Procuraduría General de la Nación

RESOLUCIÓN 313 DE 2015 

(Julio 29)

“Por la cual se reglamenta el trámite para el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación a los Procuradores Judiciales II y de la bonificación judicial a los Procuradores Judiciales I”.

(Nota: Véase Resolución 371 de 2015 artículo 1° de la Procuraduría General de la Nación)

El Procurador General de la Nación,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 118, 275, 277 —numeral 7— y 280 de la Constitución Política, y los artículos 7º —numerales 2 y 7— y 36 y siguientes del Decreto-Ley 262 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 280 de la Constitución Política, “los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”;

Que el Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012 regula el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación(1), que tiene como destinatarios, entre otros servidores públicos, a “los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los magistrados del tribunal” allí mismo señalados;

Que de acuerdo con la Resolución 253 del 9 de agosto de 2012, que contiene el Manual Específico de Funciones por Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de la Planta de Personal de la Procuraduría, General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público, los Procuradores Judiciales II son quienes tienen asignada —internamente— la función de intervenir como agentes del Ministerio Público ante los tribunales superiores de Distrito Judicial o administrativos, según la naturaleza de los asuntos a cargo;

Que, del mismo modo, mediante el Decreto 383 del 6 de marzo de 2013 se creó la bonificación judicial para varios servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar(2), entre ellos jueces penales del circuito especializados, jueces de instrucción penal militar, jueces de circuito y jueces municipales;

Que los procuradores judiciales I, según el manual de funciones antedicho, tienen la función de intervenir como agentes del Ministerio Público ante los Jueces en mención;

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante concepto contenido en Oficio 20136000077941 del 21 de mayo de 2013, radicado 2013- 206-004763-2, consideró que “los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen de manera permanente como Agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales, tendrán derecho a percibir la bonificación judicial para aquellas, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 383 de 2013”;

Que los decretos 1016 de 2013 y 186 de 2014 señalan que “los procuradores judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales, tendrán derecho a percibir la bonificación judicial para aquellas, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 383 de 2013”;

Que según las disposiciones jurídicas en mención, el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación y de la bonificación judicial, a los procuradores judiciales II y procuradores judiciales I, respectivamente, está sujeto a su actuación e intervención permanente como agentes del Ministerio Público ante las correspondientes autoridades jurisdiccionales;

Que el término permanente, según el Diccionario de la Real Academia Española, proviene del vocablo “permanecer”, que significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad, lo que implica para efecto del ejercicio del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, la intervención habitual, continua o frecuente, que se mantiene en el tiempo, es decir que no es esporádica u ocasional(3);

Que, por otra parte, el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, según el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 118 ibídem, tiene la función de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales;

Que dicha intervención, como lo ha señalado la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia C-245 de 1995, tiene como propósito que los delegados y agentes del Procurador General, como colaboradores activos en la labor de administrar justicia, ayuden al juez “al discernimiento de lo que es justo y ajustado al imperio de la ley”. En ese contexto, el alto tribunal constitucional, en las sentencias C-399 de 1995, C-966 de 2003, C-591 de 2005, C-144 de 2010, T-503 de 2011 y T-293 de 2013, entre otras, destacó la labor del Ministerio Público en los procesos penales, en aras de la protección del interés general, del patrimonio público y de los intereses de la sociedad. En la Sentencia C-568 de 1997, sobre la intervención en procesos de familia, la Corte indicó que “siendo la de intervención en los procesos y ante las autoridades administrativas para la defensa de los derechos y garantías fundamentales, una función natural y obvia del Ministerio Público y, adicionalmente, obligatoria, la Corte no advierte quebrantamiento alguno del principio de unidad de materia legislativa, pues la mención de funcionarios que como los procuradores judiciales de Familia ejercen el Ministerio Público ante las autoridades judiciales y administrativas en materia de familia no resulta exótica en la ley que establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación y tampoco es inapropiado que allí mismo se les asignen unas competencias que tienen que ver con la protección de los derechos de sectores que han sido objeto de un especial tratamiento constitucional; tal el caso de los niños, los incapaces y los adolescentes y de instituciones sociales que como la familia tienen constitucionalmente garantizada su protección”;

