Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 3251 DE 2013

(Noviembre 19)

“Por la cual se fija el valor de las pólizas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que realicen consultas para la selección de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, para las elecciones que se lleven a cabo en el año 2014”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 265 de la Constitución Política, los artículos 9º y 39 literal d) de la Ley 130 de 1994, artículo 9º de la Ley 1475 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 107 de la Constitución Política de la República de Colombia, preceptúa:

“ART. 107.

(...).

Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

(...)”.

Que la Ley 1475 de 2011 dispuso:

“ART. 5º—Las consultas son mecanismos de participación democrática y política que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular. (...)”.

“ART. 6º—Normas aplicables a las consultas. En las consultas populares se aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen. La organización electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del escrutinio.

(...)

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las consultas garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ellas”(Subrayado por fuera de texto original).

“ART. 7º—Obligatoriedad de los resultados. El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas.

(...).

En caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presente la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas sumas podrán ser descontadas de la financiación estatal que corresponda a dichos partidos y movimientos” (Destaca la Sala).

Que tal como arriba se indica, el legislador estatutario, en el artículo 5º de la Ley 1475 de 2011, hizo extensiva para los grupos significativos de ciudadanos la potestad de acudir a las consultas como mecanismos de participación democrática para la toma de decisiones o escogencia de candidatos con el ánimo de fortalecer la representación democrática. Así lo expresó la Corte Constitucional al realizar la revisión de constitucionalidad del precepto normativo en cita, cuando en Sentencia C-490 de 2011 señaló: “Adicionalmente, la Corte considera que la extensión que el legislador estatutario hace de las consultas a los grupos significativos de ciudadanos es compatible con la Constitución. De manera análoga a como se explicó en el caso de la extensión del régimen de doble militancia a esas agrupaciones políticas, la constitucionalización de las consultas responde a la necesidad de fortalecer el grado de representatividad democrática del sistema de partidos en su conjunto. Por ende, como los grupos significativos de ciudadanos tienen, por mandato de la Carta, la potestad de inscribir candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular e, incluso, aspirar a convertirse en partidos y movimientos con personería jurídica, nada se opone a que el legislador estatutario consagre la opción que tales colectividades hagan uso del mecanismo de consulta, para los fines previstos en la Constitución. Además, de no reconocerse esa posibilidad, se conformaría un ámbito de exclusión del carácter expansivo de la democracia, vía utilización de las consultas, lo que entrañaría un déficit en la vigencia de ese principio”.

Que de igual manera el artículo 7º ídem, en desarrollo del mandato constitucional del artículo 107 superior, determina que el resultado de las consultas será obligatorio para el partido movimiento o grupo significativo de ciudadanos y para los candidatos, entiende la Sala, que ello obedece a que si lo que se busca con las consultas es revestir de legitimidad democrática las decisiones de las colectividades, mal podría restársele el carácter vinculante a dichas decisiones, entre otras cosas por cuanto ello defraudaría la voluntad de los electores, con el concurso del Estado comoquiera que se desarrollan con apoyo de la organización electoral y la inversión de recursos del erario público, así lo ha indicado la Corte Constitucional: “...si internamente se decide realizar una consulta y esta se lleva a cabo con el concurso de la organización electoral, mal se puede oponer la libertad del partido o movimiento a la obligatoriedad del resultado alcanzado. Ni la organización puede defraudar a sus miembros y simpatizantes ni el Estado puede auspiciar que se defraude al elector o votante. El principio democrático y la buena fe (C.P. art. 1º y 83), entre otros valores y normas constitucionales, quedarían flagrantemente desconocidos, si se aceptase la vacilación o inconsecuencia frente al resultado del certamen que ha sido convocado por el partido o movimiento y apoyado por el Estado”(1).

Que así mismo el precitado artículo establece que: “En caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presente la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas sumas podrán ser descontadas de la financiación estatal que corresponda a dichos partidos y movimiento”.

Que la Corte Constitucional al realizar el juicio de exequibilidad del proyecto de ley estatutaria que se convirtió en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, en Sentencia C-490 de 2011 señaló en relación con el artículo 7º:

“(...)

