Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIÓN 323 DE 2015 

(Marzo 9)

“Por medio de la cual se reglamenta el desempeño de las prácticas académicas en la Fiscalía General de la Nación”.

El Fiscal General de la Nación,

en uso de las facultades constitucionales y legales, especialmente las contenidas en el numeral 2 del artículo 251 de la Constitución Política y en el numeral 19 del artículo 4º del Decreto-Ley 16 del 9 de enero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política, las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación es un derecho de la persona y además un servicio público que debe cumplir una función social, que representa el acceso a los medios de producción y al trabajo.

Que el mencionado artículo 67 de la Carta Política señala que con la educación se persigue el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes inmateriales y valores de la cultura; el respeto a los derechos de los demás, la paz, la democracia.

Que el artículo 54 superior, señala que es “obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.

Que conforme al artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 2º de la Ley 552 de 1999 establece que el estudiante que haya terminado las materias del pénsum académico de derecho, elegirá entre la elaboración de monografía o la realización de judicatura.

Que la judicatura remunerada puede prestarse en el ejercicio de cargos públicos con funciones jurídicas en entidades públicas del orden nacional, conforme al literal “g” del artículo 23 del Decreto 3200 de 1979.

Que mediante el Decreto 1862 de 1989 se crearon los cargos de Auxiliar Judicial con carácter ad honorem en las Seccionales de Instrucción Criminal, siendo asumidas las funciones de aquellos despachos por la Fiscalía General de la Nación.

Que mediante el Acuerdo PSAA 10-7543 de diciembre 14 de 2010, modificado por el Acuerdo PSAA 12-9338 del 27 de marzo de 2012, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se reglamentan los requisitos de judicatura para optar por el título de abogado.

Que el parágrafo del artículo 13 del Acuerdo PSAA 10-7543 de diciembre 14 de 2010, modificado por el Acuerdo PSAA 12-9338 del 27 de marzo de 2012, establece: “Quienes realicen la judicatura en la Fiscalía General de la Nación deben solicitar el aval de la práctica ante la secretaría general de dicha entidad, conforme con la Resolución 1684 del 30 de julio de 2010 o el que la aclara, modifique o derogue proferida por esa institución (...)”.

Que en relación con la prestación de la judicatura ad honorem en entidades públicas, la Corte Constitucional ha sido enfática en sostener que ella corresponde al ejercicio de una función pública(1).

Que el cumplimiento de la misión y de las funciones de la Fiscalía General de la Nación involucra otras áreas del conocimiento, en las cuales se puede requerir apoyo de estudiantes de carreras universitarias diferentes a Derecho, tal como se estableció en la Resolución 3265 de 2006, por lo cual es necesario reglamentar el procedimiento de la realización de prácticas de otras disciplinas en la entidad.

Que la Ley 115 de 1994 dispone que la educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior.

Que mediante radicado 2008EE132552 la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional definió que para efectos de la práctica empresarial de la educación media, no se requiere permiso especial, en los siguientes términos: “De conformidad con las disposiciones legales citadas, se concluye que para el desarrollo de la práctica empresarial por parte de los alumnos, las instituciones educativas deben suscribir con las empresas convenios o acuerdos para la práctica empresarial, que les permita a sus estudiantes cumplir con el proceso formativo de las competencias laborales previstas en el plan de estudio; igualmente, la práctica empresarial no implica vinculación laboral del estudiante con la empresa, toda vez que la actividad es académica y no laboral; para efectos de atender su consulta en criterio de esta oficina, no se requiere de permiso especial para que el estudiante realice la práctica empresarial, es suficiente la carta de presentación que debe realizar el establecimiento educativo a la empresa”.

Que el Decreto 55 de 2015 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, establece la obligación para las entidades públicas donde se realizan las prácticas académicas y a favor de los estudiantes, de afiliar y cotizar al sistema de Riesgos Laborales, salvo convenio en donde se establezca que las instituciones de educación asumirán tal obligación y/o efectivamente se realice.

