RESOLUCIÓN 318 DE 2007 

(Noviembre 9)

“Por medio de la cual el Procurador General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales establecidas en el artículo 277, numerales 6º y 7º, de la Constitución Política de 1991, y en el artículo 7º, numerales 2º, 6º, 7º, 8º, 16, y parágrafo del Decreto-Ley 262 de 2000, asigna el ejercicio de unas funciones y dicta otras disposiciones.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 277.7 de la Constitución Política señala que corresponde al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes intervenir ante las autoridades judiciales y administrativas cuando lo considere necesario en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales y del patrimonio público;

Que como lo reconocen los artículos 40 y 280 de la Carta Política el derecho al sufragio tiene la condición de fundamental;

Que en todo el proceso electoral se involucran dineros del patrimonio público habida cuenta que por disposición del título IV de la Constitución Política los partidos y movimientos políticos así como sus campañas son financiados por el Estado;

Que ante el Consejo Nacional Electoral se adelantan trámites y procedimientos relacionados con los mecanismos de participación ciudadana en materia política;

Que se hace necesario asignar las funciones de intervención ante la precitada autoridad administrativa integrada por ciudadanos a quienes se exige las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de justicia, a un funcionario de las mismas calidades;

Que teniendo en cuenta la especialidad y naturaleza de los asuntos que se tramitan y deciden en el Consejo Nacional Electoral es la procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado a quien por la temática que debe manejar, a quien le resulta más afín la atención de tales asuntos relacionados con los mecanismos de participación ciudadana de carácter político,

En mérito de lo expuesto el Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Primero. Asígnase a la procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado la función de intervención ante el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de la cual tendrá en cuenta los criterios de necesariedad establecidos por el artículo 277.7 de la Constitución Política.

Segundo. Para el ejercicio de esta función la procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado podrá requerir el apoyo de funcionarios de otras dependencias, previa aprobación de esta determinación del Presidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, en cabeza del Viceprocurador General de la Nación.

Tercero. La procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado mantendrá una base de datos actualizada que permita establecer en tiempo real el estado de los trámites y procesos que se adelanten ante el Consejo Nacional Electoral y que muestre la posición doctrinaria de ese órgano así como la asumida por el Ministerio Público.

Cópiese, publíquese y cúmplase.

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