RESOLUCIÓN 2785 DE 2009 

(Julio 10)

“Por la cual se adiciona el lineamiento técnico para el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, aprobado mediante Resolución 911 de mayo 7 de 2007 adicionado mediante Resolución 4104 del 29 de septiembre de 2008”.

(Nota: Derogada por la Resolución 5929 de 2010 artículo 5° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

(Nota: Véase Resolución 3154 de 2009 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras,

en uso de las facultades legales y estatutarias establecidas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 44 de la Constitución Política establece que los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, y gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Son fundamentales y prevalecen sobre los derechos de los demás, el derecho a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.

Que la Constitución Política en el artículo 246 otorgó a las autoridades indígenas competencias para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República.

Que la Ley 1098 de 2006 dispone que los niños, niñas y adolescentes indígenas son sujetos titulares de derechos y en este sentido, el ejercicio de los mismos debe ser garantizado por la comunidad indígena bajo sus propios sistemas normativos, tradición y cultura siempre que no sean contrarios a las previsiones constitucionales, legales y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Que el artículo 70 de la Ley 1098 de 2006 dispone que atendiendo las facultades jurisdiccionales de las autoridades indígenas, la adopción de un niño, una niña o un adolescente indígena cuando los adoptantes sean miembros de su propia comunidad procederá de acuerdo con sus usos y costumbres, y que cuando los adoptantes sean personas que no pertenecen a la comunidad del niño, niña o adolescente, la adopción procederá mediante consulta previa y con el concepto favorable de las autoridades de la comunidad de origen y se realizará de acuerdo con lo establecido en esta ley.

Que el Decreto-Ley 200 de 2003, por medio del cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del Interior y de Justicia, dispone que uno de sus objetivos es el apoyar el diseño de políticas y ejecutar las de su competencia en relación con los asuntos y derechos de los grupos étnicos. En este sentido, la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, tiene como función coordinar interinstitucionalmente la realización de la consulta con los grupos étnicos sobre los proyectos que puedan afectarlos de conformidad con la ley y en cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de OIT aprobado mediante la Ley 21 de 1993.

Que para la atención integral y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas, es necesario adicionar al lineamiento técnico del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, un numeral contentivo de las directrices que debe cumplir la autoridad administrativa.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adicionar un numeral al lineamiento técnico del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, con el siguiente título “Restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas”, así:

“15. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas.

La autoridad administrativa que tenga conocimiento de la inobservancia, amenaza o vulneración de los derechos de un niño, niña o adolescente indígena, verificará el estado de cumplimiento y garantía de sus derechos conforme lo dispone la ley y el presente lineamiento, emitirá la providencia de apertura de investigación por presunta vulneración de derechos, tomará las medidas de urgencia que requiera y ordenará la práctica de las pruebas conducentes para establecer los hechos que configuran la presunta inobservancia, amenaza o vulneración.

La autoridad administrativa oficiará a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio de Interior y de Justicia para que certifique si la comunidad a la que pertenece el niño, niña o adolescente se encuentra legalmente reconocida de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto-Ley 200 de 2003, quien dará respuesta en un término máximo de tres (3) días, contados a partir del recibo de la solicitud.

Si de la actuación administrativa y/o de la certificación que expida el Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, se establece que la comunidad indígena se encuentra registrada, deberá notificar a la autoridad tradicional y comunidad indígena y a un representante de la oficina de consulta previa del Ministerio del Interior y de Justicia de la apertura del proceso, sin perjuicio de la continuación del proceso.

La autoridad administrativa, deberá preferir y priorizar la ubicación del niño, la niña y el adolescente en su medio familiar y sociocultural, excepto que: (i) La comunidad no esté en condición de asumir el cuidado del niño, niña o adolescente; (ii) Que la inobservancia, amenaza o vulneración afecte derechos fundamentales, y en todo caso dejará constancia de lo actuado con la autoridad indígena.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, citará por el medio más expedito a las partes interesadas, para adelantar la audiencia de conciliación o primera audiencia, dentro de los diez (10) días siguientes al conocimiento de los hechos. En esta, deberá ilustrarse suficientemente a los padres, representantes legales y especialmente a las autoridades de la comunidad indígena, acerca del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de las medidas de restablecimiento, con énfasis en las consecuencias legales de la adopción. De ser el caso, se deberá contar con la presencia de un intérprete y la intervención de un antropólogo.

En ejercicio de las facultades constitucionales la autoridad tradicional indígena podrá: a) Asumir directamente la responsabilidad del restablecimiento de los derechos del niño, niña o adolescente; b) No asumir el restablecimiento de los derechos vulnerados y entregar dicha responsabilidad a la autoridad administrativa; c) Asumir conjuntamente con la autoridad administrativa en quien radica la competencia, el restablecimiento de los derechos, a través del cumplimiento de las medidas.

Una vez surtido el trámite anterior, la autoridad administrativa fijará fecha y hora para la audiencia de pruebas y fallo, la cual deberá efectuarse en un término máximo de diez (10) días calendario. Llegada la fecha y hora de la diligencia, si la autoridad indígena no comparece, se fijará nueva audiencia para celebrarse dentro del mismo término. La decisión será notificada conforme lo dispone el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006.

Si del seguimiento y acompañamiento se establece el incumplimiento de las obligaciones y acuerdos pactados en favor de los niños, niñas y adolescentes, la autoridad administrativa reabrirá la investigación y tomará las medidas que sean requeridas de manera inmediata para la atención integral, en los términos que establece el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006.

La audiencia podrá ser suspendida por una sola vez a solicitud de la autoridad tradicional, comunidad o familia indígena por un término no mayor a quince (15) días calendario. En el acta se registrarán las razones de la suspensión y la fecha de su continuación.

En todo caso el Ministerio del Interior y de Justicia certificará el cumplimiento de haberse surtido la consulta previa que establece el artículo 70 de la Ley 1098 de 2006”.

(Nota: Derogada por la Resolución 5929 de 2010 artículo 5° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

ART. 2º—Los directores, jefes de oficina, coordinadores de grupo, coordinadores y demás servidores públicos, serán responsables de la difusión y aplicación de la adición al lineamiento técnico para el proceso administrativo de restablecimiento de derechos aquí aprobada. La dirección técnica y la dirección de evaluación, verificarán el cumplimiento de esta responsabilidad.

(Nota: Derogada por la Resolución 5929 de 2010 artículo 5° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

ART. 3º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 10 de julio de 2009.

(Nota: Véase Resolución 3154 de 2009 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

(Nota: Derogada por la Resolución 5929 de 2010 artículo 5° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

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