Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

RESOLUCIÓN 306 DE 2017

(Mayo 4)

“Por la cual se establece un mecanismo de articulación de las rutas de protección de predios, vía inscripción en el RUPTA con la política de restitución de tierras conforme a lo dispuesto en la orden séptima del Auto 373 de 2016, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Decreto 2365 de 2015, con el fin de regular y precisar el procedimiento para la adecuada administración del sistema de información RUPTA en los términos señalados por el parágrafo 1º del artículo 28 del Decreto 2365 de 2015”.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las previstas en el artículo 105 (numeral 10) de la Ley 1448 de 2011, 28 del Decreto-Ley 2365 de 2015, 9º (numeral 16) del Decreto 4801 de 2011, Decreto 2051 de 2016 y normas afines a la materia, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 387 de 1997 en su artículo 19 establece que “las instituciones comprometidas en la atención integral a la población desplazada, con su planta de personal y estructura administrativa, deberán adoptar a nivel interno las directrices que les permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada, dentro del esquema de coordinación del sistema nacional de atención integral a la población desplazada”.

Más adelante en el numeral 1º del artículo 19, ordena: “El Incora llevará un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia e informará a las autoridades competentes para que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de título de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos”.

Que la Corte Constitucional declaró frente a la situación de la población desplazada en Colombia un estado de cosas inconstitucional mediante Sentencia T-025 de 2004. Con ocasión de ello, ha proferido diferentes autos de seguimiento, entre ellos, el 219 de 2011 y 026 de 2013, donde afirma que existe incertidumbre jurídica y normativa frente al uso del RUPTA como herramienta de prevención y protección frente a situaciones de despojo o abandono forzoso de tierras una vez entró en vigencia la Ley 1448 de 2011.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012 consideró que en estricto sentido jurídico el derecho a la restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente procede respecto de los propietarios, poseedores u ocupantes, lo que no comprende a quienes se encuentren en situación de tenencia, arrendamiento, aparcería y similares, sin perjuicio de que si esas personas son víctimas del conflicto armado puedan acceder a otros componentes de reparación o a la vía judicial ordinaria para la reivindicación de derechos.

Que el parágrafo 1º del artículo 28 del Decreto 2365 de 2015, ordenó la transferencia del sistema de registro único de predios y territorios abandonados por la violencia (RUPTA), por parte del Incoder en liquidación, a la Unidad de Restitución de Tierras para su administración.

Que es pertinente articular tanto la competencia en materia de protección de predios abandonados forzosamente, como la administración del sistema de información RUPTA con fines de restitución de tierras en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de acuerdo con lo señalado en el inciso 2º del numeral 1º del artículo 19 de la Ley 387 de 1997, así como en el Decreto 2365 de 2015.

Que la Corte Constitucional profirió el Auto 373 de 23 de agosto de 2016, en cuyo punto séptimo resolutivo se ordena a la Unidad de Restitución de Tierras, la creación de un mecanismo “que permita la articulación de las rutas de protección de predios —individual y colectiva— vía su inscripción en el registro único de predios y territorios abandonados (RUPTA), con la política de restitución de tierras”. Conforme a lo anterior, ese mecanismo debe permitir realizar un ejercicio de evaluación que permita determinar, a partir de un procedimiento reglado y no discrecional, “si se adopta o no una medida de protección de predios en relación con las solicitudes de restitución que se encuentran en las zonas en las que no se ha implementado aún el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente (RTDAF), mientras se surte el proceso de microfocalización, en los términos descritos en el presente auto”.

Que en respuesta al Auto 373, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió el Decreto 2051 del 15 de diciembre de 2016, “por el cual se adiciona un capítulo al título I de la parte 15 del Decreto 1071 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con el registro único de predios y territorios abandonados (RUPTA)”.

Que el artículo 1º del mencionado decreto, adiciona el capítulo 8 al título 1 de la parte 15 del libro 2 del Decreto 1071 de 2015, estableciendo en el artículo 2.15.1.8.1, que el objeto de este capítulo es reglamentar aspectos relacionados con el registro único de predios y territorios abandonados (RUPTA), con el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.

