RESOLUCIÓN 377 DE 2003 

(Septiembre 5)

“Por medio de la cual se reglamenta y reestructura el programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en el proceso disciplinario, y se establecen políticas para su aplicación y ejecución”.

El Procurador General de la Nación,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las previstas en los artículos 7º numerales 1º, 6º, 7º, 47 y 58 del Decreto 262 de 2000 y 80 de la Ley 418 de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 418 de 1997, es deber de la Procuraduría General de la Nación velar por la protección de sus funcionarios, víctimas, testigos e intervinientes en los procesos a cargo de la entidad;

Que mediante Resolución 28 del 12 de marzo de 1996 se creó el programa de protección a testigos, víctimas, e intervinientes en el proceso disciplinario y funcionarios de la entidad;

Que mediante Resolución 29 del 12 de marzo de 1996 se fijaron algunas políticas para dar ejecución al programa mencionado;

Que se hace necesario ajustar a la legislación actual y a las necesidades el contenido del programa, así como asignar funciones específicas a determinados servidores de la entidad,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Definición y campo de aplicación del programa

ART. 1º—El programa de protección y asistencia a testigos, víctimas e intervinientes en los procesos disciplinarios, es el conjunto de acciones a través de las cuales la Procuraduría General de la Nación garantizará a las personas beneficiadas la protección y asistencia social tendiente a preservar los derechos fundamentales amenazados por el cumplimiento del deber constitucional de colaborar con el buen funcionamiento de la administración pública, en asuntos de competencia de la Procuraduría General de la Nación.

Las personas amparadas por este programa podrán recibir protección física, asistencia social, cambio de identidad y de domicilio, y demás medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar en forma adecuada la preservación de su integridad física y moral, y la de su núcleo familiar, de conformidad con la presente resolución, los convenios institucionales que se efectúen para el efecto, las actas y acuerdos de protección que se suscriban con los beneficiarios, todo lo cual está supeditado a la disponibilidad financiera y presupuestal del programa.

Cuando las circunstancias así lo justifiquen, dicha protección podrá comprender el traslado al exterior, incluidos los gastos de desplazamiento y manutención por el tiempo y bajo las condiciones que señale el Procurador General de la Nación, quien podrá realizar las coordinaciones que se requieran con organismos internacionales que presten el servicio de protección a víctimas, testigos, intervinientes, en el país al que se pretenda efectuar el traslado.

ART. 2º—Podrá ser objeto del programa de protección y asistencia a testigos, víctimas e intervinientes en los procesos a cargo de la Procuraduría General de la Nación, quien a causa de su colaboración, aporte probatorio o intervención procesal efectiva, se encuentre en riesgo de sufrir daño en su integridad física o mental, al igual que su núcleo familiar.

El núcleo familiar del beneficiario principal podrá comprender a su cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. La inclusión de estos beneficiarios al programa se hará previo estudio de vulnerabilidad, amenaza y riesgo que adelante la coordinación de protección y asistencia.

CAPÍTULO II

Principios rectores

ART. 3º—Todas las actuaciones que adelanten los funcionarios asignados al programa de “protección y asistencia a testigos, víctimas e intervinientes en los procesos a cargo de la Procuraduría General de la Nación, se regirán por los siguientes principios:

1. Consentimiento. La decisión de ingreso y retiro del programa de protección y asistencia, salvo las causales expresas de exclusión previstas en esta resolución, será tomada de manera libre y voluntaria por el (los) beneficiario(s). La inclusión en el programa implica, en todo caso, limitación a los derechos fundamentales.

2. Legalidad. En todas las actuaciones del programa se observarán y acatarán los tratados internacionales, convenciones, pactos internacionales, Constitución Política, leyes y reglamentos vigentes.

3. Reconocimiento de la dignidad humana. Los sujetos de protección y/o asistencia del programa, serán tratados conforme al respeto inherente a la dignidad del ser humano.

