Registraduría Nacional del Estado Civil

RESOLUCIÓN 3357 DE 2018

(Marzo 7)

“Por la cual se aplican las tarifas de la Registraduría Nacional del Estado Civil a los particulares que ejerzan funciones públicas por la consulta de la información de las bases de datos de autenticación biométrica”.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 4º numeral 1º de la Ley 1163 de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 120 de la Constitución Política de Colombia, tiene a su cargo lo relativo a la identidad de las personas.

Que de conformidad con lo previsto por el artículo 266 de la Constitución Política, en concordancia con el Decreto-Ley 2241 de 1986, Código Electoral, y el Decreto-Ley 1010 de 2000, corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir el registro civil y la identificación de los colombianos.

Que el inciso 3º del parágrafo segundo del artículo 159 de la Ley 1753 de 2015 señala que para acceder a la réplica de las bases de datos de identificación de la Registraduría y consultar en línea minucias dactilares (…) los particulares que desarrollen las actividades del artículo 335 de la Constitución Política y los demás que autorice la ley (…) deberán previamente cubrir los costos que anualmente indique la Registraduría, por concepto de administración, soporte, mantenimiento de las aplicaciones de las actualizaciones de las bases de datos”.

Que la interpretación armónica de la norma contenida en el artículo 159 al que nos hemos referido implica, por una parte que la Registraduría, en tanto entidad pública que genera, adquiere o controla y administra una base de datos, debe suministrar la información solicitada por “entidades públicas” (inciso 1º del artículo 159 ibídem) de forma gratuita (inciso 2º del artículo 159 ibídem) y, en el caso de los particulares que desarrollen las actividades del artículo 335 de la Constitución Política y los demás que autorice la ley (inciso 3º del artículo 159 ibídem) deberán previamente cubrir los costos que anualmente indique la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que por todo lo anterior, se desprende que tratándose de personas de derecho privado que utilicen servicios a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil consistentes en acceso a la réplica de sus bases de datos de identificación y consultar en línea minucias dactilares, está habilitada la entidad para establecer los costos por concepto de administración, soporte y mantenimiento de las aplicaciones de las actualizaciones de las bases de datos de identificación que produce y administra, los cuales se deben cubrir previamente.

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil determinó los costos de administración, soporte y mantenimiento de las aplicaciones y actualizaciones de las bases de datos de identificación que produce y administra con el fin de establecer las tarifas, la cual es aplicable a los particulares que ejercen funciones públicas.

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, expidió la Resolución 5633 de 2016, “por la cual se reglamentan las condiciones y el procedimiento para el acceso a las bases de datos de la información que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil” y la Resolución 14555 de 29 de diciembre de 2017 por medio de la cual se establecieron las tarifas para la consulta a las bases de datos, Archivo Nacional de Identificación (ANI), Sistema de Información de Registro Civil (SIRC), Biometría y Filtros Especiales, la cual fue actualizada con base en la inflación anual mediante la Resolución 5154 de 18 de enero de 2018.

Que es necesario aplicar la tarifa por consulta de las bases de datos de biometría para los particulares que cumplen funciones públicas, los cuales deben cubrir previamente los costos en que incurre la RNEC por concepto de administración, soporte, mantenimiento de las aplicaciones y actualizaciones de las bases de datos, en los términos del artículo 159 de la Ley 1753 de 2015.

Que el comité para la fijación de tarifas y precios por los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil - Comité de Tarifas, consideró que el sistema y el método utilizados para establecer las tarifas contenidas en la Resolución 14555 de 2017 y actualizada en la Resolución número 515 de 2018 deben guardar una simetría con las que aplique a las particulares que ejercen funciones públicas.

Que el Comité de Tarifas, en reunión del 9 de febrero de 2018, acogió concepto jurídico externo avalado por la oficina jurídica que establece la necesidad y obligación de cobrar a los particulares que ejercen funciones públicas y recomendó que se haga con base en las tarifas establecidas por la Resolución 14555 de 2017 y actualizada en la Resolución 515 de 2018.

Que en reunión del Comité de Tarifas, realizado los días 15 y 16 de febrero de 2018, se aprobó poner a consideración del señor Registrador Nacional del Estado Civil el presente acto administrativo, recomendando su expedición.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Aplicación de tarifas de la Registraduría Nacional del Estado Civil a los particulares que ejercen funciones públicas y requieran hacer consultas de biometría. Aplicar las tarifas establecidas en la Resolución 14555 de 2017 y actualizada en la Resolución 515 de 2018, a los particulares que ejerzan funciones públicas por la consulta de la información de las bases de datos para autenticación biométrica.

ART. 2º—Pago y recaudo. El pago de las tarifas establecidas en el artículo 1º de la presente resolución se realizará por los medios de pago que disponga el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

ART. 3º—Vigencia. Contra el presente acto administrativo no procede recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, y rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., el día 7 de marzo de 2018.