Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

RESOLUCIÓN 3093 DE 2010 

(Julio 27)

“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 4670 de 23 de octubre de 2009”.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar– Cecilia de la Fuente de Lleras,

en uso de sus facultades legales y estatutarias y especialmente de las previstas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y

CONSIDERANDO:

Que la comercialización de los bienes de propiedad y a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras —ICBF— debe ajustarse a los principios de la función administrativa y los demás específicos para la gestión del patrimonio público, todo dentro del cumplimiento de los fines del Estado, así como de los objetivos de la entidad.

Que según el artículo 39 de la Ley 7ª de 1979, el patrimonio del instituto está constituido, entre otros, por los bienes muebles e inmuebles que se le incorporen en virtud de la Ley 75 de 1968, los adquiridos en ejercicio de actividades como persona jurídica independiente, los recibidos por donación y legado y los obtenidos por efecto de las vocaciones hereditarias y denuncias de bienes vacantes y mostrencos.

Que teniendo en cuenta que el ICBF tiene un alto volumen de bienes inmuebles que no requiere para su funcionamiento ni para desarrollar programas propios de su misión institucional, es procedente establecer mecanismos claros y prácticos para la venta de aquellos por parte de la entidad.

Que la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios 2474 y 4444 de 2008 consagran el ordenamiento jurídico dentro del cual se expidió la Resolución 4670 de 2009, por medio de la cual se establecer los procedimientos y mecanismos de venta de los bienes de propiedad de la entidad:

Que el artículo 31 numeral 1º literal e) de la mencionada resolución establece el procedimiento sobre la contratación de avalúos y establece mecanismos de excepción para la determinación del valor comercial de los inmuebles en casos especiales.

Que el comité de gestión de bienes de la dirección general ha fijado pautas para la escogencia de los peritos avaluadores.

Que se hace necesario exigir a los peritos o a las entidades avaluadoras que suministren información concreta sobre determinados aspectos de su dictamen.

Que las tarifas de honorarios de avalúo fijadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi —IGAC— o por las lonjas de propiedad raíz resultan desproporcionadas frente al valor del bien cuando es muy bajo su avalúo catastral o cuando es mínima la participación porcentual del instituto, como en los casos de comunidades sobre inmuebles.

Que la venta de bienes de la entidad debe adelantarse por la modalidad de selección abreviada y de acuerdo con los mecanismos establecidos en el Decreto 4444 de noviembre de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de 2007.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART.1º—El artículo trigésimo primero, numeral 1º, literal e) de la Resolución 4670 de 2009 quedará así:

“Artículo trigésimo primero: Procedimientos para venta de bienes. aspectos generales: (...)

e) El avalúo comercial de los inmuebles se adelantará por el IGAC o por una lonja inmobiliaria. Si el IGAC no atiende la solicitud de cotización en un término de diez días calendario contados desde la fecha de radicación de la solicitud que formule el ICBF, manifiesta que no está en condiciones de efectuarlo dentro de un plazo razonable o el costo de sus servicios es superior al cotizado por la lonja inmobiliaria que tenga competencia sobre el municipio donde se encuentre ubicado el inmueble, se encargará a esta última la elaboración del avalúo, que será necesariamente corporativo.

En el contrato u orden de servicios que se celebre o se expida a favor de la entidad avaluadora se exigirá que esta indique si considera que el inmueble es de alta, mediana o baja comerciabilidad, entendiendo por alta la venta que pueda realizarse en un término de seis meses aproximadamente; mediana, cuando el término pueda ser de seis a doce meses, y baja, cuando el término pueda ser superior.

PAR. 1º—Si por cualquier circunstancia no es posible obtener el avalúo por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por una lonja, deberá explicarse tal circunstancia ante la dirección administrativa, dependencia que podrá autorizar en estos casos en que el avalúo lo practique un perito inscrito en el registro nacional de avaluadores.

PAR. 2º—Cuando los honorarios y costos adicionales de un avalúo resulten superiores al 40% del avalúo catastral del bien o al 40% del valor catastral del derecho del Instituto cuando se trate de comunidades o copropiedades, no será necesario realizar el avalúo pericial; en tales casos, el bien o derecho del instituto se avaluará siguiendo los criterios que establezca el comité de gestión de bienes. El mismo mecanismo se aplicará para los casos en que terceras personas o circunstancias de fuerza mayor impidan la práctica pacífica del avalúo.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 27 de julio de 2010.