RESOLUCIÓN 33 DE 2000 

(Enero 26)

“Por la cual se fijan los montos máximos de dinero privado que se pueden invertir en las campañas de los mecanismos de participación ciudadana y se dictan otras disposiciones”.

El Consejo Nacional Electoral,

en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las que le confiere el artículo 265 de la Constitución Política y la Ley 134 de 1994, y

CONSIDERANDO:

1. Mediante la Ley 134 de 1994, se dictaron normas sobre mecanismos de participación ciudadana, regulando la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato del orden nacional; el plebiscito y el cabildo abierto, estableciendo las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles;

2. El artículo 98 de la mencionada Ley 134 de 1994, ordena al Consejo Nacional Electoral la fijación del monto máximo de dinero privado que podrá ser gastado en cada una de las campañas relacionadas con los derechos e instituciones reguladas dentro de dicha normatividad. La corporación al fijar el monto máximo, tendrá en cuenta los montos de las campañas y el censo electoral de las circunscripciones electorales donde se realicen;

3. El artículo 94, ibídem, establece que en las campañas para promover los procesos de participación ciudadana de iniciativa popular, toda persona natural o jurídica de derecho privado, podrá contratar publicidad para: a) Promover recolección de firmas; b) La participación ciudadana; y, c) Una posición específica frente al tema, debiéndose indicar, en todos los casos, el nombre de la persona o personas que financien dicha publicidad;

4. El artículo 106 de la Ley 134 de 1994, dispone: “A las elecciones previstas en esta ley se aplicarán las disposiciones electorales que no sean incompatibles con ella. Las normas sobre contribución y publicidad del balance del estatuto básico de los partidos y movimientos políticos y de la oposición se aplicarán en lo que fueren pertinentes”;

5. En el evento de que los promotores o voceros y, quienes contraten y financien publicidad, excedan el monto fijado por esta corporación como tope máximo por esos conceptos, incurrirán en sanciones pecuniarias según las normas vigentes establecidas en la Ley 134 de 1994 en concordancia con el artículo 39 de la Ley 130 de 1994;

6. El Consejo Nacional Electoral, profirió la Resolución 57 del 2 de marzo de 1999, mediante la cual se fijaron los montos máximos de dinero privado que podían invertir las campañas de los mecanismos de participación para el año 1999;

7. Mediante comunicación de fecha 2 de enero de 2000, esta corporación solicitó al banco de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la expedición de un certificado en el cual conste el porcentaje de índice de precios al consumidor reportado por el año de 1999;

8. Mediante comunicación de fecha 5 de enero de 2000, el DANE, a través del señor Jorge Zapata Cárdenas, encargado del banco de datos de dicho organismo, respondió la solicitud, indicando que el índice de precios al consumidor, tomando como base el período comprendido entre el mes de diciembre de 1998 y el mes de diciembre de 1999, corresponde al porcentual acumulado de 9.23%;

9. Resulta necesario reajustar las sumas fijadas el año inmediatamente anterior, mediante Resolución 57 proferida por esta corporación, tomando como base el índice de precios al consumidor para 1999 debidamente certificado por el DANE, porcentaje el cual ascendió a 9.23%;

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ART. 1º—Los promotores y voceros de las iniciativas legislativas, normativas, referendos y revocatorias del mandato, trátese de grupos ciudadanos, organización cívica, sindical, gremial, indígena o comunal del orden nacional, departamental, municipal o local, según el caso, o un partido o movimiento político, sólo podrán invertir en sus campañas para promover este tipo de iniciativas, las sumas que a continuación se relacionan, provenientes de contribuciones o donaciones de particulares entregadas en dinero o especie, en cuyo último caso se determinarán por su valor comercial; así:

1. Mecanismos del orden local

Los promotores de iniciativas y referendos ante las juntas administradoras locales, podrán invertir en su campaña, hasta la suma de veintiún millones ochocientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte. ($ 21.896.246).

2. Mecanismos del orden municipal

a) En los municipios con censo electoral inferior a diez mil electores, hasta la suma de veintiún millones ochocientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte. ($ 21.896.246);

b) En los municipios con censo electoral superior a diez mil electores, sin que tenga la calidad de capital departamental, hasta la suma de cuarenta y tres millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos quince pesos m/cte. ($ 43.789.215), y

c) En las capitales de departamento y el Distrito Capital de Bogotá, hasta la suma de ciento nueve millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos ochenta y tres pesos m/cte. ($ 109.473.583).

