RESOLUCIÓN 33 DE 2005 

(Enero 25)

“Por la cual se fijan los montos máximos de dinero privado que se pueden invertir en las campañas de los mecanismos de participación ciudadana y se dictan otras disposiciones”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 265 de la Constitución Política y 98 de la Ley 134 de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 134 de 1994 reglamentó los mecanismos de participación ciudadana, regulando la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato del orden nacional; el plebiscito y el cabildo abierto, y se establecen las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles;

Que el artículo 98 de la Ley 134 de 1994 dispone:

“El monto máximo de dinero privado que podrá ser gastado en cada una de las campañas relacionadas con los derechos e instituciones reguladas en la presente ley, será fijado por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año. El incumplimiento de esta será causal de mala conducta”;

Que el artículo 94, ibídem, establece que en las campañas de los procesos de participación ciudadana de iniciativa popular, toda persona natural o jurídica de derecho privado, podrá contratar publicidad para:

a) Promover recolección de firmas;

b) La participación ciudadana, y

c) Una posición determinada frente al tema de la iniciativa, debiéndose indicar, en todos los casos, el nombre de la persona que financie dicha publicidad;

Que el artículo 106 de la Ley 134 de 1994 dispone:

“Remisión a normas electorales. A las elecciones previstas en esta ley se aplicarán las disposiciones electorales que no sean incompatibles con ella.

Las normas sobre contribución y publicidad del balance del estatuto básico de los partidos y movimientos políticos y de la oposición se aplicarán en lo que fueren pertinentes”;

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 106 de la Ley 134 de 1994, 14 y 39 de la Ley 130 de 1994, quienes excedan los montos máximos fijados por esta resolución incurrirán en las sanciones pecuniarias establecidas por las normas vigentes;

Que el Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución 409 del 29 de enero de 2004, mediante la cual se fijaron los montos máximos de dinero privado que se podían invertir en las campañas de los mecanismos de participación ciudadana durante el año 2004;

Que el artículo 2º de la Ley 617 del 2000 categorizó a los distritos y municipios, quedando especificados de la siguiente manera:

“a) Los departamentos con censo electoral superior a un millón (1.000.000) de electores;

b) Los departamentos con censo electoral comprendido entre quinientos mil uno (500.001) y un millón (1.000.000) de electores;

c) Los departamentos con censo electoral comprendido entre los cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) electores;

d) Los departamentos con censo electoral igual o inferior a cien mil (100.000) electores;

e) La ciudad de Bogotá, D.C.;

f) Los distritos y municipios con censo electoral superior a los quinientos mil (500.000) electores;

g) Los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre los doscientos cincuenta mil uno (250.001) y quinientos mil (500.000) electores;

h) Los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre los cien mil uno (100.001) y doscientos cincuenta mil (250.000) electores;

i) Los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre los cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) electores;

j) Los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre veinticinco mil uno (25.001) y cincuenta mil (50.000) electores;

k) Los distritos y municipios con censo electoral igual o inferior a veinticinco mil (25.000) electores”;

Que de conformidad con el artículo 40 de la Ley 130 de 1994, y por remisión normativa efectuada por el artículo 106 de la Ley 134 de 1994, los valores fijados en pesos respecto del monto máximo de dinero privado por invertir en los mecanismos de participación ciudadana, deben ser fijados teniendo en cuenta la categorización de los departamentos, distritos y municipios, y aplicando un reajuste anual de acuerdo con el aumento del índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE;

Que para el año de 2004, el índice de precios al consumidor tuvo un aumento del cinco punto cinco por ciento (5.5%), de acuerdo con certificación expedida por la coordinadora del banco de datos del DANE de fecha 5 de enero de 2005;

Que se hace necesario fijar los montos máximos de dinero privado que se pueden invertir en cada una de las campañas de los mecanismos de participación ciudadana durante el año 2005, teniendo en cuenta los criterios señalados anteriormente;

En mérito de lo expuesto, El Consejo Nacional Electoral

RESUELVE:

ART. 1º—De conformidad con el artículo 98 de la Ley 134 de 1994, el monto máximo de dinero privado que podrá ser gastado en cada una de las campañas relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local, será el señalado a continuación, para su distribución entre las distintas opciones válidas, así:

1. Mecanismos del orden local.

Hasta la suma de treinta millones ochocientos once mil ochocientos veinticinco pesos ($ 30.811.825) moneda legal y corriente.

2. Mecanismos del orden municipal.

a) Los distritos y municipios con censo electoral superior a los quinientos mil (500.000) electores, hasta la suma de ochocientos cuarenta y siete millones trescientos noventa y un mil ciento sesenta y nueve pesos ($ 847.391.169) moneda legal y corriente;

b) Los distritos y municipios con censo electoral comprendido ente los doscientos cincuenta mil uno (250.001) y quinientos mil (500.000) electores, hasta la suma de cuatrocientos noventa y cuatro millones trescientos once mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos ($ 494.311.844) moneda legal y corriente;

c) Los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre los cien mil uno (100.001) y doscientos cincuenta mil (250.000) electores, hasta la suma de cuatrocientos veintitrés millones seiscientos noventa y dos mil novecientos cuarenta y dos pesos ($ 423.692.942) moneda legal y corriente;

d) Los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre los cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) electores, hasta la suma de doscientos once millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta y seis pesos ($ 211.851.756) moneda legal y corriente;

e) Los distritos y municipios con censo electoral comprendido entre veinticinco mil uno (25.001) y cincuenta mil (50.000) electores, hasta la suma de setenta millones seiscientos trece mil setecientos veintiocho pesos ($ 70.613.728) moneda legal y corriente;

f) Los distritos y municipios con censo electoral igual o inferior a veinticinco mil (25.000) electores hasta la suma de treinta y seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos tres pesos ($ 36.452.803) moneda legal y corriente.

