnico del comité extenderá la respectiva invitación junto con el Orden del Día y sus anexos, mínimo con tres (3) días hábiles anteriores a su realización, para que se informe del estudio previo de las fichas o estudios jurídicos de los casos a tratar en las respectivas sesiones;

b) El delegado podrá asistir de manera presencial o virtual en este último caso conforme a la facultad de utilizar y aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones previstas en el artículo 5º de la Ley 527 de 1999, Ley 962 de 2005 y Ley 1341 de 2009;

c) La documentación se puede remitir en medio impreso o enviar con sus anexos debidamente digitalizados a la dirección de correo electrónico indicada por la Dirección de Defensa Jurídica del Estado;

d) La participación presencial o virtual de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado a las sesiones del comité de carácter extraordinario dependerá de la disponibilidad y agenda de los funcionarios de dicha dependencia.

ART. 3º—Sesiones y votación. Para el funcionamiento del comité de conciliación y defensa judicial se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Se reunirá no menos de dos veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan, por convocatoria efectuada por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación o cualquiera de sus miembros;

b) Sin perjuicio de la conformación ya establecida, podrá invitar a sus sesiones, a las personas que requiera para la mejor comprensión de los asuntos materia de su consideración. Las invitaciones efectuadas a los funcionarios serán de obligatoria aceptación y serán convocados por el Secretario Técnico del mismo, para lo cual se extenderá la respectiva invitación junto con el orden del día y sus anexos, mínimo con tres (3) días hábiles anteriores a su realización;

c) Presentada la petición de conciliación ante la entidad, el Comité de Conciliación cuenta con quince (15) días a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión, la cual comunicará en el curso de la audiencia de conciliación, aportando copia auténtica de la respectiva acta o certificación en la que consten sus fundamentos;

d) El comité podrá sesionar con un mínimo de tres (3) de sus miembros permanentes y adoptará las decisiones por mayoría simple;

e) En aplicación de los principios de la función pública de eficacia, economía y celeridad, el comité podrá sesionar de manera presencial o virtual, esta última de conformidad con la facultad de utilizar y aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones previstas en el artículo 5º de la Ley 527 de 1999, Ley 962 de 2005 y Ley 1341 de 2009.

ART. 4º—Funciones. El comité de conciliación ejercerá las siguientes funciones:

a) Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico;

b) Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad;

c) Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades, así como las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos;

d) Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso concreto;

e) Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el Comité de Conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que se concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada;

f) Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición;

g) Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición;

h) Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados;

i) Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferentemente un profesional del Derecho;

j) Dictar su propio reglamento.

ART. 5º—Secretaría técnica. Son funciones del secretario técnico del comité de conciliación, las siguientes:

a) Citar a los miembros del comité, a los invitados a sus sesiones y al delegado de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado o el organismo o dependencia que haga sus veces, remitiendo el correspondiente orden del día y sus anexos, para lo cual podrá utilizar y aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones previstas en el artículo 5º de la Ley 527 de 1999, Ley 962 de 2005 y Ley 1341 de 2009;

b) Verificar que los abogados o apoderados que representan los intereses de la entidad en cada actuación, presenten las fichas o estudios jurídicos de los casos a tratar en las respectivas sesiones, de conformidad con los lineamientos y políticas fijados para el efecto;

c) Elaborar las actas de cada sesión del comité. El acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita el Presidente y Secretario del Comité que hayan asistido, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la correspondiente sesión;

d) Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comité;

e) Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que será entregado al representante legal de la entidad y a los miembros del comité cada seis (6) meses. Una copia del mismo será remitida a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia;

f) Proyectar y someter a consideración del comité de conciliación, la información que este requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses de la entidad;

g) Informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción de lo contencioso administrativo acerca de las decisiones que el Comité adopte respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de repetición;

h) Las demás que le sean asignadas por el comité de conciliación.

PAR.—Corresponde al comité designar al funcionario que ejercerá la secretaría técnica del comité, y esta designación o su cambio deberán ser informados inmediatamente a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia o quien haga sus veces.

ART. 6º—Indicador de gestión. La prevención del daño antijurídico será considerada como un indicador de gestión y con fundamento en él se asignarán las responsabilidades en el interior de cada entidad.

ART. 7º—Apoderados. Los abogados o apoderados que representan los intereses de la entidad en cada actuación, presentarán las fichas o estudios jurídicos de los casos a tratar en las respectivas sesiones del comité, de conformidad con los lineamientos y políticas fijados para el efecto, tanto en los asuntos objeto de conciliación como en los temas de acción de repetición o los temas especiales que señale el comité con el fin de formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.

Las decisiones adoptadas por el comité de conciliación serán de obligatorio cumplimiento para los apoderados de la entidad.

ART. 8º—De la acción de repetición. El comité de conciliación deberá realizar los análisis de los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición.

Para ello el Director Financiero, al día siguiente del pago total del capital de una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir al Secretario Técnico del Comité el acto administrativo y sus antecedentes, para que en un término no superior a seis (6) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición, y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los 3 meses siguientes a la decisión.

PAR.—La oficina de control interno de la entidad deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.

ART. 9º—Llamamiento en garantía con fines de repetición. Los apoderados de la entidad deberán presentar informe al comité de conciliación para que este pueda determinar la procedencia del llamamiento en garantía para fines de repetición en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación contenida en el artículo anterior.

ART. 10.—Informes sobre repetición y llamamiento en garantía. En los meses de junio y diciembre, se remitirá a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia un reporte que deberá contener como mínimo la siguiente información:

a) Número de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la indicación de la decisión adoptada por el comité de conciliación o por el representante legal, según el caso;

b) Número de acciones de repetición iniciadas durante el semestre correspondiente y la descripción completa del proceso de responsabilidad que les dio origen, en especial, indicando el valor del pago efectuado por la entidad;

c) Número de acciones de repetición culminadas mediante sentencia, el sentido de la decisión y el valor de la condena en contra del funcionario si fuere el caso;

d) Número de acciones de repetición culminadas mediante conciliación con descripción del acuerdo logrado;

e) Número de condenas y de conciliaciones por repetición pagadas a la entidad y su correspondiente valor;

f) Número de llamamientos en garantía y de fallos sobre ellos indicando el sentido de la decisión.

ART. 11.—Publicidad. La entidad publicará en su página web las actas contentivas de los acuerdos conciliatorios celebrados ante los agentes del Ministerio Público, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción, con miras a garantizar la publicidad y transparencia de los mismos.

ART. 12.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Copia de la presente resolución deberá remitirse a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 27 de mayo de 2011.