Ministerio de Defensa Nacional

RESOLUCIÓN 3079 DE 2016 

(Abril 18)

“Por la cual se adopta la Política de Defensa y Seguridad ‘Todos por un Nuevo País’”.

El Ministro de Defensa Nacional,

en ejercicio de la facultad legal que le confiere el artículo 59 numeral 6º de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 2º numeral 2º del Decreto 4890 de 2011,

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar la política de defensa y seguridad “Todos por un Nuevo País”, cuyo contenido en 36 folios, se incorpora y hará parte integral de la presente resolución.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 18 de abril de 2016.

TABLA DE CONTENIDO
I. PRESENTACIÓN
II. ESCENARIO ESTRATÉGICO
III. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA COLOMBIA
3.1. Principios de la Política sectorial
3.2. Objetivo General y estratégicos de la Política
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA
4.1. Contribuir con las capacidades de la Fuerza Pública a la terminación del conflicto, la construcción y el mantenimiento de la paz
4.2. Garantizar mayores y mejores niveles de seguridad ciudadana fortaleciendo las relaciones del ciudadano con el policía
4.3. Contribuir a la modernización de la sociedad rural vinculando al sector Defensa a las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional para el desarrollo
4.4. Combatir las nuevas y tempranas expresiones de Crimen Organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado, usando todas las capacidades de la Fuerza Pública
4.5. Garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional, protegiendo los intereses nacionales
4.6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y la seguridad jurídica, la gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública
4.7. Fortalecer la proyección internacional del sector como participe de la Política Exterior establecida por el Gobierno, mediante una mayor cooperación bilateral, triangular y multilateral con los países aliados y estratégicos.
4.8. Poner a disposición del Estado colombiano las capacidades de la Fuerza Pública para mitigar los efectos del cambio climático, atender desastres naturales y proteger los ecosistemas.
4.9. Poner al servicio del desarrollo nacional, comercial, industrial y agrícola las capacidades empresariales del sector Defensa

I. PRESENTACIÓN
Desde 1998 el Sector Defensa ha formulado políticas y puesto en marcha estrategias, planes y programas, que han garantizado un desarrollo coherente, continuo y estratégico de los temas medulares de la agenda de defensa y seguridad del país, marcando con esto la senda hacía la paz que hoy se avecina.
De esta forma se ha logrado transformar la estructura de la Fuerza Pública profesionalizando su personal, mejorando sus capacidades operacionales y logísticas, fortaleciendo la producción de inteligencia para la toma de decisiones estrategias u operacionales, incrementando la proyección internacional del Sector y forjando alianzas con otros Estados u Organizaciones Internacionales, así como cimentando una transformación hacia el futuro en el posconflicto.
Asimismo, el Sector ha contribuido a la consolidación del Estado de Derecho y ha mejorado el desempeño sectorial en temas trascendentales como el respeto y defensa de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y el mejoramiento del bienestar, la moral y la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El proceso de mejoramiento continuo en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas es el que ha permitido la continuidad de los programas estructurales que han logrado transformar de manera favorable para el Estado colombiano las condiciones de defensa y seguridad del país en las últimas dos décadas, proceso que siempre ha estado soportado por una voluntad política para alcanzar la paz y el apoyo permanente de los colombianos.
El trabajo disciplinado, profesional y decisivo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ha dejado como resultado el debilitamiento estructural de las diferentes organizaciones al margen de la ley que de forma significativa han amenazado al Estado y a sus ciudadanos. En este nuevo cuatrienio las Fuerzas Armadas de Colombia seguirán teniendo un rol primordial en el proceso de contribuir a la paz, ser garantes de la misma, luchar contra el crimen organizado, garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la defensa de la soberanía; apoyando así mismo el desarrollo del país para contribuir a dar forma a una nueva Colombia en paz, más equitativa y mejor educada.
Una nueva Colombia que prioriza lo social, moderniza la infraestructura, mejora la calidad de la educación, garantiza la salud y garantiza la seguridad para llevar el país hacia la paz duradera y estable. La nueva Colombia se edifica sobre los hombros de nuestros héroes, de esos hombres y mujeres de la Fuerza Pública que día a día luchan por construir un futuro mejor y más próspero para sus conciudadanos. Es gracias a su esfuerzo y dedicación que podemos decir que se está construyendo un mejor país. Por ello las Fuerzas Armadas en cumplimiento de su deber continuarán desarrollando acciones que permitan una Colombia más segura y prospera para las generaciones futuras. Unas Fuerzas Armadas que no se quedarán inmersas en un pasado admirable, sino que desde el presente miran hacia adelante, para forjar una patria en paz, moderna y transparente, al servicio de todos sus habitantes.

Como Ministro de Defensa, mis responsabilidades estarán siempre fundadas en seis principios, que serán transversales a toda la gestión sectorial. En primer lugar el principio romano de prepararnos para la guerra porque estamos listos para la paz; en segundo lugar el principio griego que dice que no hay que temer a la estrategia del enemigo sino a nuestros propios errores; en tercer lugar el presupuesto es hijo de la estrategia y no la estrategia hija del presupuesto; en cuarto lugar no hay en este Ministerio persona o unidad que no tenga una misión conocida y medible; en quinto lugar el Ministro hace la política, la Fuerza Pública las operaciones y en sexto lugar el Sector Defensa trabaja para los jóvenes, para el futuro, no para el pasado.

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De esta forma la presente política recoge la visión del Sector Defensa frente a los diferentes desafíos que deben afrontarse, en el marco de la paz y el posconflicto, en los ámbitos de la defensa nacional, la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado, en los próximos cuatro años. La Política plantea un diagnóstico que soporta la formulación de un objetivo general y nueve objeticos estratégicos sectoriales que serán desarrollados a través de los diferentes planes estratégicos institucionales.
Dichos objetivos buscan responder a los retos y oportunidades existentes en las áreas de contribución a la paz, la defensa nacional, la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la transformación del Sector, la cooperación internacional, la gestión del riesgo, el bienestar de los miembros de la Fuerza Pública y la protección del medio ambiente; así como las necesarias contribuciones al desarrollo del país y las modernizaciones que se requerirán en la construcción de la paz y el posconflicto. De esta forma el Sector Defensa no declinará en su voluntad de seguir adelante, con arrojo y decisión, para continuar construyendo el país que anhelamos: En paz, con mayor equidad y mejor educado.

II. ESCENARIO ESTRATÉGICO
Las inversiones, políticas y planes de defensa y seguridad desarrollados por el Sector en los últimos años han permitido importantes avances en diversos y fundamentales aspectos de la vida nacional. El país se ha transformado en la última década y media, con lo que se ha dado forma a una nueva Colombia, más próspera, equitativa y segura, en la que el crecimiento económico pasó de un 2.9% en 2000, a un 4.6% en 2014, el PIB per cápita pasó US$ 2.518 en 2000 a US$ 8.164 en 2014; la inversión extranjera directa creció de un 2.4% en 2000 a un 4.2% en 2014, mientras que la tasa de pobreza paso de un 55% a un 28.5% en el mismo periodo, tal y como se muestra en la tabla 1.
En ese favorable contexto nacional, el Sector Defensa aborda el análisis de los escenarios de defensa y seguridad como un sistema complejo caracterizado por una dinámica, que se ve influenciada por factores del entorno global, regional y nacional. El posicionamiento estratégico del país en el ámbito de la seguridad y defensa pasa por una valoración de los entornos estratégico global, regional y nacional a través de una permanente evaluación de los retos presentes en dichos escenarios.
El análisis del escenario global está dado por el creciente empoderamiento económico y militar de los denominados países emergentes, acompañado de una reorientación estratégica de los países industrializados. Esto se ha traducido en un aumento de las diferentes alianzas entre los países que representan las principales economías del mundo tales como Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Rusia y aquellas naciones que se han constituido como líderes regionales tales como Brasil, México, Irán, Turquía e India, entre otros.
En este escenario, el ambiente geopolítico global evidencia inestabilidad y vulnerabilidades crecientes en diversas zonas geográficas donde confluyen Estados débiles o fallidos, el terrorismo, fundamentalismos religiosos, la delincuencia organizada trasnacional, economías extractivas, regímenes políticos débiles o ilegítimos e intereses de diverso tipo de potencias regionales o mundiales y que colisionan en estos lugares.
Junto a esta inestabilidad internacional existe un fenómeno creciente de tensiones al interior de los Estados generadas por un amplio espectro de causas sociales, políticas, económicas, ambientales o culturales que tienden a escalar y exacerbar diversos tipos de conflictos con la capacidad de generar efectos globales o regionales perjudiciales. El tablero estratégico global continúa marcado por la cada vez más relevante posición de actores no estatales que incluyen desde organismos multilaterales regionales e instancias judiciales supranacionales, hasta movimientos sociales, políticos, económicos, criminales o terroristas que transcienden las fronteras y que hacen aún más complejas las relaciones entre los Estados.

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Así mismo, el Sector reconoce que las amenazas provenientes del entorno global vienen reabriendo el debate de los roles y misiones de las Fuerzas Militares y de Policía, debido al impacto que amenazas como el terrorismo y el crimen organizado tienen sobre el orden interno, la libertad y la seguridad de las personas, siendo por ello una prioridad para la Seguridad Nacional. Por ello el Sector planteará este debate que gira en torno a la utilización de las Fuerzas Militares en operaciones de seguridad interna, así como del desarrollo de herramientas internacionales y marcos jurídicos para tal fin.
Es así como el panorama estratégico global pone ante el Sector Defensa escenarios caracterizados por la presencia de actores y fenómenos altamente interconectados que configuran escenarios marcados por la presencia de tupidas redes trasnacionales que abarcan desde procesos de ayuda para hacer frente a un desastre natural o una crisis humanitaria, hasta organizaciones vinculadas con todo tipo de actividades ilegales así como Estados que se valen de redes para alcanzar sus objetivos o proteger sus intereses. Esta situación global obliga al Sector Defensa a construir visiones cada vez más integrales y esquemas de gobernanza más sólidos que le faciliten hacer frente a la creciente complejidad del escenario internacional, potenciando aquellas acciones que permitan aprovechar las acciones positivas que allí se presentan, así como minimizar los riesgos o amenazas que le pueden afectar.
