RESOLUCIÓN 3643 DE 2005 

(Octubre 4)

“Por medio de la cual se asegura el ejercicio de la justicia, en sus expresiones de investigación y acusación penales, en los casos relacionados con fuero constitucional”.

El Fiscal General de la Nación,

con fundamento en el numeral 3º, artículo 251 de la Carta Política, que confiere al Fiscal General la facultad de fijar las Políticas de la Fiscalía; en el numeral 17 del artículo 11 de la Ley 938 de 2004, y con el fin de asegurar el ejercicio de la justicia, en los casos penales relacionados con fuero constitucional, y

CONSIDERANDO:

Primero. Conforme al numeral 1º, artículo 251 de la Constitución Política, es función especial del Fiscal General de la Nación: “Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución”.

El texto transcrito se ofrece evidente en su significación gramatical.

No obstante lo anterior, en las normas lingüísticamente claras pueden surgir dudas que se originan por la influencia de los contextos sistémico y funcional, propios de las reglas superiores, específicamente cuando se relacionan con la realidad del derecho y su operatividad en la vida de la sociedad.

Segundo. En la vida social existen factores condicionantes del funcionamiento unívoco del derecho y, en particular, de la regla superior en su aplicación al caso concreto. Factores como la multiplicidad de asuntos delictivos sometidos a fuero constitucional, que en la práctica solo podrían ser atendidos y diligenciados por varios servidores altamente especializados, como lo refiere la estadística; la idoneidad con la cual se debe acometer el cumplimiento de las técnicas de investigación del delito y del autor, en cada caso; los espacios temporales que demandan la preparación y participación en las múltiples audiencias, consagradas en la Ley 906 de 2004, susceptibles de cumplimiento en cada caso, en fin, la realización del juicio oral y público en el cual se practica la prueba y se controvierte, así como la intervención en las alegaciones finales, tornan en imposible físico la participación exclusiva de una sola persona.

El Fiscal General de la Nación está, previsiblemente, en imposibilidad física para cumplir con la misión constitucional, en el nuevo sistema procesal penal, como se ha registrado en la experiencia. Además, le resulta imperativo jurídico operar razonablemente las funciones previstas en los treinta y cinco numerales del artículo 11 de la Ley 938 de 2004, por lo que debe encaminar su tarea en la gerencia de la institución.

La situación fáctica descrita, entendida como condicionante real de la regla, y como supuesto de evidente transgresión a principios fundamentales consagrados en la Carta, propugna por un entendimiento razonable del numeral 1º, artículo 251 del mandato superior.

Tercero. Precisada esta realidad sociojurídica, en sus elementos y circunstancias esenciales, surge nítido el conflicto entre la aplicación práctica del numeral 1º, artículo 251 del estatuto superior, en el sistema procesal penal acusatorio, y el principio constitucional contenido en el preámbulo de la Carta Política, que propugna por asegurar a los integrantes de la Nación la convivencia por medio del ejercicio adecuado y oportuno de la justicia, ya que de tal modo se protege la libertad y se fundamenta la paz.

Para solucionar el conflicto planteado se debe recurrir a mecanismos de comprensión del texto constitucional, mediante la razonable integración de sus principios y normas, buscando la eficacia y aseguramiento de los fines del Estado.

Es así como el sentido del derecho se nutre de los contextos funcionales en los que valoraciones y normas extralegales siguen a la evolución social. Frente a una ideología estática, se prefiere la ideología dinámica, que otorga contenido material a los postulados de la Constitución. En esta dimensión de lo razonable, frente a lo racional, superlativamente rigen los criterios de justicia, de utilidad y de acomodo con la realidad social.

El pensamiento jusfilosófico precedente se constituye en punto de partida para la comprensión constitucional, que acoge esta resolución.

Cuarto. El numeral 1º, artículo 251 de la norma superior concede al aforado constitucional una garantía a su debido proceso: que sea investigado y acusado, especialmente, por el Fiscal General de la Nación.

Ahora, lo “especial” no es lo único, ni lo exclusivo, pero sí algo que se diferencia de lo general. Lo “especial” se entiende fácilmente como paradigma. En este sentido natural y obvio, la figura del Fiscal General de la Nación, para efectos de su actuación en el sistema acusatorio penal, que requiere la constante presencia de la parte en las múltiples y complejas diligencias de cada caso y de muchos casos como son los que a este respecto señala el volumen de los asuntos, se debe entender como paradigma que garantiza idoneidad, imparcialidad y eficiencia. Son estos atributos los que definen la esencia que explica y justifica la figura del fuero.

