RESOLUCION 340 DE 2003 

(Agosto 19)

“Por medio de la cual el Procurador General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales establecidas en el artículo 277, numerales 6º y 7º, de la Constitución Política de 1991, y en el artículo 7º, numerales 2º, 6º, 7º, 8º, 16, 18, 34 y parágrafo del Decreto-Ley 262 de 2000, reemplaza en su totalidad la Resolución 11 del 18 de enero de 2002, se dictan otras disposiciones, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 2267 de 1997 creó las comisiones de coordinación y seguimiento electoral a nivel nacional, departamental y municipal, presidido por el Ministro del Interior y de la cual hace parte el Procurador General de la Nación, con el propósito que dentro del principio de separación de poderes pero con la colaboración armónica que exige la realización de los fines del Estado, se trabajé conjuntamente a fin de garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso electoral, el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones políticas;

Que para el año 2003 se ha convocado al certamen democrático del referendo para el día 25 de octubre y elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y de juntas administradoras locales para el 26 de octubre;

Que de conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política y el artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, le corresponde al Procurador General de la Nación crear las comisiones que se requieran para ejercer las funciones de control preventivo y disciplinario a cargo del Ministerio Público;

Que con el fin de realizar un control adecuado al proceso electoral, se hace necesario conformar la comisión nacional de control y asuntos electorales, así como los respectivos comités regionales, provinciales y Distrital de Bogotá en cada una de las procuradurías desconcentradas en todo el territorio nacional; la primera para que se encargue de coordinar a nivel nacional la labor de la entidad durante el proceso preelectoral, electoral y poselectoral, de tal manera que las procuradurías competentes puedan actuar de manera eficiente y oportuna, para prevenir e investigar las irregularidades en que puedan incurrir los servidores públicos con ocasión del proceso electoral, y las segundas, para que hagan lo propio en los departamentos, distritos y municipios;

Que el presidente de la comisión nacional de control y asuntos electorales deberá gozar, de las facultades consignadas en los numerales 19 y 20 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000;

Que resulta necesario que las procuradurías competentes actúen de manera prioritaria en los asuntos y quejas por indebida participación en política de los servidores públicos, desviación de recursos públicos con fines partidistas, contratación de indebida para influir en el proceso electoral y tomar las medidas preventivas a fin de evitar que los empleados del Estado continúen incurriendo en las conductas irregulares;

Que se hace necesario fijar nuevas medidas que garanticen el cumplimiento adecuado de las funciones de la comisión nacional de control y asuntos electorales, en los certámenes democráticos del referendo y de las elecciones que se llevarán acabo el 26 de octubre de 2003;

En mérito de los expuesto el Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

ART. 1º—Conformación. La comisión nacional de control y asuntos electorales de la Procuraduría General de la Nación estará integrada por los siguientes miembros:

a) El viceprocurador general de la Nación, quien la presidirá;

b) El procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado, quien la vicepresidirá;

c) La procuradora auxiliar para asuntos constitucionales;

d) El procurador delegado para la moralidad pública;

e) El procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública;

f) El director nacional de investigaciones especiales;

g) Los demás servidores que designe el Procurador General de la Nación.

ART. 2º—Instalación y período de funcionamiento. La comisión nacional de control y asuntos electorales se instalará el 19 de agosto de 2003 y funcionará hasta el 15 de diciembre del mismo año, fecha en la cual entregará al despacho del Procurador General de la Nación el informe sobre la gestión preventiva y disciplinaria adelantada con ocasión de la votación y escrutinio del referendo y de las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas administradoras locales.

PAR.—Una vez culmine el período por el cual se creó esta comisión, el Procurador General de la Nación podrá darle el carácter de permanente. En caso contrario, será el procurador séptimo delegado, ante el Consejo de Estado quien ejercerá el control de los procesos electorales que se convoquen en todo el territorio nacional, para elecciones de alcaldes y gobernadores por períodos individuales, o porque se presente separación del cargo por concurrencia de una falta absoluta.

