Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

RESOLUCIÓN 3435 DE 2016 

(Abril 20)

“Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la RESOLUCIÓN 3899 del 8 de septiembre de 2010”.

(Nota: Véase Resolución 8282 de 2017 artículo 1°, artículo 3°, articulo 7°, artículo 8° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las consagradas en los artículos 9°, 10, 12 y 78 de la Ley 489 de 1998, el literal n) del artículo 2° del Decreto 276 de 1988, el artículo 21 de la Ley 7ª de 1979, el artículo 13 del Decreto 2388 de 1979, el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, y los artículos 2.4.3.4.1 y 2.4.3.4.3 del Capítulo 4, Título 1, Parte 4, Libro 2 del Decreto 1084 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras (ICBF) le está asignada, entre otras, la función de asistir al Presidente de la República en la inspección y vigilancia, de que trata el numeral 26 del artículo 189 de la Constitución Política, de las instituciones de utilidad común que tengan como objetivo la protección de la familia y de los niños, niñas y adolescentes, así como dictar las normas administrativas indispensables para regular la prestación del servicio, en el marco de los objetivos del Sistema Nacional de

Bienestar Familiar;

Que la Ley 7ª de 1979 y el Decreto 1137 de 1999 establecieron las normas para la protección de la niñez y el fortalecimiento de la familia, crearon y organizaron el Sistema Administrativo Nacional de Bienestar Familiar, reorganizaron y reestructuraron el ICBF y establecieron que el Bienestar Familiar es un servicio público a cargo del Estado, que se prestará por medio del Sistema Nacional de Bienestar Familiar;

Que de conformidad con los artículos 8° y 27 del Decreto 2388 de 1979, todos los organismos, instituciones o entidades de carácter público o privado que habitualmente realicen actividades relacionadas con la protección preventiva y especial de niños, niñas y adolescentes, la garantía de sus derechos y la realización e integración armónica de la familia, deben ceñirse a las normas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar;

Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, mediante la cual se expidió el Código de la

Infancia y la Adolescencia, establece el deber de vigilancia del Estado a todas las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el ICBF o sin ella, que aún con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, niñas o adolescentes, y ratifica la competencia del ICBF como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para cumplir, entre otras funciones, otorgar, reconocer, renovar, suspender y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema;

Que el Decreto 936 de 2013 reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tanto en su integración como en sus funciones, y desarrolla la forma como se lleva a cabo la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las entidades responsables de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal;

Que los artículos 2.4.3.4.1 y 2.4.3.4.3 del Capítulo 4, Título 1, Parte 4, Libro 2 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, reiteran la facultad de Inspección, Vigilancia y Control sobre las Instituciones que prestan el

Servicio Público de Bienestar Familiar en cabeza del ICBF y le confiere la facultad para reglamentar internamente el otorgamiento, suspensión y cancelación de licencias de funcionamiento;

Que, de conformidad con lo anterior, es necesario modificar y adicionar la RESOLUCIÓN 3899 de 2010, mediante la cual el ICBF establece un régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que prestan servicios de protección integral, y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1°—Modifícase el artículo 4°, del Título I de la RESOLUCIÓN 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificado por la RESOLUCIÓN 6190 de 2015, el cual quedará así:

ART. 4°—Delegación. Delegar en los Directores Regionales del ICBF, la competencia para otorgar personerías jurídicas y efectuar el reconocimiento para pertenecer al Sistema

Nacional de Bienestar Familiar, así como el trámite de cancelación voluntaria de las personerías jurídicas que han sido otorgadas por la respectiva Dirección Regional y el otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral. Igualmente, estos podrán aprobar reformas estatutarias, recibir la inscripción de sus representantes legales, órganos directivos y demás dignatarios.

