RESOLUCIÓN 3940 DE 2005 

(Septiembre 28)

“Por medio de la cual se establece la política de saneamiento y recuperación de cartera en el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación”.

El Gerente Liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación,

en uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las consideradas en el Decreto 254 de 2000, el artículo 295 del Decreto 663 de 1993, el artículo 166 de Decreto 222 de 1995, el Decreto 554 de 2003, el Decreto 600 de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 554 de 2003, ordenó la supresión y liquidación del Inurbe;

Que mediante el Decreto 600 de 2005, el Gobierno Nacional prorrogó el término para la liquidación del Inurbe;

Que el Decreto-Ley 254 de 2000 estableció el régimen de la liquidación de las entidades públicas, facultando al liquidador en el literal f) del artículo 6º a ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación rápida y efectiva, y en el literal h) a adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la entidad;

Que en el artículo 1º del Decreto-Ley 254 de 2000, se hace remisión expresa a las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y al Código de Comercio, en lo no previsto en el mencionado decreto, en los siguientes términos:

“En lo no previsto en el presente decreto deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad”;

Que en el artículo 26 del Decreto 554 de 2003, se estableció el régimen jurídico aplicable a la liquidación del Inurbe, igualmente remitiendo, en lo pertinente, a las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

“ART. 26.—Régimen legal aplicable. Para efectos de la liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, en Liquidación, en los aspectos no contemplados en el presente decreto, se tendrá en cuenta lo señalado en el Decreto-Ley 254 de 2000 y en lo pertinente, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad y las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen”;

Que entre las funciones establecidas para el liquidador en el Decreto-Ley 254 de 2000 (art. 6º) se encuentran, entre otras la de:

“h) Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la entidad”;

Que esa misma facultad fue incluida en el texto del Decreto 554 de 2003 (art. 7º), en los siguientes términos:

“10. Adelantar las gestiones necesarias para el cobro de los créditos a favor de la entidad”;

Que estas facultades son concedidas al liquidador también en las normas del Decreto 663 de 1993 —Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (literal i), del numeral 9º del artículo 295)—, que permite dar incentivos por la denuncia de la existencia y entrega de activos; igualmente el numeral 2º del artículo 166 de la Ley 222 de 1995 permite hacer diversos negocios jurídicos en relación con la gestión para el recaudo y recuperación de bienes de la liquidación. Especial mención merece la facultad anotada en el numeral 15 del artículo 166 de la Ley 222 de 1995, complemento de las anteriores, que atribuye al liquidador la de intentar todas las acciones necesarias para la conservación y reintegro de los bienes que conforman el patrimonio a liquidar;

Que según concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con Radicación 1.641 del 19 de mayo de 2005, Consejero Ponente, doctor Gustavo Aponte Santos, emitido a instancias del Ministerio de Comunicaciones sobre aspectos de cartera de Telecom en Liquidación, pero cuyas referencias normativas resultan afines al Inurbe en Liquidación, las entidades públicas no financieras pueden y deben adoptar políticas de administración de cartera que permitan la mayor recuperación aun reestructurando los créditos a su favor y hasta condonando intereses; en relación con estos temas así se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto aludido:

“Sin embargo, la Sala evidencia que no existe en la normatividad referente a la liquidación de entidades públicas no financieras, un reglamento específico que le señale al liquidador los procedimientos para la liquidación de este activo. Ni el Decreto-Ley 254 de 2000 ni sus reglamentarios se ocupan de este tema. Tampoco el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero lo hace con la precisión requerida por la consulta.

Así las cosas, al profundizar el estudio se encuentra que la Superintendencia Bancaria, dentro de su facultad reglamentaria, ha expedido normas sobre administración y recuperación de cartera las cuales señalan el marco en que deben moverse los bancos y demás entidades vigiladas para administrar sus carteras de créditos, normatividad reglamentaria que en opinión de la Sala, debe seguirse en el caso de las liquidaciones de entidades públicas que tengan cartera a su favor, acudiendo al expediente legal de la remisión al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y por consecuencia, a dicha normatividad que se deriva necesariamente de este”.

Igualmente, por remisión a la normatividad financiera se debe acudir, en los términos del Concepto 1.641 a la aplicación de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 819 de 2003 “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”:

“ART. 25.—Responsabilidad fiscal en reestructuración de cartera. Las entidades financieras de carácter público al efectuar reestructuraciones de créditos, rebajas o condonaciones de intereses a sus deudores morosos deberán realizarlo conforme a las condiciones generales del mercado financiero y con la finalidad de: recuperar su cartera, evitar el deterioro de su estructura financiera y presupuestal y, propender por la defensa, rentabilidad y recuperación del patrimonio público”;

Que el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil se refiere en concreto a los parámetros que deben considerarse por parte de una entidad pública no financiera en materia de recuperación de cartera en los siguientes términos:

“Parámetros para una política de manejo de cartera.