En el escenario regional el Sector ha logrado buscado construir una posición de liderazgo, mediante una gestión bilateral, triangular y multilateral en la que se ha trabajado con regiones como Centroamérica, países como Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Brasil o Chile y organizaciones como la OEA, buscando cooperar para hacer frente a amenazas comunes, intercambiar experiencias o realizar ejercicios u operaciones coordinadas y combinadas. En este escenario se observan elementos como un reordenamiento de la integración regional, una mejora relativa en las condiciones socioeconómicas de los países latinoamericanos, la presencia de disputas territoriales, desbalances en el equilibrio militar, el incremento de la delincuencia organizada trasnacional y un deterioro de la seguridad de los ciudadanos.
Por ello, frente al escenario regional el Sector Defensa identifica como retos el seguir generando espacios para posicionarse como un actor regional de primer orden en los ámbitos de seguridad y defensa, con proyección regional o incluso global en temas muy específicos. La gestión internacional del Sector Defensa a mediano y largo plazo se enfocará en fortalecer la cooperación, combatir el crimen trasnacional, participar en misiones internacionales u operaciones de mantenimiento de la paz y continuar compartiendo experiencias y conocimientos.
En el escenario nacional convergen los temas inherentes a la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la defensa nacional, áreas misionales del Sector donde se concentran los principales desafíos, donde se han obtenido los más importantes resultados y se dan las más valiosas oportunidades. En ese sentido la situación general de seguridad ha evolucionado de forma muy favorable para el Estado colombiano como resultado del trabajo sostenido de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otras instancias estatales. Los Grupos Armados al Margen de la Ley y el Crimen Organizado con alcance trasnacional, nacional, regional y local, vienen siendo debilitados estructuralmente y desarticulados de manera decisiva, tal y como se evidencia en los siguientes indicadores de seguridad:
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Pese a estos avances, para el Sector es claro que se continuará enfrentando amenazas y retos provenientes de los desafíos que se puedan generar en la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, así como de la defensa de la soberanía y los intereses nacionales. El éxito en la lucha contra los Grupos Armados al Margen de la Ley, que llevó a las FARC a la mesa de negociaciones, generó un cambio de prioridades y percepción en materia de seguridad ciudadana. Con ello se le ha dado un mayor reconocimiento en la agenda pública de aquellos fenómenos criminales que afectan a los ciudadanos en las áreas urbanas, tales como el hurto en diversas modalidades, el homicidio, economías ilegales, microtráfico, microextorsión, lavado de activos, extorsión, secuestro y los ciberdelitos.
Frente a estos delitos se han alcanzado resultados importantes a 2014, como lo son una tasa de homicidios de 27.8 por cada cien mil habitantes, la más baja en los últimos treinta y cuatro años. Con ello el 81% de los municipios registraron entre 0 y 10 homicidios, al tiempo que la piratería terrestre es la más baja en los últimos doce años. Asimismo, las capacidades de la Policía Nacional se han visto fortalecidas con la activación de 17 metropolitanas, de la cuales nueve fueron creadas durante el cuatrienio, dos en 2011, dos en 2012, dos en 2013 y tres en 2014, y la incorporación de 25.000 policías adicionales.
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son relevantes en la agenda de seguridad ya que se han convertido en fenómenos ilegales de alto impacto, por sus conexiones con otros delitos y actividades lícitas. Aunque en el pasado, el origen de la mayoría del dinero de lavado de activos fue el narcotráfico, en la actualidad los fondos provienen de fuentes mucho más diversificadas, lo que requerirá de esfuerzos operacionales y de articulación interinstitucional por parte del Sector.
En el caso de la seguridad en el espacio cibernético, el rápido crecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones no sólo ha permitido aumentar la conectividad global sino que también las amenazas sobre la seguridad en el ciberespacio se han incrementado. Estas amenazas se materializan principalmente en conductas delictivas dirigidas a afectar el patrimonio económico y la intimidad de las personas. Por ello el tema será prioritario dentro de la agenda sectorial de seguridad ciudadana.
Por lo anterior, el Sector ha reconocido en la seguridad y convivencia ciudadana una serie de retos dentro de los cuales se pueden mencionar:
1. Promover una cultura ciudadana y cívica.
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2. Prevenir la aparición de nuevos actores criminales o su reincidencia.
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3. Fortalecer el Estado de Derecho garantizando el imperio de la ley y la justicia.
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4. Mejorar la coordinación y trabajo interistucional en la Policía y la Fiscalía General.
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5. Promover la legalidad, el respeto y la convivencia como prácticas y valores sociales.
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6. Desarticular los mercados de las economías ilegales sobre los cuales se constituyen, articulan y consolidan las estructuras criminales.
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7. Robustecer las acciones de prevención (Participación comunitaria), comunicación vinculante y protección (Infancia, adolescencia y medioambiente).
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8. Combatir el crimen y la delincuencia a través de la focalización de las acciones y el fortalecimiento del personal, las capacidades operativas, la inteligencia, la investigación criminal y el uso de la tecnología.
La lucha contra el Crimen Organizado, que se da en el marco de la seguridad pública, ocupa un lugar prioritario en la agenda sectorial ya que en ella confluyen un amplio espectro de amenazas como los Grupos Armados al Margen de la Ley y las estructuras del crimen organizado, que dan cuerpo a un amplio espectro de delitos como el narcotráfico, el terrorismo, la explotación ilícita de recursos naturales, la minería criminal y el contrabando. Estos desafíos están siendo enfrentados de forma exitosa gracias a la acción conjunta y coordinada de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional así como de un cada vez más eficiente trabajo interinstitucional con otras entidades del Estado a nivel nacional, regional y local, así como de la cooperación internacional.
Gracias a la acción conjunta y coordinada de la Fuerza Pública, a cierre del 2014, el 93% de los municipios no registró acciones subversivas (menor número en doce años), el 89% no registró acciones terroristas de las FARC o el ELN y el 91% de los municipios no registró secuestro extorsivo, al tiempo que se logró el menor número de secuestros en trece años. Finalmente, se puede mencionar que se presentó el menor número de emboscadas en ocho años, así como el menor número de heridos en la Fuerza Pública en los últimos doce años.
Para septiembre de 2015 sesenta y dos cabecillas las FARC y veintidós del ELN fueron neutralizados. Las FARC solo hace presencia efectiva en 18% de los municipios del país y además de los recursos producto del narcotráfico, se han visto involucradas progresivamente en actividades de minería criminal que afectan de forma directa las poblaciones locales al tiempo que deterioran el medio ambiente. Asimismo han concentrado su accionar en el desarrollo de acciones extorsivas y de terrorismo contra la infraestructura.
Por su parte el ELN no tiene presencia efectiva en el 96% del país y se ha mantenido desde 2010 en sus mínimos históricos, basando su existencia en el desarrollo de actividades ilícitas. Es así como las FARC y el ELN, representan para Colombia retos a la seguridad pública derivados de sus formas de financiación, las alianzas con grupos de naturaleza criminal con injerencia local y su eventual transformación en Estructuras del Crimen Organizado. El terrorismo, la exigencia de extorsiones y el uso de áreas fronterizas para realizar actividades ilícitas, así como el uso indiscriminado de artefactos explosivos improvisados y el reclutamiento de menores, son acciones que son y seguirán siendo combatidas con firmeza.
Adicionalmente las estructuras del crimen organizado representan para Colombia retos a la seguridad pública derivados del impacto que tienen sobre el tejido social, político y económico de las regiones donde aún hacen presencia por vía de la corrupción, cooptación de organizaciones locales y el amedrentamiento de los ciudadanos. Para septiembre de 2015 han sido neutralizados cuarenta y ocho cabecillas del crimen organizado, sin que tengan presencia efectiva en el 85% de los municipios del país. Su involucramiento progresivo en las redes de criminalidad local, el microtráfico y la microextorsión, las ubica como un factor determinante en el deterioro de las condiciones de seguridad.
Un esfuerzo especial ha sido realizado para continuar debilitando el narcotráfico, principal fuente de financiación de los Grupos Armados al Margen de la Ley y las Estructuras del Crimen Organizado, que hoy también compiten por el control de los recursos provenientes de la minería criminal. De esta forma no sólo se evitó el ingreso de un importante flujo de dinero a las organizaciones criminales sino que también se impidió la circulación de sustancias psicoactivas tanto en Colombia como en el extranjero.
La minería criminal ha sido, en los últimos años, una fuente de financiación de los Grupos Armados al Margen de la Ley y las Estructuras del Crimen Organizado. En virtud de la magnitud de este fenómeno se han impulsado medidas para fortalecer y mejorar la articulación y la colaboración interinstitucional entre las entidades responsables del control a la minería en el territorio nacional, así como realizar una caracterización de la cadena criminal, lo cual ha permitido identificar nuevos eslabones en el proceso de esta actividad ilícita. Estrechamente vinculado al narcotráfico y el lavado de activos, ha tomado cada vez más importancia el contrabando. Esta actividad ilícita ha sido utilizada de forma creciente por organizaciones criminales para debilitar los circuitos de la economía legal en diferentes zonas del territorio nacional así como para apalancar otras actividades criminales. Por ello el Gobierno Nacional le ha concedido especial importancia dentro de la agenda de seguridad pública.
Es así como frente a las problemáticas generadas por los diferentes temas que constituyen la compleja agenda de seguridad pública, el sector ha identificado como sus principales retos, continuar la lucha contra los Grupos Armados al Margen de la Ley y las Estructuras del Crimen Organizado, evitando el resurgimiento de nuevos actores ilegales. Asimismo se buscará proteger la infraestructura crítica y económica del país, fortalecer la lucha contra las drogas ilícitas, combatir la minería criminal, luchar contra el contrabando, las economías ilegales y la extorsión, así como fortalecer el despliegue y control territorial de la Fuerza Pública.