Que conforme al nuevo régimen de afiliación y pago de riesgos laborales, se hace necesario establecer un régimen de transición con el fin de observar y ajustar la actividad de la Fiscalía General de la Nación a las disposiciones presupuestales vigentes, y para prevenir posibles riesgos patrimoniales para la entidad.

Que según concepto Rad. 2-2015-005730 del 19 de febrero de 2015, expediente 668/2015/ RPQRSD, suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los gastos por concepto de Riesgos Laborales de los practicantes deben asumirse con cargo al rubro presupuestal “Servicios personales indirectos - Ordinal: Otros servicios personales indirectos”.

Que mediante Resolución 787 del 9 de abril de 2014, artículo 3º, numeral 2, el Fiscal General de la Nación delegó en el Subdirector de Talento Humano la expedición de las certificaciones de prácticas de judicatura, de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto.

Que el Decreto-Ley 16 del 9 de enero de 2014 modificó y definió la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación, y el Decreto-Ley 17 de la misma fecha, entre otras disposiciones, modificó la nomenclatura de los empleos de la planta de personal de la institución.

Que teniendo en cuenta que la Secretaría General de la Fiscalía General de la Nación fue suprimida en la nueva estructura de la entidad contemplada en el Decreto-Ley 16 de 2014, y bajo criterios de control, economía y eficiencia, se hace necesario descentralizar el proceso de certificación de las prácticas ad honorem en las subdirecciones seccionales de apoyo a la gestión conforme a su jurisdicción territorial.

Que la Fiscalía General de la Nación reglamentó el ejercicio de prácticas académicas de diferentes carreras universitarias, educación no formal, y judicaturas y consultorios jurídicos, a través de las resoluciones 3265 del 28 de septiembre de 2006, 3853 del 19 de octubre de 2007 y 1684 del 30 de julio de 2010, respectivamente.

Que se considera necesario reglamentar en un solo instrumento normativo actualizado, el ejercicio de las prácticas académicas en la Fiscalía General de la Nación.

Que generar oportunidades para que los estudiantes logren aplicar desde el punto de vista práctico sus conocimientos adquiridos, no solo redunda en el mejoramiento del servicio que cumple la Fiscalía General de la Nación, sino que denota su compromiso social con el país y sus nuevas generaciones.

En mérito de lo expuesto este despacho,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Objeto

ART. 1º—Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar el desarrollo de prácticas académicas en la Fiscalía General de la Nación.

CAPÍTULO II

Judicaturas, consultorio jurídico y demás prácticas académicas de la carrera de Derecho

ART. 2º—Prácticas Jurídicas en la Fiscalía General de la Nación. Las judicaturas, consultorios jurídicos y diferentes modalidades de prácticas académicas de la carrera de Derecho, de universidades oficialmente reconocidas, podrán realizarse en la Fiscalía General de la Nación, conforme a los lineamientos impartidos en el presente reglamento.

PAR.—De conformidad con la regulación pertinente contenida en la Ley 583 de 2000 y el Decreto 196 de 1971, a través de las dependencias de la Fiscalía General de la Nación, los estudiantes de los consultorios jurídicos de las universidades oficialmente reconocidas, podrán ofrecer asesorías gratuitas a los ciudadanos, previa suscripción de convenio con la correspondiente institución educativa.

ART. 3º—Modalidades de judicatura. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3º del Acuerdo PSAA 10-7543 de diciembre 14 de 2010, modificado por el Acuerdo PSAA 12-9338 del 27 de marzo de 2012, la judicatura puede realizarse en la Fiscalía General de la Nación, en calidad de ad honorem o en el desempeño de un cargo remunerado.

ART. 4º—Judicatura ad honorem. La judicatura ad honorem en la Fiscalía General de la Nación se ejercerá en el cargo auxiliar judicial ad honorem, en cualquier dependencia y área de la entidad en donde se desarrollen funciones jurídicas que permitan la habilitación y capacitación de los estudiantes, y no implicará pago alguno por concepto de salario o prestaciones sociales.

ART. 5º—Término de la judicatura ad honorem. El término de la judicatura ad honorem en la Fiscalía General de la Nación será de nueve (9) meses, en una jornada de ocho horas diarias; excepto para los auxiliares judiciales ad honorem que presten sus servicios en las Casas de Justicia, cuyo término de duración será de seis (6) meses, conforme al Decreto-Ley 2636 de 2004.

