Procuraduría General de la Nación

RESOLUCIÓN 284 DE 2013 

(Julio 18)

“Por la cual se adopta la metodología para la valoración del riesgo procesal y de los pasivos contingentes por procesos judiciales y conciliaciones en contra de la Procuraduría General de la Nación”.

El Procurador General de la Nación,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 1º de la Ley 448 de 1998, 7º, numerales 7º y 8º, del Decreto-Ley 262 de 2000 y 194 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 7º del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, corresponde a este despacho expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley.

Que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 448 de 1998, la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier orden deberán incluir, en sus presupuestos de servicio de deuda —según la metodología reglamentada por el Gobierno Nacional para su inclusión—, las apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo, de conformidad con las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto.

Que las obligaciones contingentes, según lo definido en la referida norma, son aquellas obligaciones pecuniarias sometidas a condición, es decir que su origen está sujeto a la ocurrencia de un hecho futuro e incierto. En tal sentido, los pasivos contingentes por procesos judiciales y conciliaciones en contra de una entidad del Estado constituyen eventuales obligaciones con cargo al presupuesto público, cuya materialización depende de la expedición de fallos condenatorios y suscripción de conciliaciones que impliquen el pago de indemnizaciones a terceros.

Que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 819 de 2003, el Gobierno Nacional tiene la obligación de incluir dentro del marco fiscal de mediano plazo una relación de los pasivos contingentes que pudieran afectar la situación financiera de la Nación.

Que según el artículo 194 de la Ley 1437 de 2011 “todas las entidades que constituyan una sección del presupuesto general de la Nación deberán efectuar una valoración de sus contingencias judiciales, en los términos que defina el Gobierno Nacional, para todos los procesos judiciales que se adelanten en su contra”.

Que la Procuraduría General de la Nación, según el artículo 3º del Decreto 111 de 1996, es una sección del presupuesto general de la Nación.

Que en atención a lo dispuesto en el manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública - Plan general de contabilidad, las entidades estatales deberán llevar el registro contable de las cuantías de los procesos en contra, en cuentas de orden o dentro del balance dependiendo del estado del proceso.

Que por virtud del artículo 3º de la Ley 819 de 2003, se facultó a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la aprobación de las valoraciones de los pasivos contingentes derivados de sentencias y conciliaciones de las diferentes entidades estatales.

Que en ese contexto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público elaboró y publicó el documento denominado “Metodología para la valoración de pasivos contingentes por procesos judiciales y conciliaciones en contra de las entidades estatales”(1), que tiene por objeto la valoración del riesgo procesal y la determinación de las obligaciones contingentes derivadas de los procesos judiciales o conciliaciones en contra de cada entidad del Estado, a partir de árboles probabilísticos que involucran la información estadística e histórica sobre la actividad litigiosa de cada una de estas, así como la calificación o valoración de cada uno de los procesos por parte de los apoderados según los presupuestos normativos, fácticos, probatorios, procesales y jurisprudenciales de cada caso.

Que de acuerdo con el “Instructivo para el diligenciamiento de nuevos campos requeridos para el reporte del formato F9 de la Contraloría General de la República», publicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 22 de marzo de 2013, el valor a ingresar en el campo denominado “provisión contable en caso de pérdida» debe ser el resultado del ejercicio de valoración del pasivo contingente de acuerdo con la metodología establecida al respecto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que según lo dispone el artículo 15 del Decreto-Ley 262 de 2000, corresponde a la oficina jurídica representar a la Procuraduría General de la Nación en los procesos en que esta sea demandada o deba ser demandante, así como coordinar que realicen los procuradores regionales, en defensa de la entidad, ante los tribunales y jueces administrativos en los procesos de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos.

Que según lo normado en los numerales 2º, 3º y 4º del artículo 15 del Decreto-Ley 262 de 2000 y la Resolución 253 del 9 de agosto de 2012, por la cual se adoptó el manual específico de funciones por competencias laborales y requisitos en la Procuraduría General de la Nación, la defensa judicial en esta entidad corresponde a la oficina jurídica en el nivel central y a los abogados que ocupen empleos de los niveles directivo, asesor y profesional en el nivel territorial.

Que el artículo 16 del Decreto-Ley 262 de 2000 establece que la oficina de sistemas es la dependencia encargada de desarrollar, directamente o por medio de terceros, el software necesario para los procesos de sistematización de información.

En consecuencia, este despacho

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. Adoptar en la Procuraduría General de la Nación la “Metodología para la valoración de pasivos contingentes por procesos judiciales y conciliaciones en contra de las entidades estatales»(2), elaborada y publicada por la subdirección del riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ART. 2º—Implementación. Corresponde a la oficina de sistemas de la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo de la oficina jurídica, la implementación técnica de los instrumentos necesarios para el registro de la información respectiva. La oficina jurídica deberá suministrar la base actualizada de procesos judiciales en los que la entidad sea parte, así como la información histórica pertinente.

ART. 3º—Registro y control de la información. El registro de la información requerida en los instrumentos técnicos establecidos por la oficina de sistemas estará a cargo de cada uno de los apoderados de la Procuraduría General de la Nación, y en cada proceso en particular, para lo cual contarán con la coordinación y apoyo de la oficina jurídica y la oficina de sistemas.

La oficina jurídica será la encargada de verificar que los datos que registren los funcionarios señalados en el inciso anterior sean reportados de acuerdo con la reglamentación interna que para el efecto se expida.

ART. 4º—Reporte a los sistemas de información y contabilidad. La oficina jurídica informará mensualmente a la división financiera, grupo de contabilidad, las demandas o conciliaciones notificadas durante el mes, debidamente valoradas con relación al correspondiente riesgo procesal y al valor de la cuantía, según la metodología adoptada, con el propósito de constituir en la contabilidad las responsabilidades contingentes.

La información y los elementos que deban ser reportados se deberán someter a las disposiciones que se establezcan en la reglamentación interna que se expida para el efecto, ello sin perjuicio de diligenciar, registrar o actualizar la información requerida en los sistemas de información sobre procesos judiciales, de acuerdo con lo establecido en la ley.

ART. 5º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., a 18 de julio de 2013.

(1) Colombia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Metodología “Valoración de pasivos contingentes por procesos judiciales y conciliaciones en contra de las entidades estatales”, Bogotá: Ministerio, 2011; ISBN: 978-958-9266-71-7; edición noviembre de 2011.

(2) Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Metodología “Valoración de pasivos contingentes por procesos judiciales y conciliaciones en contra de las entidades estatales”; Bogotá: Ministerio, 2011; ISBN: 978-958-9266-71-7; edición noviembre de 2011.