RESOLUCIÓN 294 DE 2007 

(Febrero 5)

“Por medio de la cual se establece el procedimiento para la aplicación del artículo 3º de la Ley 1001 de 2005”.

El Gerente Liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en liquidación,

en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial las contenidas en los decretos 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, 554 de 2003, 600 de 2005, Ley 1001 de 2005 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 554 de 2003 ordenó la supresión y liquidación del Inurbe;

Que mediante el Decreto 600 de 2005 el Gobierno Nacional prorrogó el término para la liquidación del Inurbe;

Que el Decreto-Ley 254 de 2000 estableció el régimen de la liquidación de las entidades públicas, facultando al liquidador en el literal f) del artículo 6º, a ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y efectiva;

Que el Congreso de la República expidió la Ley 1001 de 2005, “por medio de la cual se adoptan medidas respecto a la cartera del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, en liquidación, y se dictan otras disposiciones”.

Que el artículo 3º de la Ley 1001 de 2005, faculta al Inurbe en liquidación, a legalizar las viviendas ocupadas ilegalmente antes del 30 de noviembre de 2001, mediante el siguiente proceso especial:

ART. 3º—Cuando la ocupación ilegal recaiga sobre una vivienda de interés social cuya propiedad se encuentre radicada en cabeza de los desaparecidos Instituto de Crédito Territorial, la unidad administrativa especial liquidadora de los asuntos del Instituto de Crédito Territorial o del Inurbe, en liquidación, se procederá a su enajenación directa, en primer lugar al ocupante sin sujeción a la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

El ofrecimiento de venta se hará al ocupante por el valor del avalúo comercial del inmueble, descontado sobre el mismo, el equivalente a un subsidio familiar de vivienda hasta por un monto de veintiún (21) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El saldo se cancelará conforme al literal a) del artículo 1º de esta ley. En el evento que el ocupante no se allane a la adquisición del inmueble, se procederá a solicitar su restitución conforme a la ley o a su enajenación a los terceros que demuestren su interés sobre el inmueble, en las condiciones físicas y jurídicas que se encuentre;

Que en cumplimento del artículo 10 de la Ley 1001 de 2005, el Inurbe en liquidación verificará el cumplimiento de requisitos definidos en el artículo 28 del Decreto 975 de 2004:

“ART. 28.—Imposibilidad para postular al subsidio. No podrán postular al subsidio familiar de vivienda de que trata este decreto, los hogares que presenten alguna de las siguientes condiciones:

a) Que alguno de los miembros del hogar hubiere adquirido una vivienda del Instituto de Crédito Territorial o construido una solución habitacional con aplicación de créditos de tal entidad, a través de cualquiera d e los sistemas que hayan regulado dichos beneficios, sea directamente o a través de algún tipo de organización popular de vivienda. Lo anterior se aplicará aun cuando la vivienda haya sido transferida o hubiere sido uno de los cónyuges el titular de tales beneficios;

b) Quienes como beneficiarios hayan recibido subsidios familiares de vivienda, o quienes siendo favorecidos con la asignación no hubieren presentado antes del vencimiento del subsidio su renuncia a la utilización, caso este último en el que no podrá postularse al subsidio por espacio de un (1) año contado desde la fecha de asignación. Lo anterior cobija los subsidios otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana, Inurbe hoy en liquidación, la Caja Agraria hoy en liquidación, el Banco Agrario, Focafé, y las cajas de compensación familiar, en los términos de la Ley 3ª de 1991, Ley 49 de 1990 y normas reglamentarias y, por el Forec hoy en liquidación, de acuerdo con el Decreto-Ley 350 de 1999 y demás entidades u organismos que se establezcan en el futuro para atender calamidades naturales. Lo anterior no se aplicará en caso que el beneficiario hubiere restituido el subsidio a la respectiva entidad otorgante;

c) Quienes de acuerdo con las normas legales, tengan derecho a solicitar otros subsidios nacionales para vivienda, diferentes de los que trata este decreto;

d) En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, cuando alguno de los miembros del hogar sea propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de postular;

e) En el caso de planes de construcción de sitio propio o de mejoramiento de vivienda, cuando la vivienda se localice en desarrollos ilegales, o cuando ningún miembro del hogar sea propietario de la vivienda que se pretende construir o mejorar o cuando alguno aparezca como propietario de otra vivienda;

f) Quien es hubieren presentado información falsa o fraudulenta en cualquiera de los procesos de acceso al subsidio, restricción que estará vigente durante el término de diez (10) años conforme a lo dispuesto por la Ley 3ª de 1991.