PAR. 1º—En caso de que el estudiante no complete el término legal o reglamentario de judicatura, corresponderá al competente certificar los tiempos parciales en los que sea prestado el servicio a la Fiscalía General de la Nación en calidad de servidor público con las correspondientes funciones jurídicas.

PAR. 2º—Los términos de la judicatura señalados en el presente artículo están establecidos en la normatividad vigente, por tal razón, se entenderán modificados si las normas que regulan la materia son derogadas, aclaradas o modificadas.

ART. 6º—Judicatura en cargo remunerado. La judicatura remunerada podrá prestarse en el ejercicio de cargos de la Fiscalía General de la Nación, cuya naturaleza, propósito principal y funciones esenciales, permitan la aplicación de conocimientos jurídicos y el desempeño de funciones relacionadas con el Derecho, las cuales deberán ser certificadas conforme al presente reglamento.

Por lo anterior, se exceptúan de la prestación de la Judicatura Remunerada en la Fiscalía General de la Nación, entre otros, los cargos de Conductor I, II y III.

ART. 7º—Término de la Judicatura en cargo remunerado. El término de la judicatura remunerada en empleos de la Fiscalía General de la Nación será de un (1) año de prestación del servicio en jornada completa.

PAR. 1º—En caso de que el estudiante no complete el término legal o reglamentario de judicatura, corresponderá al competente certificar los tiempos parciales en los que sea prestado el servicio a la Fiscalía General de la Nación en calidad de servidor público con las correspondientes funciones jurídicas.

PAR. 2º—Los términos de la judicatura señalados en el presente artículo están establecidos en la normatividad vigente, por tal razón, se entenderán modificados si las normas que regulan la materia son derogadas, aclaradas o modificadas.

ART. 8º—Responsabilidad de los judicantes en cargos remunerados. Es responsabilidad exclusiva de los servidores que pretendan validar su tiempo de servicio en un cargo de la Fiscalía General de la Nación como tiempo de judicatura, coordinar con sus respectivos jefes inmediatos la correspondiente designación y la asignación formal de funciones de apoyo jurídico susceptibles de ser certificadas posteriormente, salvo para aquellos cargos de la planta de personal cuyas funciones esenciales previstas en el Manual de funciones y requisitos involucren por su naturaleza el desarrollo de funciones de tipo jurídico o requieran formación específica en Derecho para su desempeño.

La asignación de funciones de carácter jurídico no es obligatoria para aquellos empleos que conforme a las funciones esenciales previstas en el Manual de funciones y requisitos involucren por su naturaleza el desarrollo de funciones de este tipo o requieran formación específica en Derecho para su desempeño. Sin embargo, los jefes inmediatos propenderán por colaborar en el desarrollo profesional de los servidores en la medida en que las necesidades del servicio lo permitan.

CAPÍTULO III

Prácticas académicas de otras carreras universitarias

ART. 9º—Prácticas profesionales en la Fiscalía General de la Nación. Las diferentes prácticas ad honorem de programas académicos de universidades oficialmente reconocidas, podrán realizarse en cualquier dependencia y área de la entidad en donde se desarrollen funciones relacionadas con el programa respectivo, permitiendo la habilitación y capacitación de los estudiantes, y no implicará pago alguno por concepto de salario o prestaciones sociales, conforme a los lineamientos impartidos en el presente reglamento.

ART. 10.—Término de la práctica profesional. El término de la práctica profesional será el indicado por la ley o el reglamento para cada programa curricular. No obstante, corresponderá al competente certificar los tiempos parciales en los que sea prestado el servicio a la Fiscalía General de la Nación en calidad de practicante ad honorem.

ART. 11.—Responsabilidad de los practicantes en cargos remunerados. Es responsabilidad exclusiva de los servidores que pretendan valer su tiempo de servicio en un cargo de la Fiscalía General de la Nación como desarrollo de práctica, coordinar con sus respectivos jefes inmediatos la correspondiente designación y la asignación formal de funciones susceptibles de ser certificadas posteriormente, así como validar con la respectiva institución educativa la posibilidad o no de efectuar su práctica en el cargo que desempeñan conforme a su naturaleza, propósito principal y funciones esenciales.

