Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

RESOLUCIÓN 379 DE 2010 

(Abril 9)

“Por la cual se reglamenta la presentación del examen de calidad de la educación superior en el exterior”.

La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes,

en ejercicio de sus atribuciones legales en especial las conferidas en el numeral 9º del artículo 9º del Decreto 5014 de 2009, la Ley 1324 de 2009, los Decretos 3963 del 14 de octubre de 2009 y 4216 del 30 de octubre de 2009,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1324 del 13 de julio de 2009, fijó parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, estableció las categorías de exámenes de Estado, contemplando como tales entre otros, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes terminan los programas de pregrado en las instituciones de educación superior.

Que mediante los decretos 3963 del 14 de octubre de 2009 y 4216 del 30 de octubre de 2009 se reglamentó el examen de calidad de la educación superior, se definieron sus objetivos, estructura y organización y se adoptaron medidas transitorias para facilitar su aplicación durante el 2009 y 2010.

Que de conformidad con las disposiciones antes mencionadas, el examen de calidad de la educación superior es obligatorio como requisito para grado de todos los estudiantes que adelanten programas de pregrado en instituciones de educación superior, efecto para el cual compete a dichas instituciones efectuar el reporte de quienes tengan aprobado el 75% de los créditos académicos del respectivo programa.

Que compete al Icfes, con fundamento en lo dispuesto en los decretos mencionados dirigir y coordinar el diseño, la aplicación, la obtención y análisis de los resultados del exa­men de estado de calidad de la educación superior, así como determinar el calendario de aplicación de acuerdo con el reporte sobre la población que cumpla el requisito mencionado en el considerando anterior para presentar el examen.

Que para las aplicaciones efectuadas el 29 de noviembre de 2009 y en febrero de 2010, se identificaron situaciones especiales relacionadas con estudiantes que por encontrarse fuera del país para la fecha del examen, no pueden presentarlo, impidiéndoles la obtención del grado correspondiente.

Que el Icfes considera viable reglamentar las condiciones necesarias para la presentación del examen de estado de calidad de la educación superior en el exterior, para la población mencionada en el considerando anterior, estableciendo las tarifas correspondientes para la presentación del examen, de conformidad con la autorización que le confiere la Ley 635 de 2000, para definir y recaudar las tarifas correspondientes a los costos de los servicios prestados por él.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—El examen de calidad de la educación superior, podrá presentarse en el exterior por parte de aquellos estudiantes que deban presentar este examen para la obtención del título correspondiente al respectivo programa de pregrado siempre y cuando para la fecha establecida por el Icfes para la realización del mismo, se encuen­tren fuera del país.

PAR.—Las instituciones de educación superior, deberán reportar a la población que se encuentre en la situación descrita en el presente artículo siempre que hubiesen aprobado el 75% de los créditos académicos del respectivo programa.

ART. 2º—Los procesos correspondientes al recaudo de tarifas y registro de participantes, se surtirán en las mismas fechas establecidas por el Icfes al definir los cronogramas anuales para la realización del examen de calidad de la educación superior en Colombia. En consecuencia, las fechas para adelantar estos procesos, serán las establecidas en la Resolución 259 del 26 de febrero de 2010, cuya consulta puede efectuarse a través de la página web del Icfes.

Sin perjuicio de lo anterior, el registro de los estudiantes que se encuentren en el ex­tranjero y que requieran presentar el examen de calidad de la educación superior, deberá adelantarse en el formato especialmente establecido por el Icfes, a través de la respectiva institución de educación superior.

ART. 3º—La citación para presentar el examen se efectuará por parte del Icfes, a los estudiantes a quienes se refiere la presente resolución, asignándoles, en lo posible, la ciudad más cercana a su sitio de residencia, siempre y cuando el Icfes pueda gestionar la consecu­ción de un sitio de aplicación apropiado. El Icfes informará las fechas de presentación del examen y de publicación de resultados en la citación.

ART. 4º—EL Icfes definirá anualmente las tarifas que deberán cancelar quienes vayan a presentar el examen de calidad de la educación superior en el exterior, de acuerdo con los criterios de costos establecidos en la Ley 635 de 2000. En todo caso, para efectos de la presentación de examen en el exterior en el año 2010, el valor de la tarifa será la suma de $ 200.000 por estudiante.

Este valor deberá consignarse a nombre del Icfes, por parte de la institución de educa­ción superior, en la cuenta del Banco Popular 07000006-2, en las fechas establecidas para el recaudo en la Resolución 259 del 26 de febrero de 2010, según se trate del primer o segundo semestre de 2010.

ART. 5º—Las instituciones de educación superior que registren estudiantes para presentar el examen de calidad de la educación superior en el exterior, deberán remitir al Icfes los que se indiquen en los instructivos publicados en la página web www.icfes.gov.co/ECAES.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 9 de abril de 2010.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Comunica a:

Los participantes en el concurso para seleccionar directi­vos docentes y docentes, convocatorias 056 - 122

Que en cumplimiento de la Resolución 353 del 26 de marzo de 2010 se publica el presente comunicado para dar respuesta conjunta a las numerosas reclamaciones, recursos, derechos de petición y demás escritos recibidos o que se llegaren a recibir, con el mismo contenido ante el Icfes y/o la Comisión Nacional del servicio civil, relacionadas con los resultados del componente de aptitud numérica de la prueba aplicada por el Icfes el 5 de julio de 2009.

