Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

RESOLUCIÓN 3 DE 2012 

(Mayo 16)

“Por la cual se modifican las resoluciones 11 y 16 de 2011, y se dictan otras disposiciones, con el propósito de establecer condiciones especiales para los créditos a las personas víctimas del conflicto armado interno”.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario,

en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 16 de 1990, el Decreto 1313 de 1990, el artículo 27 de la Ley 101 de 1993, el artículo 74 de la Ley 633 de 2000, el artículo 21 de la Ley 1151 de 2007 prorrogado por el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, y de conformidad con los mandatos de la Ley 1448 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que según lo dispuesto en la Ley 16 de 1990 y el Decreto 1313 de 1990, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario es el organismo rector del financiamiento del sector agropecuario y le corresponde fijar las políticas sobre el crédito para dicho sector y la coordinación y racionalización del uso de sus recursos financieros.

Que la Ley 16 de 1990 y el Decreto 1313 de 1990, otorgan a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, entre otras, las siguientes funciones:

• Establecer las actividades, los costos y los porcentajes de estos últimos que podrán ser objeto de financiación por parte de las entidades que integran el sistema nacional de crédito agropecuario.

• Fijar, dentro de los límites de carácter general que señale la Junta Directiva del Banco de la República, las políticas sobre tasas de interés que se cobrarán a los usuarios del crédito por parte de las entidades que integran el sistema nacional de crédito agropecuario.

• Fijar periódicamente las tasas y márgenes de redescuento de las operaciones que en cumplimiento de la política de crédito definida por la comisión, deba ejecutar Finagro.

• Determinar las condiciones económicas de los beneficiarios, la cuantía individual de los créditos susceptibles de garantía, la cobertura de la garantía, el valor de las comisiones que se cobrarán a todos los usuarios de crédito y la reglamentación que asegure la operatividad del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG.

• Definir las líneas de crédito que otorgarán las entidades que integran el sistema nacional de crédito agropecuario, y las instituciones bancarias y financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera, y definir los bienes y servicios que podrán financiarse con cada una de las líneas de crédito.

Que la Ley 101 de 1993, “Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero”, dispuso en su artículo 27 que el Fondo Agropecuario de Garantías también podrá respaldar los créditos otorgados por las demás instituciones bancarias, financieras, fiduciarias y cooperativas debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera para otorgar créditos con destino al sector agropecuario.

Que el artículo 74 de la Ley 633 de 2000 dispuso que el FAG podrá otorgar garantía a los proyectos agropecuarios, de acuerdo con el reglamento que para tal fin expida la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

Que el artículo 21 de la Ley 1151 de 2007 (por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010), cuya vigencia fue prorrogada por el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011 (por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), dispuso que Finagro continuará administrando el FAG, como fondo especializado para garantizar los créditos que se otorguen dentro del sistema nacional de crédito agropecuario y rural.

Que de conformidad con el artículo 129 de la Ley 1448 de 2011 (por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones), Finagro establecerá líneas de redescuento en condiciones preferenciales dirigidas a financiar los créditos que otorguen los establecimientos de crédito a las víctimas de que trata dicha ley, para financiar actividades tendientes a la recuperación de su capacidad productiva.

Que un proyecto de esta resolución estuvo previamente disponible para comentarios de las partes interesadas en la página de Internet de Finagro, y

Que Finagro como secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, presentó ante los miembros la justificación técnica y jurídica de la presente resolución, la cual fue discutida en la reunión llevada a cabo el 16 de mayo de 2012.

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el artículo primero de la Resolución 11 de 2011, el cual quedará así:

“Autorízase al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, para que en su programa de crédito y con cargo a los recursos de inversión obligatoria en TDA clase A y recursos que se reciban de cooperación, nacional o internacional, destine recursos para préstamos a población individualmente calificada como víctima del conflicto armado interno, desplazada o reinsertada, o las asociaciones, agremiaciones, cooperativas no financieras y ONG, que asocien, agrupen o integren a población calificada como víctima del conflicto armado interno, desplazada o reinsertada, o vinculada a los programas de desarrollo alternativo que determine el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad definida para el efecto por el Gobierno Nacional, hasta por un saldo máximo de cartera con recursos de Finagro de cien mil millones de pesos ($ 100.000.000.000.00)”.

ART. 2º—Modificar el artículo 1º(sic) de la Resolución 11 de 2011, el cual quedará así:

“Los créditos que se otorguen en desarrollo de la presente resolución, se deberán destinar a la financiación del capital de trabajo y las necesidades de inversión propias de: actividades productivas agropecuarias, acuícolas, forestales, de pesca y rurales, reglamentadas por Finagro. En ningún caso se podrán utilizar los recursos para cubrir los costos de establecimiento o de operación de la persona jurídica que actúe como integrador, ni para satisfacer la necesidades básicas del grupo familiar de los vinculados a los proyectos. Se exceptúa de esta prohibición el pago de los servicios de mano de obra que sea prestada para la ejecución del proyecto por la población vinculada; así como los costos operativos para la ejecución y puesta en marcha del proyecto en que incurra el integrador, bien sea directamente o a través de un operador.