La asignación de funciones relacionadas con la formación profesional no es obligatoria para aquellos empleos que conforme a las funciones esenciales previstas en el Manual de funciones y requisitos involucren por su naturaleza el desarrollo de funciones de este tipo. Sin embargo, los jefes inmediatos propenderán por colaborar en el desarrollo profesional de los servidores en la medida en que las necesidades del servicio lo permitan.

CAPÍTULO IV

Prácticas empresariales o académicas no profesionales de educación media técnica

ART. 12.—Prácticas en la Fiscalía General de la Nación. Las prácticas contempladas en programas de formación complementaria ofrecidos por las instituciones de educación media técnica, las escuelas normales superiores, y las de educación para el trabajo y el desarrollo humano, podrán desarrollarse en las diferentes dependencias de la Fiscalía General de la Nación que requieran apoyo exclusivamente en funciones de archivística o contabilidad.

ART. 13.—Término de la práctica académica no profesional. El término de la práctica académica no profesional será el indicado por la ley o el reglamento para cada programa.

PAR.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, corresponderá al competente certificar los tiempos parciales en los que sea prestado el servicio a la Fiscalía General de la Nación en calidad de practicante ad honorem.

CAPÍTULO V

Disposiciones generales

ART. 14.—Convenios. Se delega en los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión en el nivel territorial y en el subdirector de talento humano en el nivel central, previa evaluación de solicitud elevada por una institución educativa, o de un director nacional, subdirector nacional o director seccional de la Fiscalía General de la Nación, la facultad de suscribir convenios marco de cooperación con universidades o instituciones educativas oficialmente reconocidas, con el objeto de permitir que los estudiantes realicen la judicatura remunerada o ad honorem, la atención de usuarios de consultorios jurídicos, las prácticas profesionales y las prácticas académicas no profesionales en la entidad.

PAR.—Para el caso de judicaturas o prácticas desarrolladas en un empleo de la Fiscalía General de la Nación, no se requerirá la suscripción previa de convenio marco de cooperación, correspondiendo a cada estudiante validar con la respectiva institución educativa la posibilidad o no de efectuar su práctica en el cargo que desempeñan conforme a su naturaleza, propósito principal y funciones esenciales.

ART. 15.—Austeridad en el gasto público. Conforme a las políticas de austeridad del gasto público, las autoridades que celebran los convenios marco a nombre de la Fiscalía General de la Nación, propenderán siempre por incluir dentro de los mismos la obligación a cargo de la institución educativa, de afiliar y pagar a sus estudiantes las cotizaciones correspondientes por riesgos laborales; para tales efectos se preferirán aquellas instituciones educativas que asuman este tipo de obligación y si es del caso, previo a la celebración del convenio, se verificarán las disponibilidades presupuestales correspondientes.

ART. 16.—Convenios de consultorio jurídico. Conforme al Decreto 196 de 1971 y la Ley 583 de 2000, los consultorios jurídicos están instituidos para prestar un servicio social a la ciudadanía, razón por la cual, para que la Fiscalía General de la Nación pueda suscribir convenios con consultorios jurídicos o instituciones educativas para el desarrollo del consultorio jurídico en la entidad, dichas instituciones deberán asumir la afiliación y pago de riesgos laborales de sus estudiantes, caso contrario no se suscribirá el respectivo convenio.

ART. 17.—Riesgos laborales. Conforme al Decreto 55 de 2015, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, corresponderá a la Fiscalía General asumir la afiliación y pago de riesgos laborales a los estudiantes que adelanten su judicatura o práctica ad honorem en la Fiscalía General de la Nación, salvo convenio que determine la obligación en cabeza de la institución educativa.

En caso de que la Fiscalía General de la Nación asuma la mencionada obligación, la afiliación deberá realizarse a través del departamento de administración de personal en el nivel central y de las subdirecciones seccionales de apoyo a la gestión en el nivel territorial, y el pago se realizará con cargo al rubro “servicios personales indirectos”.