Que el Decreto 2051 de 2016 “por el cual se adiciona un capítulo al título I de la parte 15 del Decreto 1071 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con el registro único de predios y territorios abandonados (RUPTA)”, derogó los artículos 2.14.14.1, excepto su parágrafo 3º; 2.14.14.2; 2.14.14.3, y el 2.14.14.4 del Decreto 1071 de 2015 y demás normas que le sean contrarias, cuyos efectos exigen una adecuación de los procedimientos, para que las solicitudes de los interesados o afectados con las medidas de protección, no queden en vacío jurídico.

Que el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, no regula un procedimiento administrativo especial para el trámite del registro RUPTA ni la referida ley establece la obligación de protección de la tierra frente al riesgo inminente de desplazamiento. Luego, no era posible reglamentar la materia ni establecer procedimientos que vayan más allá de la ley.

Que el artículo 34 de la Ley 1437 de 2011, establece que “las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta parte primera del código”.

Que la atención de los requerimientos de protección implica generalmente, para su eficaz respuesta, la realización de una serie de actuaciones probatorias y diligencias sobre los predios como inspecciones oculares, identificación de linderos, observación de sus características agroecológicas y de explotación, verificación de dimensiones, recepción de testimonios de colindantes, las cuales deben adelantarse en zonas alejadas o de difícil acceso afectadas por el conflicto armado interno. Lo anterior, visto en funciones de tiempo, costos, disposición de recurso humano y profesional, demandan un considerable esfuerzo y una exigente preparación logística, cuyo desarrollo y ejecución no corresponde con las reglas del procedimiento ordinario de la Ley 1437 de 2011, adecuado en términos y actuaciones de la administración, a responder solicitudes de información o entrega de documentos.

Que en mérito de lo expuesto, la dirección general,

RESUELVE:

ART. 1º—Administración del RUPTA. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas cumplirá las funciones derivadas de la administración del RUPTA y atenderá los requerimientos de protección o cancelación de esta medida, a través de decisiones motivadas, las cuales se sujetarán al procedimiento administrativo general regulado en la Ley 1437 de 2011, al Decreto 2051 de 2016 y a las presentes directrices internas habilitadas en virtud del artículo 19 de la Ley 387 de 1997.

La protección de predios ampara las relaciones de propiedad, posesión u ocupación de baldíos susceptibles de adjudicación. En zonas no microfocalizadas, los requerimientos de protección se aplicará el trámite previsto en esta resolución, mientras que en áreas microfocalizadas se tramitarán con el procedimiento administrativo especial de restitución de tierras de que trata el Decreto 1071 de 2015.

La protección e información obtenida para tal fin constituirá insumos o elementos probatorios para el trámite de la acción de restitución, cuando con ocasión del desplazamiento se produjo abandono forzado, despojo o afectación de derechos en los términos descritos en el capítulo III del título IV de la Ley 1448 de 2011.

La información existente sobre tenedores y otras relaciones fácticas o jurídicas que no sean objeto de protección o restitución de tierras, será remitida a las instituciones competentes en materia de servicios y políticas sociales del Estado colombiano, sin perjuicio de las acciones ordinarias a las que puede acudir el interesado.

ART. 2º—Derecho de hábeas data del requirente de protección de predios abandonados forzosamente. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas garantizará la confidencialidad de la información suministrada por los requirentes de protección o cancelación de predios abandonados forzosamente, para prevenir afectaciones a su intimidad, vida, integridad y seguridad personal, y preservar el adecuado desarrollo del trámite administrativo.

ART. 3º—Requerimiento de protección de predios abandonados forzosamente en el registro de tierras despojadas y abandonadas. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a través de sus direcciones territoriales, recibirá y tramitará los requerimientos de protección de los propietarios, poseedores u ocupantes, sobre sus predios abandonados forzosamente. En aquellos lugares donde no exista sede de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de la Restitución de Tierras Despojadas, el Ministerio Público recibirá la información de los requirentes a través del mecanismo que para tal fin disponga dicha unidad.

Si el requerimiento es presentado ante una autoridad que no sea competente, esta la enviará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015.

