Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

RESOLUCIÓN 290 DE 2011 

(Enero 26)

“Por la cual se dictan medidas relacionadas con la atención de niños, niñas y adolescentes, afectados por la emergencia económica, social y ecológica”.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la Fuente de Lleras,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 2º del Decreto 117 de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que mediante el Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de sus efectos.

Que durante la declaratoria del estado de excepción, se presentaron hechos nuevos relacionados con el fenómeno de La Niña, los cuales fueron posteriores a la expedición del Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010, por lo cual mediante el Decreto 20 de 7 de enero de 2011 se declaró nuevamente el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional hasta el 28 de enero de 2011, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de sus efectos.

Que el objetivo principal de la respuesta en atención de emergencias es lograr el cumplimiento de los derechos de todas las personas, en todo momento, especialmente de los grupos más vulnerables (niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, poblaciones indígenas, etc.) cuyos medios para satisfacer sus necesidades básicas son insuficientes o han sido afectados por la emergencia, sumado a otras carencias preexistentes, y por lo tanto, es importante orientar la respuesta a estos grupos poblacionales.

Que en cumplimiento de los principios señalados en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales, sobre protección integral, interés superior y prevalencia de los derechos de los niños y niñas, el Estado debe garantizar, evitar su amenaza, inobservancia o vulneración y restablecerlos de manera eficaz, oportuna y efectiva.

Que el Código de la Infancia y la Adolescencia —Ley 1098 de 2006— establece el mandato de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el restablecimiento de sus derechos cuando se hayan vulnerado, y en su artículo 20 establece el derecho de protección especial de los niños contra los riesgos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia.

Que el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en su 61 período de sesiones el 18 de abril de 2005, sobre el tema de derechos de los niños, alentó a todos los Estados a que promuevan medidas para garantizar que los niños afectados por desastres naturales tengan acceso a los servicios sociales básicos.

Que para la atención de la población afectada por la emergencia económica, social y ecológica derivada de la ola invernal se debe tener en cuenta que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás, por lo cual toda atención que se brinde será primero para estos.

Que dentro de las medidas para conjurar la emergencia económica, social y ecológica es necesario establecer unas especiales para la atención de la población afectada en los programas del instituto.

Que los Programas del ICBF Hogares Comunitarios de Bienestar, Hogares Infantiles y Alimentación Escolar, constituyen un pilar básico en la política social del Estado y obedecen a claros objetivos constitucionales, tales como la atención prevalente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en tanto sujetos de especial protección.

Que en las zonas afectadas por la ola invernal es necesaria la reconstrucción de infraestructura que permita la atención de los niños, niñas y adolescentes en los programas del ICBF.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Atención a la primera infancia. Para garantizar la efectiva prestación de los servicios a los niños y niñas en su primera infancia, se adoptarán las siguientes medidas:

1. Fortalecer la articulación con las instituciones y entidades competentes con el fin de garantizar la protección integral y el restablecimiento de los derechos vulnerados de los niños y las niñas en su primera infancia.

2. Incrementar la cobertura de niños y niñas atendidos en los Hogares Comunitarios de Bienestar, en aquellos lugares que se requiera y siempre que se cuente con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio.

3. Procurar la eliminación de las barreras de acceso a los programas del instituto.

4. Suministrar los elementos básicos de dotación en las unidades donde se brinde la atención a la población afectada con la emergencia cuando se requiera.

5. Coordinar la asignación de recursos para la construcción o recuperación de infraestructura necesaria para la atención de los niños y niñas afectados por la ola invernal.

6. Ampliar la jornada de atención de medio tiempo a tiempo completo en los hogares comunitarios de bienestar en los casos en que se requiera.

7. Gestionar la utilización de infraestructuras públicas y privadas, que no estén siendo utilizadas y que cuenten con las condiciones requeridas para la prestación del servicio.

ART. 2º—Atención al escolar. Se garantizará el suministro de alimentación escolar de manera continua a los niños, niñas en básica primaria en los lugares donde se encuentre campamentos o albergues instalados y en aquellos que de manera consecutiva se amplíen, bajo el censo educativo actual y que se encuentren escolarizados por el Ministerio de Educación Nacional:

ART. 3º—Acciones de protección a los niños, niñas y adolescentes. Para garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevenir su vulneración y restablecer sus derechos, se deberán desarrollar las siguientes actividades:

1 Cualquier servidor público o contratista que tenga conocimiento de casos de presunta vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes afectados por la ola invernal, está en la obligación poner en conocimiento de la autoridad de restablecimiento de derechos competente que tenga presencia en el lugar de los hechos, para que adopte las medidas que haya lugar.

2. Cuando sea necesario la evacuación de las viviendas que se encuentren en inminente peligro y las familias se nieguen cumplir la orden de evacuación o traslado, poniendo en riesgo la seguridad e incluso la vida de los niños, niñas o adolescentes, las direcciones regionales iniciarán las acciones de protección pertinentes inclusive la separación de sus familias de manera extraordinaria y cuando sea necesario para su protección.

3. Se destinarán defensores de familia para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por la ola invernal.

4. Las direcciones regionales en articulación con las entidades y organizaciones que consideren pertinentes, diseñarán e implementarán en los albergues, refugios y demás lugares donde se concentren damnificados, estrategias de atención para la protección de los niños, niñas y adolescentes, frente al riesgo de ser víctimas de maltrato infantil, violencia intrafamiliar y comunitaria abuso sexual, o reclutamiento forzado.

5. Se pondrán en funcionamiento nuevas unidades móviles especializadas para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por la ola invernal.