PAR.—En los eventos en que las prácticas se desarrollen en cargos remunerados de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, no habrá lugar a doble aporte por concepto de riesgos laborales, conforme al parágrafo 2º del artículo 2º del Decreto 55 de 2015.

ART. 18.—Presentación y selección de judicantes y practicantes ad honorem. En la ejecución de los convenios marco de cooperación para el desarrollo de la judicatura, prácticas profesionales, prácticas académicas no profesionales o prácticas empresariales ad honorem, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

1. Conforme a las áreas de interés y las funciones de las diferentes dependencias de la entidad, la respectiva institución educativa presentará formalmente a cada uno de los estudiantes ante el director seccional o subdirector seccional que corresponda en el nivel territorial, o ante los directores nacionales, subdirectores nacionales y jefes de departamento en el nivel central.

En caso de que algún área o dependencia de la entidad requiera judicantes o practicantes ad honorem, solicitará directamente a las instituciones educativas con las que se haya celebrado convenio, la presentación formal de los estudiantes requeridos.

2. Una vez analizada la viabilidad de la judicatura o práctica, corresponde a los servidores del nivel directivo de la entidad señalados en el numeral 1, solicitar a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia el estudio de verificación, confiabilidad y confidencialidad de los judicantes o practicantes ad honorem, conforme Resolución 1704 del 1º de octubre de 2014 y disposiciones concordantes.

Si el estudio determina algún nivel de riesgo para la Fiscalía General de la Nación o sus servidores, se dará por finalizado el proceso de vinculación, informando lo pertinente a la institución educativa y autoridades correspondientes.

3. Posteriormente, los servidores del nivel directivo de la entidad señalados en el numeral 1, emitirán la solicitud formal de vinculación como auxiliares judiciales ad honorem o practicantes ad honorem, con destino a los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión en el nivel territorial y al jefe del departamento de administración de personal en el nivel central, según corresponda, acompañada de los siguientes documentos:

• Carta de presentación emitida por la institución educativa correspondiente.

• Hoja de vida actualizada.

• Fotocopia del documento de identidad.

• Fotocopia del carné de la EPS.

• Certificado de terminación y aprobación de las materias que componen el respectivo pénsum académico, en los eventos que corresponda.

• Estudio de verificación, confiabilidad y confidencialidad del judicante o practicante.

ART. 19.—Vinculación de auxiliares judiciales ad honorem y demás practicantes. Se delega en los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión en el nivel territorial y al jefe del departamento de personal en el nivel central, la facultad de suscribir los actos de vinculación de auxiliares judiciales ad honorem o practicantes ad honorem, agotando el siguiente procedimiento:

1. Recibida la solicitud de vinculación, los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión en el nivel territorial y el departamento de administración de personal en el nivel central, conformarán el expediente de cada estudiante, el cual conservarán en los archivos de la respectiva dependencia.

2. En los eventos en que la entidad asuma el pago por concepto de riesgos laborales, en el nivel central el jefe del departamento de administración de personal solicitará a la subdirección financiera el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal por cada estudiante, teniendo en cuenta el término de la judicatura o de la práctica.

En el nivel territorial, los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión expedirán el certificado de disponibilidad presupuestal por cada estudiante, teniendo en cuenta el término de la judicatura o de la práctica.

En los demás eventos, se procederá con la designación correspondiente conforme a las reglas impartidas en este reglamento.

3. Una vez se cuente con la disponibilidad presupuestal para asumir el pago de riesgos laborales, los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión en el nivel territorial y el departamento de administración de personal en el nivel central, mediante acto administrativo realizarán la designación del judicante como auxiliar judicial ad honorem, practicante ad honorem, judicante o practicante en encargo remunerado, en la dependencia correspondiente y concomitantemente realizarán la afiliación del estudiante a la respectiva ARL, lo cual será comunicado al servidor que haya solicitado la vinculación y al respectivo estudiante.

La fecha de inicio de la práctica deberá indicarse en el respectivo acto de vinculación, previa afiliación al sistema de riesgos laborales como mínimo con un día de antelación conforme al artículo 4º del Decreto 55 de 2015.