PAR.—No se aplicará lo aquí dispuesto en el evento de legalización de la propiedad de la vivienda o cuando haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable a consecuencia de sismos, incendios, inundaciones, fuerza mayor, caso fortuito u otras causas que no sean imputables al beneficiario, en cada caso debidamente certificadas por la autoridad competente”;

Que para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 1001 de 2005 sobre el procedimiento aplicable, así como para vincular el texto del artículo 3º de la mencionada ley con algunas disposiciones internas, se establece el siguiente procedimiento operativo,

RESUELVE:

ART. 1º—Inmuebles a legalizar. Se podrán legalizar las viviendas construidas en proyectos desarrollados por el antiguo Instituto de Crédito Territorial, cuya propiedad figure a nombre del Inurbe en liquidación, del ICT o de la unidad administrativa especial liquidadora de los asuntos del ICT, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 3º de la Ley 1001 de 2005.

ART. 2º—Iniciación del trámite. El trámite se surtirá únicamente a petición de parte, bajo los lineamientos establecidos por el artículo 3º de la Ley 1001 de 2005, arriba mencionado, para lo cual se acreditará la siguiente documentación:

• Identificación del solicitante, de su cónyuge o compañero permanente, domicilio, estado civil y condición en la que actúa.

• Identificación del inmueble, nomenclatura u otra información que le permita al Inurbe en liquidación la identificación jurídica del inmueble, tales como el número de folio de matricula inmobiliaria o copia de este, o copia del recibo de impuesto predial.

• Recibos de pago de los impuestos y contribuciones causados por el inmueble y pagados por el solicitante desde el 30 de noviembre de 2001.

• Las declaraciones y pruebas que a juicio del solicitante le permitan demostrar que ha ejercido ocupación pública, continua y pacífica sobre el inmueble con anterioridad al 30 de noviembre de 2001.

ART. 3º—Procedimiento inicial de revisión. Se procederá así:

• El Inurbe en liquidación revisará en los archivos documentales y magnéticos la existencia o no de la adjudicación del inmueble, objeto de la solicitud.

• Verificará que el posible ocupante de la vivienda cumpla las normas vigentes para ser beneficiario del subsidio familiar de vivienda (L. 1001/2005, art. 10).

• Al comprobarse la no adjudicación, el Inurbe en liquidación, por conducto de sus oficinas procederá a emplazar a personas indeterminadas que se consideren con derecho a la adjudicación del inmueble en cuestión.

• Se dará por terminado el trámite, por la existencia de adjudicatario o por la falta de requisitos para ser beneficiario de subsidio familiar de vivienda por parte del ocupante.

PAR.—Entiéndase por adjudicatario, aquella familia o grupos de personas que cuentan con acto administrativo de adjudicación y que cumplieron los requisitos mínimos exigidos en dicho acto.

ART. 4º—Trámite de legalización. Se define el siguiente procedimiento:

• El Inurbe en liquidación ordenará una visita al predio para verificar la identidad de (los) ocupante(s) del inmueble.

• Efectuada la visita y revisados los documentos, el profesional del derecho responsable emitirá concepto jurídico sobre la viabilidad o no de la solicitud.

• Si la solicitud es viable se procederá a ordenar el avalúo y escrituración del inmueble, tal como lo determina la Resolución 3083 de 2005, “por medio de la cual se establece el procedimiento para la transferencia de inmuebles adjudicados por el Instituto de Crédito Territorial”, una vez se realice el pago conforme con lo dispuesto en el presente acto administrativo.

ART. 5º—Valor de la negociación. Se entiende por valor de la negociación, el avalúo del inmueble más los costos en que incurra la entidad para saneamiento tales como: impuesto predial, avalúo, etc.

ART. 6º—Forma de pago. La forma de pago del inmueble será la siguiente:

• Se abonará por parte del Inurbe en Liquidación hasta una suma de 21 salarios mínimos legales vigentes.

• En el evento de existir saldo del crédito o del avalúo, este se podrá cancelar de la siguiente forma:

• El pago de contado del saldo, tendrá un descuento del 20%, si es cancelado previamente a la emisión del acto administrativo de transferencia.

• El saldo podrá ser refinanciado a una tasa anual del doce (12%) por un plazo máximo de cinco (5) años.

ART. 7º—Para la financiación del saldo a favor del Inurbe en liquidación, la entidad se reserva el derecho de exigir garantías reales y/o quirografarias, de incluir en los pagarés cláusulas aceleratorias sin necesidad de reconocimiento o constitución en mora y en general, cualquier documento que a juicio del Inurbe en liquidación sirva para respaldar e instrumentar los compromisos que se adquieren por parte del ocupante a quien se le reconoce el derecho para la legalización.

ART. 8º—Publicación. La presente resolución se publicará en el Diario Oficial.

ART. 9º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 5 de febrero de 2007.

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