4. Celeridad. Los funcionarios y servidores responsables del programa de protección y asistencia a testigos, víctimas e intervinientes en los procesos a cargo de la Procuraduría General de la Nación, actuarán con la oportunidad y celeridad que demanda la gestión a su cargo.

5. Igualdad. Los funcionarios y servidores responsables del programa de protección y asistencia, brindarán un tratamiento de igualdad a sus destinatarios, sin ninguna discriminación fundada en condiciones de raza, origen, lengua, religión, sexo o condición social.

6. Reserva de las actuaciones. Todas las actuaciones a cargo del programa de protección y asistencia a testigos, víctimas e intervinientes, se mantendrán bajo estricta reserva o secreto.

Los beneficiarios del programa y funcionarios a cargo, estarán obligados a guardar dicha reserva. La violación de este deber por parte de cualquier servidor público, genera falta disciplinaria gravísima, de conformidad con el artículo 48, numeral 47 de la Ley 734 de 2002, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

7. Temporalidad. Las medidas de protección y asistencia se aplicarán mientras subsistan los factores que dieron origen a ella. Los mecanismos de protección y asistencia no serán indefinidos.

8. Fundamento de la protección. Todo procedimiento de protección y/o asistencia se fundamentará en la verificación de los nexos entre la participación procesal, la amenaza y el riesgo.

9. Responsabilidad. Los funcionarios del Ministerio Público y de policía judicial, se abstendrán de hacer ofrecimientos en materia de protección. La inobservancia de lo dispuesto acarreará para los infractores las sanciones de ley.

CAPÍTULO III

Definiciones

ART. 4º—Para los efectos de que trata esta resolución, se establecen las siguientes definiciones:

Víctima. Es el sujeto —persona natural—, que sufre perjuicio en sí o en sus derechos, como consecuencia de la conducta de los destinatarios de la acción disciplinaria.

Testigo. Es la persona que adquiere el conocimiento de un hecho, y lo ha dado a conocer, mediante declaración dentro de un proceso disciplinario.

Interviniente procesal. Tendrá tal categoría el servidor público o el particular que por su vinculación sea catalogado como sujeto procesal.

Informante. Es la persona que sin poseer pruebas aporta aspectos útiles al proceso disciplinario. Su protección en caso necesario se solicitará a los organismos de seguridad del Estado o al Ministerio del Interior, según corresponda. Mientras sólo tenga este carácter, su protección no corresponde al programa.

Protegido. Persona(s) que ha sido admitida en el programa de protección y asistencia, con quien se ha suscrito acta de compromiso.

Riesgo. Es la amenaza o el peligro que se cierne contra la vida o integridad del testigo, la víctima o el interviniente, originada por su participación en el proceso disciplinario.

CAPÍTULO IV

Competencias y atribuciones

ART. 5º—Los coordinadores del programa de protección y asistencia a testigos, víctimas e intervinientes, serán el procurador delegado para la moralidad pública y el director nacional de investigaciones especiales.

Los coordinadores del programa de protección y asistencia actuarán bajo la directa orientación del Procurador General de la Nación, y podrán organizar las unidades de trabajo que estimen convenientes y necesarias.

Para el cumplimiento de los fines previstos en el programa, los coordinadores podrán elaborar instructivos e impartir las órdenes necesarias de acuerdo con las exigencias o circunstancias que se presenten.

ART. 6º—La ordenación del gasto, para los efectos previstos en esta resolución, estará a cargo del secretario general de la Procuraduría General de la Nación, quien atenderá de conformidad con la disponibilidad presupuestal del programa, las solicitudes que presenten los coordinadores del programa de protección y asistencia. Estas solicitudes deben estar debidamente motivadas y justificadas. Para todos los efectos, entre otros, legales, presupuestales y contables, estos gastos se catalogan como reservados.

ART. 7º—Para la implementación del programa de protección y asistencia, la coordinación destinará un grupo de funcionarios preparados y capacitados a través del Programa US Marshal Service, integrado por: Luz Dary Henao Acosta, Álvaro Licona Camargo, José Fernando Toledo Perdomo, Emiro Vieda Silva, Mauricio Álvarez Maldonado, Guillermo Saa Merchancano, Jorge Armando Barreto, Rodrigo Lara Urrea y Fernando Homes.