En el ámbito de la Defensa Nacional la protección de la soberanía y la integridad territorial nacional frente a cualquier tipo de agresión es un componente fundamental de la misión constitucional de las Fuerzas Militares. En línea con su tradición de respeto por el derecho internacional, los principios de no agresión y de cooperación internacional, el Gobierno Nacional ha continuado realizando inversiones en el Comando General, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que le permiten mantener una capacidad disuasiva creíble, dentro de una postura estratégica defensiva.
Pese a lo anterior, los últimos cuatro años han visto el surgimiento y la consolidación de escenarios que han alterado la integridad del territorio nacional, tal y como lo fue el adverso fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia en noviembre de 2012. Por ello el Sector seguirá trabajando para asegurar la construcción y sostenibilidad de un Poder Naval que pueda operar de forma conjunta con el Poder Aéreo y Terrestre, acorde con las amenazas reales o potenciales que puedan afectar la soberanía e integridad territorial en el mar u otras áreas del territorio. La existencia de zonas marítimas sin definir, así como de fronteras terrestres y marítimas vulnerables a acciones hostiles o actores y fenómenos trasnacionales que pueden llegar a crear escenarios conflictivos, hacen que la construcción y el mantenimiento de unas capacidades disuasivas creíbles sea prioridad dentro de la agenda de defensa del país.

III. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA COLOMBIA
La presente Política se formula en el marco de referencia dado por el Plan Nacional de Desarrollo que busca construir una Colombia en paz, equitativa y educada, principios que en su conjunto conforman un círculo virtuoso que guía el accionar del Gobierno. Una sociedad en paz focalizará sus esfuerzos en el cierre de brechas y puede invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su sistema educativo.
Una sociedad equitativa en donde todos los habitantes gozan de los mismos derechos y oportunidades permite la convivencia pacífica y facilita las condiciones de formación en capital humano. Finalmente, una sociedad educada cuenta con una fuerza laboral calificada, que recibe los retornos a la educación a través de oportunidades de generación de ingresos y de empleos de calidad, y cuenta con ciudadanos que resuelven sus conflictos sin violencia. Estas líneas de política nacional requieren de un adecuado ambiente de seguridad y defensa nacional.
¿Qué tipo de Fuerza Pública exigirá el posconflicto? ¿A qué escenarios se deberá responder para lograr una paz duradera? ¿Qué desafíos, amenazas u oportunidades se vislumbran hoy en el país en los ámbitos de la defensa y la seguridad? Las respuestas a estas preguntas estarán en el centro del debate público en el corto y mediano plazo, ya que son complejas y no son susceptibles de soluciones fáciles, simples o carentes de costos.
En función de los escenarios que se vislumbran, para el Sector Defensa es claro que la transición al posconflicto requerirá de la puesta en marcha de acciones que permitan contar con unas Fuerzas Militares y una Policía Nacional motivadas, modernas, fortalecidas, eficientes y con un gasto rebalanceado. Estas acciones serán las que permitirán enfrentar escenarios marcados por una conflictividad que podría llegar a ser armada y frente a la cual se requeriría de una capacidad de respuesta eficaz, pronta y decisiva. Las capacidades operacionales y organizacionales de la Fuerza Pública deberán continuar fortaleciéndose para apoyar la construcción de la paz, así como para responder a los complejos desafíos provenientes de los ámbitos de la seguridad ciudadana, la seguridad pública o la defensa nacional, en la mayoría de los casos, de forma simultánea.
Una Fuerza Pública sólida será la principal y más importante garantía para la superación del conflicto y la construcción de una paz duradera. El Sector Defensa tendrá un papel preponderante frente a los retos mencionados y también tendrá que emplear las capacidades disponibles para responder a misiones hasta hoy no principales como lo son la contribución al desarrollo, el apoyo a la consolidación, la cooperación internacional, la atención de desastres, la mitigación de los impactos del cambio climático, la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, entre otras. El fortalecimiento de la articulación interagencial con todas las entidades del Estado en las regiones, como complemento vital del esfuerzo militar, será la piedra angular de la capacidad para afrontar con éxito los retos sectoriales.
Es en ese contexto que el Ministerio de Defensa formula la presente política para el periodo 2015 - 2018 con el fin de contribuir, desde sus competencias sectoriales, a la construcción de esa Colombia en paz, equitativa y educada, teniendo en cuenta que nadie ha aportado más a la construcción de la paz que las Fuerzas Armadas. Para ello se han identificado unos principios que guiarán el accionar sectorial, así como un objetivo general, nueve objetivos estratégicos y unas estrategias que llevará a cabo el Sector.
3.1 Principios
La Política Sectorial de Seguridad y Defensa 2014 - 2018 está orientada por los principios de:
• Buen gobierno:
Toda la gestión del sector de seguridad y defensa deberá obedecer a los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas.
• Sostenibilidad:
El gasto del Sector debe obedecer a un proceso de planeación responsable y sostenible, que asegure la consistencia entre las prioridades de política, las misiones y capacidades de las Fuerzas y las posibilidades fiscales de la Nación en el mediano y largo plazo.
• Bienestar de la Fuerza Pública:
El bienestar será una de las piedras angulares del Sector buscando garantizar que el personal de la Fuerza Pública acceda a la educación, a la salud, la vivienda, la rehabilitación integral y la seguridad jurídica; con el fin de mantener la moral en alto y elevados estándares profesionales.
• Legitimidad, respeto y garantía de los Derechos
Humanos:
El centro de gravedad del Estado es la legitimidad, la confianza de los ciudadanos, su consentimiento al poder ejercido por las instituciones y al poder ejercido por la Fuerza Pública. Ello implica el compromiso de la Fuerza Pública para obrar en estricta sujeción a la Constitución, la ley y con plena observancia de los DDHH y el DIH.
• Transparencia:
Todo proceso de selección de un contratista se hará de manera pública y cualquier persona interesada podrá obtener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas de dicho proceso. Cualquier decisión que sea adoptada en el proceso deberá estar debidamente motivada y cualquier persona deberá tener la posibilidad de verificar y cuestionar esa motivación. Debe garantizarse claridad absoluta sobre los fundamentos que tiene la administración en su actuación, desde que decide comprometer recursos a un determinado proyecto hasta que el destinatario recibe los bienes o servicios contratados.
3.2 Objetivo General de la Política sectorial 2015 - 2018
Para el desarrollo de esta política el Sector Defensa ha identificado como su objetivo general:
“Coadyuvar a la terminación del conflicto armado, la consolidación de la paz, el desarrollo socioeconómico, la defensa de los intereses nacionales y el mejoramiento de la seguridad pública y ciudadana, mediante el mantenimiento de una Fuerza Pública moderna, fortalecida, motivada y operativa”.
Objetivos Estratégicos de la Política 2015 – 2018
A partir del Escenario Estratégico y el objetivo propuesto, el Sector Defensa ha priorizado los siguientes Objetivos Estratégicos:
1. Contribuir con las capacidades de la Fuerza Pública a la terminación del conflicto y la construcción de la paz.
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2. Garantizar mayores y mejores niveles de seguridad ciudadana fortaleciendo las relaciones del ciudadano con el policía.
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3. Contribuir a la modernización de la sociedad rural vinculando al Sector Defensa a las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional para el desarrollo.
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4. Combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado, usando todas las capacidades de la Fuerza Pública.
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5. Garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional, protegiendo los intereses nacionales.
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6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y la seguridad jurídica así como la gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública.
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7. Fortalecer la proyección internacional del Sector como participe de la Política Exterior establecida por el Gobierno, mediante una mayor cooperación bilateral, triangular y multilateral con los países aliados y estratégicos.
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8. Poner a disposición del Estado colombiano las capacidades de la Fuerza Pública para mitigar los efectos del cambio climático, atender desastres naturales y proteger los ecosistemas.
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9. Poner al servicio del desarrollo nacional, comercial, industrial y agrícola las capacidades empresariales del Sector Defensa.

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA
El desarrollo y accionar sectorial en virtud de los objetivos estratégicos identificados se exponen a continuación.
4.1. Contribuir con las capacidades de la Fuerza Pública a la terminación del conflicto y la construcción de la paz
La Fuerza Pública ha sido el principal arquitecto de la paz en el país, apoya técnicamente la mesa de diálogos y en el futuro actuará como garante de los acuerdos a los que se llegue. El proceso de terminación del conflicto y la transición del conflicto a la paz, requiere de la participación activa de las Fuerzas Armadas como actor principal en la articulación de acciones o procesos inter-institucionales, así como en la contención y desarticulación de cualquier amenaza a la seguridad nacional, al tiempo que contribuye a la construcción y mantenimiento de un entorno apto para el pleno goce de los derechos de los residentes en el territorio nacional. Estar listos para la paz conlleva estar preparado siempre para la guerra, la Fuerza Pública será la principal garante de la paz que ha ayudado a construir.
El Estado Colombiano ha llevado a cabo un intenso esfuerzo para lograr adoptar las medidas necesarias para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. Este esfuerzo ha implicado un trabajo conjunto, coordinado e interinstitucional con varias entidades del gobierno a nivel nacional, buscando coordinar y articular acciones o procesos que coadyuven al logro de los objetivos definidos en estas áreas. El acompañamiento de la Fuerza Pública es esencial para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad a las víctimas. Por ello el Sector Defensa, a través del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT) y de su participación en los Comités Operativos Locales de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), continuará apoyando este proceso.
El Desarme, Desmovilización y Apoyo a los Programas de Reinserción son uno de los temas prioritarios de la agenda. El Ministerio de Defensa trabajará para que la desmovilización individual y voluntaria de los miembros de los Grupos Armados al Margen de la Ley, continúe como una política nacional para disminuir los efectivos de estos grupos. Se fortalecerán las campañas que se vienen realizando, focalizando los esfuerzos en aquellas regiones donde estos grupos concentren su accionar. Asimismo, se buscará intensificar las campañas de prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como de adultos, por parte de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley o las Estructuras del Crimen Organizado, desarrollando acciones con énfasis en la judicialización, la individualización y la captura de los promotores y ejecutores de estas conductas.