ART. 3º—Funciones especiales. La comisión nacional de control y asuntos electorales, tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar a nivel nacional el ejercicio de las funciones preventivas y disciplinarias sobre conductas en materia electoral, requiriendo y solicitando informes a las procuradurías regionales y provinciales, así como a los comités regionales y provinciales de control y asuntos electorales para el ejercicio eficiente de las funciones del Ministerio Público;

b) Actuar como oficina de enlace entre el despacho del Procurador General de la Nación, la comisión nacional de control y seguimiento electoral y los comités interinstitucionales de vigilancia y control de los procesos electorales, así como con las autoridades públicas que intervengan en los certámenes electorales;

c) Velar para que la Registraduría Nacional del Estado Civil realice de manera oportuna la distribución física de insumos y demás bienes y servicios que se requieran a nivel nacional para la realización del proceso electoral del año 2002;

d) Vigilar el proceso de distribución física y entrega de cédulas de ciudadanía por parte de la registraduría, con el propósito de que las que se encuentren pendientes de entrega estén disponibles para que los ciudadanos puedan ejercer de manera libre el derecho político al sufragio universal;

e) Disponer lo necesario para llevar una especial vigilancia sobre los funcionarios públicos con relación al trámite del referendo, su apoyo y participación;

f) Velar para que la organización electoral adopte medidas de seguridad para el manejo de datos, listados, tarjetones y demás elementos que se requieran para los procesos electorales del 25 y 26 de octubre de 2003;

g) Coordinar con la fuerza pública, los organismos de seguridad del Estado y la Policía Nacional, la implementación de medidas a fin de controlar y prevenir el trasteo de ciudadanos de un círculo electoral a otro, evitando que estos puedan sufragar en lugares distintos a donde legalmente les corresponde;

h) Verificar los procedimientos de designación del personal supernumerario que colaborará en los dos debates electorales del año 2003;

i) Requerir la colaboración de los personeros municipales, para que conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación, realicen el control preventivo electoral y disciplinario en lo que sea de su competencia;

j) Disponer los medios necesarios para el control preventivo y disciplinario en los trámites de los escrutinios del referendo y de las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas administradoras locales;

k) Analizar las quejas que se formulen, en la sede central de la Procuraduría General de la Nación en materia electoral y disponer la creación de comisiones especiales disciplinarias dada la trascendencia del asunto;

l) Solicitar informes a las procuradurías y a los comités de control y asuntos electorales regionales, provinciales y distrital sobre las quejas electorales que reciba, y crear las comisiones especiales disciplinarias si el asunto lo amerita;

m) Disponer las medidas preventivas en materia disciplinaria electoral contra servidores públicos por indebida participación en política dentro de los procesos que ella adelante;

n) Elaborar el plan de acción para los días en que se celebren los comicios electorales, el cual contendrá los procedimientos a través de los cuales los servidores de la procuraduría a nivel nacional, tanto profesionales universitarios, como asesores, procuradores regionales, distritales, provinciales, procuradores judiciales y los personeros municipales deberán intervenir en la función de control electoral;

ñ) Diseñar el plan de participación de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional, en coordinación con los personeros y municipales en los trámites preelectoral y poselectoral, particularmente en las labores de designación de jurados de votación y de escrutinio, respectivamente, relativos a las jornadas del mes de octubre de 2003;

o) Proyectar las circulares que se requieran para el cumplimiento de las políticas de control electoral fijadas por el Procurador General de la Nación;

p) Disponer y coordinar con los procuradores regionales, distritales y provinciales, demás funcionarios de la procuraduría en todo el país, todo lo relativo a la estrecha vigilancia que se ejercerá en el proceso de selección de los jurados de votación, de la notificación de su designación y de capacitación llevado a cabo en las diferentes dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con miras a su participación en las jornadas del 25 y 26 de octubre;