Delegar en la Subdirectora General la competencia para otorgar y reconocer las personerías jurídicas y efectuar el reconocimiento para pertenecer al Sistema Nacional de Bienestar

Familiar, el otorgamiento y renovación de licencias de funcionamiento a las instituciones del

Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para desarrollar el Programa Especializado de Atención a Madres Gestantes y Lactantes Adolescentes y mayores de 18 años y a las instituciones del

Sistema Nacional de Bienestar Familiar para desarrollar el programa de adopción, así como para otorgar las licencias de funcionamiento iniciales en todos los programas para prestar los servicios de protección integral a los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y para otorgar, reconocer y renovar las autorizaciones a los Organismos Acreditados internacionalmente para prestar servicios de adopción internacional teniendo en cuenta las necesidades del servicio, esta delegación incluye aprobar reformas estatutarias, recibir la inscripción de sus representantes legales, órganos directivos y demás dignatarios.

ART. 2°—Modifícase el Título II de la RESOLUCIÓN 3899 del 8 de septiembre de 2010, en los siguientes términos:

TÍTULO II

PERSONERÍAS JURÍDICAS Y/O RECONOCIMIENTO PARA PERTENECER

AL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

ART. 7°—Requisitos. Los interesados en obtener el otorgamiento de personería jurídica por parte del ICBF o el reconocimiento para pertenecer al Sistema Nacional de Bienestar

Familiar, deberán presentar ante el Instituto los soportes que demuestren que cumplen con los siguientes requisitos:

1. Encontrarse legalmente constituidas, para lo cual deberán aportar documento de constitución de la persona jurídica y los estatutos vigentes, que expresen:

a) El domicilio de la persona jurídica y el de las distintas sedes que se establezcan en el mismo acto de constitución;

b) El objeto social, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales, y donde se observe que incluya el desarrollo de programas y proyectos de protección integral, para niños, niñas, adolescentes y para sus familias;

c) El término de duración de la persona jurídica y las causales de disolución anticipada;

d) Las facultades y obligaciones del representante legal, la Asamblea General, miembros de junta directiva o de quienes hagan sus veces, y del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos;

e) El quórum decisorio y el régimen de mayorías.

2. Estar debidamente representadas, para lo cual se deberá adjuntar el documento de elección o nombramiento del cargo de representante legal y de los miembros de la Junta

Directiva o quienes hagan sus veces. Asimismo, documentos donde conste la aceptación a los cargos y las copias de los documentos de identificación.

3. Quienes ocupan el cargo de representante legal, de miembros de la junta directiva o quienes hagan sus veces, deberán presentar certificados de antecedentes judiciales, disciplinarios o fiscales, expedidos por las autoridades competentes en los cuales conste que no han sido sancionados, ni tienen impedimentos o inhabilidades para desempeñar sus funciones.

4. Contar la persona jurídica, con bienes y patrimonio suficientes para el cumplimiento del objeto, de acuerdo con lo señalado en las normas vigentes. Cuando se trate de Fundaciones, se deberá anexar certificación de los bienes afectados y su cuantía debidamente certificados por el revisor fiscal y registrados en los estados contables.

ART. 8°—Trámite para el solicitante. El interesado en obtener el otorgamiento de personería jurídica por parte del ICBF o el reconocimiento para pertenecer al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, deberá:

1. Presentar en dos (2) ejemplares a la Subdirección General del ICBF o a la Dirección Regional de su domicilio, según sea el caso, los documentos que den soporte a cada uno de los requisitos exigidos en el artículo séptimo (7°) de la presente resolución.

2. Notificarse del acto administrativo que dé respuesta a su solicitud.

3. De ser devueltos los documentos, deberá complementar, corregir o modificar en un término máximo de un (1) mes, los requisitos soporte de la solicitud. De no presentarse en este término se entenderá desistida esta y se seguirá lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

4. Pagar el impuesto de timbre que corresponda por otorgamiento o reconocimiento de personería jurídica, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

ART. 9°—Inscripción del representante legal y miembros de Junta Directiva. Para realizar la inscripción de representante legal y los miembros de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, deberán entregarse los siguientes documentos:

1. Acta del órgano que los eligió o nominó.

2. Documentos en donde conste la aceptación de los cargos.

3. Copia de los documentos de identidad.

4. Certificado de antecedentes penales expedido por la Autoridad Competente.

5. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.

