Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 299 DE 2015 

(Marzo 4)

“Por la cual se fija el valor de las pólizas de seriedad de candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos a gobernaciones, asambleas departamentales y alcaldías, concejos municipales y distritales y a juntas administradoras locales, para las elecciones que se realizarán en el año 2015”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 265 de la Constitución Política, y 9º de la Ley 130 de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 108 de la Constitución Política establece:

“(…).

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

(…)”.

Que el inciso 4º del artículo 9º de la Ley 130 de 1994 determina:

“(…).

Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su asamblea general resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato.

Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se refiere el inciso anterior” (destacado fuera de texto).

Que el artículo 13 de la Ley 130 de 1994 fue modificado por el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011, el que dispone:

“Los partidos y movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán derecho a financiación estatal de las correspondientes campañas electorales, mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que obtengan el siguiente porcentaje de votación:

En las elecciones para corporaciones públicas tendrán derecho a financiación estatal, cuando la lista obtenga el cincuenta (50%) o más del umbral determinado para la respectiva corporación.

En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro por ciento (4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección.

La financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por los partidos y movimientos políticos y/o los candidatos”.

Es decir, que la seriedad de una candidatura inscrita por un grupo significativo de ciudadanos está dada por si alcanzan o no los porcentajes mínimos de votación establecidos para que tenga derecho a percibir el financiamiento público electoral, por lo que en los eventos en que no se alcancen estos umbrales de votación se configurará el siniestro asegurado, haciéndose efectivo el monto asegurado a favor de la organización electoral.

Que de conformidad a certificación expedida por la directora financiera de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el Decreto 2710 de 2014, “por el cual se liquida el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2015, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” el rubro de financiación de partidos y campañas electorales cuenta con un apropiación de treinta y cuatro mil ciento cincuenta y dos millones ochocientos mil ($ 34.152.800.000) pesos, de los cuales treinta y dos mil novecientos once millones seiscientos veintisiete mil quinientos setenta y nueve ($ 32.911.627.579) pesos corresponden a gastos de funcionamientos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y los mil doscientos cuarenta y un millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos veintiún ($ 1.241.172.421) pesos, corresponden a reposición de gastos de campaña años anteriores.

Que el uno por ciento (1%) del valor apropiado corresponde para financiar a los partidos y movimientos políticos en el presente año es de $ 341.152.800, lo que equivale a 529 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por otra parte, de conformidad a estudios efectuados por el fondo nacional de financiación política de este organismo, se encuentra que la incidencia de este tipo de candidaturas en relación con el total de inscritas no es muy alto, y que incluso en términos absolutos y porcentuales, el número de estas candidaturas disminuyó en el año 2011 respecto de las que participaron en las elecciones de 2007, revertiéndose una tendencia de crecimiento que se apreciaba en relación con los antecedentes que se dieron en 2003, lo que coincide con el incremento que se presentó en ese año del valor de la póliza de seriedad de candidaturas que deben presentar los grupos significativos de ciudadanos.

Por otra parte, ese mismo estudio revela que el índice de siniestralidad de las candidaturas inscritas por este medio no es tan alto, sólo de un acumulado del 9.3%, en lo que incide negativamente, el mayor volumen de siniestros que se presentan en las candidaturas a juntas administradoras locales, en el que este porcentaje ascendió, durante el periodo bajo estudio a 48.8%, tal y como se revela en las tablas siguientes:

Tabla 1: Porcentaje de candidaturas de GSC respecto total(1)   
 200320072011TOTAL
 CandidaturasGDCCandidaturasGDCCandidaturasGDCCandidaturasGDC% GSC
Gobernaciones1313151913011412235,59%
Asambleas38412812287195240,42%
Alcaldías3.922184.6381914.43615612.9963652,80%
Concejo7.048147.3151467.8476822.2102281,02%
JAL187245912459311.105454,07%
Total11.6723812.84436013.15926737.6756651,76%
% GSC 0,32% 2,80% 2,02%   

 Tabla 2: Porcentaje de siniestros de candidaturas GSC(2)  
 200320072011Total
 CandidaturasSiniestrosCandidaturasSiniestrosCandidaturasSiniestrosCandidaturasSiniestros% Siniestros
Gobernaciones30901102300
Asambleas1120104125
Alcaldías1814191101569365339,04109589
Concejo145146068122862,63157895
JAL201283114452248,8888889
Total38203601826724665629,32330827
% Siniestro 52,63% 5% 8,98%   