q) Coordinar con los procuradores regionales, distritales y provinciales y demás servidores del Ministerio Público desconcentrados en la geografía nacional, la visita especial que deberán practicar a las instalaciones de la registraduría nacional, delegaturas departamentales y municipales, a fin de levantar al menos veinticuatro horas antes del día de cada elección, un acta que deberá suscribir junto con el registrador respectivo de las cédulas de ciudadanía que no reclamaron sus beneficiarios, para evitar que sean utilizadas por otras personas para el ejercicio del sufragio;

r) Tramitar las quejas que por competencia le remita el comité interinstitucional de vigilancia y control de los procesos electorales y a su vez, enviarla por un medio ágil y adecuado a la procuraduría correspondiente, a fin de que se adelanten las diligencias disciplinarias con la debida prioridad, como también crear para el efecto la comisión especial disciplinaria que se encargue del asunto;

s) Velar porque las actuaciones disciplinarias que adelante la Procuraduría General de la Nación por conductas electorales sean diligenciadas de manera ágil y prioritaria.

El presidente de la comisión podrá crear comisiones especiales disciplinarias y designar funcionarios especiales para que conozcan de las investigaciones por hechos relativos a conductas electorales en que incurran los servidores públicos, teniendo en cuenta la importancia de los mismos y su trascendencia, así como desplazar en cualquier, estado de las actuaciones de primera instancia, al funcionario que venía conociendo de las mismas, y atribuirle la competencia a una comisión especial, como también el ejercicio de la facultad consagrada en el numeral 20 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000;

t) Los procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales, así como las comisiones especiales disciplinarias podrán adoptar las medidas cautelares de suspensión provisional previstas en el artículo 157 del Código Disciplinario Único, sin necesidad de delegación expresa del Procurador General de la Nación, previo visto bueno del presidente de la comisión nacional de control y asuntos electorales.

ART. 4º—Comités regionales, provinciales y distrital de control y asuntos electorales. Créanse en cada procuraduría regional y provincial los comités regionales y provinciales de control de asuntos electorales, que estarán integrados así:

a) El comité provincial de control y asuntos electorales, por el procurador provincial, quien será el coordinador, los procuradores judiciales y los personeros de su jurisdicción;

b) En la ciudad de Bogotá, D.C., se conformará el comité distrital de control y asuntos electorales, integrado por el procurador primero distrital quien lo coordinará, el procurador segundo distrital, los procuradores judiciales, administrativos con sede en Bogotá, y los procuradores judiciales penales que requiera el comité. Estos últimos serán designados por el procurador delegado para el Ministerio Público en asuntos penales.

PAR.—Para el ejercicio de las funciones preventivas electorales en las dependencias públicas de las localidades del Distrito de Bogotá, se designará durante la etapa preelectoral, electoral y poselectoral un procurador judicial en cada una de ellas.

ART. 5º—Funciones de los comités regionales, provinciales y distrital. Los comités regionales, provinciales y distrital tendrán las siguientes funciones:

a) Velar por los procesos disciplinarios que se adelanten por conductas electorales contra los servidores de competencia de las procuradurías regionales, provinciales y distrital se adelanten con prioridad;

b) Adelantar las gestiones que expresamente les asigne la comisión nacional de control y asuntos electorales y rendir los informes que esta solicite;

c) Solicitar la colaboración de la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado y de la Fiscalía General de la Nación, cuando sea necesario, para garantizar la transparencia del proceso electoral;

d) Pedir, recibir y evaluar los informes que deben enviarle los gobernadores, alcaldes y demás servidores públicos en relación con el manejo de la nómina de la entidad, ejecución del plan de contratación estatal, los contratos de prestación de servicios simples y profesionales, contratos suscritos con organizaciones no gubernamentales y cooperativas integradas por entidades territoriales, la inauguración de obras, y sobre otros aspectos en los cuales dé instrucciones la comisión nacional de control y asuntos electorales;

e) Desarrollar el plan de acción de control que se llevará a cabo sobre el proceso de selección de los jurados de votación, la notificación de sus designaciones y el proceso de capacitación, en cumplimiento de las directivas señaladas por la comisión nacional de control y asuntos electorales;