6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República.

PAR.—En todos los casos, deberá reportarse al ICBF cambio del Representante Legal de la persona jurídica y de la junta directiva o del órgano que haga sus veces, y allegarse nuevamente los documentos que se requieren en el presente artículo.

ART. 10.Reforma de los Estatutos. En los eventos en que se requiera realizar una reforma a los estatutos de la persona jurídica, el representante legal deberá:

1. Presentar la solicitud de reforma estatutaria ante la Subdirección General o la Dirección Regional ICBF del domicilio de la persona jurídica, según sea el caso, anexando copia del acta donde conste la aprobación del órgano competente o la instancia autorizada para surtir y aprobar la reforma.

2. Presentar dos (2) ejemplares de los estatutos, cómo quedarían reformados, los cuales deberán estar avalados con la firma del Secretario y Presidente del máximo órgano, o por quienes hagan sus veces.

3. Una vez aprobada la reforma estatutaria por parte del ICBF mediante acto administrativo, uno (1) de los ejemplares será devuelto con la correspondiente constancia.

Artículo 3°. Modifícase el artículo 12 de la RESOLUCIÓN 3899 de 2010, el cual quedará así:

ART. 12. Licencia de funcionamiento. Para prestar servicios de protección integral a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias, toda persona jurídica requiere de la correspondiente licencia de funcionamiento otorgada por el ICBF.

Para la obtención de la licencia de funcionamiento, será necesario acreditar mediante la solicitud suscrita por el Representante Legal ante la Subdirección General o la Dirección Regional, según sea el caso, los requisitos legales, técnico-administrativos y financieros comunes y de carácter específico, dependiendo de cada programa o modalidad.

PAR. 1°—Cuando la persona jurídica atienda varios programas o modalidades, o el mismo programa o modalidad en diferentes sedes, deberá obtener licencia de funcionamiento para cada una de ellas, las cuales deberán estar contenidas en actos administrativos independientes.

PAR. 2°Si la persona jurídica atiende un mismo programa o modalidad para diferentes tipos de población, deberá expedirse una licencia de funcionamiento para cada una de las poblaciones que se autorice atender, las cuales deberán estar contenidas en actos administrativos independientes.

PAR. 3°—Cuando la persona jurídica cambie de sede en la que desarrolla el servicio y tenga licencia de funcionamiento vigente, deberá solicitar la aprobación del cambio de domicilio, la cual se dará mediante acto administrativo, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos correspondientes y del numeral 5 del artículo 14 de la presente resolución.

La aprobación de cambio de domicilio no modificará las condiciones en que fue otorgada la licencia que se encuentra vigente.

ART. 4°—Suprímase el parágrafo 2° del artículo 13 de la RESOLUCIÓN 3899 de 2010; Modifícase el numeral 13.3.; y adiciónase un parágrafo del mismo artículo, el cual quedará así:

13.3 Licencia de Funcionamiento Provisional: Es el acto administrativo mediante el cual el ICBF autoriza a la persona jurídica por un término que no podrá en ningún caso superar los seis (6) meses, cuando esta no cuenta o no ha mantenido la totalidad de los requisitos jurídicos, técnico-administrativos y financieros exigidos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento bienal, siempre y cuando el requisito faltante no constituya un riesgo para la integridad de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Esta clase de licencia no podrá ser prorrogada o renovada por términos consecutivos.

PAR. 2º—El ICBF se reserva el derecho de realizar auditorías, inspecciones, verificaciones, requerimientos de información u otras técnicas de seguimiento, cuando lo considere pertinente.

PAR. 3º—Las Direcciones Regionales del ICBF deberán remitir, para el trámite respectivo, a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, la solicitud de licencia de funcionamiento inicial, junto con todos los documentos presentados por la persona jurídica que pretenda dar inicio a la prestación del

Servicio Público de Bienestar Familiar en cualquiera de las modalidades de Protección Integral.