Para este efecto se seleccionaron las siguientes preguntas comunes de los escritos recibidos, que se responderán a continuación:

1. ¿Es posible adicionar a los resultados de la prueba de aptitud numérica un puntaje de 6.666, modificando los resultados generales?

No es procedente, porque esta apreciación parte de los siguientes supuestos erróneos:

i) Que cada pregunta de la prueba tiene un valor de 3.33. Ante lo cual se aclara que:

El modelo de calificación empleado por el Icfes para asignar los puntajes de las dis­tintas pruebas de que se componía el examen de la CNSC (aptitudes verbal y numérica y competencias específicas) es el mismo que se usa para calificar las pruebas de los exámenes de Estado. Se trata de un modelo estadístico sofisticado, conocido en la literatura como modelo de Rasch, que asigna un puntaje con base en la totalidad de las respuestas de todos los evaluados, no solo las habilidades de estos sino también, y simultáneamente y en la misma escala, la dificultad de cada una de las preguntas aplicadas. Como resultado de esta doble asignación la habilidad de un evaluado que tiene N respuestas correctas corresponde al nivel de dificultad de la N-ésima pregunta, cuando estas se ordenan por su dificultad. La habilidad de un evaluado no resulta de esta forma proporcional al número de respuestas que responde correctamente; por lo tanto no es correcto multiplicar por un número de puntos el número de respuestas correctas para obtener el puntaje de los evaluados.

ii) Que las preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud matemática que fueron excluidas de la calificación deben ser reincorporadas y ser consideradas como acertadas, ante lo cual se aclara que:

Uno de los procesos posteriores a la aplicación de las pruebas consiste en revisar las preguntas reportadas como inconsistentes o dudosas por quienes presentaron el examen, a través del formulario dispuesto para tal fin en cada uno de los salones de aplicación. Si como producto de la revisión de dichas preguntas se comprueban las inconsistencias reportadas, se procede a la eliminación de las mismas y a su exclusión del proceso de calificación.

Para el caso de la prueba aplicada el 5 de julio de 2009, el Icfes eliminó de la califica­ción las preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud numérica. Esto se hizo antes de correr el modelo para determinar las habilidades de los evaluados, de forma que no hay lugar a realizar ajustes posteriores sobre los puntajes de las pruebas.

iii) Que el fallo del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, con ponencia de la doctora María Noemí Hernández Pinzón, radicado 0500123310020090127301, actora Orfelia Arelis Gómez es aplicable a todos los parti­cipantes en la prueba del 5 de julio de 2009, ante lo cual se aclara que:

En los principios de la acción de tutela consideran que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,... la protección inmediata de sus derechos consti­tucionales fundamentales...” (...) y “... cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”.

De lo anterior se infiere claramente que el efecto de los fallos de tutela proferidos en instancia son “interpartes”. Vale decir, no puede hacerse extensivo a situaciones similares, pues tales determinaciones solo producen efectos individuales, es decir, con relación al caso concreto que se resuelve, posición que ha sido reiterada por la jurisprudencia de las altas cortes de nuestro país: “... 21. el numeral segundo del artículo 48 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia —L. 270/96— resulta definitivo frente al valor vinculante de la ratio decidendi en materia de tutela, en especial luego del condicionamiento del que fue objeto en la Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Efectivamente el numeral estudiado por esta corporación señala que “las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes”y “su motivación solo constituye criterio auxiliar para los jueces”(1) (el resaltado es nuestro).

Con las precisiones anotadas hay que concluir que la decisión adoptada por el hono­rable Consejo de Estado, no consulta la realidad y su aplicación “extensiva” a otros casos similares resulta improcedente, en ese sentido el fallo fue demandado por el Icfes el 10 de diciembre de 2009.

Así mismo la entidad ha impugnado los fallos de tutela que ordenan el incremento del puntaje y ha solicitado que se decreten pruebas para exponer las razones técnicas que lo hacen improcedente.

Improcedencia de la modificación de los puntajes obtenidos:

Con fundamento en las respuestas anteriores se concluye que cualquier modificación en los puntajes en los términos de las peticiones recibidas, resulta improcedente por las siguientes razones:

i) Se atentaría contra el principio de la autonomía administrativa de la cual se deriva la confiabilidad de la gestión encomendada legalmente al Icfes, entidad con más de 40 años de experiencia en evaluación de la educación en Colombia, que cuenta con reconocimiento nacional e internacional en la materia y adicionalmente numerosos pronunciamientos ju­risprudenciales emitidos por las altas cortes del país, reiteran el respeto por la gestión de la entidad en este campo, en el cual se ha destacado por el estricto apego al respeto de las garantías procesales y derechos fundamentales de los usuarios del servicio(2).

ii) Se vulneraría el derecho fundamental a la igualdad de los más de doscientos cincuenta mil participantes del concurso, cuyas evaluaciones se encuentran en firme.

iii) Los términos definidos para surtir las diferentes etapas del concurso, no pueden mo­dificarse para satisfacer intereses particulares, pues ello definitivamente vulnera el principio de la confianza legítima y el interés general, al cambiar las reglas previamente establecidas siete (7) meses después de plazos señalados para efectuar reclamaciones derivadas de la publicación de resultados.

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006.

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-766 de 2006 y T-588 de 2008; Consejo de Estado, sentencia del 11 de octubre de 2007, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, y Consejo de Estado sentencia del 28 de agosto de 2007, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.