En caso de no existir disponibilidad presupuestal para el pago de ARL, se devolverán los documentos al servidor del nivel directivo que haya solicitado la vinculación, indicándole la imposibilidad de seguir adelante con el proceso.

4. Los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión en el nivel territorial y el departamento de administración de personal en el nivel central, durante el término de la práctica realizarán el pago de ARL de los judicantes o practicantes, conforme al artículo 6º del Decreto 55 de 2015 y demás normas concordantes.

5. En los eventos de prácticas desarrolladas en cargos remunerados, los respectivos directores nacionales, subdirectores nacionales, directores seccionales, subdirectores seccionales o jefes de departamento, expedirán el correspondiente acto de designación como judicante o practicante en cargo remunerado, el cual deberá contener la identificación del servidor, la fecha de inicio de la práctica, la asignación formal de funciones jurídicas o de otras disciplinas, sin perjuicio de que las mismas sean las del Manual de funciones y requisitos en aquellos casos donde coincidan.

El acto de designación será remitido a la historia laboral del servidor.

PAR.—Para el desarrollo de las prácticas ad honorem o remuneradas no habrá necesidad de posesión como judicante o practicante, bastará con la designación en la cual se indicará el día de inicio de la práctica correspondiente.

ART. 20.—Supervisión. La supervisión del desarrollo de las prácticas deberá ser asumida por el jefe de la dependencia donde se prestará el servicio a la Fiscalía General de la Nación.

ART. 21.—Responsabilidad de los auxiliares judiciales ad honorem y de los practicantes ad honorem. Los auxiliares judiciales ad honorem y los Practicantes ad honorem asumirán los deberes, prohibiciones y responsabilidades por acción u omisión a las que están sometidos los servidores públicos, y deberán cumplir los protocolos y reglamentos internos de la institución en lo pertinente, especialmente el deber de reserva sobre los asuntos a su cargo.

PAR.—Cualquier incumplimiento de las obligaciones será comunicada por el supervisor de la respectiva práctica a las dependencias competentes según se trate de asuntos de carácter administrativo, disciplinario, fiscal o penal, así como a la institución educativa que corresponda.

ART. 22.—Terminación y desvinculación unilateral de los practicantes o auxiliares judiciales ad honorem. Cuando existan razones del servicio, de carácter presupuestal o incumplimiento de obligaciones por parte del practicante, que ameriten la terminación anticipada de la práctica, se realizará la correspondiente desvinculación de la entidad mediante acto administrativo expedido por la misma autoridad facultada para realizar la vinculación.

ART. 23.—Certificaciones. Se delega en los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión y en el subdirector de talento humano, la facultad de expedir las certificaciones de prácticas ad honorem y remuneradas en la Fiscalía General de la Nación, para estos efectos se seguirá el siguiente procedimiento:

1. A solicitud del interesado, los directores nacionales, subdirectores nacionales, directores seccionales, subdirectores seccionales o jefes de departamento, expedirán las certificaciones sobre el desarrollo de la práctica, indicando al menos lo siguiente:

a) Identificación plena del practicante;

b) Acto de designación como auxiliar judicial ad honorem o practicante ad honorem, cuando fuere el caso;

c) Dependencia y lugar donde se realizó la práctica.

d) Tiempo de duración y jornada en que se efectuó la prestación del servicio.

e) Relación detallada de las funciones desarrolladas. Para el caso de prácticas en cargos remunerados se deberá certificar, además de las funciones esenciales previstas en el Manual de funciones y requisitos de la entidad, las funciones jurídicas o de otras disciplinas cuando corresponda, que le fueron asignadas o eran desarrolladas en el ejercicio del cargo.

2. Obtenida la certificación sobre el desarrollo de la práctica, el estudiante o aspirante a que le sea certificada la judicatura o la práctica, deberá allegar a la subdirección seccional de apoyo a la gestión en el nivel territorial y al departamento de administración de personal en el nivel central, solicitud formal de certificación de judicatura o la práctica que corresponda, reuniendo al menos los siguientes elementos:

a) Nombre e identificación completa;

b) Datos de contacto, dirección, teléfono y correo electrónico;

c) La constancia original a que se refiere el numeral 1º del presente artículo, expedida por el director nacional, subdirector nacional, director seccional, subdirector seccional o jefe de departamento, según corresponda.

