RESOLUCIÓN 285 DE 2007 

(Diciembre 19)

“Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero”.

(Nota: Véase Resolución 212 de 2009 artículo 3º de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero)

El Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero,

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 3º, el numeral 5º del artículo 4º y el artículo 9º de la Ley 526 de 1999; el artículo 2º del Decreto Reglamentario 1497 de 2002; el artículo 3º de la Ley 1121 de 2006 y demás normas y disposiciones concordantes con la materia, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Unidad de Información y Análisis Financiero —UIAF—, creada mediante la Ley 526 de 1999, es una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

2. Que el artículo 3º de la Ley 526 de 1999 (modificado por la L. 1121/2006, art. 4º) establece que la UIAF tendrá como objetivo: “la prevención y detección, de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello centralizará, sistematizará y analizará mediante actividades de inteligencia financiera la información recaudada, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 907 del estatuto orgánico del sistema financiero y sus normas remisorias y complementarias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevante para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la unidad podrá recibir información de personas naturales”.

3. Que la Ley 526 de 1999 y la Ley 1121 de 2006, le asignaron de manera expresa a la UIAF, funciones de intervención del Estado en todos los sectores de la economía nacional, con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

4. Que en virtud de la importancia de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en todos los sectores económicos y del carácter dinámico de las prácticas delictivas, el artículo 2º del Decreto 1497 de 2002 faculta directamente a la UIAF, para imponer a cualquier entidad pública o privada pertenecientes a cualquier sector de la economía nacional, la obligación de reporte cuando dicha unidad lo solicite, en la forma, periodicidad y oportunidad que esta determine.

5. Que de conformidad con el artículo 9º de la Ley 526 de 1999 (modificado por la L. 1121/2006, art. 8º), para los temas de competencia de la UIAF, no será oponible la reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria —respecto a esta última— de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias.

6. Que el artículo 113 de la Constitución Política en su último inciso señala que, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines; y que de conformidad con el artículo 1º constitucional, en el ordenamiento jurídico colombiano prima el interés general sobre el interés de los particulares.

7. Que el lavado de activos y la financiación del terrorismo —LA/FT— se han constituido en un riesgo y amenaza en múltiples actividades de origen lícito, distorsionando la economía y comprometiendo la seguridad nacional, razón que impone a todos los organismos del Estado competentes, la necesidad de crear políticas y procedimientos armónicos y coordinados de prevención y detección de estos ilícitos.

8. Que a los efectos de emitir las pautas objetivas para las obligaciones de reporte estipuladas en la presente resolución, la UIAF tuvo en consideración la recomendación número 20 de las 40 recomendaciones del grupo de acción financiera internacional (GAFI), la cual insta a los países a considerar la aplicación de las recomendaciones del GAFI a otras actividades y profesiones, además de las no financieras designadas, que presenten un riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo.

9. Que las empresas que son responsables de la obligación aduanera (D. 2685/99, art. 3º) por el giro ordinario de sus negocios, se constituyen en sectores vulnerables, susceptibles de ser utilizados en la realización de prácticas asociadas a los ilícitos de lavado de activos y la financiación del terrorismo, lo cual amerita la acción directa de la UIAF como autoridad de intervención en estas materias, mediante la imposición de las obligaciones de reporte objeto del presente acto administrativo.

10. Que para todos los efectos legales que se puedan derivar del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente resolución, inequívocamente se entienden destinatarios de la misma y por lo tanto sujetos vinculados, los que se refieren a continuación:

Depósitos públicos y privados: Dentro de esta categoría se subsumen todos los sujetos regulados por el artículo 47 del Decreto 2685 de 1999 (Régimen aduanero colombiano), es decir, los depósitos públicos y los depósitos privados, respecto de estos últimos se entienden comprendidos los depósitos para transformación o ensamble; los depósitos para procesamiento industrial; los depósitos para distribución internacional; los depósitos aeronáuticos; los depósitos transitorios, los depósitos para envíos urgentes y los depósitos francos.

Sociedades de intermediación aduanera: Son las personas jurídicas autorizadas por la DIAN para ejercer la intermediación aduanera y cuyo objeto social principal es el ejercicio de dicha actividad (D. 2685/99, art. 14).

Sociedades portuarias: Se refiere a las personas jurídicas que de conformidad con el artículo 43 del Decreto 2685 de 1999, hubieren obtenido la concesión para operar muelles o puertos marítimos o fluviales de servicio público o privado.

Usuarios de zona franca: Dentro de esta categoría se subsumen todos los sujetos regulados por el artículo 3º de la Ley 1004 de 2005, es decir, los usuarios operadores, usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios y usuarios comerciales.

Empresas transportadoras: Por empresas transportadoras se entienden todas aquellas personas jurídicas que de conformidad con los artículos 355 a 370 del Decreto 2685 de 1999, ejecutan operaciones de tránsito aduanero. Así mismo, dentro de esta categoría se entienden incluidos los operadores de transporte multimodal (D. 2685/99, arts. 371 a 374), las empresas de cabotaje (D. 2685/99, arts. 375 a 384) y las empresas de trasbordo 385 a 388 del Decreto 2685 de 1999.