ART. 5°—Modifícase el numeral 5 del artículo 14 de la RESOLUCIÓN 3899 de 2010,

el cual quedará así:

5. La capacidad de atención instalada en cuanto a número de cupos, si hay lugar a ello.

ART. 6°—Modifícase el numeral 3 del artículo 15 de la RESOLUCIÓN 3899 de 2010, el cual quedará así:

ART. 15.Requisitos legales. Para poder obtener una licencia de funcionamiento, la persona jurídica deberá cumplir con los siguientes requisitos legales:

3. Contar con representación legal vigente, expedida por la autoridad competente, con la aceptación de la elección, nombramiento o cargo, junto con la fotocopia del documento de identidad.

Artículo 7°. Modifícanse los numerales 1 y 3 del artículo 17 de la RESOLUCIÓN 3899 de 2010, los cuales quedarán así:

ART. 17.Requisitos legales. Para desarrollar el Programa de Protección Integral a los Niños, Niñas, Adolescentes y sus familias las personas jurídicas deberán certificar que cumplen con los siguientes requisitos legales:

1. Encontrarse habilitados por la autoridad competente en salud cuando el programa o modalidad para el cual se solicita la licencia de funcionamiento así lo exija. (…)

3. Tener concepto sanitario favorable y vigente, expedido por la autoridad competente, para las sedes en donde se prestará el servicio, este no aplicará para el otorgamiento de la licencia inicial, por cuanto para la expedición de dicho requisito se requiere que la Entidad se encuentre prestando efectivamente el servicio.

ART. 8°— Suprímase el numeral 4 del artículo 24 de la RESOLUCIÓN 3899 de 2010.

ART. 9°—Adiciónense los artículos 25-1 y 25 -2 a la RESOLUCIÓN 3899 de 2010, los cuales quedarán así:

ART. 25-1.—Verificación de requisitos para el otorgamiento o renovación de licencia de funcionamiento. Para el otorgamiento o renovación de la licencia de funcionamiento, se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos-administrativos y financieros establecidos para tal fin. Dicha verificación se realizará a través de visita que practicará un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en cada uno de los componentes, de la cual se deberá: (i) levantar acta suscrita por los profesionales que participaron de la misma,

(ii) diligenciar el instrumento de verificación de requisitos en todos los componentes y (iii) realización de concepto, el cual deberá ser avalado por el Director Regional.

PAR.—Para la visita no es obligatoria la presencia del profesional que realiza la verificación de los requisitos legales, dicha revisión se puede adelantar con la documentación allegada a la Dirección Regional.

ART. 25-2.—Cancelación de la licencia de funcionamiento. El ICBF procederá a cancelar la licencia de funcionamiento en los siguientes casos:

1. Por solicitud de la persona jurídica titular de la licencia.

2. Por orden de autoridad competente.

ART. 10.—Modifíquese el Título VI de la RESOLUCIÓN 3899 del 8 de septiembre de 2010, el cual quedará así:

TÍTULO VI

INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO

ART. 35.Acciones de control y seguimiento. En desarrollo de las funciones de control y seguimiento, el ICBF tiene las siguientes facultades:

1. Vigilar que las personas prestadoras de Servicio Público de Bienestar Familiar cumplan con los fines del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y demás disposiciones propias de los programas y modalidades que desarrollen.

2. Verificar que las personas jurídicas u organismos acreditados conserven las condiciones en las que les fue otorgada la Personería Jurídica, Licencia de Funcionamiento y autorización y den cumplimiento a los Lineamientos y directrices establecidos por el ICBF para la prestación del servicio, o desarrollo de las modalidades y programas.

3. Instruir sobre las disposiciones que regulan la prestación del servicio público de

Bienestar Familiar.

