RESOLUCIÓN 293 DE 1998 

(Abril 1º)

“Por la cual establecen términos de referencia para la elaboración del plan de manejo ambiental de la sustracción de las zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 y de las Áreas de Reserva Forestal”.

El Ministro del Medio Ambiente,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial la conferida en el numeral 18 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde al Estado, dentro de los principales deberes ambientales, la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución y velar por la protección de la diversidad e integridad del ambiente;

Que los principios generales ambientales señalan que el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992;

Que conforme al artículo 5º numeral 18 de la Ley 99 de 1993, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente reservar, alinderar y sustraer las reservas forestales nacionales y reglamentar su uso y funcionamiento;

Que corresponde al Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, según lo ordena la Ley 160 de 1994, administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación, de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos que para el efecto expida la junta directiva de dicha entidad;

Que conforme lo determinan los artículos 7º y 8º de la Ley 2ª de 1959 y el artículo 209 del Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente), no podrán ser adjudicados las tierras o los baldíos de las zonas y áreas de reserva forestal;

Que el artículo 3º de la Ley 2ª de 1959, prevé para aquellos sectores dentro de las zonas de reserva forestal que se consideran adecuados para la actividad agropecuaria y el artículo 210 del Decreto-Ley 2811 de 1974, para las áreas de reserva forestal, cuando por razones de utilidad pública o de interés social se hace necesario realizar dentro de ellas actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos, o cualquier otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, el mecanismo de delimitación y sustracción previa de los mismos;

Que dentro de las estrategias contempladas en el documento Conpes número 2834 de 1996 “política de bosques”, está la de “conservar, recuperar y usar los bosques naturales”, la cual determina que el conjunto de cobertura boscosa en predios públicos que conforme el área de bosques en dominio público, ABP, no deberá disminuirse, en tal sentido una vez conformado el ABP, no se autorizarán sustracciones de tierras con fines de colonización o cambios de uso del suelo,

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ART. 1º—De las solicitudes de sustracción. Las solicitudes de sustracción de áreas de las zonas de reserva forestal creadas por la Ley 2ª de 1959 y de las áreas de reserva forestal con fines de adjudicación de tierras, deberán ser presentadas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, ante el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición de los entes territoriales y/o comunidades, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) De oficio. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, podrá de oficio presentar solicitud por escrito ante el Ministerio del Medio Ambiente, en la cual se especifiquen las razones de índole ambiental, económico, social y político que fundamentan la sustracción a través del plan de manejo ambiental de la sustracción, PMAS;

b) A petición de parte. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, con base en el análisis de la solicitud de sustracción y del estudio socioeconómico y ambiental, emitirá concepto de conformidad con sus funciones y políticas de titulación de tierras y elevará solicitud formal de sustracción ante el Ministerio del Medio Ambiente, en la cual exponga las razones para otorgar la sustracción, acompañada de las solicitudes presentadas por los interesados, del referido concepto y del plan de manejo ambiental de la sustracción, PMAS.

Las solicitudes de sustracción con fines de adjudicación de baldíos, no podrán ser presentadas individualmente por los usuarios ante el Ministerio del Medio Ambiente.

ART. 2º—Estudio socioeconómico y ambiental. El estudio socioeconómico y ambiental es el instrumento de planificación que tiene como objetivo sustentar la necesidad económica y social de la sustracción y la viabilidad ambiental zonal ante la nueva destinación a mediano y largo plazo del área de la zona de reserva forestal o del área de reserva forestal a sustraer.

ART. 3º—Contenido del estudio socioeconómico y ambiental. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en coordinación con los entes territoriales, entidades públicas y privadas y las comunidades locales podrá producirlo, teniendo como referencia la siguiente información.

1. Antecedentes.

Deben relacionarse los aspectos relevantes del proyecto de sustracción como son, entre otros: la declaratoria de la reserva y su manejo, los eventos que han caracterizado el proceso de ocupación del territorio en forma general, migraciones, uso de la oferta ambiental, conflictos, asentamientos principales, vías de comunicación y todos aquellos que de una u otra forma la determinan.

2. Caracterización del área.

Con el empleo de fuentes primarias y secundarias actualizadas, se debe describir el área objeto de la sustracción a fin de individualizarla en aspectos como su localización geográfica, estructura biofísica, estructura socioeconómica y presencia institucional.

2.1. Localización.

Debe hacerse una descripción detallada de los siguientes aspectos, teniendo en cuenta que los linderos de las áreas para sustracción con fines de adjudicación, serán establecidos sobre la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o cualquier otra confiable y ajustada a coordenadas planas y geográficas. En todos los casos, la georreferenciación de los linderos deberá efectuarse mediante el sistema de posicionamiento global, GPS:

• Localización geográfica.