ART. 4º—Contenido de los requerimientos de protección de predios abandonados forzosamente en el registro de tierras despojadas y abandonadas. Los requerimientos contendrán como mínimo la siguiente información:

1. Identificación de la persona que solicita la protección del predio. En caso de que el requirente declare no tener cédula de ciudadanía, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas procederá a remitirla a los centros regionales de atención y reparación para que allí se adelante el trámite respectivo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2. La acreditación sumaria de la relación jurídica con el predio.

3. Las condiciones previstas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997, y los artículos 60, parágrafo 2º y 75 de la Ley 1448 de 2011.

4. La identificación preliminar del predio, que debe contener como mínimo el nombre del departamento, municipio, corregimiento, vereda y la dirección y/o nombre del predio, en los casos en que exista. Lo anterior asociado a una descripción narrativa de la ruta y medios para llegar al predio desde la cabecera municipal o población más cercana reconocida por el solicitante.

5. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ha operado la afectación de los derechos ante la ocurrencia de desplazamiento y abandono forzoso del predio objeto del requerimiento.

ART. 5º—Desistimiento. Si lo aportado por el interesado no reúne lo indicado en el artículo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas realizará las diligencias dirigidas a recabar la información pertinente lo que incluye el contacto de la persona dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de dicha información en la dirección territorial, para que en el término de un (1) mes se acerque a la misma, ratifique su voluntad para adelantar el procedimiento, complemente la información previamente enumerada y allegue la documentación de que disponga para adelantar el trámite.

Ese término podrá ser prorrogado por uno igual si se da el supuesto previsto en el inciso 3º, del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, o la norma que la derogue, complemente o sustituya.

Si pese a lo señalado no se logra allegar información suficiente o se da la hipótesis descrita en el inciso anterior, la entidad emitirá acto administrativo en el cual se decrete motivadamente el archivo del expediente. Cuando fuere por omisión del interesado, se aplicarán las reglas sobre desistimiento previstas en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015. Contra esta decisión procede recurso de reposición sin perjuicio de que el interesado pueda volver a presentar el requerimiento o la entidad reinicie el trámite cuando se subsanen las deficiencias.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas dejará constancia de todas las comunicaciones e intentos de contacto con el interesado.

El requirente podrá interponer el desistimiento expreso en cualquier momento del trámite y se resolverá conforme lo regula la Ley 1437 de 2011, o norma que la derogue.

ART. 6º—Análisis preliminar. Una vez recibido el requerimiento de protección o cancelación de la medida, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas contará con quince (15) días, para analizar y verificar los hechos, las afirmaciones, su contenido, recabar todas las pruebas y realizar las demás diligencias necesarias, útiles y pertinentes para adoptar una de las siguientes decisiones:

a) Decisión de fondo. En efecto, podrá en cualquier momento de la actuación emitir una decisión de fondo una vez cuenta con los elementos probatorios suficientes para ello.

b) Descartar las solicitudes que no corresponden a un requerimiento RUPTA.

c) Decidir sobre el inicio de estudio formal en aquellas solicitudes que requieren continuar con el trámite, con el fin de recaudar pruebas adicionales que permitan fundamentar la decisión definitiva.

ART. 7º—Acto de inicio de estudio formal. Agotado el término del análisis preliminar la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, procederá a emitir acto de inicio formal en los requerimientos que exijan continuar con el trámite para recabar pruebas y realizar todas las diligencias con el fin de adoptar una decisión de fondo.

Para lo anterior la dirección territorial tiene un término de treinta (30) días, contados a partir del inicio de estudio del requerimiento de protección, para proferir una decisión de fondo. Este término podrá ser prorrogado hasta por treinta (30) días, cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo justifiquen, sin perjuicio de la suspensión a la que hace referencia el artículo 11 de la presente resolución.

Se podrán aportar, solicitar y practicar pruebas de oficio, o a petición del interesado, sin requisitos especiales hasta antes de que se profiera la decisión de fondo.

PAR. 1º—Cuando excepcionalmente no sea posible resolver el requerimiento en los plazos inicialmente establecidos en este artículo, la unidad antes de su vencimiento deberá informar al interesado sobre la necesidad de la prórroga, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, en todo caso sin superar los términos previstos para este trámite.