Tabla 3: Valores de las pólizas de seriedad de candidaturas 2010-2014 (en salarios mínimos mensuales)(3)
Número de habitantes por entidad territorialR 139/10R 03/11R 0401/11R 71/12R 2548/13R 3251/13
Departamentos más de 2.000.000200500 500300300
Departamentos entre 700.001 y 2.000.000150500 500275275
Departamentos entre 390.001 y 700.000125400 400217217
Departamentos entre 100,001 y 390,000100400 400196196
Departamentos menos de 100.00075400 400183183
Bogotá, D.C.200500500500300300
Municipios más de 500.001150400400400233233
Municipios entre 100.001 y 500.000100400200200142142
Municipios entre 50.001 y 100.000752001001008888
Municipios entre 30.001 y 50.0005020075756363
Municipios entre 20.001 y 30.0003020050504141
Municipios entre 10.001 y 20.0001520050503333
Municipios menos 10.0001020050502828

 

Esta información revela que si bien al inicio del periodo estudiado el índice de siniestralidad fue alto, 52,63%, este ha disminuido, situándose en niveles que no superan el 10% de las candidaturas inscritas por esta opción, salvo en el caso de las inscripciones para juntas administradoras locales, en las que los montos a asegurar han sido los más bajos. Llama la atención que, para el año 2011, a pesar del incremento en el valor de estas pólizas, se presentó un mayor número de siniestros que en el 2007, por lo que puede concluirse que la decisión de aumentar este valor no necesariamente contribuye a una mayor seriedad de las candidaturas.

Es en atención a las anteriores consideraciones y atendiendo el principio democrático, para el presente año el Consejo Nacional Electoral en procura de ampliar los espacios de participación política y electoral, de conformidad con su función constitucional de “velar… por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías”, ajustará una vez más el valor estas pólizas fijando un monto asegurado menor al fijado para el año anterior.

En este punto, es de señalar que no obstante la reducción en el valor de estas pólizas de seriedad de candidaturas por grupos significativos de ciudadanos, el Consejo Nacional Electoral estima que debe mantenerse el propósito del constituyente de 2003 y 2009 en el sentido de fortalecer los partidos políticos a través de la instauración de mayores requisitos para la obtención de avales, de las personería jurídica de las organizaciones políticas, la proscripción a la doble militancia, el deber de actuar en bancadas y la limitación al número de candidaturas que en cada elección pueden estos postular, a través de la figura de la lista única, las que solo pueden estar integradas hasta por un número igual al de escaños a proveer(4), por lo que la reducción en estos valores no debe ser tanta, que rompa los diques impuestos, y lleve a que se presenten tantas candidaturas sin esa condición de seriedad que exige la norma, y que haga que el ejercicio democrático electoral regrese a ser una lucha de personalismos y microempresas electorales en desmedro del debate programático e ideológico.

Es por lo anterior, que debe manifestarse que al momento de adoptar la presente decisión se han tenido en cuenta otras circunstancias, como lo es el hecho de que, en pasados procesos electorales, algunos candidatos por grupos significativos de ciudadanos han manifestado que compañías aseguradoras y/o entidades financieras han requerido para la expedición de estas pólizas, la constitución de depósitos o títulos o exigido garantías reales en su favor por el monto del valor asegurado, lo que desnaturaliza el contrato de seguros, cuya esencia es la asunción de un riesgo por parte del asegurador, el que le es trasladado por parte de tomador, a favor de un asegurado, en este caso la organización electoral, lo que constituye un ejercicio aleatorio, en el que dependiendo de un suceso futuro, fortuito e incierto, puede hacerse exigible la contingencia asegurada, lo que no ocurre en tales eventos, toda vez que en la circunstancia anotada, el riesgo se mantiene radicado en el candidato tomador de la póliza, solo que en una circunstancia más onerosa, ya que además debe pagar el valor de la prima de la “póliza” otorgada, lo que por lo demás, impone mayores barreras de acceso a los procesos democráticos.