El artículo 7º del proyecto parte de prescribir que el resultado de las consultas será obligatorio tanto para las agrupaciones políticas que hicieron uso de ese mecanismo, como para los candidatos que participaron en ellas. Esta previsión reitera la regla de la misma naturaleza, señalada en el inciso quinto del artículo 107 Constitución Política. Además, no puede perderse de vista que la fundamentación de las consultas partidistas radica, como se ha señalado en esta decisión, en su relación intrínseca con la eficacia del principio democrático. Por ende, resultaría un contrasentido reconocer, desde la perspectiva constitucional, la vigencia de esos instrumentos y, de otro lado, permitir que las agrupaciones políticas desconocieran sus efectos sin consecuencia jurídica alguna. Ello debido a que lo que se busca con las consultas es revestir de legitimidad democrática las decisiones más importantes de las colectividades, entre ellas la escogencia de sus candidatos y la definición de sus directrices ideológicas y programáticas. Restar carácter vinculante a esas decisiones, dejaría sin sustento tal legitimación. Como lo ha indicado la Corte, “... si internamente se decide realizar una consulta y esta se lleva a cabo con el concurso de la organización electoral, mal se puede oponer la libertad del partido o movimiento a la obligatoriedad del resultado alcanzado. Ni la organización puede defraudar a sus miembros y simpatizantes ni el Estado puede auspiciar que se defraude al elector o votante. El principio democrático y la buena fe (C.P. art. 1º y 83), entre otros valores y normas constitucionales, quedarían flagrantemente desconocidos, si se aceptase la vacilación o inconsecuencia frente al resultado del certamen que ha sido convocado por el partido o movimiento y apoyado por el Estado.

(...).

Por último, se dispone en la norma analizada un mecanismo adicional de desestimulo al desconocimiento de los resultados de la consulta, consistente en la obligación de reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, pudiéndose descontar esas sumas de la financiación estatal a las agrupaciones políticas. Una medida de esta naturaleza es razonable, en tanto el propósito de las consultas es legitimar las decisiones de los grupos políticos y, de esta manera, fortalecer la representatividad democrática. Cuando por una decisión autónoma y libre de las colectividades, se niegan los efectos de las consultas, se frustra la intención del constituyente y se comete fraude a la voluntad de los electores, lo que justifica que los gastos estatales realizados para hacer operativo el mecanismo, deban reintegrarse al erario”. (Negrillas para destacar).

Que la obligación de reintegro proporcional de los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral se predica tanto de partidos y movimientos políticos con personería jurídica, como de grupos significativos de ciudadanos en el caso de que se incumplan los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato.

Que no obstante lo anterior, los grupos significativos de ciudadanos no participan de los recursos estatales destinados al funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, por carecer de personería jurídica, de manera que en el evento de un incumplimiento de los resultados de una consulta o renuncia del candidato sería imposible descontar de dichos recursos, a los que se refiere la norma, la proporción de los gastos en los que incurrió la organización electoral en el desarrollo de la respectiva consulta.

Que para atender a la finalidad del inciso final del artículo 7º de la Ley 1475 de 2011 y en ejercicio de sus facultades legales, el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 1586 del 20 de junio de 2013 “por medio de la cual se reglamenta la convocatoria y la realización de las consultas que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular, y se dictan otras disposiciones” dispuso:

“ART. 7º—...

PAR.—Para inscribir precandidatos a la Presidencia de la República, el número de firmas será el equivalente al tres por ciento (3%) del número total de votos válidos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República. Para los demás cargos de elección popular, el número de firmas será equivalente al menos al veinte por ciento (20%) del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas.

Adicionalmente, al momento del registro deberá otorgarse una póliza que garantice la seriedad de la consulta, por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral.

La garantía a la que se refiere el inciso anterior se hará efectiva en caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, en proporción a los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presenta la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acreditadas las firmas correspondientes y otorgada la póliza de garantía de la seriedad de la consulta, se extenderán sus efectos al momento de la inscripción de los candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sin que para tal efecto se requiera recolección de nuevas firmas o el otorgamiento de una garantía nueva”. (Negrillas por fuera de texto original).

Que la garantía a la que alude el precitado acto administrativo tiene el objeto de garantizar el reintegro proporcional de los gastos en los que incurra la organización electoral para la realización de las consultas, en el caso de que los grupos significativos de ciudadanos hagan uso de este instrumento e incumplan los resultados de la misma o en caso de renuncia del candidato.