4. Imponer los correctivos relacionados con aquellos asuntos que son objeto de su competencia.

5. Cuando de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control se evidencie o se derive que de la continuación en la prestación del servicio en las condiciones verificadas durante la visita o auditoría, se genera un riesgo para la salud, seguridad o integridad física, psicológica o emocional de los beneficiarios que allí se encuentren, los profesionales designados por el (la) Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la Sede de Dirección General deberán comunicar de manera inmediata al Coordinador del Centro Zonal correspondiente la situación encontrada, a fin de que este tome las medidas a que haya lugar, sin perjuicio de las demás acciones disciplinarias, contractuales, sancionatorias o penales.

PAR.—El ICBF diseñará e implementará las estrategias y medidas necesarias para el cabal cumplimiento de las acciones anteriores.

CAPÍTULO I

Trámite administrativo sancionatorio

ART. 36.Competencia. De conformidad con la estructura orgánica del Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar, compete a la Dirección General del ICBF adelantar el proceso administrativo sancionatorio.

ART. 37.Formas de iniciar la actuación administrativa. La actuación administrativa para determinar la comisión de infracciones podrá iniciarse por informes recibidos de terceros, mediante la práctica de visitas administrativas de inspección, vigilancia y control, por traslado de otras autoridades, por quejas o informes de personas naturales o jurídicas, en ejercicio del derecho de petición de carácter general o particular, como resultado de la aplicación de medidas cautelares y, en general, por cualquier otro medio que ofrezca credibilidad. Cuando no exista mérito para adelantar la investigación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá declarar improcedente la iniciación de un procedimiento administrativo sancionatorio, mediante la expedición de un informe.

La presentación del anterior informe no impide la posterior iniciación de un procedimiento administrativo sancionatorio.

ART. 38.Averiguaciones preliminares. En caso de duda sobre la procedencia de iniciar un proceso administrativo sancionatorio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad o quien haga sus veces, podrá ordenar la apertura de averiguaciones preliminares, por medio de auto que no requerirá notificación, mediante el cual se ordenará la realización de visitas de inspección, vigilancia y control por parte del equipo interdisciplinario designado para tal fin.

ART. 39.Plan de Mejoramiento. Cuando de la visita de Inspección, Vigilancia y Control, se establezca que existen hallazgos que pueden ser subsanados, se ordenará a través de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad del ICBF o quien haga sus veces, la ejecución de un plan de mejoramiento.

El inicio de un proceso administrativo sancionatorio no dependerá de la presentación, ejecución o seguimiento del plan de mejoramiento.

ART. 40. Medida especial. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá intervenir técnica, administrativa y/o financieramente y de manera inmediata a las instituciones que presten el servicio público de bienestar familiar, cuando por acción u omisión se ponga en riesgo o se cause daño a la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes, que, a su juicio, hagan necesaria la medida y previo concepto del Comité de Inspección, Vigilancia y Control de la Sede de la Dirección General.

La intervención tendrá por objeto establecer si es posible colocar a la entidad en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, que permitan lograr mejores condiciones para la debida prestación de los servicios de los niños, niñas y adolescentes, o establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación. La decisión correspondiente deberá adoptarse en un término no mayor de tres (3) meses, prorrogables por un término igual.

ART. 41.Comunicación de inicio. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, el Comité de Inspección, Vigilancia y Control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar considere que existe mérito para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Contra esta decisión no procede recurso.

ART. 42.Auto de formulación de cargos. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serán procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.

ART. 43.Término para rendir descargos. Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto de pliego de cargos, presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer.

ART. 44.Pruebas. Cuando deban practicarse pruebas solicitadas por las partes o decretadas de oficio se señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando no deban practicarse se dará traslado para alegar de conclusión.

Serán rechazadas de manera motivada las inconducentes, las impertinentes y las inútiles o las superfluas, y no se atenderán las practicadas ilegalmente. Contra el auto que niega o rechaza la solicitud de pruebas no procede ningún recurso.