ART. 8º—Diligencias de identificación predial. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas podrá recabar información proveniente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de las oficinas de catastro descentralizadas y de las oficinas de registro de instrumentos públicos, de la Superintendencia de Notariado y Registro y los demás entes públicos y personas privadas que manejen, administren o tengan en su poder información que pueda servir para individualizar e identificar el predio.

En caso de ser pertinente, la unidad solicitará apoyo a las entidades competentes y a la fuerza pública con el fin de ingresar al predio y recabar la información para lograr su identificación y demás aspectos probatorios pertinentes o conexos.

ART. 9º—Decisión de fondo. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas incluirá en el RUPTA aquellos requerimientos de protección de predios abandonados cuando se determine lo siguiente:

1. La acreditación sumaria de la relación jurídica con el predio.

2. La identificación de quien efectúa el requerimiento.

3. La localización espacial preliminar del predio que dé cuenta de su ubicación político-administrativa (departamento, municipio, corregimiento y vereda).

4. Las condiciones previstas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997 y los artículos 60, parágrafo 2º, y 74 de la Ley 1448 de 2011, especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que operó la afectación de la relación con el predio objeto del requerimiento ante la ocurrencia del despojo, desplazamiento y/o abandono forzoso del mismo.

ART. 10.—Contenido del acto que decide sobre la procedencia de la medida de protección y su inclusión en el RUPTA. El acto administrativo que decide sobre la procedencia de la protección predial contendrá:

1. Motivación. La decisión se sustentará en razones de hecho y de derecho.

2. Medida preventiva de protección del predio. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas ordenará a las autoridades competentes que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de estos predios cuando se adelante contra la voluntad de los beneficiarios de esta medida.

En el evento en que los requirentes sean propietarios o poseedores, las oficinas de registro de instrumentos públicos efectuarán la correspondiente anotación de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria que identifica el respectivo predio con carácter preventivo y publicitario.

En los casos en que el predio no tenga abierto folio de matrícula inmobiliaria, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas ordenará la apertura de un folio provisional siempre y cuando la información catastral permita una identificación preliminar del predio, con el fin de inscribir la medida declarativa y publicitaria de que trata el inciso anterior, a favor del requirente de protección.

En ausencia de información catastral dejará únicamente anotación en el RUPTA, como solicitud de protección sin información institucional georreferenciada. En los anteriores casos se informará a la Agencia Nacional de Tierras para que inicie el proceso de identificación plena del posible predio baldío, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º numerales 5º, 11 y 24 del Decreto 2363 de 2015.

3. Remisión a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en requerimientos de pueblos indígenas. Cuando los requerimientos versen sobre protección de tierras y territorios étnicos ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas, se remitirán a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para lo de su competencia de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 27 del Decreto 2363 de 2015. Lo anterior, sin perjuicio de que en casos de extrema gravedad y urgencia la Unidad de Restitución de Tierras pueda solicitar medidas cautelares de que trata el Decreto-Ley 4633 de 2011.

4. Remisión al Ministerio del Interior en requerimientos de territorios colectivos afrodescendientes. Cuando los requerimientos versen sobre protección de los territorios colectivos constituidos o no, pero que son ocupados ancestralmente —exista o no solicitud de titulación—, se remitirán al Ministerio del Interior, para lo de su competencia de acuerdo con lo dispuesto en el punto resolutivo 5 del Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional.

5. Notificación. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, iniciará los trámites de notificación de estas diligencias a quien efectuó el requerimiento de acuerdo con la forma y términos previstos en los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya.

6. Comunicación. Con la inscripción en el folio de matrícula se entenderá surtida la diligencia de comunicación para los terceros con interés directo, de la que trata la Ley 1579 de 2012, o la norma que lo modifique o sustituya. De igual forma, esta inscripción se publicará en la página web de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas durante 5 días.