La consulta inquiere acerca de los parámetros para fijar las políticas de recuperación de cartera. Al respecto, hay que decir que adicionalmente a las orientaciones ya estudiadas y siguiendo los lineamientos de la reglamentación de la Superintendencia Bancaria, lo primero es realizar un estudio completo de la situación de la cartera de la empresa, y de cuáles serían las medidas más indicadas para lograr una recuperación de cartera en corto tiempo y con la máxima eficacia. Sin ser exhaustivos, la Sala encuentra factibles jurídicamente los siguientes parámetros:

Las políticas deben tomarse aplicando los principios de la función administrativa, reseñados en el artículo 209 de la Constitución Política, principalmente, los de economía, moralidad, transparencia y publicidad, este último exigido expresamente para el proceso de liquidación por el numeral 12.21 del artículo 12 del Decreto 1615 de 2003.

Las medidas a tomar deben ser las mismas al interior de cada grupo de deudores morosos, según las distintas clasificaciones de los créditos, respetando el principio de igualdad establecido en el artículo 13 de la Carta, y evitando así favoritismos y tratos discriminatorios que enturben y hagan fracasar a la larga, el proceso liquidatorio.

La finalidad de las políticas de recuperación de cartera debe ser doble: por un lado, lograr el mayor recaudo de dineros y activos para la liquidación y por otro, efectuar el proceso de una manera rápida y adecuada.

Una alternativa que se debe analizar igualmente, es la de la venta o cesión de cartera a tarifas comerciales, la cual puede resultar conveniente para la entidad y representar una recuperación en el corto plazo.

El principio de economía resulta muy importante como concreción del criterio de razonabilidad financiera, más comúnmente conocido como el análisis de costo - beneficio. Así, de acuerdo con el estudio del perfil de la cartera, es posible establecer razonablemente, en algunos casos, que el costo de cobranza resulta superior al potencial a recuperar o que la deuda es incobrable. Lo procedente en estos casos es sanear el balance castigando esas cuentas incobrables, obviamente con la aprobación de la revisoría fiscal y de acuerdo con las normas contables.

Sobre este criterio, la Sala se pronunció con motivo de una consulta sobre la aplicación de las normas para el saneamiento de la información contable en el sector público, establecidas en la Ley 716 de 2001, frente a los procesos de cobro coactivo en curso. En el Concepto 1552 del 8 de marzo de 2000, expresó lo siguiente:

“De conformidad con las disposiciones legales que reglamentan el proceso de saneamiento contable de las entidades públicas, se podrá depurar o castigar la respectiva cuenta cuando evaluada y establecida la relación costo - beneficio se encuentre que resulta más oneroso adelantar el proceso de cobro para la recuperación del dinero frente a la cantidad por recuperar. Así las cosas, el funcionario ejecutor podrá decretar la terminación del proceso de cobro coactivo, librando el respectivo auto de archivo, siempre y cuando cuente con los soportes que se requieran, todo de conformidad con la Ley 716 de 2001, (resalta la Sala).

En resumen, la Sala considera que los parámetros de las políticas de recuperación de cartera, los debe establecer el liquidador, luego de efectuar un estudio objetivo de la cartera misma y sus posibles soluciones de recuperación, observando la parte pertinente de la reglamentación de la Superintendencia Bancaria, respetando los principios de economía, transparencia y publicidad, y buscando realizar una liquidación rápida y efectiva”;

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto Radicación 1.641, se refirió expresamente a la reestructuración de créditos de vivienda otorgados a ex funcionarios en virtud de la convención colectiva de trabajo, en los siguientes términos:

“Respecto de los ex trabajadores y pensionados, se pregunta si una rebaja de intereses o capital en sus contratos de mutuo, sería violatoria de la convención colectiva de trabajo (...).

La Sala considera respecto de la cartera de préstamos para vivienda, que entre las medidas a tomar, además de las ampliaciones de plazos, se podrían tener en cuenta eventuales reducciones o condonaciones de intereses moratorios e incluso de los remuneratorios, pero no de capital, por cuanto el origen de esas deudas no corresponde a actos comerciales del giro ordinario del negocio sino a decisiones administrativas laborales. De otra parte, el crédito se encuentra garantizado con una hipoteca, que le da un rango preferencial a la recuperación de esta cartera, y el liquidador puede disponer llevar a cabo los procesos ejecutivos necesarios para lograr el correspondiente recaudo.

