Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

RESOLUCIÓN 381 DE 2013 

(Mayo 10)

“Por la cual se ordena la apertura del mecanismo de cofinanciación de proyectos de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado”.

La Directora General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, especialmente las establecidas en las leyes 489 de 1998, 975 de 2005 y 1448 de 2011, y los decretos 4760 de 2005 y 3391 de 2006, 4800 y 4802 de 2011.

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1448 de 2011, en su artículo 174, establece que “Con miras al cumplimiento de los objetivos trazados en el artículo 161, y en concordancia con los artículos 172 y 173, y dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, las entidades territoriales procederán a diseñar e implementar, a través de los procedimientos correspondientes, programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas, los cuales deberán contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y deberán ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.

Que con el propósito de avanzar en la implementación de la política de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas viene trabajando en un mecanismo de cofinanciación que a través de la articulación de la oferta nacional y territorial facilite el desarrollo de proyectos estratégicos con los cuales se materialicen las prioridades de la población víctima definidas en los planes de acción territoriales, bajo los principios de concurrencia, complementariedad, y subsidiariedad, señalados en el Decreto 4800 de 2011, los cuales se desarrollan de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 161, numeral 12 y artículo 172 de la Ley 1448 de 2011.

Que la Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento, emitió el Auto 383 de 2010 que en la orden décimo tercera consideró que “...existen graves falencias en la capacidad institucional local, y teniendo en cuenta que las entidades territoriales tienen una especial responsabilidad en la atención del desplazamiento forzado pero con frecuencia no tienen claridad ni sobre las competencias institucionales ni sobre su propia capacidad para atender la problemática del desplazamiento...”.

Que para tal efecto, la Corte Constitucional ordenó diseñar un instrumento de articulación de la oferta institucional nacional y la territorial que resuelva, por lo menos, los siguientes problemas: i) Permita una articulación adecuada de los ciclos de planeación de la Nación y de las entidades territoriales que pueda ser puesta en marcha a partir del 2012; ii) Incorpore las necesidades detectadas en los informes presentados por las entidades territoriales en cumplimiento de lo ordenado en el Auto 314 de 2009 y los programas territoriales desarrollados para atenderlas, iii) Asegure que los recursos previstos en los planes integrales únicos (PIU), sean efectivamente asignados y ejecutados, y sean incluidos en el Banco Nacional de Programas y Proyectos; iv) Establezca una tipología de proyectos que permita la concurrencia de los recursos de los distintos niveles territoriales, y promueva soluciones regionales que mejoren la utilización de recursos escasos; v) Identifique los obstáculos que han impedido la utilización de los instrumentos de coordinación previstos en la Ley 1190 de 2008 y proponga mecanismos para superar las dificultades; y vi) Establezca un sistema de monitoreo y seguimiento para valorar la efectividad de tales programas y permita hacer una planeación efectiva para corregir las falencias u obstáculos detectados; para lo cual designó como responsables para su cumplimiento al Director Nacional de Planeación, Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Director de Acción Social.

Que de conformidad con el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011, se crea la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y que según lo dispuesto en el artículo 168, ibíd., tiene la función de “Coordinar de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las actuaciones de las entidades que conforman el sistema nacional de atención y reparación a las víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y asumirá las competencias de coordinación señaladas en las leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la coordinación de políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, reemplazando en esta manera las funciones que venía ejerciendo en su momento la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional”.

Que el Decreto 4802 de 2011, mediante el cual se establece la estructura y funciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en su artículo 16, establece las funciones de la subdirección de coordinación Nación-Territorio, dentro de las cuales, de manera precisa menciona el diseño del sistema de corresponsabilidad en los términos señalados en el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el ánimo de fortalecer la articulación entre el nivel nacional y el territorial para la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia, abre el presente mecanismo de cofinanciación para la presentación de proyectos dirigidos a dicha población.

Que este mecanismo de cofinanciación pretende contribuir a la articulación que debe existir en los ciclos de planeación de la Nación y de las entidades territoriales, asegurando la concurrencia de los recursos de los distintos niveles territoriales, promover las soluciones regionales para superar las dificultades de la población víctima, establecer un sistema de monitoreo y seguimiento para valorar la efectividad de tales programas, ofrecer el apoyo técnico y acompañamiento a las entidades territoriales para la puesta en marcha de los planes de acción territoriales y de otros instrumentos de planeación y coordinación, así como de medidas presupuestales viables que aseguren su concurrencia en la superación del estado de cosas inconstitucionales.

Que en consecuencia, el presente mecanismo de cofinanciación tiene como objeto fortalecer la articulación entre el nivel nacional y el territorial en la implementación de proyectos estratégicos para la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia.

Que dicho mecanismo de cofinanciación se encuentra dirigido a los departamentos, distritos y municipios. En todos los casos los proyectos que se presenten deben beneficiar por lo menos a dos (2) municipios y/o distritos para concursar por los recursos de cofinanciación, cumpliendo con los requisitos establecidos en los respectivos términos de referencia. Lo anterior a excepción del departamento de Guainía y el municipio de Inírida que podrán presentar un proyecto con un único municipio beneficiado.

Que para la presente apertura del mecanismo de cofinanciación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas cuenta con un presupuesto de diecisiete mil setecientos treinta y ocho millones setenta y ocho mil setecientos noventa pesos ($ 17.738.078.790), con cargo al CDP 13013 del 8 de mayo de 2013, rubro c-320-1507-5 de apoyo a entidades territoriales a través de la cofinanciación para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado a nivel nacional.

Que el mecanismo de cofinanciación y el proceso que se derive del mismo, se realiza en cumplimiento de los principios que gobiernan la administración pública determinados en el artículo 209 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º de la Ley 489 de 1998, en especial los de publicidad, igualdad, transparencia y de selección objetiva.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Ordenar la apertura del mecanismo de cofinanciación de proyectos de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado, cuyo objeto es fortalecer la articulación entre el nivel nacional y el territorial en la implementación de proyectos estratégicos para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia, dirigido a los departamentos, distritos y municipios de todo el país.

ART. 2º—El cronograma para todo el proceso del mecanismo de cofinanciación, junto con las condiciones para participar, es el establecido en los respectivos términos de referencia que serán publicados en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, www.unidadvictimas.gov.co.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será publicada en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, www.unidadvictimas.gov.co.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 10 de mayo de 2013.