PAR.—Contra el acto administrativo que decide sobre la inscripción en el RUPTA procede el recurso de reposición por parte del requirente o del tercero con interés directo, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ART. 9º—(sic) Requerimientos RUPTA en relación al registro de tierras despojadas. Los requerimientos de protección RUPTA en relación al registro de tierras despojadas se analizarán de acuerdo a la implementación del registro de tierras despojadas, así:

1. Los requerimientos de protección de predios que se encuentren en zonas microfocalizadas, serán asumidos de oficio como solicitudes de inscripción al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a las que se les dará el trámite dispuesto en el capítulo tercero, título IV de la Ley 1448 de 2011 de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 2.15.1.8.4 del Decreto 2051 de 2016, y en consecuencia, se regirá por sus términos.

Para tal efecto, la información del requerimiento de protección tendrá que ser complementada para reunir los requisitos de una solicitud de inscripción al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.

2. En aquellos eventos en los que existen requerimientos de protección de predios que versen sobre inmuebles respecto de los cuales finalizó el trámite administrativo o judicial de la acción de restitución de tierras, se procederá conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 2.15.1.8.4 del Decreto 2051 de 2016, salvo que se trate de hechos victimizantes diferentes o posteriores.

3. Los requerimientos de medidas de protección sobre predios ubicados en zonas no microfocalizadas que coincidan o no con solicitudes de inscripción en el RTDAF, se adelantarán conforme al procedimiento señalado en esta resolución. La decisión proferida, constituirá prueba en el trámite administrativo que adelante la Unidad de Restitución una vez se realice la microfocalización de la zona donde se ubica el predio objeto de esta solicitud.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de decidir sobre solicitudes de inscripción en el RTDAF, que se ubiquen en zonas no microfocalizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.15.1.3.5 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 440 de 2016.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, deberá comunicarle al requirente el trámite que tendrá su solicitud de acuerdo a las situaciones anteriormente descritas.

ART. 11.—Suspensión. Cuando existan razones objetivas o causas no imputables a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras se podrá suspender el trámite de los requerimientos de protección en cualquier momento de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.15.1.1. 5 del Decreto 1071 modificado y adicionado por el artículo 4º del Decreto 440 de 2016.

ART. 12.—Efectos de la inscripción de la protección de predios abandonados forzosamente. Con respecto a los propietarios, la inscripción de la medida de protección impedirá la enajenación o transferencia del derecho de dominio hasta que ella sea cancelada. Para tal fin la Unidad de Restitución de Tierras hará la remisión respectiva a la oficina de registro de instrumentos públicos para lo de su competencia.

En relación con el poseedor, la inscripción de la medida de protección tendrá efecto meramente preventivo y publicitario, lo que implica que esta no impide el registro de actos de señor y dueño efectuados por el propietario, así como la constitución de hipotecas, usufructos, garantías y otros actos de disposición de esos bienes. Para tal fin la Unidad de Restitución de Tierras hará la remisión respectiva a la oficina de registro de instrumentos públicos para lo de su competencia.

En relación con el ocupante, la inscripción de la medida de protección se comunicará a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para que se abstenga de titular el predio a personas distintas al requirente, hasta que en su oportunidad se determine lo pertinente en la decisión de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente o en las providencias que dicten los jueces de restitución.

ART. 13.—Trámite de protección preventiva de derechos territoriales de comunidades y pueblos indígenas. En relación con las solicitudes de protección preventiva de derechos territoriales étnicos que gocen de titulación colectiva, se tramitarán por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 149 y 150 del Decreto-Ley 4633 de 2011, independientemente que exista o no focalización. Las medidas de protección preventiva de derechos territoriales étnicos serán inscritas en el componente étnico del registro de tierras despojadas y forzosamente abandonadas.

ART. 14.—Cancelación de la anotación de la medida de protección. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º de la actual resolución, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a través de sus direcciones territoriales, recibirá y tramitará las solicitudes de cancelación de la anotación de la medida de protección individual o colectiva, las cuales podrán ser presentadas individualmente respecto de los predios singularmente considerados. En aquellos lugares donde no exista sede de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de la Restitución de Tierras Despojadas, el Ministerio Público recibirá la información de los requirentes de cancelación a través del mecanismo que para tal fin disponga dicha unidad.

Si la solicitud de cancelación es presentada ante una autoridad que no sea competente, esta la enviará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015.