Así mismo, se ha tenido en cuenta que, ante una mayor oferta de candidatos, del más variado espectro político y de disímiles orígenes, los ciudadanos al contar con mayores opciones se pueden ver incentivados a participar en mayor número en este proceso electoral, lo que puede conducir a reducir el abstencionismo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral

RESUELVE:

ART. 1º—Fíjanse los valores de las pólizas de seriedad de candidaturas que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos para la inscripción de candidatos y listas de candidatos a las gobernaciones y asambleas departamentales por movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos en las elecciones que se celebren en el año 2015, así:

a) En departamentos con población superior a dos millones (2.000.000) de habitantes, por el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

b) En departamentos con población comprendida entre setecientos mil uno (700.001) y dos millones (2.000.000) de habitantes, por el equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

c) En departamentos con población comprendida entre trescientos noventa mil uno (390.001) y setecientos mil (700.000) habitantes, por el equivalente a ciento veinticinco (125) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

d) En departamentos con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y trescientos noventa mil (390.000) habitantes, por el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

e) En departamentos con población igual o inferior cien mil (100.000) habitantes, por el equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

ART. 2º—Fíjanse los valores de las pólizas de seriedad de candidaturas que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos para la inscripción de candidatos y precandidatos a Alcaldías y concejos municipales y distritales por movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, en las elecciones y consultas que se celebren en el 2015, así:

a) En Bogotá, D.C., por el equivalente en dinero a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

b) En municipios y distritos con población superior o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes, por el equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

c) En municipios y distritos con población entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes, por el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

d) En municipios con población entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes, por el equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

e) En municipios con población entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes, por el equivalente en dinero a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

f) En municipios con población entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes, por el equivalente a treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

g) En municipios con población entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes, por el equivalente a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

h) En municipios con una población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes, por el equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

ART. 3º—Fíjanse los valores de las pólizas de seriedad de candidaturas que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos para la inscripción de listas de candidatos a las juntas administradoras locales por movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, en las elecciones y consultas que se celebren en el año 2015, las que quedarán de la siguiente manera:

a) En Bogotá, D.C., y demás capitales de departamento, por el equivalente en dinero a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

b) En municipios y distritos diferentes a capitales de departamento con población superior o igual a los quinientos un (500.001) habitantes, por el equivalente a doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

c) En municipios diferentes a capitales de departamento con población entre cien mil un (100.001) habitantes y quinientos mil (500.000) habitantes, por el equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

ART. 4º—Al momento de inscribir la candidatura, los promotores del grupo significativo de ciudadanos, sus candidatos y/o listas de candidatos presentarán ante la autoridad competente de la Registraduría Nacional del Estado Civil un certificado en el que conste el origen de los dineros con que financiaron la póliza de seriedad de candidaturas o la garantía bancaria aportada.

ART. 5º—Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, las pólizas de seriedad de candidaturas se constituirían mediante póliza de garantía expedida por compañías de seguros o mediante garantía bancaria de instituciones autorizadas por la Superintendencia Financiera. Su vigencia se extenderá desde la inscripción de la candidatura hasta los seis (6) meses siguientes a la fecha de declaratoria de los resultados de las elecciones por la autoridad electoral. Dichas pólizas se harán efectivas en los casos previstos en la Ley 130 de 1994, modificada por la Ley 1475 de 2011.

ART. 6º—Exhórtase a las compañías de seguros y/o a las entidades financieras que expidan estas pólizas o garantías bancarias a que se abstengan de exigir a los candidatos y/o grupos significativos de ciudadanos que los postulen, la constitución de depósitos, fiducias o títulos en su favor equivalentes al monto del valor asegurado o a exigir garantías reales que se hagan efectivas en caso de configurarse el siniestro asegurado, o a que el precio de la prima sea equivalente al valor asegurado o cercano a este.

ART. 7º—El presente acto administrativo debe ser comunicado por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación al Registrador Nacional del Estado Civil, a los Registradores Distritales de Bogotá, a los Delegados Departamentales, a los Registradores Especiales y Municipales, al Ministro del Interior, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Superintendente Financiero.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 4 de marzo de 2015.

(1) Fuente: estudio realizado en el 2013 por el fondo de financiación política del CNE.

(2) Fuente: estudio realizado en el 2013 por el fondo de financiación política del CNE.

(3) Fuente: relatoría y oficina jurídica CNE.

(4) Con la excepción de las circunscripciones en que solo se provén(sic) dos curules.