RESOLUCIÓN 317 DE 2007 

(Noviembre 9)

“Por medio de la cual el Procurador General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales establecidas en el artículo 277, numerales 6º y 7º, de la Constitución Política de 1991, y en el artículo 7º, numerales 2º, 6º, 7º, 8º, 16, y parágrafo del Decreto-Ley 262 de 2000, asigna el ejercicio de unas funciones y dicta otras disposiciones”.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 277.7 de la Constitución Política señala que corresponde al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes intervenir ante las autoridades judiciales y administrativas cuando lo considere necesario en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales y del patrimonio público;

Que como lo reconocen los artículos 40 y 280 de la Carta Política el derecho al sufragio tiene la condición de fundamental;

Que en todo el proceso electoral se involucran dineros del patrimonio público habida cuenta que por disposición del título IV de la Constitución Política los partidos y movimientos políticos así como sus campañas son financiados por el Estado;

Que en las elecciones celebradas en todo el territorio nacional el pasado 28 de octubre de 2007 resultaron electos algunos ciudadanos en quienes concurre alguna causal de inhabilidad de las previstas por el constituyente y el legislador que conducen a que el acto de declaratoria de su elección se encuentre viciado de nulidad, al tenor de lo previsto por el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo;

Que con la elección de los ciudadanos que se hallan incursos en causales de inhabilidad se genera una grave afectación del derecho fundamental al sufragio en cuanto al principio de eficacia que lo debe sustentar;

Que con la declaratoria de elección de los referidos ciudadanos se pone en grave riesgo el patrimonio público con el que el Estado tiene el deber de concurrir a la financiación de sus campañas, así como con la posibilidad real de que los cargos de elección popular sean ocupados por ciudadanos que se hallan afectados por causales de inhabilidad;

Que tal como lo ha manifestado reiterativamente la Corte Constitucional, la acción de nulidad electoral es una “acción pública que reviste un tratamiento especial, con el fin de facilitar la intervención de terceras personas y del Ministerio Público, al servicio del derecho sustancial ya que define temas de interés para la comunidad en defensa del orden jurídico” (sents. T-332 de 2006, G590 de 2005 y T-1160 de 2003);

Que atendiendo la especialidad en la materia, a la procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado se le ha asignado la intervención ante la máxima corporación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia electoral;

Que según informa la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado se cuenta con las pruebas idóneas, procedentes y conducentes para incoar la acción pública de nulidad electoral respecto de los ciudadanos que estando inhabilitados resultaron elegidos en la pasada jornada electoral del 28 de octubre de 2007;

Que de conformidad con lo señalado por el artículo 36 del Decreto 262 de 2000, es facultad del Procurador General de la Nación asignar a los procuradores delegados funciones de coordinación y vigilancia de las actividades de intervención ante las autoridades judiciales que realicen los funcionarios de la Procuraduría y los personeros;

En mérito de lo expuesto el Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Primero. Asígnase a la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, la función de coordinar la intervención de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cuanto a las acciones de nulidad electoral.

Segundo. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado podrá asumir directamente la intervención judicial o hacerlo a través de agentes especiales cuya designación solicitará a la procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado.

Tercero. La procuradora delegada mantendrá una base de datos actualizada que permita establecer en tiempo real el estado de los procesos, la cual se alimentará con los informes que de cada actuación o estado del proceso remitan a ella los agentes especiales u ordinarios que intervengan en ellos.

Cópiese, publíquese y cúmplase.

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