RESOLUCIÓN 31088 DE 1993 

(Junio 10)

El Ministro de Minas y Energía,

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Decreto-Ley 2119 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que el literal 1) del artículo 3º de la Ley 1ª de 1984, establecía como función del Ministerio de Minas y Energía la de “adoptar la política de precios de los derivados del petróleo y del gas natural en refinería o en planta y los de distribución al por mayor y al consumidor, y fijar los precios de tales productos, de conformidad con las normas vigentes”;

Que el Decreto 2119 de 1992, por el cual se restructura el Ministerio de Minas y Energía, establece como función del ministerio "fijar los precios de los productos derivados del petróleo y del gas natural en refinería o en planta y los de distribución al por mayor" y señala como función de la comisión de regulación energética la de “fijar las tarifas de los servicios públicos regulados”;

Que por su parte, el artículo 212 del código de petróleos establece que el transporte y la distribución del petróleo y sus derivados constituye un servicio público, cuya actividad debe ejercitarse de conformidad con los reglamentos que dicte el gobierno en guarda de los interéses generales;

Que las resoluciones 904 de 1965, 1397 de 1965 y 578 de 1975; por las cuales se dictan normas en cuanto a diseño, construcción, pruebas y seguridad en las instalaciones destinadas al almacenamiento de gas licuado de petróleos, GLP, dentro de las sanciones que por el incumplimiento a las obligaciones previstas en tales normas, establecen multas hasta de cinco mil pesos;

Que el Decreto-Ley 2119 de 1992, derogatorio de la Ley 1ª de 1984, dispone que es función del ministerio dictar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas, entre otras, con la distribución y comercialización de los recursos naturales no renovables;

Que en concepto del 16 de abril de 1993, la Honorable Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, señala:

"Con fundamento en estas atribuciones el Ministerio de Minas y Energía ha ejercido vigilancia y control sobre las actividades de comercialización, transporte y distribución de gas licuado de petróleo;

3. El Decreto-Ley 2119 de 1992 reiteró las mencionadas atribuciones en forma general al indicado ministerio y el artículo 35, número 1, atribuye a la subdirección de refinación, transporte y distribución la facultad de "ejercer vigilancia técnica y administrativa de la industria de hidrocarburos en sus ramas de refinación, transporte y distribución para asegurar el estricto cumplimiento de los reglamentos y normas que regulan". Además, el artículo 35, número 6, ibídem, dispone que esa subdirección debe ejercer "la vigilancia técnica del comercio de los combustibles líquidos derivados del petróleo, del gas propano y del gas natural en sus ramos de almacenamiento, envase, manejo, transporte y distribución, y aprobar las licencias de funcionamiento de los establecimientos dedicados al comercio de estos productos".

4. De las transcritas disposiciones se deduce claramente que el Ministerio de Minas y Energía tiene, entre otras, la atribución de controlar y vigilar los establecimientos que realicen actividades tendientes a comercializar y distribuir el gas líquido de petróleo, lo que implica que esta entidad puede establecer y aplicar sanciones a quienes incumplan las normas legales y reglamentarias que regulan la materia.

De manera que el Ministerio de Minas y Energía es competente para modificar la Resolución 578 de 1975 e incrementar las multas dispuestas por el artículo 28, letra a), en la cuantía que considere pertinente”.

Que se hace necesario modificar la cuantía de las multas de que tratan las Resoluciones 904 de 1965, 1397 de 1965 y 578 de 1975, por cuanto las sumas allí establecidas resultan irrisorias;

Que estas mismas sanciones deben ser aplicables cuando las compañías distribuidoras de gas propano, GLP, cobren, como contraprestación del servicio público, a los consumidores, tarifas superiores o no autorizadas por este ministerio;

Que es indispensable establecer un trámite para la imposición de tales sanciones,

RESUELVE:

ART. 1º—Las multas previstas en las resoluciones 904 de 1965, 1397 de 1965 y 578 de 1975, serán hasta de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PAR.—Las sanciones previstas en el artículo 28 de la Resolución 578 de 1975, incluyendo la modificación de que trata el artículo primero de esta resolución, le serán aplicables a las empresas distribuidoras que cobren a los consumidores tarifas superiores a las fijadas por este ministerio o que facturen cargos no autorizados por el mismo.

ART. 2º—Las sanciones a que se refiere el artículo 1º de esta resolución, deberán imponerse mediante resolución motivada, contra la cual procede el recurso de reposición, previo requerimiento del interesado para que un término no menor de diez (10) días ni superior a veinte (20), presente los descargos y anexe las pruebas que pretenda hacer valer dentro del proceso.

El trámite para la imposición de sanciones, podrá iniciarlo de oficio el Ministerio de Minas y Energía o por querella formulada por cualquier particular.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., 10 de junio de 1993.

__________________________