Dichos funcionarios se integrarán a la planta de personal asignada a la dirección nacional de investigaciones especiales.

En cualquier momento, y con reserva de sus causas, los coordinadores del programa de protección y asistencia podrán requerir al Procurador General el cambio de personal que integra el grupo, sin que sea posible disminuir el número de servidores inicialmente asignados.

ART. 8º—La Procuraduría General de la Nación solicitará al Ministerio de Hacienda la asignación de recursos para el programa. La ejecución de las medidas y actividades señaladas en esta resolución con cargo al programa está sujeta a la efectiva asignación de recursos y a la respectiva disponibilidad presupuestal, todo lo anterior de acuerdo con las leyes y normas pertinentes.

PAR.—Los bienes y recursos donados o asignados para el desarrollo del programa no podrán ser utilizados para destinaciones diferentes. Los coordinadores del programa y el ordenador del gasto velarán por el uso adecuado de los mismos.

CAPÍTULO V

Solicitud y evaluación para ingreso

ART. 9º—La protección podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación, el Viceprocurador General de la Nación, por el funcionario competente que tenga a su cargo la actuación, Defensor del Pueblo, Consejero Presidencial para la Defensa de los Derechos Humanos, y/o por el directamente interesado.

Quien solicite la medida, deberá justificar la necesidad de protección de la víctima, testigo o interviniente, consignando por escrito los elementos que permitan identificar la actuación disciplinaria o administrativa de la que surge la agresión, los factores de amenaza, o el riesgo que deba ser atendido.

La petición se hará en los formatos que para el efecto autoricen los coordinadores del programa, el que servirá de fundamento para las evaluaciones pertinentes.

ART. 10.—Radicada la solicitud, los coordinadores del programa de protección y asistencia, en un término máximo de diez (10) días calendario, evaluarán los aspectos que se relacionan a continuación:

1. El nexo razonable entre la intervención procesal del aspirante al programa y los factores de amenaza y riesgo. De ser evidente y urgente la necesidad de adoptar medidas de seguridad, estas se ordenarán sin requerirse estudio de seguridad, o se pospondrá su realización.

2. La relevancia de la intervención procesal del aspirante, en la gestión y funciones a cargo de la Procuraduría General de la Nación.

3. Que las faltas disciplinarias por las que se proceda, y en cuya investigación participe el aspirante, sean catalogadas como gravísimas, o que guarden relación con graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.

5. El motivo determinante del peticionario para ingresar al programa, que no debe ser distinto del de colaborar con la administración pública y con la entidad en el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales.

6. Las posibles medidas de seguridad que puedan ser implementadas por otros organismos del Estado. De existir esta posibilidad, el programa de protección a víctimas y testigos de la Procuraduría General de la Nación es subsidiario de aquel.

PAR.—De considerarse necesario, al aspirante o a quien haya sido admitido, se le practicará una evaluación psicológica que tendrá como finalidad establecer la posibilidad de adaptación del sujeto al programa de protección y asistencia, su condición personal y familiar, y los posibles trastornos sicológicos que pueda derivarse de las exigencias del programa.

ART. 11.—Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior, los coordinadores del programa de protección y asistencia proyectarán la decisión de fondo que corresponda, para la firma del Procurador General de la Nación.

Lo decidido será comunicado al solicitante, de lo cual se dejarán las respectivas constancias.

PAR. 1º—En caso de que el testigo, víctima o interviniente en el proceso disciplinario, se encuentre en inminente riesgo que ponga en peligro su vida e integridad personal, los coordinadores del programa de protección y asistencia gestionarán lo pertinente ante los organismos de seguridad del Estado.

El programa asumirá la protección provisional por disposición del Procurador General o el Viceprocurador General, mientras se produce una decisión de fondo en torno a su incorporación.