ART. 45.Alegatos de conclusión. Vencido el periodo probatorio, las partes contarán con un término de diez (10) días hábiles para presentar sus alegatos de conclusión. El auto por medio del cual se dé traslado para presentar alegatos de conclusión será comunicado a los intervinientes.

ART. 46.Adopción de la decisión. Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contará con un término máximo de treinta (30) días para imponer la sanción u ordenar el archivo de la actuación.

El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio deberá contener:

1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar.

2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.

3. Las normas infringidas con los hechos probados.

4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.

PAR.—Contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio procede el recurso de reposición, en el efecto suspensivo.

ART. 47.Archivo de la investigación. El ICBF podrá emitir un fallo exoneratorio u ordenar el cierre y archivo de una investigación administrativa, en cualquier etapa procesal, siempre que cuente con elementos probatorios y jurídicos suficientes.

ART. 48.Notificación personal. El auto de formulación de cargos, el que resuelve sobre las pruebas y las decisiones definitivas que pongan término a la investigación administrativa deben ser notificadas personalmente al interesado en los términos previstos en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 o lo señalado en otras disposiciones normativas, y las que lo aclaren, modifiquen, adicionen, reglamenten o complementen.

ART. 49.Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días hábiles del envío de la citación, se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o en el registro mercantil, o puedan obtenerse de los documentos y archivos que reposan en el ICBF, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar su fecha de envío y la de la providencia que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica del ICBF y, en todo caso, en un lugar de acceso al público de la entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.

ART. 50.Recursos. Contra las providencias decretadas en el proceso administrativo sancionatorio procederá el recurso de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

ART. 51.Improcedencia. No habrá recurso contra los autos de trámite, excepto en los casos previstos en norma expresa.

ART. 52.Oportunidad y presentación. El recurso de reposición deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.

El recurso contra los autos presuntos podrá interponerse en cualquier tiempo.

El recurso se presentará ante el funcionario que dictó la decisión.

ART. 53.Requisitos. Por regla general el recurso se interpondrá por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación.

Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos.

El recurso deberá reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.

Solo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses.

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.

ART. 54.Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el competente deberá rechazarlo.

ART. 55.Trámite del recurso y pruebas. El recurso se tramitará en el efecto suspensivo, salvo norma especial en contrario.

El recurso deberá resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.

ART. 56.Decisión del recurso. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.

ART. 57.Desistimiento. Del recurso podrá desistirse en cualquier tiempo.

CAPÍTULO II

Faltas y sanciones

ART. 58.Faltas. Serán faltas, las siguientes:

1. Desarrollar actividades diferentes a las establecidas en el objeto social.

2. Desarrollar u ofrecer el Servicio Público de Bienestar Familiar, en modalidades, programas, sedes o a población diferente a las autorizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

3. Incumplir las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

4. Ocultar y/o no entregar los libros, registros, documentos o cualquier otra información que solicite el ICBF.

5. Dar aplicación diferente a los recursos que reciba por parte del ICBF a cualquier título, al previsto y autorizado por la ley, reglamentos o estatutos.

6. Encomendar, subcontratar o encargar a terceros, la prestación del servicio público de

Bienestar Familiar para el cual se le otorgó la licencia de funcionamiento o autorización.

7. Realizar o permitir que se realicen en las instalaciones donde se brinda la atención a los niños, niñas y adolescentes o que se utilice a los niños, niñas y adolescentes, en cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político, entre otros, fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales, movimientos religiosos y actividades similares.

8. Entregar, solicitar y/o recibir sumas de dinero o cualquier clase de dádiva de los beneficiarios de las modalidades y programas del ICBF diferentes a las autorizadas expresamente por el

Instituto, así como por la intervención y/o injerencia atípica antes, durante y luego de finalizado el proceso de adopción de un niño, niña o adolescente, así como entregar, solicitar y/o recibir sumas de dinero o cualquier clase de dádiva a quien tenga la custodia de un niño, niña y adolescente para que sea dado en adopción o ejercer presión, intervenir o tener cualquier injerencia atípica en la obtención del consentimiento de quien ejerce la custodia del menor de edad.