Que mediante Oficio GAF-833 del 29 de octubre de 2013 suscrito por el doctor Ricardo Iván Díaz Cely, en calidad de gerente administrativo y financiero de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se informa al Consejo Nacional Electoral que el monto de los gastos en los que ha incurrido la organización electoral en el desarrollo de consultas de los partidos y movimientos políticos en los últimos tres (3) años es el siguiente:

Año 2011$ 36.538.261.909.00
Año 2012$ 51.461.557.818.00
Año 2013$ 7.651.953.00

 

Que así las cosas, los altos costos en los que incurre la organización electoral para el desarrollo de las consultas, justifican plenamente, la existencia de un mecanismo que garantice la devolución de dichos recursos estatales en los eventos consagrados en el artículo 7º de la Ley 1475 de 2011.

Que la extensión a los grupos significativos de ciudadanos en relación con el desarrollo de las consultas como mecanismos de participación democrática, fue consagrada por el legislador estatutario en la Ley 1475 de 2011 que entró en vigor el 14 de julio de 2011.

Que según lo certifica la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil(2), durante los años 2011, 2012 y 2013 no se registra que grupos significativos de ciudadanos hayan desarrollado consultas con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.

Que así las cosas, no existen datos históricos que nos permitan cualitativa y cuantitativamente analizar el ejercicio de dicho mecanismo por parte de estas colectividades.

Que por lo anterior, y comoquiera que según lo dispuesto por esta corporación una vez acreditadas las firmas correspondientes y otorgada la póliza de garantía de la seriedad de la consulta, se extenderán sus efectos al momento de la inscripción de los candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sin que para tal efecto se requiera recolección de nuevas firmas o el otorgamiento de una garantía nueva, el Consejo Nacional Electoral tomará como base para fijar la cuantía de la póliza de seriedad de las precandidaturas que deberán otorgar los grupos significativos de ciudadanos cuando hagan uso del mecanismo de las consultas con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular, el valor de las pólizas de seriedad de candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, establecidos en la resoluciones 1895 del 23 de julio de 2013(3) y 2548 del 17 de septiembre de 2013(4).

Que en el caso de los grupos significativos de ciudadanos que pretendan desarrollar consultas con la finalidad de escoger sus candidatos, propios o de coalición, al cargo de Presidencia de la República de Colombia, se tomará como base para fijar el valor de la póliza de seriedad de la precandidatura el valor de la póliza de seriedad de la candidatura fijado para la inscripción de listas de candidatos al Senado de la República(5), por guardar identidad en la circunscripción electoral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ART. 1º—Fijar los valores de las pólizas que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, para la inscripción de precandidatos a Presidencia de la República en las elecciones que se celebren en el año 2014, en la suma equivalente a trescientos noventa (390) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 2º—Fijar los valores de las pólizas que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, para la inscripción de precandidatos a Senado de la República en las elecciones que se celebren en el año 2014, en la suma equivalente a trescientos noventa (390) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para la inscripción de precandidatos a Senado de la República por la circunscripción especial, la póliza que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, será por la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 3º—Fijar los valores de las pólizas que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, para la inscripción de precandidatos a Cámara de Representantes en las elecciones que se celebren en el año 2014 así:

a) Por el Distrito Capital de Bogotá, la suma equivalente a trescientos cincuenta (350) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

b) En departamentos con censo electoral superior a un millón (1.000.000) de habitantes, el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

c) En departamentos con censo electoral entre seiscientos mil uno (600.001) y un millón (1.000.000) de habitantes, el equivalente a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

d) En departamentos con censo electoral entre trescientos un mil uno (300.001) y seiscientos mil (600.000) habitantes, el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

e) En departamentos con censo electoral entre cien mil uno (100.001) y trescientos mil (300.000) habitantes, el equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

f) En departamentos con censo electoral igual o inferior a cien mil (100.000) habitantes, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

g) Por la circunscripción especial de grupos étnicos y circunscripción internacional de Cámara de Representantes, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 4º—Fijar los valores de las pólizas que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, para la inscripción de precandidatos a gobernaciones y asambleas departamentales en las elecciones que se celebren en el año 2014, así:

a) En departamentos con población superior a dos millones (2.000.000) de habitantes, el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

b) En departamentos con población entre setecientos mil uno (700.001) y dos millones (2.000.000) de habitantes, el equivalente a doscientos setenta y cinco (275) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

c) En departamentos con población entre trescientos noventa mil uno (390.001) y setecientos mil (700.000) habitantes, el equivalente a doscientos diecisiete (217) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