CAPÍTULO VI

Medidas de protección

ART. 12.—El Procurador General de la Nación, en cualquier momento y durante el término de la protección, podrá ordenar:

1. El cambio de identidad de la persona que se someta al programa y de su núcleo familiar básico. Excepcionalmente ordenará el cambio de identidad de las personas señaladas en el artículo 2º inciso 2º.

2. Con fundamento en la nueva identidad, ordenará a las autoridades públicas o privadas, la expedición de documentos que reemplacen a los que ya posee el admitido al programa, tales como actas de registro civil, cédula de ciudadanía, pasaporte, libreta militar, certificado judicial y otros, sin que para su tramitación deban cumplirse los procedimientos ordinarios. La coordinación del programa efectuará los trámites a que haya lugar con las entidades encargadas.

3. Ordenar la expedición de títulos académicos por parte de entidades públicas o privadas, para reemplazar los originalmente otorgados.

4. Autorizar la modificación de los rasgos físicos que pudieran permitir la identificación de la persona admitida.

5. Destinar para el admitido al programa, como domicilio cualquiera de las instalaciones que para el efecto considere adecuadas.

PAR. 1º—Las determinaciones antes citadas requerirán el consentimiento expreso de la persona en quien vayan a tener efecto.

PAR. 2º—Los documentos que se expidan para proteger a una persona admitida en el programa tendrán pleno valor probatorio y reemplazarán los anteriores, sin que se registren notas marginales o cualquier otra inscripción indicativa de la relación entre la nueva identidad y la anterior.

PAR. 3º—La persona amparada por el cambio de su identidad civil, sólo podrá hacer valer en adelante su nueva identidad.

PAR. 4º—Todas las entidades e instituciones públicas y privadas tendrán la obligación de prestar la colaboración requerida para el cumplimiento de los fines propuestos en esta resolución.

PAR. 5º—La Procuraduría efectuará los convenios con entidades públicas y privadas necesarios para la adopción de las medidas de protección, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente para el programa.

ART. 13.—La Procuraduría General de la Nación mantendrá bajo estricta reserva y permanente vigilancia los archivos que contengan información de las personas admitidas en el programa de protección y asistencia.

PAR.—Los servidores que tengan conocimiento de las medidas de protección o hayan intervenido en su preparación, expedición, ejecución o trámite, tendrán la obligación de mantener en reserva la identidad de las personas admitidas y protegidas en el programa. La violación de esa reserva acarreará las sanciones penales y disciplinarias a que haya lugar.

ART. 14.—Los cambios de identidad y de domicilio no podrán implicar exoneración de la responsabilidad penal por los delitos cometidos antes o después de la vinculación al programa. En los acuerdos que celebre el beneficiario con la Procuraduría General de la Nación, deberán adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones civiles, laborales, comerciales, fiscales y administrativas contraídas por el beneficiario con anterioridad a la celebración del acuerdo.

La aplicación de la presente no podrá menoscabar ninguno de los derechos contemplados en el artículo 29 de la Constitución para ninguna persona.

La Procuraduría General de la Nación solo tendrá obligaciones y responsabilidades frente a las personas vinculadas al programa, en los términos en que este o los acuerdos suscritos lo indiquen.

ART. 15.—Cuando de la evaluación y análisis de la amenaza y el riesgo, se concluya que es suficiente, como medida de protección, el cambio de lugar de residencia, se otorgará con este propósito y por una sola vez, la asistencia económica que lo haga posible, previa evaluación sociológica.

Para el traslado y ubicación se coordinará y prestará la seguridad necesaria. En todo caso, se levantará acta de compromiso.

PAR.—La asistencia económica de que trata este artículo no podrá suministrarse por un período superior a un mes y comprenderá los gastos que se dispongan en el acuerdo o acta de protección.