f) Implementar el plan de acción de control electoral para el día del referendo y de las elecciones del 26 de octubre de 2003, en desarrollo de la Directiva Unificada Nacional 1 del 19 de agosto de 2003, emanada por el despacho del Procurador General de la Nación, y de las instrucciones señaladas por la comisión nacional de control y asuntos electorales;

g) Organizar y distribuir a los servidores de las procuradurías regionales, provinciales y distritales, en las diferentes localidades, municipios, entidades públicas, zonales y puestos de votación en que deben cumplir sus funciones de control y vigilancia en las jornadas democráticas del 25 y 26 de octubre del año 2003;

h) Velar porque los funcionarios del Ministerio Público estén presentes en los procesos de selección de jurados de votación, las jornadas electorales y los escrutinios municipales y departamentales, y en aquellos en donde no sea posible, el comité respectivo dará instrucciones especiales a los personeros municipales, quienes llevarán acabo tales labores;

i) Impartir las instrucciones a los servidores del Ministerio Público que se requieran para el cumplimiento de las funciones de vigilancia electoral durante los procesos del año 2003;

j) Designar los servidores del Ministerio Público para efectos de dar cumplimiento de lo dispuesto en los literales n) y ñ) del artículo 3º de la presente resolución;

k) Rendir todos los informes que le sean solicitados por el presidente de la comisión nacional de control y asuntos electorales, en especial el informe final de actividades que deberá ser enviado a esta, a más tardar el 1º de diciembre de 2003.

ART. 6º—Presentación y trámite de quejas disciplinarias sobre asuntos electorales. Los ciudadanos podrán presentar sus quejas disciplinarias por irregularidades electorales, en la sede central de la Procuraduría General de la Nación o en las oficinas de las procuradurías regionales y provinciales de la siguiente manera:

a) Por escrito. Las quejas deberán presentarse personalmente o remitidas vía correo o por medio electrónico; (www.procuraduria.gov.co), e, incluso, por cualquier otro medio adecuado, dirigidas a la comisión nacional de control y asuntos electorales. Para tales efectos, se deberá anexar las pruebas que considere pertinentes en la hipótesis de poseerlas. En todo caso, el quejoso deberá identificarse con el correspondiente documento;

b) Verbales. Podrán ser presentadas en forma personal ante el funcionario de la procuraduría regional, provincial, y en el caso de Bogotá se presentarán ante la procuraduría primera distrital, debiendo esta última remitirlas diariamente a la comisión nacional de control y asuntos electorales;

c) Por teléfono. A través de la línea telefónica nacional gratuita 018000910315. En el caso específico de la ciudad de Bogotá, la línea 2 84 04 72 de la Procuraduría General de la Nación, que podrá incluso funcionar las 24 horas, de acuerdo con las necesidades del servicio.

PAR. 1º—Las quejas que reciba la comisión nacional de control y asuntos electorales serán evaluadas y remitidas a la dependencia competente, en el evento en que el presidente no decida crear para el efecto una comisión especial disciplinaria.

PAR. 2º—Los anónimos serán evaluados por la comisión, para determinar si se dispone la aplicación del artículo 27, numeral 1º de la Ley 24 de 1992, que prohíbe al Ministerio Público tramitar quejas anónimas, o si, por el contrario, debe dársele trámite por estar acompañado de pruebas al menos sumarias que ofrezcan serios motivos de credibilidad, o que no obstante no anexarse la prueba, de su contenido se observe la credibilidad y seriedad de la misma.

ART. 7º—Grupo especial de apoyo. El Procurador General de la Nación designará los funcionarios de la entidad que sean necesarios para la conformación del grupo especial de apoyo, que servirá de soporte y colaboración para la realización de las funciones de la comisión nacional de control y asuntos electorales, quienes recibirán las instrucciones del vicepresidente de la indicada comisión.