• División político-administrativa.

• Extensión.

• Vías de acceso.

• Ubicación del área respecto al centro o centros de desarrollo más importantes de la región.

2.2. Estructura biofísica.

Teniendo como unidad de manejo las cuencas y subcuencas hidrográficas, toda unidad debe contener una caracterización genérica de cada uno de los siguientes aspectos:

• Geología. Estratigrafía, tectónica y evolución geológica.

• Geomorfología y erosión. Descripción de modelados, unidades geomorfológicas.

• Clima. Temperatura, precipitación, radiación solar, humedad relativa y aquellos análisis que permitan determinar el índice de aridez, evapotranspiración y otros aspectos climáticos.

• Regiones bioclimáticas, de existir.

• Hidrografía. Sistema fluvial, sistema de ciénagas; disponibilidad, usos, limitantes.

• Hidrogeología. Regímenes de circulación.

• Suelos. Características principales, limitantes de uso y clasificación agrológica.

• Vegetación silvestre. Descripción, clasificación y distribución. Principales características fisonómicas y estructurales y grado de afectación.

• Zonas de vida. Clasificación y método empleado (por ejemplo: Holdridge u otro).

• Ocurrencias y existencias minerales. Preciosos, metálicos, no metálicos, energéticos.

• Hidroenergía. Inventario, proyectos en operación, prefactibilidad y factibilidad.

• Fauna. Caracterización, distribución, principales especies, rutas migratorias, fauna introducida.

2.3. Estructura socioeconómica.

a) Población:

• Densidad de la población

• Crecimiento de la población

• Área ocupada

• Asentamientos nucleados

• Cultura;

b) Organización comunitaria:

• Tipo de organización

• Representatividad

• Grado de desarrollo;

c) Servicios sociales:

• Salud

• Educación

• Acueducto y alcantarillado

• Vías y transporte

• Energía

• Telecomunicaciones;

d) Uso actual del suelo;

e) Actividades económicas (de producción de materias primas, transformación y servicios);

f) Condiciones de vida:

• Nivel de vida

• Calidad de vida (necesidades y satisfactores)

• Pobreza, y

j) Concentración y tenencia de la tierra.

2.4. Presencia institucional.

Debe comprender las entidades gubernamentales y no gubernamentales del orden internacional, nacional, departamental y municipal con presencia en la zona. De igual manera los recursos, planes, programas y proyectos relacionados con la zona.

3. Valoración de la oferta ambiental.

El concepto de oferta ambiental se debe emplear para sintetizar las principales características físicas y bióticas de los sistemas ecológicos, los cuales determinan su aptitud.

La oferta se caracterizará en dos grupos:

a) Áreas de aptitud ambiental. Son las que por su degradación, fragilidad o sus características especiales, no deben incluirse en sistemas de intensa producción económica:

• Áreas degradadas.

• Áreas de alta fragilidad ambiental.

• Áreas de especial significación ambiental;

b) Áreas de aptitud para la producción económica. Aquellas con características físicas y bióticas adecuadas para sustentar tanto la actividad agropecuaria como la forestal comercial, la minería, la turística y la producción hidroenergética (áreas susceptibles de titulación):

• Áreas de aptitud agraria sin restricciones mayores.

• Áreas de aptitud agraria con restricciones.

• Áreas de aptitud forestal.

• Áreas de aptitud para modelos mixtos de producción (silvoagrícola, silvopastoril).

• Áreas de producción minera e hidroenergética.

• Áreas paisajísticas.

4. Valoración de la demanda ambiental.

El concepto de la demanda ambiental deberá emplearse como los requerimientos de la sociedad respecto al componente biofísico:

• Demanda por uso del suelo.

• Demanda por uso del agua.

• Demanda por uso del bosque.

• Demanda por uso de la fauna.

• Demanda por uso de otros recursos.

• Demanda por densidad y crecimiento de la población.

5. Conflictos ambientales.

Este concepto deberá entenderse como la existencia de antagonismos significativos entre la oferta y la demanda ambiental. El punto de partida del análisis, es la aptitud de los elementos ambientales y áreas tanto para generar desarrollos socioeconómicos, como para sustentarlos en el tiempo y el espacio.

• Conflictos relacionados con el recurso suelo.

• Conflictos relacionados con el recurso hídrico

• Conflictos relacionados con el recurso bosque.

• Conflictos relacionados con el recurso fauna.

• Conflictos relacionados con otros recursos.

• Conflictos por densidad y crecimiento de la población.