CAPÍTULO VI

Incorporación

ART. 16.—La decisión de incorporación al programa se plasmará en acta que deben suscribir el protegido, su núcleo familiar incorporado y los coordinadores o el funcionario que estos deleguen, y en ella se consignarán las siguientes obligaciones mínimas:

Obligaciones del protegido

1. Para poder ser incorporado en el programa, y durante la ejecución del mismo, la persona deberá colaborar con la administración de justicia, proporcionar la información y entregar las pruebas que reposen en su poder, al funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación que adelante la actuación disciplinaria de que se trate.

2. El protegido informará al coordinador del programa o al agente de contacto, todo cambio de residencia, de trabajo y cualquier situación que pueda poner en riesgo su vida, integridad personal o la de su familia.

3. Deberá informar por escrito a los coordinadores del programa o al Procurador General de la Nación, su decisión de retirarse del programa.

4. El protegido tendrá la obligación de guardar buena conducta, mantener discreta convivencia en los sitios asignados para su alojamiento, y se abstendrá de ejecutar cualquier acto que atente contra la moral y las buenas costumbres.

5. Cumplir con todas y cada una de las exigencias que el programa le imponga, y con las recomendaciones que en materia de seguridad se formulen.

6. Utilizar cumplida y racionalmente los bienes y recursos que el programa deje a su disposición.

7. Abstenerse de cualquier acción u omisión que pueda poner en riesgo el objetivo del programa, su propia vida, o la de los miembros de su grupo familiar protegido.

8. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o sustancias que puedan generar dependencia.

9. Autorizar y someterse a los tratamientos médicos, quirúrgicos o sicológicos que se requieran.

Obligaciones del programa

a) Diseñar e implementar lo pertinente, para atender las necesidades de seguridad, manutención, alojamiento, médicas y psicológicas del protegido, para lo cual se suscribirán los convenios a que haya lugar con instituciones públicas y privadas;

b) Gestionar la ocupación laboral y/o el acceso a la educación del protegido, cuando fuere posible como un medio para su reubicación social. Esta gestión se hará teniendo en cuenta las posibilidades y restricciones de los convenios, y de la oferta de dichos servicios;

c) Dar un trato digno al protegido con estricto respeto por sus derechos humanos;

d) Velar para que los recursos sean correctamente empleados.

En el acta se consignará, además, la siguiente información:

1. La identificación completa, edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación antes del ingreso al programa, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, nombre y edad del cónyuge o compañero(a) permanente, grado de instrucción y ocupación, nombre y edad de los hijos, nivel de educación, relación económica.

2. Relación de las obligaciones a su cargo hasta la fecha de ingreso al programa, identificando su beneficiario y su valor.

3. Manifestación clara y expresa de que conoce las exigencias del programa, que acepta la protección que se brinda con las limitaciones que puedan derivarse a sus derechos fundamentales, cuando deban ceder a las necesidades de seguridad y protección propias, y las de su grupo.

PAR. 1º—Cuando la protección se otorgue a menores de edad, el acta será suscrita por los dos padres, por quien detente la patria potestad, o por uno de los dos progenitores, así quien firme no esté vinculado al programa.

PAR. 2º—La suscripción del acta será libre y sin coacción o apremio alguno. En consecuencia, ningún servidor público diferente de los autorizados en esta resolución, podrá prometer beneficio con cargo al programa de protección y asistencia.

PAR. 3º—La incorporación, suministro y ejecución de todas las medidas y gestiones señaladas en la presente resolución está sujeta a la disponibilidad presupuestal de programa, al contenido de los convenios que se realicen para el efecto con las instituciones que presten servicios o suministren bienes a los que se refiere esta resolución, y a las restricciones de la oferta de los mismos.

Las obligaciones del programa con cada beneficiario, quedarán expresas en el acta o convenio de protección y en él se impondrán los límites, restricciones y condiciones de las mismas, las cuales se entenderán aceptadas en su totalidad por el beneficiario.

ART. 17.—El programa, en ningún caso, responderá por las obligaciones civiles, fiscales y de cualquier otra índole asumidas por los beneficiarios o a las cuales sean condenados, antes, durante o después del período de protección, aunque en ellas intervengan funcionarios y/o servidores de la Procuraduría General de la Nación.