Ahora bien, si se lleva a cabo la mencionada reestructuración, no habría una violación o desconocimiento de la convención, en la medida en que tales personas harían acuerdos con la empresa para mejorar sus condiciones de pago, modificando de esta forma, en cada caso específico, lo estipulado contractualmente en la convención, de la cual, en su momento, fueron beneficiarios”;

Que la cartera del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, en Liquidación, Inurbe en Liquidación, se encuentra integrada por:

Préstamos hipotecarios otorgados anteriormente a los usuarios (beneficiarios) particulares de los créditos de vivienda ofrecidos, en ejercicio de sus funciones, por el desaparecido Instituto de Crédito Territorial, ICT:

El Instituto de Crédito Territorial durante el período de existencia adjudicó cerca de 550.000 créditos, durante la existencia de Inurbe y la UAE del ICT se ha venido disminuyendo el monto de la cartera, pero de algunos años a la fecha ha presentado niveles bajos de recuperación y aumento en la mora de un importante número de beneficiarios que convierten a esta cartera, a día de hoy, en cartera de dudoso recaudo, si no se encuentran mecanismos para su recuperación.

El comportamiento histórico de esta cartera es el siguiente:

AñoCréditosDeuda ($mill.)
1992178.471154.242,0
1993123.91492.639,5
1994110.66680.927,7
199596.54273.968,2
199677.06358.380,6
199766.72852.028,8
199861.84147.407,2
199954.77740.783,6
200040.94627.514,7
200133.32120.971,2
200220.77017.527,1
200320.51817.151,4
200420.26816.692,0
200519.81216.284,5

Suma de deuda ($mill.)

 

Año

Adicionalmente la Ley 2ª de 1991, para estos créditos, en su artículo 6º definió lo siguiente:

ART. 6º—El artículo 96 de la Ley 9ª de 1989, quedará así:

“El Banco Central Hipotecario, BCH, y el Instituto de Crédito Territorial, ICT, quedan facultados para reestructurar su cartera de vivienda. En desarrollo de esta facultad podrán extender plazos, refinanciar saldos de capital, capitalizar, renegociar o condonar intereses, financiar costas judiciales y seguros y novar contratos de mutuo con interés. Así mismo, a partir de la vigencia de la presente ley, el Instituto de Crédito Territorial, ICT, de acuerdo con el reglamento, podrá condonar capital hasta en un ochenta por ciento (80%) e intereses a los deudores que se encontraren en mora con anterioridad al 1º de octubre de 1980 y a los que se encuentren al día en la fecha en que se haga efectiva la reestructuración, siempre y cuando el deudor pague dentro del período de un año la totalidad del saldo no condonado.

(...).

PAR.—‘A petición del Banco Central Hipotecario, BCH, o del Instituto de Crédito Territorial, ICT, formulada con base en la oferta de pago aceptada al deudor, los funcionarios judiciales suspenderán en el estado en que se encuentren los procesos judiciales de cobro y las diligencias de embargo o secuestro, relacionados con los créditos a que se refiere el presente artículo otorgados por el Banco Central Hipotecario, o los créditos de vivienda de interés social otorgados por el Instituto de Crédito Territorial, ICT. El proceso se reanudará al cabo de seis (6) meses si el deudor no da aviso al despacho judicial de la renovación o cancelación del crédito, aceptado por el acreedor’”.

• Préstamos hipotecarios otorgados a los funcionarios y ex funcionarios de acuerdo con la convención colectiva de trabajo, el Decreto 294 de 1981 y el reglamento respectivo de la política de vivienda implementada por el ICT y, posteriormente, por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe:

• En la actualidad existen 180 créditos vigentes, por un monto total de capital de $ 1.686,9 millones, con intereses corrientes pactados entre 3% y 13%, con un promedio de tasa de interés del 5%.

• Esta cartera ha venido presentando un deterioro importante, y es necesario buscar mecanismos de alivio, en especial con los intereses moratorios, pues a la fecha el 60% de la cartera presenta mora de más de seis (6) meses.

• Créditos a favor del Inurbe en liquidación, que se encuentran en procesos de jurisdicción coactiva o procesos judiciales, originados en garantías otorgadas por municipios, oferentes, etc., en virtud de asignaciones y desembolsos familiares de vivienda y/o créditos puente y personas naturales en virtud de sanciones impuestas dentro de procesos disciplinarios conforme la Ley 200 de 1995, Ley 734 de 2002.

