Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 3109 DE 2012 

(Octubre 17)

“Por la cual se revoca el inciso 2º del artículo 4º de la Resolución 1044 del 25 de agosto 2011 del Consejo Nacional Electoral”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las contenidas en el artículo 265 numerales 1º y 6º de la Constitución Política, 25 de la Ley 1475 de 2011 y 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante la Resolución 285 de 2010, el Consejo Nacional Electoral adoptó la herramienta electrónica, software aplicativo denominado “Cuentas claras”, “... como una herramienta informática de ambiente web que facilita a los candidatos y organizaciones políticas la rendición de los informes públicos y el diligenciamiento de los formularios y anexos requeridos por el CNE, para la adecuada gestión de los procesos contables de las campañas electorales para acceder a la reposición de gastos”(1).

2. Que mediante la Resolución 1044 del 25 de agosto 2011 se adicionó la citada resolución y dispuso en su artículo 4º como obligatorio, para los candidatos a las gobernaciones y alcaldías de capitales de departamento, a los promotores del voto en blanco, a los candidatos al Congreso de la República, Parlamento Andino y para quienes se inscriban como promotores del voto en blanco en la respectiva elección, el diligenciamiento del “Libro de ingresos y gastos por medio del aplicativo “Cuentas claras”.

3. Que el inciso 2º del artículo 4º de la Resolución 1044 de 2011 dispuso:

“El incumplimiento de esta obligación será sancionado en los términos del artículo 39 de la Ley 130 de 1994”.

4. Que el inciso 5º del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 establece:

“El Consejo Nacional Electoral reglamentará el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de las campañas, en el que establecerá las obligaciones y responsabilidades individuales de los partidos, movimientos, candidatos o gerentes, el cual permitirá reconocer la financiación estatal total o parcialmente de acuerdo con los informes presentados”.

5. Que la Corte Constitucional ha señalado los límites de la facultad reglamentaria del Consejo Nacional Electoral, y sobre el particular dijo:

“(...).

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado el artículo 265 como fuente de potestades de regulación en cabeza del Consejo Nacional Electoral, advirtiendo que dicha potestad se limita a la expedición de normas de naturaleza operativa y administrativa, destinadas a regular los temas propios de su competencia. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional consideró que el Consejo Nacional Electoral ejerce esta potestad al “reglamentar en cada caso todo lo demás relacionado con las consultas internas de los partidos tal como se lo confiere el artículo 10 de la Ley 130 de 1994. La Corte advirtió, sin embargo, que dicha potestad de reglamentación se limitaba a asuntos técnicos y de detalle(2).

(...)”.

6. Que el inciso 2º del artículo 4º de la Resolución 1044 de 2011, al establecer como susceptible de sanción la no utilización de la herramienta informática denominada “Cuentas claras” y extender la competencia sancionatoria conferida al Consejo Nacional Electoral en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, a conductas no previstas en dicha ley, excede la facultad reglamentaria del CNE, afectando los principios de “legalidad y tipicidad de las normas sancionatorias”(3), inmersos en el artículo 29 de la Constitución, y desconoce la cláusula general de competencia, fijada en los artículos 114 y 150 de la Constitución según los cuales “Corresponde al Congreso hacer las leyes”.

7. Que el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:

“ART. 93.—Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

(...)”.

7. Que las razones expuestas configuran la causal primera del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo citado y por lo tanto, es procedente excluirlo del ordenamiento jurídico.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Revocar el inciso 2º del artículo 4º de la Resolución 1044 del 25 de agosto 2011 del Consejo Nacional Electoral.

ART. 2º—En consecuencia, el artículo 4º de la Resolución 1044 del 25 de agosto 2011 quedará así:

“ART. 4º—Obligatoriedad del módulo libro de ingresos y gastos. Los candidatos a las gobernaciones y a las alcaldías de capitales de departamento, así como quienes se inscriban como promotores del voto en blanco en estas circunscripciones, están obligados a llevar su libro de ingresos y gastos por medio del aplicativo “Cuentas claras”, sin perjuicio de la presentación física de los informes de conformidad con las resoluciones 330 de 2007 y la 285 de 2010. También será obligatorio para los candidatos al Congreso de la República, Parlamento Andino y para quienes se inscriban como promotores del voto en blanco en la respectiva elección.

Para los restantes candidatos la utilización del libro de ingresos y gastos del aplicativo “Cuentas claras” será voluntario”.

ART. 3º—Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

Publíquese y cúmplase.

En Bogotá, D.C., a 17 de octubre de 2012.

(1) Artículo 1º, Resolución 285 del 19 de febrero de 2010, del Consejo Nacional Electoral.

(2) Sentencia C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en Sentencia C-1081 de 2005.

(3) “El principio de legalidad que rige tanto las actuaciones judiciales como las administrativas, está integrado, a su vez, por otros dos principios: el de reserva legal y el de tipicidad. De conformidad con el primero solo el legislador está constitucionalmente autorizado para consagrar conductas infractoras de carácter delictivo, contravencional o correccional, establecer penas restrictivas de la libertad o sanciones de carácter administrativo o disciplinario, y fijar los procedimientos penales o administrativos que han de seguirse para efectos de su imposición. De acuerdo con el segundo, el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su imposición. Así las cosas, “el principio de reserva legal, implica en el Estado democrático de derecho, que él único facultado para producir normas de carácter penal es el legislador, pues además de ser esa su función natural en desarrollo del principio de división de poderes, en él se radica la representación popular, la cual es esencial en la elaboración de todas las leyes, pero muy especialmente en las de carácter penal. (...)” Sentencia C-921 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.