RESOLUCIÓN 309 DE 2000 

(Mayo 3)

“Por la cual se desarrollan las disposiciones legales para la imposición de multas a quienes den información falsa sobre el contenido de una iniciativa popular o de un referendo”.

El Consejo Nacional Electoral,

en uso de sus de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 265 de la Constitución Política, y los artículos 94 y 106 de la Ley 134 de 1994 y

CONSIDERANDO:

1. La Ley 134 de 1994, dictó las normas sobre mecanismos de participación ciudadana, regulando la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo y la revocatoria del mandato del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local, estableciendo las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles.

2. El artículo 94 de la citada ley, facultó al Consejo Nacional Electoral para imponer multas entre diez (10) y cincuenta (50) salarios mínimos a las personas de derecho privado, que suministre afirmaciones falsas sobre el contenido de una iniciativa o de un referendo, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

3. Se trata de atribuciones razonables acordes con los preceptos constitucionales, en cuanto tienden a promover entre los ciudadanos, la participación democrática, libre de presiones indebidas o externas de grupos de interés, a través de la institución que la Constitución señala para el efecto, como lo es el Consejo Nacional Electoral.

4. El artículo 106 de la Ley 134 de 1994 establece que, a las elecciones previstas en la citada ley, le serán aplicables las disposiciones electorales que no sean incompatibles con ella.

5. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso y a la observancia de las formas en todas las actuaciones judiciales y administrativas.

6. Por su parte, la Ley 130 de 1994 en su artículo 39 otorga al Consejo Nacional Electoral competencia investigativa de carácter administrativo contra candidatos, partidos, movimientos políticos, medios de comunicación y en general contra personas naturales y jurídicas de derecho privado que infrinjan las disposiciones en materia electoral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ART. 1º—Durante el período de campaña el Consejo Nacional Electoral, sancionará con multas entre diez (10) y cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes, a las personas naturales o jurídicas de derecho privado que suministren a la opinión pública, afirmaciones falsas sobre el contenido de una iniciativa o de un referendo.

Las multas se impondrán teniendo en cuenta la gravedad de las faltas cometidas y las consecuencias producidas con ocasión de tales infracciones.

ART. 2º—Para todos los efectos de la presente resolución, en el caso de iniciativa popular legislativa y normativa, revocatoria del mandato o solicitud de referendo, se entiende por campaña el período comprendido entre el momento de inscripción del comité de promotores ante la Registraduría del Estado Civil correspondiente, hasta las doce (12:00) de la noche del día anterior al señalado para la votación.

En el caso de la consulta popular y el plebiscito previo cumplimiento de los requisitos legales, la campaña se toma desde el momento en que la autoridad competente para hacerlo, convoque al pueblo, hasta las doce (12:00) de la noche del día anterior al señalado para la votación.

ART. 3º—Para la imposición de las sanciones de que trata el artículo primero, el Consejo Nacional Electoral observará el correspondiente procedimiento investigativo en la forma y términos previstos en la Resolución 134 de diciembre 6 de 1995, teniendo e cuenta que de conformidad con el artículo primero de la resolución mencionada, esta corporación es competente para adelantar investigaciones de índole administrativa contra candidatos, partidos, movimientos políticos, medios de comunicación y en general, personas jurídicas y naturales que infrinjan las disposiciones en materia electoral.

ART. 4º—En el evento en que luego de efectuado el procedimiento administrativo, se llegare a determinar la comisión de las conductas previstas en el artículo 94 de la Ley 134 de 1994 y la realización de las mismas por parte de quien es investigado, el valor de las multas a imponer deberá ser consignado a favor del tesoro nacional.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 3 de mayo de 2000.

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