6. Se brindará atención psicosocial a los niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar, afectados por la ola invernal, a través de los equipos psicosociales y de nutrición de las unidades móviles y los centros zonales, mediante la implementación de los procedimientos establecidos para tal fin.

7. Se designarán funcionarios en los centros zonales que se encarguen de la coordinación y la atención de los niños, niñas y adolescentes afectados por la emergencia, quienes deberán rendir cuentas de sus actuaciones a los directores regionales.

ART. 4º—Acciones para garantizar la atención. Además de las medidas descritas en los artículos anteriores las direcciones regionales podrán adoptar las siguientes para la garantizar (sic) la continuidad de los programas:

1. Apoyarse en los profesionales contratistas con independencia de su lugar de ubicación, para su traslado a los lugares en donde se requiera contar con sus servicios, previa asignación de los recursos necesarios para viáticos y gastos de transporte.

2. Destinar provisionalmente los bienes inmuebles a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por vocaciones hereditarias y mostrencos, a la atención transitoria de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad y que requieran atención, nutrición y cuidado.

3. Para efectos de focalizar a la población objeto de atención se establecerá un mecanismo de identificación con la entidad o autoridad correspondiente, que garantice la transparencia absoluta en la inclusión de la población a los diferentes servicios.

ART. 5º—Acciones de cooperación y apoyo. En desarrollo del principio de coordinación de las autoridades administrativas para el desarrollo de los fines del Estado y de corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, las direcciones regionales del ICBF deberán prestar toda la colaboración que sea requerida por las autoridades nacionales, territoriales, ambientales y de policía, facultadas por la ley y los decretos de emergencia para la adopción y ejecución de medidas tendientes a conjurar los efectos de la misma, en especial las siguientes:

1. Facilitar los medios de transporte disponibles para el traslado de personal de apoyo o de ayudas humanitarias a los lugares donde se requiera para la atención de la población afectada.

2. Prestar cuando se requiera las instalaciones físicas disponibles en las regionales para el almacenamiento transitorio de las ayudas humanitarias, mientras se procede a su entrega.

3. Permitir el uso de elementos, medios, equipos, vehículos y demás recursos materiales necesarios para la atención de la población afectada.

4. Apoyar cuando se requiera y con los recursos disponibles, la difusión de la información sobre las medidas de atención a la población afectada.

5. Apoyar la comunicación y la promoción en la comunidad de las órdenes de evacuación y prestar la ayuda requerida a las autoridades en el programa de evacuación y a las familias en riesgo para cumplir las órdenes.

6. Facilitar la información disponible cuando sea requerida por las autoridades, respecto de los censos de población adelantados por el instituto para la prestación de nuestros programas.

ART. 6º—Trámite de solicitudes y entrega de ayudas. Cuando las direcciones regionales requieran ayudas para la atención de la población afectada, el trámite de las solicitudes ante la dirección general será el siguiente:

1. Cada una de las regionales evaluará sus necesidades y posibilidades y plantearán las opciones que consideren pertinentes para la atención de la emergencia.

2. Las solicitudes a la dirección general deben presentarse de manera oportuna y precisa especificando, unidades, costos, población a atender y demás aspectos relevantes, a la subdirección restablecimiento de derechos para sean estudiadas y aprobadas oportunamente por el Comité Nacional para la Atención de la Ola Invernal.

3. Una vez las solicitudes sean aprobadas por el comité y las ayudas sean despachadas y recibidas en las regionales, la entrega a la población debe hacerse de manera inmediata.

PAR. 1º—Las direcciones regionales deberán designar un responsable que coordine con los centros zonales el almacenamiento por el menor tiempo posible y entrega de las ayudas con el fin de garantizar su conservación y entrega oportuna. En todo caso los directores regionales deberán implementar controles para evitar el vencimiento de productos perecederos, así como las entregas con fines diferentes a la atención de la emergencia a los damnificados y responderán por el vencimiento, pérdida o la entrega tardía de los mismos.

PAR. 2º—La oficina de control interno implementará un sistema de auditoría al sistema de almacenamiento y entrega de los productos de las regionales.

PAR. 3º—Los directores regionales solicitarán el acompañamiento preventivo a las procuradurías y contralorías regionales a la ejecución de las medidas establecidas en la presente resolución.

ART. 7º—Obligaciones de los directores regionales. Además de las consagradas en los artículos precedentes, los directores regionales tendrán las siguientes obligaciones en la atención de los niños, niñas y adolescentes afectados por la emergencia económica, social y ecológica:

1. Ejercer la coordinación y articulación del sistema nacional de bienestar familiar en los niveles departamental y municipal, para garantizar la prevención de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolecentes afectados por la emergencia y el restablecimiento de los mismos.

2. Participar activamente en los consejos de política social convocados por los alcaldes y gobernadores, e instar a dichos funcionarios a la convocatoria de los consejos y en los demás comités creados para la superación de la emergencia, en la toma de decisiones relacionadas con la atención de los niños, niñas y adolescentes afectados por la misma.

3. Prestar la colaboración que sea requerida por las autoridades nacionales, territoriales, ambientales y de policía, facultadas por la ley y los decretos de emergencia, para la adopción y ejecución de medidas tendientes a conjurar los efectos de la misma.

4. Hacer seguimiento de las decisiones que se adopten en los consejos de política social.

5. Dar cumplimiento a las medidas adoptadas en la presente resolución.

6. Solicitar el acompañamiento preventivo y la vigilancia de los entes de control en la ejecución de las medidas adoptadas para la atención de la emergencia, y atender requerimientos que sobre el particular se realicen.

ART. 8º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 26 de enero de 2011.