Agentes de carga internacional: De conformidad con el artículo 1º del Decreto 2628 de 2001, se debe entender por agentes de carga internacional, las personas jurídicas inscritas ante la DIAN, para actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de su actividad.

Usuarios aduaneros permanentes: De conformidad con el artículo 28 del Decreto 2685 de 1999, se debe entender por usuario aduanero permanente la persona jurídica que haya sido reconocida e inscrita como tal por la DIAN.

Usuarios altamente exportadores: Se entiende por usuario altamente exportador la persona jurídica que haya sido reconocida e inscrita como tal por la DIAN (D. 2685/99, art. 35).

11. Que el artículo 4º del Decreto 1497 de 2002, dispone que las entidades y funcionarios que incumplan con los plazos o especificaciones del reporte a la UIAF, serán responsables administrativamente ante los órganos competentes, de acuerdo con las normas que rigen la materia, sin perjuicio de las acciones que por acción u omisión puedan establecer las demás autoridades en materia penal o disciplinaria.

12. Que con sujeción a lo dispuesto en los decretos 7071, 1265, 2685 de 1999; 4271 y 4756 de 2005, la DIAN es la autoridad competente para vigilar y controlar a las entidades que realicen operaciones de comercio exterior y en general a los organismos auxiliares de la función aduanera.

13. Que el artículo 3º de la Ley 1121 de 2006 “por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”, modificó el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, al establecer que las entidades que realicen operaciones de comercio exterior y los profesionales de compra y venta de divisas deberán dar expreso cumplimiento a las obligaciones preceptuadas en los artículos 102 a 107 del Decreto 663 de 1993 (estatuto orgánico del sistema financiero), lo anterior, en los siguientes términos:

“ART. 43.—Las obligaciones establecidas en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero (D. 663/93) y demás normas concordantes serán aplicables en lo pertinente a las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior, operaciones de cambio y del mercado libre de divisas, casinos o juegos de azar, así como aquellas que determine el Gobierno Nacional (subrayado y cursiva extra texto).

PAR.—El control del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente disposición se realizará por la respectiva entidad que ejerza vigilancia, sobre la persona obligada”.

14. Que con sujeción a lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 1121 de 2006, las autoridades que ejerzan las funciones de inspección, control o vigilancia sobre las entidades obligadas a cumplir lo preceptuado por los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero, deberán dar aplicación al régimen sancionatorio previsto en los artículos 209, 210 y 211 numeral 3º del Decreto 663 de 1993, es decir, el ejercido por la Superintendencia Financiera sobre sus controladas.

El mencionado artículo dispone:

“ART. 10.—Responsabilidad de entidades o personas obligadas a cumplir con las normas y principios contenidos en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero.

El régimen previsto para las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, o de la entidad que haga sus veces, a que se refieren los artículos 209, 210 y 211 numeral 3º del estatuto orgánico del sistema financiero, salvo norma especial, se aplicará a las entidades o personas obligadas a cumplir con las normas y principios contenidos en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero.

La aplicación del procedimiento e imposición de las sanciones será realizada por la respectiva autoridad que ejerza las funciones de inspección, control o vigilancia, para lo cual dará cumplimiento a las normas administrativas de carácter especial que le sean aplicables o en su defecto dará aplicación al procedimiento contemplado en el Código Contencioso Administrativo”.

15. Que el numeral 3º del artículo 211 del Decreto 663 de 1993, establece que cuando la infracción recaiga sobre las disposiciones contenidas en el capítulo XVI del estatuto orgánico del sistema financiero (este capítulo comprende los referidos artículos 102 a 107) dentro de las cuales se encuentra la obligación de reporte a la UIAF (art. 102, num. 2º, lit. d)), se podrán imponer multas por infracción a las normas relativas a la prevención de actividades delictivas hasta por un máximo de dos mil doscientos noventa y tres millones setecientos noventa y tres mil tres pesos ($ 2.293.793.003) moneda corriente de 2007, esta suma se reajustará en la forma prevista en el numeral 3º del artículo 208 del mencionado estatuto financiero.

16. Que para todos los efectos de la presente resolución, se deberá entender que el Software Ros Stand Alone, es un programa diseñado específicamente para los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que envían los diversos sujetos obligados a la UIAF, siendo necesario tener presente que todos los derechos de autor del software son propiedad exclusiva de la UIAF, y que el mismo, se entrega de manera gratuita a todas las entidades sometidas a reporte. El correspondiente programa de instalación, como el instructivo técnico y el manual de usuario, se encontrarán disponibles en la página web de la UIAF para los fines pertinentes (www.uiaf.gov.co).

17. Que para todos los efectos de la presente resolución, se deberá entender por operación sospechosa, toda operación realizada por una persona natural o jurídica, que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no haya podido ser razonablemente justificada.

18. Que para todos los efectos de la presente resolución, se deberá entender por transacciones en efectivo, todas las transacciones que en desarrollo del giro ordinario de sus negocios, realice el sujeto obligado, y que involucren pagos mediante entrega o recibo de dinero en efectivo (billetes o monedas) por un monto igual o superior a la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000) m/cte.