9. Violar la reserva de los documentos, actuaciones administrativas o judiciales propios del proceso de adopción de que trata el artículo 75 de la Ley 1098 de 2006, o lo señalado en otras disposiciones normativas, y las que lo aclaren, modifiquen, adicionen, reglamenten o complementen.

10. Suspender o afectar la prestación del servicio sin justificación o previo aviso al ICBF, con el fin de tomar las acciones a que haya lugar para dar continuidad a la prestación del mismo.

11. No atender las auditorías o visitas de inspección y los requerimientos dispuestos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro del ejercicio de las acciones de inspección, vigilancia y control.

12. No cumplir con los lineamientos técnicos, administrativos, manuales, guías, líneas técnicas y en general cualquier normativa que se establezca por parte del ICBF, para el respectivo programa o modalidad.

13. Cuando la autoridad competente suspenda, cancele o no otorgue la licencia de funcionamiento de educación o la habilitación de servicios de salud.

14. No presentar los planes de mejoramiento dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación que contenga el mismo, o incumplirlo total o parcialmente.

15. Imponer sanciones que conlleven maltrato verbal, físico o psicológico, o adoptar medidas que afecten la dignidad e integridad de los niños, niñas y adolescentes, entre otros, uso de cuartos de aislamiento en cualquiera de las modalidades establecidas por el ICBF, sin importar la denominación que se les dé a estos.

16. Dar lugar a que por acción u omisión se ponga en riesgo o se cause daño a la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes.

17. Utilizar de forma no autorizada, el nombre o imagen del ICBF, para la obtención de provecho propio o ajeno o para solicitar donaciones o aportes para la realización de algún programa y/o modalidad.

18. Omitir el envío de información al ICBF respecto de los cambios que puedan afectar o modificar en forma sustancial la prestación del servicio, entre otros, modificaciones en los órganos de dirección y administración de las Entidades que prestan el Servicio Público de

Bienestar Familiar, así como el cierre o suspensión de cualquiera de las sedes o unidades donde preste el servicio.

19. No adoptar, incumplir o no dar a conocer a todos sus funcionarios y colaboradores el

Código Ético establecido por el ICBF para la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar.

20. Presentar inconsistencias entre la información documental entregada al ICBF y la recaudada durante las acciones de inspección, vigilancia y control, relacionadas entre otros aspectos con la inscripción y/o listas de asistencia de los niños, niñas y adolescentes a los programas o modalidades del ICBF e inconsistencias en documentos corroboradas con las entidades de origen. La anterior descripción es meramente enunciativa y no taxativa.

21. No tomar medidas judiciales o administrativas, frente a la persona o personas que participan en el desarrollo del Programa o modalidad, por un presunto maltrato físico, verbal o psicológico o abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes, beneficiarios del programa o modalidad correspondiente.

22. Cuando a una persona jurídica se le ha cancelado o no solicitó la renovación de la

Licencia de funcionamiento y persiste en el manejo del programa o modalidad del ICBF, sin

Licencia de Funcionamiento.

23. La declaratoria en firme de la caducidad o la terminación unilateral del contrato de aporte.

24. Cuando la persona jurídica que tiene por objeto la prestación del servicio público de bienestar familiar, deje de funcionar por más de dos (2) años.

25. Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Resolución o las normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan.

26. Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas para los organismos acreditados para la prestación de servicios de adopción internacional, o sus representantes legales, en el Convenio de La Haya de 1993, la Ley 1098 de 2006, en la normatividad interna que establezca el ICBF en la materia, o en las normas que las sustituyan, modifiquen, o aclaren.