3. Mecanismos del orden departamental.

a) Los departamentos con censo electoral superior a un millón (1.000.000) de electores, hasta la suma de un mil quinientos ochenta y ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($ 1.588.856.456) moneda legal y corriente;

b) Los departamentos con censo electoral comprendido entre quinientos mil uno (500.001) y un millón (1.000.000) de electores, hasta la suma de ochocientos cuarenta y siete millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa y dos pesos ($ 847.392.492) moneda legal y corriente;

c) Los departamentos con censo electoral comprendido entre los cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) electores, hasta la suma de seiscientos treinta y cinco millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos doce pesos ($ 635.539.412) moneda legal y corriente;

d) Los departamentos con censo electoral igual o inferior a cien mil (100.000) electores, hasta la suma de quinientos veintinueve millones seiscientos dieciocho mil ochocientos veintitrés pesos ($ 529.618.823) moneda legal y corriente.

4. Mecanismos en la ciudad de Bogotá, D.C.

Hasta la suma de dos mil ciento dieciocho millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos setenta y nueve pesos ($ 2.118.475.279) moneda legal y corriente.

5. Mecanismos del orden nacional.

Hasta la suma de veintidós mil ciento cincuenta y cinco millones de pesos ($ 22.155.000.000).

ART. 2º—Toda persona natural o jurídica de derecho privado podrá realizar campañas publicitarias para promover la recolección de firmas, la participación ciudadana y su posición frente al correspondiente tema, en cuantía que no supere el uno por ciento (1%) de los montos establecidos en el artículo 1º de esta resolución.

En este evento, deberá indicarse el nombre de la persona o personas naturales o jurídicas que la financie.

ART. 3º—Los promotores de los distintos mecanismos de participación que contempla la Ley 134 de 1994 y los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán recibir ayudas, donaciones o contribuciones económicas de personas naturales o jurídicas, en cuantías que no superen el 25% de los montos establecidos en el artículo primero de la presente resolución.

Solamente los comités de promotores que participen en los mecanismos de participación previstos en la Ley 134 de 1994, que se encuentren debidamente inscritos ante la registraduría respectiva, y los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, están facultados para recibir donaciones en dinero o en especie destinadas a sufragar los costos de la campaña, formando unidad de caja en la presentación de cuentas con los capítulos seccionales que pudieren crear, cuando se trate de mecanismos del orden nacional.

PAR. 1º—Las contribuciones o donaciones en dinero o en especie de los particulares deberán ser entregadas al vocero del comité de promotores a que se refiere el artículo 10 de la Ley 134 de 1994, o a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con indicación del nombre del aportante y de su NIT o documento de identidad. El aportante deberá declarar bajo la gravedad del juramento el origen de los recursos.

PAR. 2º—Cuando se trate de donación o contribución realizada por una persona jurídica, esta deberá contar con la autorización escrita y expresa de la mitad más uno de los miembros de la junta directiva o de la asamblea general de accionistas o junta de socios, según el caso, autorización que deberá presentarse ante el Consejo Nacional Electoral.

ART. 4º—Los promotores de los diversos mecanismos de participación llevarán una relación detallada de las contribuciones y donaciones recibidas y de los fines a que hayan sido destinadas, y elaborarán un balance correspondiente a esta actividad suscrito por el vocero y contador público, para presentar a la registraduría respectiva, quince días (15) después de terminado el proceso de recolección de firmas.

ART. 5º—Cualquier persona podrá solicitar a los promotores de iniciativas, referendos y revocatorias de mandato o a las registradurías correspondientes, que se haga público el nombre de las personas que hayan financiado la iniciativa, en dinero o en especie, por un valor superior a un salario mínimo mensual.

ART. 6º—Los comités de promotores de mecanismos de participación ciudadana y movimientos políticos, deberán presentar a más tardar un mes después de la votación correspondiente, ante el Consejo Nacional Electoral, una relación consolidada de los ingresos obtenidos y los gastos realizados durante la campaña, así como la relación detallada de los donantes o aportantes suscrita por un contador público.

ART. 7º—Para todos los efectos de la presente resolución, se entiende por campaña el período comprendido entre el momento de la inscripción del comité de promotores ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, hasta las doce de la noche del día anterior señalado para la votación, en el caso de iniciativa popular legislativa y normativa, revocatoria del mandato o solicitud de referendo.

En el caso de la consulta popular y el plebiscito, el término de la campaña se cuenta desde el momento en que la autoridad competente para hacerlo, consulte o convoque al pueblo, hasta las doce de la noche del día anterior a la realización de la votación.

En el caso de los referendos constitucionales, la campaña comenzará a partir de la ejecutoria de la sentencia proferida por la Corte Constitucional que declare exequible la ley que convoca el referendo.

ART. 8º—Las infracciones al estricto cumplimiento de la presente resolución expedida para la realización de mecanismos de participación serán sancionadas por el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con las normas electorales vigentes.

ART. 9º—La Registraduría Nacional del Estado Civil suministrará los formatos necesarios para la implementación de los mecanismos de participación, previa aprobación de los mismos por parte del Consejo Nacional Electoral.

ART. 10.—Comunicar el presente acto administrativo, por intermedio de la subsecretaría de la corporación, a la Registradora Nacional del Estado Civil, a los registradores distritales de Bogotá, D.C., a los delegados departamentales y a los registradores especiales y municipales.

ART. 11.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 25 de enero de 2005.

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