La cancelación de la medida de protección procederá en los siguientes casos:

1. Cuando la solicite el beneficiario de la medida de protección inscrito sea en nombre propio o a través de apoderado, representante o autorizado; o sus sucesores, cuando el beneficiario haya fallecido, siempre que la sucesión se encontrare inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria y para todos los casos con la previa comprobación de la voluntad expresa, libre, consciente e informada.

2. Cuando la solicite el propietario del predio, y la medida inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria se encuentre a favor de otra persona. En estos casos procederá la cancelación, siempre que:

2.1. El predio objeto de la medida de protección haya sido solicitado en restitución de tierras por el beneficiario de la medida o sus sucesores, y el ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente de dicho solicitante haya sido denegado o negada la restitución.

2.2. No se haya solicitado en restitución el predio por el beneficiario de la medida de protección o sus sucesores, durante la vigencia de la Ley 1448 de 2011.

2.3. Del análisis probatorio se verifique que el beneficiario de la medida no tuvo una relación jurídica con el predio, o la condición de víctima de despojo, abandono o desplazamiento, o cuando la unidad advierta que la medida estuvo basada en fraude, irregularidad, colusión o cualquier otra ilicitud por parte de funcionarios, requirentes o cualquier otra persona en lo relacionado con la protección de predios abandonados forzosamente.

En cualquiera de las tres situaciones descritas en el numeral 2º del presente artículo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas podrá realizar la cancelación de manera oficiosa. En este caso la entidad enviará una comunicación adjuntando el correspondiente acto administrativo, para que la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos proceda a cancelar la medida de protección.

Cuando se trate de baldíos de la Nación la Unidad comunicará a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para lo de su competencia una vez se encuentre cancelada la medida de protección y a la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos, para lo de su competencia.

Contra el acto que decide la cancelación procederá el recurso de reposición por parte del solicitante de la misma, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas ordenará a la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos la correspondiente cancelación en el folio de matrícula inmobiliaria que identifica el bien inmueble objeto de requerimiento; dicha actuación deberá ser actualizado en el sistema RUPTA

PAR. 1º—En virtud de la derogatoria expresa que realiza el artículo 2.15.1.8.5 del Decreto 2051 de 2016, no proceden las autorizaciones para enajenación de un bien inmueble, por lo cual para todo los efectos, se deberá adelantar el trámite de cancelación previsto en este artículo.

ART. 15.—Protección colectiva. En virtud de la derogatoria expresa a la que hace referencia el artículo 2.15.1.8.5 del Decreto 2051 de 2016, en cuanto a la protección colectiva, las personas identificadas en las zonas de inminencia de riesgo de desplazamiento y/o beneficiarias de medida de protección colectiva, podrán solicitar la cancelación de esta medida conforme al trámite expuesto para un requerimiento individual.

La unidad podrá tramitar, de oficio o a petición de parte, conjuntamente aquellos requerimientos de protección o cancelación que conserven uniformidad respecto a la vecindad de los predios despojados o abandonados, el tiempo y la causa del desplazamiento.

ART. 16.—Transición y competencia. De conformidad con el artículo 7º (num. 4º) de la Ley 1437 de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas asumirá, según orden de llegada del requerimiento y progresivamente, el estudio y decisión de los casos de inscripción o de cancelación de la medida de protección en el RUPTA que se hallen en curso y le sean transferidos en los términos señalados en el Decreto 2365 de 2015 y de los que se presenten a partir de la vigencia del presente acto.

PAR.—Respecto a los archivos y documentación que al momento de transferir el sistema RUPTA a la Unidad de Restitución de Tierras se encuentren en los comités de justicia transicional u otras entidades diferentes al Incoder en liquidación y que por sus características también le deban ser entregados, el traspaso se realizará conforme a los parámetros especiales que para el caso disponga el Archivo General de la Nación, atendiendo lo previsto en el artículo 17 del Decreto 2365 de 2015, la Ley 594 de 2000 y el Decreto 29 de 2015, en lo pertinente.

ART. 17.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga la Resolución 723 de 2016 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 4 de mayo de 2017.