ART. 59.Sanciones. De conformidad con lo establecido, entre otras, en los literales b y c artículo 53 de la Ley 75 de 1968, Ley 7 de 1979, Ley 1098 de 2006, en los procesos administrativos sancionatorios que adelante el ICBF se podrán imponer las siguientes sanciones:

1. Amonestación escrita.

2. Suspensión de la licencia de funcionamiento hasta por un (1) año.

3. Cancelación de la licencia de funcionamiento.

4. Suspensión de la personería jurídica hasta por un (1) año.

5. Cancelación de la personería jurídica o del reconocimiento para pertenecer al Sistema

Nacional de Bienestar Familiar.

6. Suspensión del reconocimiento para pertenecer al Sistema Nacional de Bienestar

Familiar hasta por un (1) año.

7. Suspensión de la autorización al organismo acreditado.

8. Cancelación de la autorización al organismo acreditado.

PAR. 1°—La imposición de estas sanciones opera sin perjuicio de la facultad de ordenar correctivos para la superación de la situación irregular que se haya verificado en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control.

PAR. 2°—En el evento en que la decisión final ordene la cancelación de la licencia de funcionamiento, no podrá solicitarse una nueva para el mismo programa o modalidad por un término de dos (2) años.

ART. 60.Graduación de las sanciones. Tal como lo dispone el artículo 50 de la Ley

1437 de 2011 o la que la aclare, modifique, adicione, reglamente o complemente, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables:

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.

2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.

3. Reincidencia en la comisión de la infracción.

4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.

5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.

7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.

ART. 61.Registro de sanciones. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, creará un registro de sanciones en el que figure el término de la sanción, la persona jurídica sancionada, la fecha y el tipo de sanción. En el registro también deberá constar el número de veces que ha sido sancionada.

Se señalarán las órdenes que se impartan, con el fin de permitir una información veraz y persistente en el tiempo.

ART. 62.Medidas cautelares. Suspensión provisional. El ICBF podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional de la prestación del servicio o del desarrollo del programa, siempre y cuando se evidencien elementos de juicio que permitan establecer que con la continuidad se vulneran, amenazan o inobservan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El término de la suspensión provisional será hasta de tres (3) meses, prorrogable hasta en otro tanto.

Contra el auto que ordena la suspensión provisional procede el recurso de reposición.

Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional podrá ser revocada en cualquier momento.

PAR.—Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión de la licencia de funcionamiento o autorización, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que la persona jurídica permaneció suspendida provisionalmente.

ART. 11.—Adiciónese el Título VII de la RESOLUCIÓN 3899 del 8 de septiembre de 2010, el cual quedará así:

TÍTULO VII

OTRAS DISPOSICIONES

ART. 63.Publicaciones. Los actos administrativos que otorguen, suspendan, cancelen

Personería jurídica o reconozcan que la entidad pertenece al Sistema Nacional de Bienestar

Familiar, así como los que otorguen, renueven, suspendan, cancelen o nieguen licencias de funcionamiento y autorizaciones, serán publicados en la página web del ICBF, dentro de los

(15) días hábiles siguientes a la fecha de su ejecutoria.

ART. 64.Certificaciones. Las certificaciones que expida el ICBF en desarrollo de los asuntos objeto de esta resolución se expedirán con una vigencia de tres (3) meses.

ART. 65.Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en la presente

Resolución, se seguirán las disposiciones contempladas en la Ley 1437 de 2011 o lo señalado en otras disposiciones normativas, y las que lo aclaren, modifiquen, adicionen, reglamenten o complementen.

ART. 12.—Disposición transitoria. Esta resolución empieza a regir desde su publicación.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las normas vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, empezaron a correr los términos o comenzaron a surtirse las notificaciones.

ART. 13.—Derogatoria. La presente resolución deroga los artículos 11, 36 al 43 de la Resolución 3899 de 2010, 4° de la Resolución 6190 de 2015, el numeral 5 del artículo 11 de la Resolución 2859 de 2013 y todas las demás normas que le sean contrarias.

ART. 14.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición y deberá ser publicada en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de abril de 2016.

(Nota: Véase Resolución 8282 de 2017 artículo 1°, artículo 3°, articulo 7°, artículo 8° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)