Una de las consecuencias más graves del conflicto armado, es la siembra de Minas Antipersonales y la presencia de Artefactos Explosivos Improvisados. A través de unidades especializadas de Ejército y Armada se trabajará para:
1. Fortalecer organizacionalmente las capacidades de Desminado Humanitario y de inutilización de municiones sin explotar.
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2. Realizar estudios técnicos para la identificación de las áreas a intervenir.
De igual forma y para complementar y potenciar la capacidad de Desminado Humanitario que han desarrollado las Fuerzas Militares, se continuará con los esfuerzos conjuntos que se han venido realizando con la Dirección de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (DAICMA) para facilitar el trabajo de organizaciones civiles de Desminado Humanitario, buscando mantener el liderazgo del Ejército Nacional que es la institución que cuenta con la mayor experiencia y capacidades para desarrollar esta compleja tarea. Así mismo, se buscará seguir dando cumplimiento a los estándares de desminado que ha establecido el Gobierno Nacional, los cuales garantizan la calidad de esta actividad.
El respeto y garantía de los Derechos Humanos son transversales a las áreas de gestión sectorial y a las diversas actividades del Sector. Por ello el Ministerio de Defensa Nacional continuará desarrollando y cumpliendo los objetivos estratégicos y las líneas de acción definidas en la “Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”. Asimismo, se seguirán implementando las acciones necesarias para fortalecer la política de “Cero Tolerancia” a violaciones de Derechos Humanos, la prevención a la vulneración de los derechos humanos y la capacitación en todos los niveles. De igual forma se afianzará la cooperación con las autoridades judiciales y organismos nacionales e internacionales en casos de presuntas vulneraciones de los DDHH o infracciones al DIH.
En el marco de la transición al posconflicto el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública contribuirán a la construcción de la memoria histórica del conflicto, de forma articulada con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el propósito de presentar la visión sectorial sobre el desarrollo de los hechos, actores y procesos que dieron cuerpo al enfrentamiento que desgarró el tejido social e institucional del país en los últimos cincuenta años. Para ello se dispondrá de un equipo humano con las capacidades necesarias para llevar a cabo esta tarea de forma objetiva, profesional y transparente, así como con los grupos de trabajo que se requieran para llevar a cabo esta tarea.
4.2. Garantizar mayores y mejores niveles de seguridad ciudadana fortaleciendo las relaciones del ciudadano con el policía
La convivencia y seguridad ciudadana son temas diferenciados aunque interdependientes, que buscan la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a amenazas que comprometan su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, así como frente a conductas que atenten contra el respeto y obediencia a la ley y a las normas de comportamiento social. El objetivo central para la seguridad ciudadana es lograr que los ciudadanos puedan convivir en un ambiente de paz y tranquilidad, en el que ni su vida, ni sus bienes, ni sus actividades cotidianas se vean vulneradas por el delito, buscando el Sector llegar a ofrecer niveles de seguridad que se aproximen a los más altos estándares mundiales. En el marco de la prevención se contemplan soluciones que no provienen exclusivamente desde el ámbito policial, sino que son parte de una respuesta integral basada en la corresponsabilidad. Será necesario que el Gobierno Nacional promueva medidas integrales e interinstitucionales, así como la promulgación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. También será prioritario trabajar en la formulación de un “Programa Nacional de Educación Cívica y Ciudadana” con carácter integral e interinstitucional que se impartirá a nivel nacional, regional y local. Asimismo la Policía Nacional seguirá implementando el Sistema de Prevención, Convivencia y Seguridad Ciudadana (SPCSC). En ese proceso tendrá una especial importancia continuar el diseño y puesta en marcha de la “Estrategia de Comunicación Vinculante” de la Policía Nacional que permita crear una relación más estrecha entre la Policía Nacional y los ciudadanos.
Con el propósito de lograr una mejor percepción y aumentar la efectividad será necesario reducir el índice de afectación en las principales modalidades delictivas y los delitos de alto impacto, tales como el hurto en diferentes modalidades (Especialmente el hurto a celulares), el homicidio, las lesiones personales, tráfico de armas y la trata de personas, a través de planes sectoriales. Para ello se concentrarán esfuerzos en las áreas de mayor afectación mediante la priorización y la focalización de puntos críticos (Hot Spots), así como del fortalecimiento de la investigación criminal, la inteligencia, la cualificación de las capturas, el rediseño del sistema de cuadrantes, la puesta en marcha de cuadrantes accionables para intervenciones especiales y el fortalecimiento de las capacidades de seguimiento y evaluación de las acciones operativas. La reducción del homicidio ocupa un lugar prioritario en las metas sectoriales y deben enfocar todos los esfuerzos en este propósito.
Asimismo será necesario fortalecer la aplicación de los instrumentos de la Gestión Territorial, especialmente los “Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, los cuales son el principal instrumento de planeación en materia de seguridad y convivencia ciudadana en los departamentos y municipios del país. Por consiguiente, estos Planes deberán contener estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de violencias, delitos y contravenciones, penales y de policía, que afectan la ciudadanía. En ese sentido será fundamental que la Policía Nacional fortalezca las capacidades de coordinación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Programa “Departamentos y Municipios Seguros - DMS”, buscando un trabajo más efectivos entre la Policía y las autoridades territoriales. El fortalecimiento y ampliación de las redes de apoyo de la comunidad, empresas y gremios serán herramientas fundamentales para la seguridad ciudadana.
En materia de personal será necesario continuar el Fortalecimiento Policial mediante el incremento del personal policial al tiempo que se fortalecen las capacidades de planeación del servicio de vigilancia y se mejora la recopilación de información georeferenciada sobre los delitos, buscando definir áreas críticas en las que se planificarán y ejecutarán intervenciones especiales. Será necesario fortalecer y ajustar el “Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes - MNVCC” como una herramienta utilizada para contrarrestar los índices delincuenciales y contravencionales.
La Tecnología para la Seguridad Ciudadana será una de las principales herramientas para mejorar la gestión. Por ello se ampliará la cobertura, coordinación interinstitucional e integración de los sistemas de vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con la instalación de nuevas cámaras en los sitios críticos. Para ello se fortalecerá y dará más cobertura al actual programa del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) buscando una mayor conectividad con actores privados. Se promoverá la creación de una “Junta Técnica de Coordinación” entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, que se encargará de fijar directrices y planes de estandarización. Asimismo, el Sector buscará desarrollar y aprovechar el uso de las aplicaciones y de tecnologías para aumentar la interacción entre la comunidad y la Policía Nacional en beneficio de una mejor seguridad ciudadana.
Finalmente y en el marco de la lucha contra las economías ilegales que dan cuerpo a un amplio espectro de actividades criminales desarrolladas por estructuras de crimen organizado, la Policía Nacional, fortalecerá la coordinación con otras instituciones como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia o las autoridades político administrativa, para articular sus acciones y desarticular estas redes delictivas, poniendo especial énfasis en los flujos económicos que allí se dan y que son los que aseguran la supervivencia del fenómeno más allá de sus integrantes. En todas las acciones que realizará el Sector bajo este objetivo, se pondrá un esfuerzo especial para lograr fortalecer las penas y la judicialización, en el marco del concierto para delinquir, de los individuos u organizaciones involucrados en estas actividades delictivas, a fin de lograr una mayor contundencia en las acciones.
4.3. Contribuir a la modernización de la sociedad rural vinculando al Sector Defensa a las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional para el desarrollo
El Ministerio de Defensa ha participado activamente mediante el uso de sus capacidades en apoyar programas que trascienden las funciones militares y policiales, ya que el Sector es un instrumento del desarrollo económico y social del país. Así, buscan establecer las condiciones de seguridad necesarias para facilitar la continua y normal presencia del Estado, brindando confianza para el desarrollo de la iniciativa privada. De esta forma se contribuye a garantizar la irreversibilidad y sostenibilidad de las condiciones de seguridad junto con un ambiente propicio para la entrada de la oferta estatal, así como el desarrollo económico y social de la población.
En este sentido se buscará fortalecer capacidades de trabajo conjunto de las diferentes unidades de la Fuerza Pública, junto con la coordinación interinstitucional y articulación del Sector con las entidades nacionales y territoriales que tienen responsabilidad en su implementación, así como con los gobiernos y organismos internacionales y del sector privado, que pueden colaborar en el logro de los objetivos trazados. Especialmente se fortalecerán las capacidades de los Ingenieros Militares con el fin de continuar con la ejecución de obras de alto impacto estratégico, contribuyendo así al incremento de la presencia Estatal en aquellas zonas de consolidación donde existan mayores necesidades y se tenga un mayor accionar de los grupos al margen de la ley y de crimen organizado. Así mismo, se desarrollará la Estrategia de Acción Integral de las Fuerzas Militares orientada hacia la población civil y que buscará catalizar los esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a la consolidación del territorio, aplicando en su desarrollo estrategias de comunicación internas y externas.
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI) son temas prioritarios en el Sector Defensa. Por ello se trabajará en iniciativas tales como el diseño y puesta en marcha de Apuestas Sectoriales que den respuesta a la proyección de capacidades de la Fuerza Pública a mediano y largo plazo. Se buscará la consolidación del apoyo a la Fuerza Pública con la gerencia de los proyectos de CTeI a través de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa - CODALTEC y la gestión de la propiedad intelectual del Sector Defensa derivada de los proyectos de CTeI desarrollados por entidades como Indumil, Cotectmar o Ciac, entre otras.
La protección y seguridad de los espacios marítimos y fluviales será un tema primordial en el próximo cuatrienio. El Sector Defensa tiene la capacidad de servir como motor de desarrollo del país a través de la protección de los espacios marítimos y fluviales, así como del fortalecimiento de las capacidades de evacuación aeromédica, de toma de imágenes, de información meteorológica e información satelital. Por lo anterior, el Sector trabajará a través de la Dirección General Marítima (DIMAR) en la creación del “Sistema Nacional de Seguridad Integral Marítima, Fluvial y Portuaria” y se formulará e implementará la “Estrategia Marítima del Estado Colombiano”. Finalmente se fortalecerán las capacidades de las Fuerzas Militares para garantizar e integrar las capacidades de evacuación aeromédica de manera ágil y especializada de personal herido en combate, así como para el transporte de personal civil cuando se requiera, contando así mismo con una capacidad que, cuando sea solicitada, permitirá dar respuesta a compromisos internacionales en dicho tema. Finalmente, las capacidades del sector se emplearán para el apoyo a la implementación de los planes orientados a la construcción de paz, donde el Gobierno nacional así lo disponga.