ART. 8º—Solicitudes de soporte. La comisión nacional de control y asuntos electorales de la Procuraduría General de la Nación contará también con el apoyo logístico de la dirección nacional de investigaciones especiales, de la secretaría general de la entidad, de la veeduría y demás dependencias de la Procuraduría General de la Nación, cuando para el adecuado ejercicio de sus funciones así lo requiera.

ART. 9º—Línea anticorrupción electoral. La comisión contará con una línea telefónica especial gratuita, a fin de que pueda recibir las quejas de la ciudadanía a nivel nacional, de la cual hará amplia divulgación nacional. Así mismo, hará difusión de las líneas telefónicas de las procuradurías regionales y provinciales para que la ciudadanía igualmente pueda formular las quejas ante estas instancias.

ART. 10.—Deber de promover investigaciones. La comisión deberá promover las acciones penales, disciplinarias y fiscales, cuando tenga conocimiento de irregularidades electorales, compulsando las copias correspondientes.

ART. 11.—Coordinación interinstitucional. La comisión podrá solicitar el apoyo de las autoridades que ejercen funciones de policía judicial, con el fin de que se realicen las aprehensiones en flagrancia a que hubiere lugar, así como la incautación de elementos electorales en poder de personas que legalmente no están autorizadas para ello, y demás labores necesarias para cumplir adecuadamente con sus funciones.

ART. 12.—Personal que requiere la comisión para el cumplimiento de sus funciones. Para la recepción de las quejas ciudadanas relativas a asuntos electorales, el trámite de las mismas, y el cumplimiento de las funciones a que hace referencia el presente acto administrativo, el secretario general de la Procuraduría General de la Nación encargará a los funcionarios que se requieran, y si la necesidad lo exigiere el Procurador General de la Nación organizará turnos por fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

ART. 13.—Informes a la comisión de coordinación y seguimiento de los procesos electorales. Una vez se designen los funcionarios, miembros de la comisión, se le informará al señor Ministro del Interior, a fin de coordinar las relaciones interinstitucionales.

ART. 14.—Divulgación. Por secretaría general de la entidad, se divulgará y se dará a conocer a la ciudadanía y a los destinatarios las directivas y actos administrativos que expida el procurador general sobre control y vigilancia electoral. Así mismo, se encargará de la instalación de la línea gratuita nacional, de la asignación de los servidores públicos, de los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la comisión.

ART. 15.—Envío de información. La división administrativa enviará al despacho del Procurador General de la Nación la relación de los teléfonos de las procuradurías regionales, distritales y provinciales a nivel nacional en medio magnético, para que la comisión la remita a la comisión nacional de coordinación y seguimiento electoral para lo de su cargo. Así mismo, la secretaría general de la entidad remitirá el listado de los profesionales universitarios, asesores, procuradores judiciales, regionales, distritales, provinciales, servidores de la veeduría y dirección nacional de investigaciones especiales, con el objetivo de solicitarle al Registrador Nacional del Estado se abstenga de designarlos jurados de votación, en tanto deberán estar disponibles durante las dos jornadas electorales para el control respectivo.

ART. 16.—Capacitación. La comisión solicitará a la Registradora Nacional del Estado Civil, para que, a través de las empresas contratistas que elaborarán los kit electorales, suministre capacitación e instrucción especial a los servidores de la procuraduría sobre las condiciones técnicas y de seguridad de los documentos electorales, a fin de conocer y establecer en los operativos y durante la jornada electoral cuáles son las características propias de los mismos. Los funcionarios que se capaciten serán multiplicadores a nivel nacional.

ART. 17.—Colaboración de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La comisión solicitará a la Registradora Nacional del Estado Civil toda la colaboración necesaria para efectos de su intervención preventiva y disciplinaria en los procesos preelectorales, en especial el trámite de selección de jurados de votación, su notificación y capacitación electoral durante las dos jornadas, y poselectoral, en particular durante los respectivos escrutinios.

ART. 18.—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga en su totalidad la Resolución 11 del 18 de enero de 2002.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 19 de agosto de 2003.

_______________________________