d) En departamentos con población entre cien mil uno (100.001) y trescientos noventa mil (390.000) habitantes, el equivalente a ciento noventa y seis (196) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

e) En departamentos con población igual o inferior a cien mil (100.000) habitantes, el equivalente a ciento ochenta y tres (183) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 5º—Fijar los valores de las pólizas de seriedad que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos para la inscripción de precandidatos a alcaldías, concejos municipales y distritales en las elecciones que se celebren en el año 2014, así:

a) En Bogotá D.C., por el equivalente en dinero a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

b) En municipios y/o distritos con población superior o igual a quinientos mil uno (500.001) habitantes, el equivalente a doscientos treinta y tres (233) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

c) En municipios y/o distritos con población entre cien mil uno (100.001) habitantes y quinientos mil (500.000) habitantes, el equivalente a ciento cuarenta y dos (142) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

d) En municipios con población entre cincuenta mil uno (50.001) habitantes y cien mil (100.000) habitantes, el equivalente a ochenta y ocho (88) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

e) En municipios con población entre treinta mil uno (30.001) habitantes y cincuenta mil (50.000) habitantes, el equivalente a sesenta y tres (63) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

f) En municipios con población entre veinte mil uno (20.001) habitantes y treinta mil (30.000) habitantes, el equivalente a cuarenta y uno (41) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

g) En municipios con población entre diez mil uno (10.001) habitantes y veinte mil (20.000) habitantes, el equivalente a treinta y tres (33) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

h) En municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes, el equivalente a veintiocho (28) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 6º—Fijar los valores de las pólizas de seriedad que deberán otorgar los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos para la inscripción de precandidatos a juntas administradoras locales en las elecciones que se celebren en el año 2014, así:

a) En Bogotá D. C., por el equivalente en dinero a cuarenta y dos (42) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

b) En municipios y/o distritos con población superior o igual a quinientos mil uno (500.001) habitantes, el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

c) En municipios y/o distritos con población entre cien mil uno (100.001) habitantes y quinientos mil (500.000) habitantes, el equivalente a treinta y nueve (39) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

d) En municipios con población entre cincuenta mil uno (50.001) habitantes y cien mil (100.000) habitantes, el equivalente a treinta y siete (37) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

e) En municipios con población entre treinta mil uno (30.001) habitantes y cincuenta mil (50.000) habitantes, el equivalente a treinta y seis (36) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

f) En municipios con población entre veinte mil uno (20.001) habitantes y treinta mil (30.000) habitantes, el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

g) En municipios con población entre diez mil uno (10.001) habitantes y veinte mil (20.000) habitantes, el equivalente a treinta y cuatro (34) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

h) En municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes, el equivalente a treinta y cuatro (34) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

i) Para todos los corregimientos, el equivalente a treinta y cuatro (34) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 7º—Las pólizas de que tratan los artículos anteriores deberán tener vigencia de hasta tres (3) meses contados a partir de la fecha de la inscripción de los candidatos en la respectiva consulta y se hará efectiva en caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, en proporción a los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presenta la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PAR.—Acreditadas las firmas correspondientes y otorgada la póliza de garantía de la seriedad de la consulta, se extenderán sus efectos al momento de la inscripción de los candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sin que para tal efecto se requiera recolección de nuevas firmas o el otorgamiento de una garantía nueva.

ART. 8º—Comuníquese el presente acto administrativo por intermedio de la subsecretaría de la Corporación al Registrador Nacional del Estado Civil, a los registradores distritales de Bogotá, a los delegados departamentales y a los registradores especiales y municipales.

ART. 9º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

(1) Sentencia C-089 de 1994.

(2) Oficio RDE-DGE-0559 del 12 de noviembre de 2013.

(3) “Por la cual se fija el valor de las pólizas de seriedad de candidatos que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos los movimientos sociales que inscriban candidatos a las elecciones de Congreso de la República para el periodo 2014-2018”.

(4) “Por la cual se fija el valor de las pólizas de seriedad de las candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos a gobernaciones,

Asambleas departamentales, alcaldías, concejos municipales, distritales y juntas administradoras locales, para las elecciones que se lleven a cabo en el año 2013”.

(5) Resolución 1895 del 23 de julio de 2013 expedida por el Consejo Nacional Electoral.