3. La solicitud deberá ser resuelta y comunicada en los términos legales establecidos para responder el derecho de petición, a través de la constancia correspondiente dirigida al Consejo Superior de la Judicatura o a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, la cual será entregada al peticionario.

4. Si el servidor de la entidad o el practicante ad honorem prestó sus servicios solo parcialmente o por un término inferior al que exige la ley para los diferentes programas académicos, las autoridades competentes conforme a este reglamento, certificarán estrictamente el tiempo en que se haya prestado el servicio.

PAR.—En el nivel central el departamento de administración de personal proyectará la respectiva constancia o certificación para firma del subdirector de talento humano, y en caso de requerirse completar la información suministrada requerirá directamente al peticionario para lo pertinente, conforme a la normatividad legal que regula el derecho de petición.

ART. 24.—Prohibición de prácticas remuneradas. En la Fiscalía General de la Nación no se suscribirán convenios o se designarán practicantes, con cargo al presupuesto de la entidad por concepto de honorarios, remuneración, prestaciones sociales o cualquier otro emolumento diferente al pago de riesgos laborales conforme al presente reglamento.

ART. 25.—Régimen de transición. Con el fin de dar cumplimiento estricto a lo ordenado en el Decreto 55 de 2015 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, evitar detrimentos patrimoniales para la institución y garantizar el principio de legalidad del gasto público, a partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo y hasta el día 31 de marzo de 2015, se establece el siguiente régimen de transición:

1. Es deber de todos los directores nacionales, subdirectores nacionales, directores seccionales, subdirectores seccionales o jefes de departamento, reportar a los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión en el nivel territorial y al departamento de administración de personal en el nivel central, según corresponda, la relación integral de todos los practicantes y judicantes que se encuentren realizando práctica ad honorem en la institución.

2. Los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión y el jefe del departamento de administración de personal, deberán dar por terminadas las judicaturas y prácticas ad honorem que se adelanten en la entidad por estudiantes cuya institución educativa no esté asumiendo la afiliación y pago de la respectiva ARL.

3. Los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión y la subdirección de talento humano, verificarán las condiciones de los convenios suscritos con instituciones educativas conforme a su competencia, con el fin de realizar las modificaciones a que haya lugar o la suscripción de nuevos convenios marco de cooperación, bajo las condiciones del presente reglamento, realizando las gestiones que se estimen necesarias con las diferentes instituciones de educación.

4. Los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión, la subdirección de talento humano y el departamento de administración de personal, deberán normalizar la situación y designación de cada uno de los practicantes, en caso de que proceda, de conformidad con las reglas impartidas en la presente resolución.

5. Los tiempos parciales que se hayan prestado a la institución deberán ser certificados con base en las competencia que asigna o delega el presente reglamento.

6. En aquellos eventos en los que las instituciones educativas estén asumiendo actualmente la afiliación y pago de la ARL de los practicantes, la práctica correspondiente podrá continuar desarrollándose. No obstante, los subdirectores seccionales de apoyo a la gestión, la subdirección de talento humano y el departamento de administración de personal, velarán porque los convenios suscritos con estas instituciones educativas sean modificados o renovados y se establezca en ellos expresamente la obligación de afiliación y pago de riesgos laborales por parte de la institución educativa.

7. Los términos, plazos y condiciones para el efectivo cumplimiento del régimen de transición y las demás disposiciones del reglamento de prácticas, serán determinados a través de las directrices que para el efecto emita la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión y la subdirección de talento humano.

ART. 26.—La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica aquellas disposiciones que le sean contrarias, especialmente el numeral 2º del artículo 3º de la Resolución 787 del 9 de abril de 2014, y deroga las resoluciones 1684 del 16 de julio de 2010, 3265 del 28 de septiembre de 2006 y 3853 del 19 de octubre de 2007.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 9 de marzo de 2015.

(1) Sentencia C-621 de 2004 y C-588 de 1997.