4.4. Combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento transparente del Estado
El crimen organizado es uno de los temas más importantes en la agenda de pública de seguridad y el Sector lo abarca bajo la categoría de la Seguridad Pública que comprende las acciones encaminadas a garantizar la seguridad en el territorio nacional y la protección de la población civil a partir de la lucha contra los Grupos Armados al Margen de la Ley y las Estructuras del Crimen Organizado. Por la naturaleza de las amenazas, las respuestas a ellas deben construirse a partir de los principio de la corresponsabilidad y complementariedad, así como de la acción conjunta, coordinada y articulada de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las autoridades político administrativas, en el marco de un estrecho trabajo interinstitucional. Para ello el Ministerio de Defensa trabajará en el desarrollo de una constante actualización normativa que permita tener un marco legal adecuado que le permita a la Fuerza Pública actuar frente a la evolución del crimen organizado y los fenómenos criminales que afectan la seguridad de los colombianos; así como para garantizar la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública. En este ámbito el Sector concentrará sus acciones en la lucha contra los Grupos Armados al Margen de la Ley, las Estructuras del Crimen Organizado, el narcotráfico, el contrabando, la minería criminal, la extorsión, los atentados terroristas contra la infraestructura crítica, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el terrorismo, los delitos informáticos y los ataques cibernéticos (Seguridad digital). Asimismo, se buscará lograr que los individuos u organizaciones involucrados con el crimen organizado sean judicializados en el marco del concierto para delinquir a fin de lograr una mayor efectividad en las acciones realizadas. También se hará un esfuerzo especial para diseñar e implementar herramientas jurídicas o legales que faciliten las acciones de las Fuerzas Militares contra el crimen organizado y los fenómenos criminales, como complemento a la asistencia militar que ya se presta en la lucha contra estas organizaciones.
La Lucha contra los Grupos Armados al Margen de la Ley y el Crimen Organizado, en la transición hacia la paz implica la consolidación y aumento de los resultados obtenidos hasta el momento. Será necesario realizar acciones que permitan salvaguardar la integridad del territorio nacional, evitando que cualquier zona del país y en especial zonas estratégicas, sean utilizadas por los remanentes de los Grupos Armados al Margen de la Ley y las Estructuras del Crimen Organizado como áreas de repliegue, supervivencia, refortalecimiento o accionar transnacional.
Para ello, se fortalecerá el control del territorio nacional a partir de criterios diferenciales y focalizados, que partirán del trabajo conjunto, coordinado e interagencial de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, las autoridades político administrativas y otros actores institucionales. Asimismo, se asegurará el control territorial mediante el fortalecimiento de la infraestructura y de las capacidades operacionales, logísticas, de contrainteligencia, dotación y capacitación, de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, junto con esfuerzos dirigidos a proteger la población civil de las acciones de los Grupos Armados al Margen de la Ley o el crimen organizado. Se buscará crear un mecanismo de articulación de inteligencia conjunta, coordinada y combinada dedicada exclusivamente a la neutralización de las estructuras del crimen organizado. Mantener el pie de fuerza militar será determinante para el mantenimiento de las capacidades necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales, así como la transición hacia la paz.
La Fuerza Pública ha logrado la desarticulación de importantes Estructuras del Crimen Organizado (ECO) con alcance trasnacional y nacional. Estas organizaciones se han configurado como bandas regionales y locales, en las que el narcotráfico, la minería y la extorsión son la base de su existencia, desarrollando un carácter multidelictivo en el que absorben todo tipo de manifestación delincuencial y seguirán siendo objeto de las acciones ofensivas de la Fuerza Pública.
Para ello el Sector buscará garantizar la existencia y pleno uso de las capacidades que requiera la Fuerza Pública para hacerle frente a este tipo de manifestaciones criminales. Se deberá ejecutar la estrategia de despliegue de la nueva Política Nacional Contra el Crimen Organizado y se pondrá en marcha una estrategia integral focalizada que responda a cada región. En este sentido, se tendrá en cuenta el diseño de un modelo operacional diferencial, orientado a afectar la multicriminalidad, las estructuras de crimen organizado y las economías ilegales que se desarrollan en torno a este fenómeno, complementado con un modelo de control territorial que garantice la desarticulación de las estructuras del crimen organizado. Las acciones antes mencionadas se realizarán con la participación integral del Estado, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades político administrativas.
La Fuerza Pública fortalecerá el enfoque operacional conjunto, coordinado e interinstitucional para el desarrollo de un concepto estratégico que garantice un efectivo control territorial y un impacto positivo contra la multicriminalidad. En la lucha contra las Estructuras del Crimen Organizado se aplicarán como fundamentos de las operaciones de la Fuerza Pública el desarrollo de acciones diferenciadas y ajustadas a las dinámicas regionales y locales así como la desarticulación de las estructuras de mando de estas organizaciones. Finalmente, se fortalecerá la inteligencia y la investigación criminal contra células delincuenciales buscando el acompañamiento de la Fiscalía y las autoridades político administrativas. En el ámbito rural será necesario trabajar en el fortalecimiento del “Sistema Integrado de Seguridad Rural - SISER”, así como de la Dirección de Carabineros a fin de fortalecer la Policía en esta área, buscando focalizar los medios estatales. De la misma manera, se buscará desarrollar estrategias institucionales contra fenómenos delictivos concretos contribuyendo a la prevención, la consolidación territorial y la coordinación interagencial en las zonas rurales.
Aunque el país ha avanzado considerablemente en la lucha contra el narcotráfico, este delito sigue siendo una prioridad para la Seguridad Nacional y una importante fuente de financiación para los Grupos Armados al Margen de la Ley y las Estructuras del Crimen Organizado. Para mejorar la efectividad en esta lucha el Sector trabajará en la formulación y ejecución de nuevas estrategias que permitan hacer frente a este tema en sus componentes de oferta, demanda, lavado de activos y cooperación internacional, de forma más coordinada, articulada, integral e interinstitucional. En ese sentido el Sector ha definido cinco estrategias que desarrollará para luchar contra el narcotráfico:
1. Erradicación integral de cultivos ilícitos
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2. Fortalecimiento de la interdicción integral marítima, fluvial, aérea y terrestre
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3. Fortalecimiento de la investigación, judicialización, extinción del derecho de dominio y lavado de activos
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4. Prevención integral en la producción, tráfico, consumo de sustancias psicoactivas y provocación de entornos violentos
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5. Cooperación internacional. Estas estrategias se realizarán en el marco del nuevo Plan Integral de Lucha contra el Narcotráfico, formulado por la Presidencia de la República.
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La lucha contra el contrabando es una prioridad para el Gobierno Nacional por la afectación económica que genera y por sus actividades ilegales conexas. Por ello, en el marco de nueva ley anticontrabando se fortalecerán las capacidades de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en términos de personal, profesionalización, recursos tecnológicos y dotación. De igual forma, se ampliará y mejorará la cooperación internacional con el apoyo de la Cancillería, especialmente para el intercambio de información y la coordinación operacional. También se formularán nuevas estrategias y lineamientos para la lucha contra el contrabando, enmarcados en lo nuevos instrumentos del Gobierno Nacional.
La Minería Criminal es una de las principales fuentes de financiación de los Grupos Armados al Margen de la Ley y el Crimen Organizado. Dada la complejidad de las estructuras criminales que controlan esta actividad, combatirlas demanda un esfuerzo conjunto, coordinado e interinstitucional por parte del Estado.
Por ello se consolidarán los espacios técnicos, de articulación con otros sectores y colaboración institucional, para apoyar la toma eficiente de decisiones y el desarrollo de estrategias. De la misma forma, en el marco de la nueva estrategia de lucha contra la minería criminal, se diseñará una propuesta para el fortalecimiento del marco jurídico existente, que permita una efectiva actuación de la Fuerza Pública en la desarticulación de las organizaciones que controlan esta actividad.
Colombia es un país cada vez más desarrollado en la era digital, siendo por ello necesario concebir una Estrategia Nacional de seguridad digital. Se buscará consolidar el Grupo de Respuestas a Incidentes Cibernético de Colombia (ColCERT) como ente articulador del tema, buscando el cumplimiento de roles y competencias de las distintas entidades y definición de mecanismos de coordinación. Asimismo, será prioritario generar en el Sector capacidades operativas y de investigación criminal asociadas a la seguridad digital, tales como la creación del Observatorio del Ciberdelito y el Centro de Mando y Control, Comunicaciones y Coordinación en Cibercrimen y Cómputo (C4) de la Policía.
El terrorismo, bien sea realizado por los Grupos Armados al Margen de la Ley, las Estructuras del Crimen Organizado u otros tipo de organizaciones o actores, sigue ocupando un lugar preponderante en la agenda sectorial. Las acciones terroristas de los Grupos Armados al Margen de la Ley contra la infraestructura económica del país han dejado en evidencia la importancia del tema en la agenda de defensa y seguridad. Por lo anterior, la protección a la infraestructura crítica y económica se ha convertido un área prioritaria para la Fuerza Pública. En consecuencia como se fortalecerán, con medios y personal, los “Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura” (COPEI) y se activarán nuevos dónde se requiera. Asimismo, buscando fortalecer las acciones preventivas de ataques terroristas a la infraestructura crítica, se implementará el “Centro Integrado de Inteligencia para la Infraestructura - CI2 Infraestructura”. Igualmente, se intensificarán los esfuerzos para consolidar el denominado mecanismo gobierno - industria, el cual ha sido creado para facilitar la permanente coordinación y comunicación entre la Fuerza Pública.