3. Mecanismos del orden departamental

Los promotores de iniciativas, referendos y revocatorias del mandato departamental podrán invertir en su campaña hasta la suma de ciento nueve millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos ochenta y tres pesos m/cte. ($ 109.473.583).

4. Mecanismos del orden nacional

Los promotores de iniciativas y referendos ante el Congreso de la República podrán invertir en su campaña hasta la suma de doscientos dieciocho millones novecientos cuarenta y seis mil setenta y tres pesos m/cte. ($ 218.946.073).

ART. 2º—Toda persona natural o jurídica de derecho privado, podrá contratar publicidad para promover la recolección de firmas, la participación ciudadana y su posición frente al correspondiente tema, en cuantía que no supere el 25% de los montos establecidos en el artículo primero de esta resolución.

En dicha publicidad deberá indicarse el nombre de la persona natural o jurídica que la financie.

(Nota: Véase la Resolución 400 de 2000 del Consejo Nacional Electoral).

ART. 3º—Los promotores de los distintos mecanismos de participación que contempla la Ley 134 de 1994, podrán recibir ayudas, donaciones o contribuciones económicas de personas naturales o jurídicas, en valores que no superen en su totalidad los montos señalados en la presente resolución.

Solamente los comités de promotores que impulsen los mecanismos de participación previstos en la Ley 134 de 1994 y se encuentren debidamente inscritos ante la registraduría respectiva, están facultados para recibir donaciones en dinero o en especie destinadas a sufragar los costos de la campaña, formando unidad de caja en la presentación de cuentas con los capítulos seccionales que pudieren crear, cuando se trate de mecanismos del orden nacional.

PAR. 1º—Las contribuciones o donaciones en dinero o en especie, de los particulares deberán ser entregadas al vocero del comité de promotores a que se refiere el artículo 10 de la Ley 134 de 1994, con indicación del nombre del aportante y de su NIT o documento de identidad. El aportante deberá declarar bajo la gravedad del juramento el origen de los recursos.

PAR. 2º—Cuando se trate de donación o contribución realizada por una persona jurídica, ésta deberá contar con la autorización escrita y expresa de la mitad más uno de los miembros de la junta directiva o de la asamblea general de accionistas o junta de socios según el caso, autorización que deberá presentarse ante el Consejo Nacional Electoral.

ART. 4º—Los promotores de los diversos mecanismos de participación llevarán una relación detallada de las contribuciones y donaciones recibidas y de los fines a que hayan sido destinadas, y elaborarán un balance correspondiente a esta actividad suscrito por el vocero y contador público, para presentar a la registraduría respectiva quince días después de terminado el proceso de recolección de firmas.

PAR.—Cualquier persona podrá solicitar a los promotores de iniciativas, referendos y revocatorias de mandato o a las registradurías correspondientes, que se haga público el nombre de las personas que hayan financiado la iniciativa, en dinero o en especie, por un valor superior a un salario mínimo mensual.

ART. 5º—Los comités de promotores de mecanismos de participación ciudadana deberán presentar a más tardar un mes después de la votación correspondiente, ante el Consejo Nacional Electoral, una relación consolidada de los ingresos obtenidos y los gastos realizados durante la campaña, así como la relación detallada de donantes o aportantes suscrita por un contador público.

ART. 6º—Para todos los efectos de la presente resolución se entiende por campaña el período comprendido entre el momento de inscripción del comité de promotores ante la Registraduría del Estado Civil hasta las doce de la noche del día anterior señalado para la votación en el caso de iniciativa popular legislativa y normativa, revocatoria de mandato o solicitud de referendo.

En el caso de la consulta popular y el plebiscito, el término campaña se toma desde el momento en que la autoridad competente para hacerlo consulte o convoque al pueblo y obtenga concepto favorable del Senado de la República, si éste es requerido, hasta las doce de la noche del día anterior a la realización de la votación.

ART. 7º—Las infracciones al estricto cumplimiento de la presente resolución expedida para la realización de mecanismos de participación, serán sancionadas por el Consejo Nacional Electoral de conformidad con las leyes electorales vigentes.

ART. 8º—La Registraduría Nacional del Estado Civil suministrará los formatos necesarios para la implementación de los mecanismos de participación, previa aprobación de los mismos por parte del Consejo Nacional Electoral.

ART. 9º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 26 de enero de 2000.

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