Para efectos de la aplicación de lo establecido en esta resolución se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

Asociación, agremiación, cooperativa, ONG: persona jurídica, legalmente constituida, que selecciona y asocia o integra a la población desplazada, reinsertada y la vinculada a programas de desarrollo alternativo, así como las unidades productivas en las que se desarrollarán los proyectos productivos agropecuario, y que dispone de la capacidad administrativa y técnica para su identificación, formulación y ejecución, asegurando la comercialización de la producción esperada. En el caso que la persona jurídica no disponga de capacidad administrativa y/o técnica puede contratar los servicios de un operador.

Operador: persona jurídica, legalmente constituida, que cuenta con la capacidad administrativa y/o técnica para ejecutar un proyecto productivo agropecuario asociativo que vincule a población desplazada reinsertada o de programas de desarrollo alternativo, o proyectos individualmente considerados de población desplazada o reinsertada.

Población desplazada, reinsertada o vinculada a programas de desarrollo alternativo: persona natural que se encuentra registrada en las bases de datos de las entidades definidas por el Gobierno Nacional para el efecto y que por lo tanto cuenta con la certificación de desplazado, reinsertado o desmovilizado, o vinculado a programas de desarrollo alternativo.

Población víctima del conflicto armado interno: persona natural que califique como víctima en los términos de la Ley 1448 de 2011, condición que se acreditará en la forma prevista en dicha ley y sus disposiciones reglamentarias.

Los proyectos que se vayan a desarrollar bajo esquemas asociativos deben contemplar acuerdos y compromisos formales entre los integrantes de la cadena productiva para el desarrollo de la producción bajo condiciones técnicas adecuadas y eficientes de producción, y a través de los mismos se deberá asegurar la identificación de cada productor y la unidad productiva integrada, asistencia técnica integral, costos de producción por unidad productiva, la absorción, precio y pago de la producción esperada en condiciones preestablecidas acordes con los mercados y con mecanismos que propicien el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, incluidas las financieras”.

ART. 3º—Modificar el inciso 1º y el literal a) del artículo 2º de la Resolución 16 de 2011, los cuales quedarán así:

“Los términos y condiciones financieras de los créditos agropecuarios redescontables ante el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, para beneficiarios definidos como pequeños productores, mujer rural de bajos ingresos, programas para población desplazada, reinsertados, comunidades negras o población objeto de programas de desarrollo alternativo definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, víctimas del conflicto armado interno, excluidas las operaciones a través del mecanismo de bonos de prenda, serán;

a) La tasa de interés anual podrá acordarse entre el intermediario financiero y el beneficiario del crédito, sin exceder el valor de la tasa DTF efectiva anual más seis puntos porcentuales (6%) para los créditos a pequeños productores y comunidades negras; DTF efectiva anual más cuatro puntos porcentuales (4%) para créditos a mujeres rurales de bajos ingresos y DTF efectiva anual más dos puntos porcentuales (2%) para programas dirigidos a población víctima del conflicto armado interno, desplazada o reinsertada y programas de desarrollo alternativo”.

ART. 4º—Adicionar al artículo 2º de la Resolución 16 de 2011, un parágrafo del siguiente tenor:

“PAR. 3º—Con cargo a los recursos de inversión obligatoria en TDA clase A y recursos que se reciban de cooperación, nacional o internacional, se destinarán recursos para préstamos a población individualmente calificada como víctima del conflicto armado interno, desplazada o reinsertada, o las asociaciones, agremiaciones, cooperativas no financieras y ONG, que asocien, agrupen o integren a población calificada como víctima del conflicto armado interno, desplazada o reinsertada, o vinculada a los programas de desarrollo alternativo que determine el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad definida para el efecto por el Gobierno Nacional, hasta por un saldo máximo de cartera con recursos de Finagro de cien mil millones de pesos ($ 100.000.000.000.00)”.

ART. 5º—El monto máximo de crédito para un productor que califique como víctima del conflicto armado interno dependerá del tipo de productor en que clasifique de conformidad con la normatividad vigente.

ART. 6º—Garantías FAG para víctimas del conflicto armado interno. El Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, podrá otorgar garantías a los créditos de la población calificada como víctima del conflicto armado interno, en las siguientes condiciones:

• Hasta del 100% para pequeños productores. La comisión de garantía será del 1,5% anual.

• Hasta del 85% para medianos productores, cuando el saldo de los créditos con garantías de FAG vigentes en Finagro incluido el nuevo crédito no superen los 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La comisión de garantía será del 3,75% anual.

• Hasta del 70% para medianos productores, cuando el saldo de los créditos con garantías de FAG vigentes en Finagro incluido el nuevo crédito superen los 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La comisión de garantía será del 3% anual.

• Hasta del 60% para grandes productores. La comisión de garantía será del 4,5% anual.

ART. 7º—La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Dada en Bogotá, D.C., a 16 de mayo de 2012.