No cabe duda que los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia ostentan las mismas calidades exigidas, constitucional y legalmente, al Fiscal General de la Nación y a sus propios pares, que son los magistrados ante los cuales actúan. Dada la refinada especialización que poseen en el área de la justicia penal, estos fiscales delegados se identifican sustancialmente con el paradigma para garantizar idoneidad, imparcialidad y eficiencia que, en últimas, es la vocación finalística del precepto constitucional en cuestión.

La inclusión constitucional del sistema acusatorio, en el orden jurídico nacional, recoge el avance cultural y jurídico propio de la sociedad contemporánea. Por ello, ante los nuevos fenómenos de la vida social, acopiados en nuestro derecho, se suscitan consecuentes interpretaciones constitucionales, que favorecen y dinamizan esos contenidos reales. Ante las nuevas modalidades jurídicas no se pueden buscar vínculos ficticios con precedentes judiciales, fruto de contextos disímiles.

La Constitución Política es dinámica, en el numeral 3º, artículo 3º del Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio del numeral 3º, artículo 251 de la Carta Política, determina como función especial del Fiscal General de la Nación la facultad de “asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos”. Esta regla hace parte inescindible de un todo que es, precisamente, el que se refiere a las funciones especiales del Fiscal General de la Nación. Entre este precepto y el contenido del numeral 1º del mismo artículo se presenta una natural consistencia y correlación, generadas por el rango normativo de ambas reglas, que no se excluyen, desde el punto de vista de la técnica constitucional y, por el contrario, se complementan, para formar entre ellas una verdadera coherencia, que determina y facilita el principio deontológico expresado en el preámbulo de la Constitución, como que se debe asegurar a los integrantes de la Nación, entre otros valores, la convivencia, la justicia, la libertad y la paz.

Quinto. A este respecto, con criterio referido a los principios de estructura jerarquizada, unidad de gestión y control de actuación, de la Fiscalía General de la Nación, la Sentencia C-1092 de 2003, precisó lo siguiente:

“(...) “El artículo 7º que modifica el artículo 251, el único comentario que se justifica es el relacionado con el numeral 3º, pues allí se dice que es función del Fiscal General: “Asignar y desplazar libremente a sus funcionarios en las investigaciones y procesos. Así mismo determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir en cada caso, en desarrollo de los principios de unidad de gestión y de jerarquía”.

Los principios de gestión y jerarquía y la asignación y desplazamiento libremente en una fiscalía con funciones judiciales, como existe hoy, son la más clara manifestación de la antijusticia, el Fiscal que puede desplazar, la reasignación, el principio de jerarquía violentan flagrantemente los principios de autonomía y libertad de que deben estar investidos los jueces. Pero en un sistema acusatorio, donde la fiscalía solo tiene funciones de investigación, y por el contrario es lógico, razonable y necesario que el fiscal determine qué comportamientos se investigarán con más recursos, establecer directrices de jefe en esas investigaciones, coordinar con el Presidente de la República a qué actividades hay que ponerle mayor atención, debido a una posible alteración del orden público, etc.” (resaltado fuera de texto).

(...).

El artículo 251 constitucional aprobado a través del Acto Legislativo 03 de 2002, se ocupa de señalar las funciones especiales a cargo del Fiscal General de la Nación. El numeral del que hacen parte las expresiones acusadas por el demandante prevé el alcance de los principios de jerarquía y unidad de gestión incluidos en la reforma, con base en los cuales se le faculta al Fiscal General para “[A]sumir (sic) directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentre, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley” (...)” (resaltado fuera del texto).

Sexto. La conclusión inevitable de lo precedente, se evidenciará en las asignaciones específicas que, para la investigación y el juzgamiento de casos calificados con fuero constitucional, efectúe el Fiscal General de la Nación, en cabeza de un determinado fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y en las atribuciones constitucionales y legales, el Fiscal General de la Nación,

RESUELVE:

ART. ÚNICO.—El Fiscal General de la Nación, asignará específicamente, las investigaciones y la intervención en los procesos calificados con fuero constitucional, en cada uno de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, según la necesidad y las circunstancias del caso.

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., 4 de octubre de 2005.

Publíquese y cúmplase.

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