ART. 18.—Para la protección de testigos privados de la libertad, el programa coordinará lo pertinente con la autoridad a cuyo cargo se encuentre el detenido y con el Inpec, quienes tendrán la obligación de implementar las medidas de seguridad que el caso amerite.

CAPÍTULO VII

Niveles de seguridad en los procedimientos de protección

ART. 19.—Los niveles de seguridad para los protegidos, como resultado de la evaluación de amenaza y riesgo, son los siguientes:

1. Máximo. Es la especial sujeción del protegido al control absoluto del programa, lo que implica que sus actividades se realizarán en el espacio físico diseñado para el efecto, y acatando las órdenes de seguridad que se impartan.

2. Mediano. En este nivel, el protegido puede realizar sus actividades en su sitio habitual, sometido en todo caso a las disposiciones de seguridad que el programa determine.

3. Supervisado. Cuando el protegido ha sido reubicado geográficamente, y se encuentre en posibilidad de reiniciar una vida normal, sometiéndose al monitoreo del programa en materia de seguridad.

CAPÍTULO VIII

Terminación y exclusión del programa

ART. 20.—La protección y asistencia terminará a petición del protegido, cuando voluntariamente decida no continuar en el programa.

Igualmente terminará la asistencia de que trata el artículo primero incisos segundo y tercero, cuando cesen las razones y/o factores de riesgo o amenaza que determinaron la incorporación al programa.

ART. 21.—El Procurador General de la Nación, a través de los coordinadores del programa, excluirá a los beneficiarios en los siguientes eventos:

1. Cuando el beneficiario incumpla cualquiera de los deberes u obligaciones adquiridas al suscribir el acta de compromiso.

2. Cuando la conducta del protegido ponga en riesgo su seguridad y la del programa mismo.

3. Por realizar actos que atenten contra la ética, la moral, o que puedan constituir conductas punibles.

4. Negarse injustificadamente a colaborar con la Procuraduría General de la Nación.

5. Cuando se determine que continuar con la protección, constituye un factor que afecta la seguridad del programa o de la Procuraduría General de la Nación.

6. Negarse a colaborar con los planes, programas y proyectos tendientes a lograr su reubicación social.

PAR.—La decisión de exclusión y la de aceptación de la renuncia del protegido, será tomada por los coordinadores del programa, dentro del término máximo de cinco (5) días siguientes a la materialización del hecho que la motiva, mediante acta donde se consignen las causas y condiciones. De ello se informará al interesado, y a quien hizo la solicitud de protección.

CAPÍTULO IX

Funciones de policía judicial

ART. 22.—De conformidad con lo previsto en los artículos 277 inciso final de la Constitución Política y 148 de la Ley 734 de 2002, en las actuaciones a cargo del programa, los funcionarios asignados al mismo tendrán funciones de policía judicial, bajo la dependencia directa e inmediata del Procurador General o del director nacional de investigaciones especiales.

CAPÍTULO X

Disposiciones generales

ART. 23.—El desplazamiento de los protegidos para la práctica de diligencias disciplinarias, penales o administrativas, debe solicitarlo el funcionario competente, por escrito, con la debida antelación a la fecha en que sea requerido. De manera excepcional se procederá por orden verbal del Procurador General de la Nación, del Viceprocurador General o de los coordinadores del programa.

ART. 24.—La oficina de protección y asistencia, en coordinación con la oficina de prensa de la Procuraduría General de la Nación, elaborará instructivos y publicaciones periódicas con el fin de dar a conocer el programa de protección.

ART. 25.—La oficina de protección, en coordinación con el instituto de estudios del Ministerio Público, diseñará e impartirá la capacitación necesaria a los funcionarios de la entidad, y autoridades que intervienen en el proceso de la protección.

ART. 26.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente las resoluciones 28 y 29 de 1996 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias incluyendo las normas de las resoluciones citadas a que haya lugar.

Dada en Bogotá, D.C., a 5 de septiembre de 2003.

_______________________________