Finalmente, se promoverá la priorización de la libertad personal como eje de la consolidación del Estado de Derecho buscando desarrollar capacidades de reacción flexibles para enfrentar conductas asociadas al secuestro, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la desaparición forzada y la extorsión. Para lo anterior, se formulará el Plan Nacional Anti Extorsión y desarrollarán estrategias preventivas y de vigilancia y se continuará con el fortalecimiento de los Grupos Gaula, policiales y militares.
4.5. Garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional, protegiendo los intereses nacionales
La Defensa Nacional es la capacidad del Estado para contrarrestar amenazas externas o internas que atenten contra la soberanía e integridad del territorio nacional. Como garantes de ellos, las Fuerzas Militares tienen la obligación constitucional de protegerlos. En línea con nuestra tradición de respeto por el derecho internacional, la no agresión y la cooperación internacional, el Sector mantendrá una Capacidad Disuasiva Creíble, sostenible y sustentable dentro de una postura estratégica de defensa activa, que le permita cumplir con el mandato constitucional que le ha sido otorgado, así como responder a las diferentes amenazas que se puedan presentar a lo largo del espectro del conflicto.
Una postura estratégica de defensa activa lleva el implícito el fortalecimiento de las capacidades del Comando General y las Fuerzas Militares para prever la estructura, objetivos y comportamiento de una amenaza, con el fin de lograr poner en marcha un amplio espectro de acciones que permitan, desde lo estratégico hasta lo táctico, degradarla, debilitarla, diluirla o redireccionarla antes de que pueda actuar con todo su potencial. Bajo ninguna circunstancia una postura defensiva podrá llevar al desarrollo de una actitud pasiva frente a los riesgos o amenazas que enfrente el Sector. Para ello se continuará con el fortalecimiento de sus capacidades estratégicas y se realizarán inversiones para mantener el material estratégico existente en las Fuerzas Militares, así como su modernización o repotenciación, junto con adquisiciones de sistemas que fortalezcan capacidades ya existentes, según las disponibilidades fiscales.
El Sector también buscará la modernización y fortalecimiento de las capacidades operativas con equipos y sistemas que permitan al país mantener unas Fuerzas Militares flexibles, modernas e interoperables conforme a estándares internacionales, que garanticen la proyección, despliegue y sostenimiento de la fuerza en las situaciones en que sea requerido, así como en la defensa de las fronteras frente a las cuales se buscará mejorar las capacidades de direccionamiento estratégico mediante la formulación de lineamientos sectoriales que aseguren su protección. Así mismo, se fortalecerán el comando y control, las fuerzas especiales y las capacidades relacionadas con la inteligencia conjunta, así como la inteligencia de cada una de las Fuerzas, a fin de generar información estratégica que permita una respuesta oportuna frente a amenazas potenciales o reales.
Colombia ocupa una posición privilegiada en el continente americano que la configura como país bioceánico, situación que le otorga por una parte, proyección hacia la Cuenca del Pacífico y por otra, le brinda un acceso directo a toda la dinámica marítima del Mar Caribe. Así las fronteras marítimas del país adquieren una relevancia estratégica debido a que en las mismas convergen factores comerciales, económicos y de seguridad, que no solo son importantes para Colombia, sino que los mismos inciden en el entorno regional. Por ello y con el fin de proteger los intereses de la Nación, el Sector Defensa, a través de la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Comisión Colombiana del Océano, fortalecerá todas las actividades encaminadas a administrar, preservar y defender el territorio marino, costero e insular colombiano.
En ese sentido se continuará con la generación de conocimiento científico y técnico que permita el uso, aprovechamiento sostenible y protección estratégica de los mares colombianos. Es por ello que la defensa de los intereses marítimos nacionales en las fronteras deberá encaminarse a la protección y salvaguarda del territorio marítimo, el medio ambiente oceánico, los derechos soberanos para la exploración y explotación de los recursos, la protección del patrimonio cultural sumergido, la investigación científica marina, el libre desarrollo del comercio marítimo y la neutralización de todas las actividades ilícitas que se presenten en el mar. Por estas razones el Ministerio de Defensa buscará fortalecer las capacidades de Guardacostas y la Seguridad Integral Marítima, con una adecuada gestión de riesgos en procura de salvaguardar la integridad del territorio nacional y el desarrollo de actividades marítimas.
Una de las estrategias a implementar en esta línea estará relacionada con el fortalecimiento del Poder Naval del país, así como con la continua generación de conocimiento científico y técnico que permita el aprovechamiento sostenible y la protección estratégica de los mares. Se buscará que la Armada Nacional fortalezca sus capacidades para realizar operaciones especiales, de superficie, submarinas, de vigilancia submarina, de protección de costas, de proyección de fuerza, de guerra electrónica y de seguridad fluvial.
De igual forma, se llevarán a cabo acciones para desarrollar un Poder Aéreo creíble y sostenible, fortaleciendo las misiones propias de control del espacio aéreo, superioridad aérea, ataque aéreo, defensa área, defensa antiaérea, maniobra conjunta - coordinada, guerra electrónica, retanqueo aéreo, alerta temprana y transporte aéreo. El Ejército continuará trabajando para fortalecer el Poder Terrestre con su plan de fortalecimiento diferencial y bajo el concepto de armas combinadas, con el fin de desarrollar las capacidades necesarias para llevar a cabo operaciones conjuntas, combinadas y coordinadas, así como de fuerzas especiales, de asalto aéreo, de despliegue terrestre, de fuegos de superficie, de protección y de movilidad, con altos estándares de efectividad, sostenibilidad y flexibilidad. La capacidad de acción conjunta del poder terrestre, naval y aéreo será la piedra angular de las acciones desarrolladas por el Sector en el ámbito de la defensa.
Finalmente y siendo conscientes de la inminente amenaza que enfrenta hoy en día el mundo en el ámbito cibernético, el MDN creó el Comando Conjunto Cibernético (CCOC) en el Comando General de las Fuerzas Militares, que será la principal instancia para el desarrollo de la ciberdefensa en el país. En este contexto, el CCOC continuará liderando un ejercicio de identificación y catalogación para la infraestructura crítica digital, la cual, en el momento que sea atacada, se constituirá en un ataque directo hacia la soberanía nacional. Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades disuasivas del país en el ciberespacio, asegurando el uso del espectro electromagnético.
4.6. Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral y la seguridad jurídica así como la gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública
Una de las estrategias implementadas para hacer frente al conflicto fue el incremento del número de hombres de la Fuerza Pública, quienes contribuyeron a los grandes logros en materia de seguridad que hoy en día son reconocidos por el país. En consecuencia, el bienestar de la Fuerza Pública es un tema centra la agenda sectorial y se buscará contribuir al fortalecimiento de la calidad de vida del personal uniformado y sus familias, con el fin de elevar su moral, su compromiso y su desempeño en los ámbitos laboral y personal.
Los derechos adquiridos por el personal de la Fuerza Pública en ámbitos como la salud y pensiones están garantizados, nunca han estado en riesgo y no van a disminuir, siendo necesario tener en cuenta que en nueva coyuntura los nuevos miembros de las Fuerzas Militares o la Policía Nacional adquirirán derechos distintos que seguirán siendo protegidos con firmeza. El sector continuará fortaleciendo el Plan Integral de Bienestar.
El incremento del personal de la Fuerza Pública obliga al sector a ampliar la cobertura en todos los servicios de bienestar, pero en particular el de salud y rehabilitación. Es por esto que el Plan apunta al mantenimiento del régimen especial y la consolidación de un Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional sostenible, eficiente, oportuno y efectivo en la atención a los uniformados y sus beneficiarios. Esto se logrará a través de una serie de reestructuraciones que buscan la satisfacción de los usuarios, mediante el mejoramiento de sus indicadores de calidad, recuperando la sostenibilidad financiera y desarrollando un modelo de atención en salud acorde con las necesidades específicas de los uniformados y sus familias.
Los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional asumen responsabilidades especiales en el cumplimiento de su misión y afrontan un alto riesgo para defender la seguridad del país y sus ciudadanos. Es por esto que el sector se va a enfocar en el abordaje de la Rehabilitación Integral que incluye dos fases: Una de rehabilitación funcional que se orienta a la recuperación médica y de las funcionalidades físicas afectadas; y otra de rehabilitación inclusiva que trabaja por la recuperación social, familiar y laboral del personal con discapacidad de la Fuerza Pública, a partir del desarrollo de capacidades que les permitan estructurar un nuevo proyecto de vida.
De manera complementaria y en cumplimiento de los lineamientos de la Política de Discapacidad del Sector Seguridad y Defensa y la normatividad relacionada, se desarrollarán acciones para la puesta en marcha de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva - DICRI, la cual tendrá a cargo la implementación adecuada del modelo de rehabilitación inclusiva por medio del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), así mismo se trabajara en la realización de alianzas y esquemas de cooperación con el sector privado para consolidar los procesos de educación e inclusión social y laboral en el CRI.
Dentro de las dimensiones del bienestar y la moral de los uniformados, se encuentra también el tema de adquisición de vivienda propia como un eje fundamental para mejorar la calidad de vida. Incrementar el acceso a vivienda, se traduce en una mayor estabilidad en la dinámica familiar del miembro de la Fuerza Pública. De la misma manera, aumentar los medios para que nuestro personal con discapacidad o los beneficiarios del fallecido obtengan una vivienda, contribuye al desarrollo del nuevo plan de vida de estas personas y su núcleo familiar.
El sector Seguridad y Defensa consolidará esfuerzos para incrementar el acceso a vivienda digna del personal de la Fuerza Pública. Las estrategias estarán encaminadas a desarrollar las siguientes iniciativas: El Plan de Sostenibilidad de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (CAJA HONOR), el desarrollo de alianzas con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de gestionar subsidios de vivienda a los uniformados con discapacidad y beneficiarios que no hayan sido cubiertos por el Fondo de Solidaridad de CAJA HONOR. Así mismo se realizarán las gestiones necesarias con el fin que la población de soldados e infantes de marina regulares, auxiliares bachilleres heridos en combate en actos del servicio y con discapacidad puedan acceder también a estos programas.