Los pagos de dinero en efectivo que se canalicen a través del sistema financiero, no deberán ser reportados por los sujetos destinatarios de la presente resolución.

19. Que para efectos del reporte de operaciones sospechosas (ROS), no se requiere que los sujetos obligados tengan certeza de que se trata de una actividad delictiva, así como tampoco deben identificar el tipo penal o comprobar que los recursos involucrados en sus operaciones provienen de esas actividades, solo se requiere que consideren que la operación es sospechosa en los términos del considerando anterior. Es de precisar, para todos los efectos legales que el ROS no constituye denuncia penal.

20. Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley 190 de 1995, cuando se suministre a la UIAF la información de que trata esta resolución, no habrá lugar a ningún tipo de responsabilidad por la realización de este hecho, para la persona jurídica informante, ni para los directivos o empleados de la entidad, en concordancia con el artículo 102 del Decreto 663 de 1993.

21. Que no obstante lo anterior, el reporte de operación sospechosa a la UIAF, no exime del deber legal de denunciar penalmente, si a ello hubiere lugar, consagrado en el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 (CPP) el cual establece que “Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio”.

22. Que el artículo 105 del Decreto 663 de 1993 (modificado por la L. 1121/2006, art. 2º), establece que: “Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios no podrán dar a conocer a las personas que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que se ha comunicado a la Unidad de Información y Análisis Financiero información sobre las mismas, y deberán guardar reserva sobre dicha información”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Sujetos obligados. Se entienden destinatarios y por lo tanto obligados al cumplimiento del presente acto administrativo, los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, debidamente reconocidos e inscritos ante la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Lo anterior, de conformidad con las definiciones y normas referenciadas en el considerando 10 del presente acto administrativo.

ART. 2º—Reporte de operaciones sospechosas (ROS). Todos los sujetos obligados al cumplimiento de la presente resolución, una vez determinada la operación sospechosa, deben proceder a reportar a la UIAF de manera inmediata y directa (a través del software Ros Stand Alone).

ART. 3º—Reporte de transacciones individuales en efectivo. Todos los sujetos obligados deberán reportar mensualmente a la UIAF dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente, todas las transacciones que en desarrollo del giro ordinario de sus negocios, realice el sujeto obligado, y que involucren pagos mediante entrega o recibo de dinero en efectivo (billetes o monedas) por un monto igual o superior a la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000) moneda corriente o su equivalente en otras monedas. (De conformidad con el anexo técnico 1).

PAR.—Los pagos de dinero en efectivo que se canalicen a través del sistema financiero, no deberán ser reportados por los sujetos destinatarios de la presente resolución.

ART. 4º—Actualización del monto. El monto objeto de reporte, podrá ser actualizado por la UIAF en los términos, oportunidad y condiciones que se estimen pertinentes.

ART. 5º—Anexos técnicos. Los anexos técnicos hacen parte integral de esta resolución, razón por la cual, son de obligatorio cumplimiento para todos los sujetos destinatarios. Contienen información técnica, precisiones, definiciones, indicaciones, formatos, y en general datos y parámetros que ayudan a identificar de manera única las operaciones a reportar y a los reportantes, complementando así, la parte considerativa y resolutiva de este acto administrativo.

ART. 6º—Condiciones técnicas. Las especificaciones técnicas de los reportes serán establecidas por la UIAF y publicadas en su página web (www.ugaf.gov.co), para que sean descargadas de manera gratuita por los sujetos obligados. El anexo técnico y el software Ros Stand Alone, podrán ser cambiados y lo modificados por la UIAF en cualquier momento de la vigencia de la resolución, para lo cual se dará aviso oportuno en la página web de la unidad a los sujetos destinatarios de este acto administrativo.

ART. 7º—Autonomía. La presente resolución rige de manera autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto por todos los decretos, resoluciones y circulares expedidas por otros órganos del Estado, que de una u otra manera regulen a los sujetos aquí obligados.

ART. 8º—Incumplimiento y sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en la parte resolutiva de este acto administrativo, dará lugar a la imposición de las respectivas multas y sanciones administrativas por parte de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la respectiva entidad competente que haga sus veces, sin perjuicio de las acciones disciplinarias o penales a que haya lugar.

PAR.—Procedimiento. Para efectos de la imposición de las respectivas sanciones, la UIAF remitirá semestralmente a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la respectiva entidad competente que haga sus veces, mediante oficio firmado por el director general de la UIAF, el reporte de los sujetos bajo su supervisión que estando obligados por este acto administrativo, incumplieron con las obligaciones de reporte a esta unidad.

ART. 9º—Vigencia. La presente resolución se publicará en el Diario Oficial de conformidad con el artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, y rige a partir del día primero (1º) de abril de 2008. Es decir, dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes de mayo de 2008, los sujetos obligados deberán comenzar a enviar a la UIAF los reportes de que trata el artículo 3º de la presente resolución, de conformidad con lo estipulado en el presente acto administrativo.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 19 de diciembre de 2007.

NOTA: Los anexos técnicos que hacen parte integral de la presente resolución pueden ser consultados en la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero.

(Nota: Véase Resolución 212 de 2009 artículo 3º de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero)

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