6. Identificación y evaluación de impactos.

Adicional a los conflictos se presentará la evaluación y jerarquización de impactos de carácter temporal o permanente generados hasta el momento por la ocupación de la reserva. Dicha evaluación fundamentará y sustentará las medidas de control, prevención, compensación y recuperación de la zonificación que se proponga.

7. Riesgos y amenazas ambientales.

Los riesgos y amenazas ambientales, como inundaciones, avalanchas, deslizamientos, terremotos, vulcanismos, fallas geológicas, entre otros, deberán señalarse en la cartografía temática respectiva, categorizándolos en alto, medio o bajo riesgo.

8. Anexos.

Glosario, fotografías, aerofotografías, planos, resultados de muestreos, información primaria de sustento, bibliografía, otros.

ART. 4º—Plan de manejo ambiental de la sustracción, PMAS. Con base en el análisis de la información relacionada en el artículo anterior para la producción del estudio socioeconómico y ambiental, que debe ser integrado al plan de manejo ambiental de la sustracción, PMAS, este último debe ser presentado por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, a través de la formulación de un proyecto integral para la zona sustraída, en una metodología reconocida a nivel nacional, que pueda ser utilizada con fines de posible financiación por fuentes nacionales e internacionales de financiación de proyectos. Igualmente, el PMAS, conducirá a:

• Prevenir, resolver o minimizar conflictos que actualmente se presentan, determinados por incompatibilidades manifiestas entre la oferta y la demanda ambiental.

• Prevenir eventuales conflictos en aquellas áreas donde éstos no se presentan en la actualidad, por existir una adecuada relación entre la oferta y la demanda.

• Propender por una potencialización de la productividad y de la adecuada utilización de los elementos ambientales con miras a incrementar su contribución al desarrollo socioeconómico.

• Establecer las medidas de prevención, mitigación y compensación de los posibles impactos ambientales que generen las actividades productivas planificadas para cada unidad de manejo.

• Coadyuvar a establecer o fortalecer los mecanismos o instrumentos cognoscitivos, organizacionales, tecnológicos, financieros e institucionales para garantizar el manejo y uso sustentable de las áreas objeto de la sustracción.

ART. 5º—Contenido del plan de manejo ambiental de la sustracción. El proyecto integral desarrollado en el plan de manejo ambiental de la sustracción, PMAS, deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Objetivo general;

b) Objetivos específicos (corto, mediano y largo plazo);

c) Estrategias y líneas básicas del PMAS;

d) Zonificación ambiental del territorio:

• Áreas protectoras.

• Áreas productoras.

• Otras áreas de manejo;

e) Fortalecimiento social y económico a la comunidad:

• Sensibilización y participación comunitaria.

• Organización comunitaria: Grupos precooperativos y cooperativos y otras clases de grupos.

• Apoyo institucional a la comunidad (compromisos permanentes y transitorios por entidad).

• Apoyo financiero y económico (análisis de costos unitarios, flujo de caja, evaluación económica, alternativas, etc.);

f) Proyectos productivos (forestales, agroforestales, silvopastoriles).

ART. 6º—Base cartográfica. La cartografía general y temática que acompaña al estudio socioeconómico y ambiental, será presentada a una escala que permita visualizar adecuada y detalladamente los aspectos objeto del tema, acorde con la superficie de estudio, como referencia se tendrán en cuenta los siguientes rangos:

• La cartografía para el análisis regional, 1:500.000 hasta 1:100.000.

• La cartografía de las unidades de manejo, 1:50.000 hasta 1:25.000.

• La cartografía que referencia los principales proyectos: 1:10.000 hasta 1:5.000.

ART. 7º—Emisión del concepto técnico sobre la viabilidad de la sustracción. Con base en el análisis del plan de manejo ambiental de la sustracción, PMAS, que presente el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, y las visitas de campo que se realicen, la dirección general de ecosistemas o la dependencia del Ministerio del Medio Ambiente que haga sus veces, emitirá en un término no superior a sesenta (60) días, el concepto técnico sobre la viabilidad o no de realizar la sustracción del área solicitada, el cual servirá de fundamento para la decisión final que deba proferir el Ministerio del Medio Ambiente.

ART. 8º—Aplicación de normas especiales. Para el adelanto de las sustracciones de las reservas forestales con fines de adjudicación de baldíos, prevalecerán las normas especiales contenidas en la Ley 21 de 1991, la Ley 70 de 1993, la Ley 99 de 1993, la Ley 160 de 1994, la Ley 191 de 1995 y demás normas reglamentarias, en relación con las comunidades negras e indígenas y las zonas de frontera.

ART. 9º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 1º de abril de 1998.

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