Que el Consejo de Estado, entre otras providencias, en fallo de tutela del 31 de julio de 2014, radicado 11001-03-15-000-2014-00861-00, precisó que “la participación del Ministerio Público en los procesos judiciales tiene un fundamento que va más allá de la naturaleza de las partes que intervienen en él, pues ha de entenderse que este es un sujeto procesal especial, independiente y autónomo, que realiza una función de control jurídico y social, y por tanto, no puede ser asimilado a un coadyuvante o tercero en el proceso. Su actuación debe ser entendida y valorada, en esa dimensión, es decir, con todas las capacidades asignadas a las partes del proceso, pero en perspectiva de la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, como representante del interés general y superior, por el poder que le ha conferido la sociedad (...)”;

Que, en conclusión, la intervención de los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales resulta de la mayor trascendencia para el cumplimiento de los fines institucionales, entendidos en el rol constitucional y legal que representa la Procuraduría General de la Nación para los intereses de la sociedad, por cuya razón debe efectuarse en forma material, permanente, efectiva y eficiente;

Que el artículo 37 del Decreto-Ley 262 de 2000 preceptúa: “Los procuradores judiciales ejercerán funciones preventivas y de control de gestión, disciplinarias, de protección y defensa de los derechos humanos y de intervención ante las autoridades administrativas y judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes y en este capítulo cuando lo determine el Procurador General en virtud de las facultades contenidas en el artículo 7º de este decreto”;

Que esta disposición fue adicionada por el artículo 4º de la Ley 1367 de 2009, en el siguiente sentido:

“Además de las funciones disciplinarias, de control de gestión y preventivas, los procuradores judiciales en lo Contencioso Administrativo tendrán funciones de conciliación en los términos señalados podas leyes que regulan esta materia”;

Que el parágrafo 2º del artículo 48 del Decreto 262 de 2000 establece que los procuradores judiciales dependen directamente de los procuradores delegados que ejercen funciones de coordinación y vigilancia administrativa respecto de ellos;

Que mediante la Resolución 17 del 4 de marzo de 2000, artículos 16 y 29, se asignaron a los procuradores delegados las funciones de coordinación y vigilancia de las actividades de intervención ante las autoridades judiciales que realicen los diferentes funcionarios de la Procuraduría y los personeros;

Que, en tal contexto, el control y vigilancia de los procuradores delegados sobre las actividades de intervención judicial de los procuradores judiciales resulta necesario como mecanismo previo para el reconocimiento y pago de las bonificaciones por compensación y judicial, habida cuenta que, según se indica, se trata de emolumentos no previstos en el ordenamiento jurídico con destino a estos servidores por la sola designación o asignación de competencia de intervención, o por su posesión en los empleos, sino atados a su actuación e intervención permanente como agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales correspondientes;

Que en atención al artículo 275 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público y, como tal, según el numeral 2 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, tiene la potestad para formular las políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público, entre otros aspectos, en la actuación ante las autoridades administrativas y judiciales;

Que el numeral 7 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, prevé que es función de este despacho expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley;

Que en razón a lo expuesto se considera necesario regular el trámite para el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación a los procuradores judiciales II y de la bonificación judicial a los procuradores judiciales I, con el objeto de establecer criterios objetivos en relación con la causación, certificación y trámites pertinentes;

Que con dicho propósito se adelantaron reuniones de trabajo y consulta con los procuradores delegados con funciones de coordinación y vigilancia de la actividad de intervención de los procuradores judiciales;

En consecuencia este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. Reglamentar en la Procuraduría General de la Nación el trámite para el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación a los procuradores judiciales II y de la bonificación judicial a los procuradores judiciales I.

ART. 2º—Definiciones. Para los efectos del presente acto se entenderá por:

a) Actuación o intervención judicial. Toda aquella acción material y concreta de los procuradores judiciales, que conlleve a la intervención permanente, efectiva, eficiente y eficaz del Ministerio Público en los procesos judiciales y/o ante las autoridades jurisdiccionales previamente designadas por este despacho o por la procuraduría delegada respectiva; verbigracia la presentación de conceptos jurídicos o alegatos escritos o en audiencia, la intervención efectiva en diligencias judiciales, la presentación y sustentación de recursos procesales, la formulación de acciones constitucionales o cualquier otro acto verbal o escrito de trascendencia para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público. Todo ello según la naturaleza y la estructura del proceso judicial respectivo;

b) Actuación o intervención permanente. La intervención habitual, continua o frecuente, no esporádica u ocasional, de los procuradores judiciales.