Así mismo, el Ministerio de Defensa Nacional viene trabajando en la estructuración y presentación de un Proyecto de Ley para rendir homenaje y conceder beneficios a los miembros de la Fuerza Pública; y en la Sanción e Implementación del decreto reglamentario de ley 1699 de 2013, la cual tiene por objeto: Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los miembros de la Fuerza Pública que quedaron discapacitados en el cumplimiento de la misión y a los familiares de quienes fallecieron con ocasión del servicio activo, a través de la concesión de beneficios que les procure una mejor calidad de vida y una igualdad material en desarrollo de los principios contenidos en la Constitución Política.
Teniendo en cuenta que parte del desarrollo profesional de los miembros de la Fuerza Pública implica darle las herramientas en términos de formación y procesos claros de gestión de su carrera profesional dentro de la Fuerza; se impulsarán proyectos que buscan alinear el Sistema Educativo de la Fuerza Pública y el de Gestión del Talento Humano. De esta manera, se cubrirán las brechas existentes de profesionalización, pertinencia y calidad de la educación que reciben los hombres y mujeres de la Fuerza Pública.
Con el fin de garantizar el derecho a la defensa de los miembros de la Fuerza Pública, el Fondo de Defensa Técnica Especializada (FONDETEC) los representará de manera oportuna e ininterrumpida ante instancias disciplinarias, penales ordinarias y/o especiales como la Justicia Penal Militar, conforme a las políticas del máximo órgano de administración que es el Comité Directivo. Lo anterior, siempre y cuando la falta o el delito haya sido cometido en ejercicio de la misión constitucional asignada a la Fuerza Pública o con ocasión de ella.
El Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública tendrá cobertura en todo el territorio nacional en forma gradual y progresiva, conforme a los criterios que para tal efecto determine el Comité Directivo. Adicionalmente y en concordancia con el contexto actual, se asegurarán las garantías de los miembros de la Fuerza Pública frente a los instrumentos de justicia transicional, conforme a las competencias y funciones asignadas al Fondo. El compromiso y sacrifico de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública es ampliamente reconocido en todo el territorio nacional. Con el fin de mejorar el bienestar del personal uniformado que en actos de valentía arriesgan su integridad física y como consecuencia sufren de alguna disminución de su capacidad laboral, el Ministerio de Defensa Nacional buscará afirmar, en el marco fiscal disponible, la pensión de Invalidez originada en combate o actos meritorios del servicio.
En el ámbito de la modernización y la transformación, desde al año 2011 el Sector Defensa se encuentra inmerso en un proceso de transformación para consolidar unas fuerzas armadas modernas y eficientes. En el marco de este proceso se prevé por un lado fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas para seguir cumpliendo con su mandato constitucional y por el otro, para que realicen misiones humanitarias, de desarrollo, de diplomacia y de apoyo a la protección del medio ambiente, así como de atención a desastres naturales. El Sector trabajará a mediano plazo para tener unas Fuerzas Militares más efectivas, flexibles, adaptables y sostenibles a partir del fortalecimiento de la capacidad de operación conjunta, así como de la construcción de un nuevo balance entre personal (masa) y poder de combate - tecnología.
El Ministerio de Defensa ha venido liderando el diseño y la implementación de un modelo de Planeación por Capacidades. Con el fin de consolidar el empleo flexible, oportuno y eficiente de las capacidades y su proyección, el Ministerio de Defensa trabajará en el diseño y puesta en marcha de un Sistema de Monitoreo de Capacidades (SMC) y en el desarrollo de herramientas y metodologías que contribuyan a su gestión.
Dentro del proceso de planeación por capacidades, el Capital Humano es uno de los factores centrales. Por tal motivo el Sistema de Gestión de Talento Humano deberá identificar las brechas existentes y generar el plan de acción a mediano y largo plazo para contar con la cantidad y calidad de hombres y mujeres que se necesiten, cubriendo el ciclo de vida del personal dentro de la organización. Asimismo, se continuará impulsando la profesionalización de los miembros de la Fuerza Pública, fomentando la educación superior en niveles de posgrados y educación continuada en las mejores universidades nacionales y del exterior, al mismo tiempo que se buscará desarrollar competencias en el manejo de uno o más idiomas extranjeros, orientados al fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública.
Con respecto a los procesos internos de gestión financiera, presupuestal y contractual del Sector, en materia contractual liderará la política de transparencia en la contratación con el fin de impartir lineamientos internos en materia anticorrupción. También trabajará para ser líder nacional en el uso de herramientas electrónicas, modelos dinámicos financieros y de contratación y la implementación de acuerdos marco con Colombia Compra Eficiente. Adicionalmente, se formulará un proyecto de reestructuración administrativa y financiera para el manejo, liquidación y control de la cuota de compensación militar. De igual manera, se hace necesario evaluar el procedimiento administrativo y financiero relacionado con la venta y control de armas. Asimismo, el Sector trabajará para lograr fortalecer su capacidad de trabajo con el Congreso de la República a través de acciones que permitan construir y gestionar una agenda legislativa que coadyuve al logro de los objetivos sectoriales.
El Sector hará un especial énfasis en promover acciones destinadas a fortalecer las medidas de transparencia con el propósito de prevenir y contrarrestar prácticas como el soborno, la malversación, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, los conflictos de interés o el enriquecimiento ilícito, entre otras, entendidas de acuerdo a lo establecido por Transparencia Internacional. Para ello se impulsará el código disciplinario del Sector que permitirá hacer frente a esta y a otras problemáticas que pueden afectar de forma negativa la gestión sectorial o la firma de contratos.
Asimismo, en el marco del Plan de Modernización y Transformación, el Sector continuará con el proceso de implementación de la iniciativa de Sostenibilidad del Gasto, la cual busca garantizar la adecuada financiación de la política de defensa y seguridad, así como la proyección de las Fuerzas. De esta forma, se pretende que a través de una asignación planificada de los recursos disponibles, se produzcan capacidades de defensa sostenibles en el mediano y largo plazo, en donde la estrategia debe determinar el presupuesto y no en el sentido contrario, el presupuesto es hijo de la estrategia, no la estrategia hija del presupuesto.
Finalmente, con las herramientas metodológicas ya desarrolladas tales como la planeación basada en capacidades, costeo unitario, cálculo de costo de ciclo de vida, proyecciones de gasto de personal y equipo, eficiencia en el gasto y presupuestación por programas, entre otros, el Sector desarrollará el plan 2018 - 2022 por capacidades, enmarcado dentro de las áreas misionales y los programas presupuestales que hoy se están revisando con el Departamento Nacional de Planeación.
4.7. Fortalecer la proyección internacional del Sector como participe de la Política Exterior establecida por el gobierno, mediante una mayor cooperación bilateral, triangular y multilateral con los países aliados
Colombia ha contribuido de manera decidida a la paz y la estabilidad internacional mediante su participación en Misiones Internacionales y Operaciones de Paz con sus Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa buscará que la Fuerza Pública continúe participando en misiones internacionales a fin de fortalecer los vínculos con fuerzas militares más modernas y profesionales, así como forjando alianzas que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades nacionales, así como a la defensa nacional y regional. Los Ejercicios de Interoperabilidad con las Fuerzas Armadas de otros países buscan elevar las capacidades operacionales y tácticas de la Fuerza Pública, así como promover una mayor integración en operaciones conjuntas y combinadas. Por ello, la Fuerzas Pública de Colombia buscarán continuar participando en este tipo de ejercicios para contribuir al proceso de mejoramiento de los estándares y de las capacidades necesarias para continuar participando en misiones internacionales.
El Sector Defensa también ha identificado como objetivo el forjar alianzas con organizaciones internacionales. Es así como para el Sector será primordial fortalecer la cooperación con organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Interpol o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entre otras. Lo anterior, no solo desde la perspectiva de buscar el fortalecimiento de la Fuerza Pública, sino también para lograr una mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional y otras amenazas. También se buscará elevar los estándares operacionales de la Fuerza Pública, así como adoptar mejores prácticas provenientes de ejércitos o fuerzas de policía más modernas.
La participación en esto escenarios multilaterales servirán para consolidar una posición de liderazgo a nivel regional, convertirse en oferente de cooperación, compartir experiencias y avanzar en la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional. El Sector también buscará conformar un Centro Integrado Conjunto y Coordinado de Operaciones de Paz, que será la respuesta a los esfuerzos que realiza nuestro país en pos del mantenimiento de la paz internacional y para profundizar la cooperación internacional, buscando así mismo el mejoramiento de las capacidades nacionales.
También se ha venido profundizando el diálogo y la Cooperación Sectorial Bilateral con un número cada vez mayor de países con los cuales se comparte la necesidad de trabajar de manera coordinada en materia de seguridad y defensa para contrarrestar amenazas comunes. Por ello el Sector Defensa trabajará para lograr una relación bilateral más sólida con los países fronterizos y otros países considerados como estratégicos, a través de la suscripción de nuevos acuerdos o la implementación de los compromisos contemplados en instrumentos ya vigentes. En el desarrollo de la cooperación el Sector Defensa ha trabajado para construir un esquema de Cooperación Triangular y continuará trabajando con sus aliados estratégicos para brindar cooperación bajo esta modalidad a terceros países, en dicho marco el Sector buscará incrementar su presencia y cooperación en Centroamérica y el Caribe fortaleciendo la cooperación regional.
Tomando en consideración que la mayor parte del comercio internacional del país se realiza por vía marítima y por ello una adecuada proyección marítima y fluvial beneficia el desarrollo económico. En este sentido se trabajará para lograr la promulgación de la “Ley Marco del Territorio Marino, Fluvial y Costero” al tiempo que se fortalecerá la participación en operaciones combinadas. Finalmente y tomando en cuenta la travesía del Buque ARC 20 de Julio al territorio antártico, se continuará haciendo presencia en la Antártida buscando que el país sea admitido como miembro consultivo del “Tratado Antártico” y se seguirá apoyando el desarrollo del Programa Antártico Colombiano (PAC).