ART. 3º—Sobre la intervención judicial permanente de los procuradores judiciales como agentes del Ministerio Público. Atendiendo la trascendencia del Ministerio Público en el desarrollo de los procesos judiciales, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, se entenderá razonablemente que los procuradores judiciales cumplen con su intervención judicial como agentes del Ministerio Público, de modo permanente, cuando acrediten ante el respectivo procurador delegado su ejercicio efectivo por lo menos en ocho (8) actuaciones al mes, ante los jueces o magistrados de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo.

Dicho límite podrá ser modificado o ajustado por cada uno de los procuradores delegados con funciones de coordinación de procuradores judiciales, en los siguientes casos:

a) Cuando en los procesos judiciales en los que intervenga el procurador judicial se controviertan asuntos de gran complejidad o de relevancia jurídica o social, que exijan mayor dedicación o exclusividad, lo cual será determinado por el correspondiente procurador delegado;

b) Cuando los procesos judiciales tramitados ante los jueces o magistrados de Tribunal Superior ante quienes se ejerza el cargo de procurador judicial, según la dinámica y estructura del procedimiento judicial, no sean objetivamente suficientes para adelantar la cantidad de actuaciones señalada;

c) Cuando, por disposición constitucional o legal, los procuradores judiciales cumplan funciones como agentes del Ministerio Público, no solamente en procesos judiciales, sino también en trámites administrativos, o tengan a cargo funciones de conciliación, disciplinarias, de control de gestión o preventivas, en los términos de los artículos 37 y siguientes del Decreto-Ley 262 de 2000.

PAR.—Los procuradores delegados, con funciones de coordinación de procuradores judiciales, deberán establecer en las respectivas áreas de intervención, las actuaciones judiciales que, según la naturaleza y la estructura del proceso judicial, habrán de considerarse como intervención efectiva para los efectos de la presente resolución.

ART. 4º—Reportes de intervención. Cada procurador judicial deberá reportar su intervención judicial al respectivo procurador delegado, o al procurador judicial que ejerza como coordinador, según el caso, quien a su turno deberá hacer el reporte general de los Judiciales que coordine, todo lo cual se hará en los formatos o instrumentos que establezca cada Delegado, según la naturaleza y la estructura de los procesos judiciales ante los que se ejerza como Ministerio Público, allegando los soportes documentales que en cada área se determinen.

ART. 5º—Certificación para el reconocimiento y pago de las bonificaciones por compensación o judicial. Los procuradores delegados deberán enviar mensualmente al grupo de nómina de la entidad certificación en la que se informe si cada procurador judicial bajo su coordinación, cumplió o no durante el mes respectivo con la intervención judicial permanente, en los términos del presente acto administrativo, documento soporte con el cual se debe adelantar el proceso de nómina de reconocimiento y pago de la correspondiente bonificación.

PAR.—La certificación de que trata el presente artículo se debe diligenciar en el formato unificado adoptado por la secretaría general - grupo de nómina para tal fin.

ART. 6º—Vigencia y remisión. La presente resolución entrará a regir un (1) mes después de la fecha su expedición y deja sin efectos las disposiciones reglamentarias internas que resulten contrarias a lo previsto en este acto. En lo demás, las reglas aquí dispuestas complementan las establecidas en los manuales de procedimientos de la entidad, así como en las resoluciones o demás actos reglamentarios de este Despacho o de las Procuradurías Delegadas con función de coordinación de Procuradores Judiciales que establezcan o hayan señalado criterios de intervención judicial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., a 29 de julio de 2015.

(Nota: Véase Resolución 371 de 2015 artículo 1° de la Procuraduría General de la Nación)

(1) La bonificación por compensación es aquel valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales —de sus destinatarios—, los iguala al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

(2) La bonificación judicial, que se reconoce y paga mensualmente, se estableció en valores fijos para los años 2013 al 2018. Para el año. 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

(3) La Corte Constitucional, en la Sentencia C-146 de 2001, con ponencia del doctor Alfredo Beltrán Sierra, precisó que la intervención ocasional es aquella en la que se le encomienda al funcionario el desempeño de funciones de agente del Ministerio Público únicamente para que asuma el conocimiento de uno o unos asuntos determinados y concretos, por necesidades del servicio.