4.8. Poner a disposición del Estado colombiano las capacidades de la Fuerza Pública para mitigar los efectos del cambio climático, atender desastres naturales, proteger los ecosistemas y el medio ambiente
La importancia de los recursos naturales, el medio ambiente y el cambio climático no solo recae en el hecho de que éstos se constituyen como un activo estratégico de la nación sino que su explotación indebida se constituye en un mecanismo de financiación para Grupos Armados al Margen de la Ley y del crimen organizado, promoviendo situaciones de crisis social, ambiental y económica en diversas zonas.
En la Constitución Política de 1991, la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente es uno de los principales objetivos que ha reconocido el Estado Colombiano, teniendo en cuenta que estos riesgos comprometen la calidad de vida actual y la de nuestros descendientes. Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas ha definido tres dimensiones del desarrollo sostenible, la ambiental, la económica y la social, que son reconocidas y tomadas como referente por Colombia.
Por lo tanto, la Fuerza Pública está para apoyar la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, la flora y la fauna, al tiempo que tiene la tarea de velar en todo el territorio nacional por la protección, defensa y el cuidado de los recursos naturales renovables, el medio ambiente y los efectos del cambio climático, brindando así el apoyo necesario a las autoridades ambientales competentes en el cumplimiento de las normas dictadas, con el fin de proteger el patrimonio natural de la nación como parte de la soberanía nacional.
Dentro de los deberes constitucionales del Estado, prima la necesidad de asegurar las condiciones que permitan a los ciudadanos gozar del derecho a un medio ambiente sano, debiéndose proteger las reservas naturales de la Nación, las fuentes de agua, la biodiversidad y la integridad del ambiente, las cuales requieren de una planificación que garanticen el aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de lograr el anhelado desarrollo sostenible, que permita satisfacer nuestras necesidades presentes y las de las generaciones futuras.
Es así, como al dar cumplimiento a las acciones misionales y constitucionales, la Fuerza Pública continuará trabajando en la protección de la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de la nación, al tiempo que contribuirá a mitigar los impactos del cambio climático y mejorará los procesos de gestión ambiental del sector. Así mismo, las acciones sectoriales permitirán neutralizar las actividades generadas por el narcotráfico, la minería criminal y el terrorismo, disminuyendo de ésta manera el impacto ambiental que generan estas actividades criminales en el entorno natural y los macro ecosistemas.
De esta manera, en estrecha coordinación y articulación con las respectivas autoridades ambientales, el Sector Defensa trabajará mancomunadamente en la seguridad ambiental, apoyando las operaciones que prevengan el deterioro de la riqueza natural, asumiendo un compromiso sectorial prioritario, el cual garantizará el cumplimiento de la normatividad vigente, enmarcado en los objetivos estratégicos y los planes ambientales de las Fuerzas y entidades del sector.
Así mismo, el Sector buscará certificaciones de calidad para el Grupo Social Empresarial de la Defensa y las Fuerzas, en temas ambientales. Finalmente, el Sector formulará la “Política Ambiental del Sector Defensa” y orientará su labor a apoyar a las autoridades ambientales para prevenir, responder, controlar y mitigar la contaminación ambiental y ejercer control real y efectivo en zonas de explotación y corredores de tráfico de recursos naturales. Lo anterior, se logrará mediante el despliegue de la Fuerza Pública en zonas ricas en recursos naturales y corredores de tráfico de éstos, así como mediante el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control territorial.
En materia de gestión del riesgo, Colombia es un país expuesto a la frecuente ocurrencia de Desastres de Origen Natural, debido a sus características geográficas, climáticas, topográficas y geológicas. Ello puede implicar situaciones de desestabilización social, generando daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, alterando las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Por ello el Sector tiene previsto fortalecer sus capacidades en los ámbitos de búsqueda y rescate, extinción de incendios, alerta de tsunamis y transporte aero-médico.
Con la promulgación de la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y se dictan otras disposiciones”, se abrió el espectro para tratar la gestión del riesgo de manera integral promoviendo la coordinación del sector público, privado y comunitario. De ésta manera, el Sector de Defensa y Seguridad se articula con el SNGRD promoviendo acciones de apoyo en cada uno de los procesos de gestión de riesgo de desastres, haciendo empleo de las capacidades sectoriales en coordinación con las demás autoridades del Sistema. Para tal fin, los retos del Sector en el futuro estarán orientados a implementar la Política Sectorial de Gestión de Riesgo de Desastres, adoptando las estrategias que permitan contribuir al cumplimiento de los seis objetivos allí propuestos.
Se desarrollará una estructura conjunta y coordinada para la atención de desastres, que permita reunir y articular las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía bajo un mismo mando operativo que contribuya de manera efectiva al manejo y atención de desastres y su apoyo a la recuperación. También se buscará crear oportunidades de cooperación internacional encaminadas a fortalecer la capacidad técnica y operativa del sector en la materia. El reconocimiento de estos retos y la construcción de respuestas adecuadas a los mismos permitirán al Sector apoyar efectivamente al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En cuanto al conocimiento del riesgo, la Dirección General Marítima (DIMAR) avanzará en los esfuerzos por conocer las amenazas originadas por eventos de tsunami y demás fenómenos meteomarinos extremos, que permitan implementar medidas de reducción del riesgo en los municipios ubicados en las costas Caribe y Pacífica. La Fuerza Aérea continuará desarrollando sus labores de vigilancia vulcanológica y meteorológica, al tiempo que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional seguirán apoyando las acciones de difusión sobre la existencia, alcance y dimensión del riesgo.
Asimismo frente a la reducción del riesgo, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil Colombiana, previa coordinación con las autoridades del orden nacional, regional y local, apoyaran la intervención correctiva mediante la promoción de esfuerzos relacionados con la ejecución de obras de mitigación. Finalmente, frente al manejo de desastres la Fuerza Pública, articulada con el trabajo de planeación por capacidades y en coordinación con la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres - UNGRD, fortalecerá las capacidades institucionales, los medios y equipos con los que cuentan para atender oportunamente emergencias o desastres en el territorio nacional, así como para participar en las labores de reconstrucción de sitios afectados por desastres naturales. De igual forma, se mantendrán entrenadas y capacitadas para que en caso de requerirse, se pueda prestar apoyo internacional a nivel regional dando cumplimiento a los estándares internacionales que exigen una asistencia profesional y efectiva.
4.9. Poner al servicio del desarrollo nacional, comercial, industrial y agrícola las capacidades empresariales de la defensa
El Sector Defensa cuenta en el presente con un fortalecido Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), conformado por 19 empresas. El Grupo Social y Empresarial de la Defensa ha tenido ingresos por $7 billones de pesos y utilidades en el 2014 por más de $180.000 millones de pesos al tiempo que ha realizado exportaciones por más de $30.000 millones. Bajo el Grupo Social y Empresarial de la Defensa la Corporación de la Industria Aeronáutica (CIAC) colombiana está fabricando el avión de entrenamiento T-90, un avión colombiano. La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR), está fabricando tres nuevos buques patrulleros de costa. A partir de estos notables logros se ha identificado el reto de lograr un GSED más competitivo y moderno para apoyar adecuadamente a la Fuerza Pública y a la industria nacional, buscando convertir al CSED en un Holding de Empresas.
Con el fin de fortalecer el GSED, las entidades deberán modernizar sus procesos, estructuras y plantas de personal para hacerlas más eficientes y competitivas. Para lograr un Grupo Social y Empresarial de la Defensa - GSED más competitivo que permita apoyar adecuadamente el desarrollo de la Fuerza Pública y contribuir al desarrollo nacional, las entidades que conforman el grupo y su centro corporativo deben fortalecer su modelo estratégico y de gobierno, revisando la pertinencia de la naturaleza jurídica y composición, en los casos que corresponda. Con el mismo fin, las entidades deben modernizar sus procesos, estructuras y plantas de personal. Asimismo, el accionar de las empresas estará guiado por los principios de autosuficiencia, buen gobierno corporativo, modernización, tecnología y transparencia.
En el marco de la modernización del GSED, tendrá prioridad la reforma de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, asegurando su especialización y fortalecimiento de la gestión contractual en el suministro eficiente de bienes y servicios de alimentación y combustibles. El Ministerio de Defensa liderará el diseño e implementación de una política de competitividad para la base tecnológica e industrial, en coordinación con el gobierno nacional, basada en los principios de transparencia, calidad y eficiencia, la cual guiará el fortalecimiento de la capacidad competitiva. Es así como el Sector Defensa deberá continuar desarrollando su base tecnológica e industrial de defensa y seguridad, asegurando las condiciones de competitividad y ampliando sus mercados.
La industria de defensa colombiana despliega una variada y creciente oferta exportable; por ello el Sector buscará construir alianzas y proyectos conjuntos con otros países, así como integrar el material y los servicios con la transferencia de conocimiento, de acuerdo con los requerimientos de cada país. Lo anterior, con el fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de lucha contra diversos tipos de amenazas y la producción nacional. Finalmente, el Sector buscará explorar la posibilidad de realizar alianzas con otros sectores de la economía nacional, que permitan apoyar el desarrollo de sectores estratégicos de la vida nacional en ámbitos como el comercial, industrial o el agrícola, buscando generar efectos multiplicadores que ayuden a la mejora de las condiciones económicas del país.
El sector seguirá aportando al desarrollo nacional las capacidades de Satena, proporcionando transporte aéreo de personal y carga hacia áreas con interés de desarrollo social, claves para la construcción de paz.
De esta forma, la Política de Defensa y Seguridad para la Nueva Colombia 2015 - 2018 recoge la visión y las acciones que serán puestas en marcha por el Sector Defensa, en el marco de los objetivos estratégicos identificados, frente a los diferentes desafíos que deben afrontarse en los ámbitos de defensa y la seguridad en los próximos cuatro años. En función de la nueva realidad que vive el país, las acciones emprendidas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en todo momento están enfocadas en buscar contribuir a la terminación del conflicto armado, la consolidación de la paz, el desarrollo socioeconómico y la defensa de los intereses nacionales, así como el mejoramiento de la seguridad pública y ciudadana y un mayor bienestar para sus miembros. El Sector Defensa no declinará en su voluntad de seguir adelante, con arrojo, decisión y coraje, para construir el país que anhelamos, en paz, con mayor equidad y mejor educado.