• Obligaciones crediticias con terceros recibidas de la unidad administrativa especial liquidadora de asuntos del ICT.

• Créditos diferentes de cartera hipotecaria.

Para los efectos del presente acto administrativo, se utilizarán las siguientes variables en materia de intereses sobre los créditos que constituyen la cartera del Inurbe en Liquidación:

Interés legal: es el establecido por el legislador para las obligaciones dinerarias y puede ser de dos modalidades: i) Legal civil que asciende al 6% anual (C.C., art. 1617), y ii) Legal comercial que corresponde al interés bancario corriente, cuya tasa fija, la Superintendencia Bancaria (C.Co., arts. 884, 885 y 1163).

Interés remuneratorio: Es el causado por un crédito de capital durante el plazo que se le ha otorgado al deudor para pagarlo. Es pactado por las partes en el documento de mutuo o puede responder a una convención colectiva o pacto colectivo que lo determine. (CSJ, S. Cas. Civil. Sent., feb. 24/75).

Interés moratorio: Es el que corresponde a la indemnización de perjuicios que debe satisfacer el deudor cuando ha incurrido en mora de pagar la cantidad debida. En las obligaciones de origen contractual se denominan “moratorios convencionales” cuando han sido fijados por las partes que celebraron en contrato y “moratorios legales” los que por falta de estipulación al respecto son determinados por la ley y equivalen al 1.5 del interés bancario corriente fijado por la Superintendencia Bancaria sin que se pueda superar el límite de usura. (CSJ, S. Cas. Civil. Sent., feb. 24/75).

Indexación o actualización: Por la dinámica económica de estructuras propias de países como Colombia, cualquier suma de dinero sufre pérdida del poder adquisitivo equivalente al aumento de la inflación. Por ello, tanto en la práctica negocial como en las decisiones jurisdiccionales, se ha establecido la práctica de la indexación cuando el transcurso del tiempo implica una disminución del valor del dinero en términos reales. Esta práctica de traer a valor presente las sumas de dinero objeto de obligación de pago ha sido recogida por la legislación que se ocupa de recursos de vivienda, y por la jurisprudencia administrativa llegando a una fórmula basada en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) establecido por el DANE para cada mensualidad, durante el período de tiempo en que la obligación ha debido pagarse.

La fórmula para dicha actualización es la siguiente:

RA= VH Ind. f.

Ind. i.

Donde:

• RA: Capital actualizado.

• VH: Valor histórico objeto de la actualización.

• Ind. f.: IPC final.

• Ind. i.: IPC inicial.

(C. E. —Sec. Tercera. Exp. 16754— Auto de 11 de dic. 2002);

Que la misma reglamentación, de los últimos años, ha venido implementando la política de la indexación o actualización, para la devolución al Estado de los subsidios de vivienda de interés social asignados por el Inurbe y actualmente por Fonvivienda, así:

“Decreto 824 de 1999

ART. 60.—Restitución del valor del subsidio. En los casos en que el beneficiario del crédito no adquiera o construya la solución del(sic) dentro de la vigencia del mismo y ya se hubiere abonado en la cuenta de ahorro para la vivienda, el valor del subsidio, con los rendimientos generados en dicha cuenta, deberá restituirse a la entidad otorgante. Si ya se hubiere entregado el vendedor o se hubiere aplicado a su constitución, se hará efectiva la garantía prevista en el artículo precedente, en cuyo caso el valor de restitución será en pesos constantes”.

“Decreto 2620 de 2000

ART. 63.—Restitución del valor del subsidio. En los casos en que el beneficiario del subsidio no adquiera, no construya la solución o no ejecute el mejoramiento dentro de la vigencia del mismo y ya se hubiere abonado en el sistema de ahorro previo para la vivienda, el valor del subsidio, con los rendimientos generados, deberá restituirse a la entidad otorgante. Para la restitución del valor del subsidio, la entidad otorgante deberá avisar del vencimiento de la vigencia del subsidio a la entidad captadora quien reintegrará los recursos a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si ya se hubiere entregado al vendedor o se hubiere aplicado a su construcción o mejoramiento, se hará efectiva la garantía prevista en el artículo 59 del presente decreto, en cuyo caso el valor de restitución será en pesos constantes.

PAR.—El valor constante de restitución estará determinado por el valor recibido ajustado de acuerdo con el incremento del índice de precios al consumidor (IPC) entre la fecha de recibo del subsidio y la de restitución”.

“Decreto 975 de 2004

ART. 33.—Duplicidad de postulaciones. Ningún hogar podrá presentar simultáneamente más de una postulación para el acceso al subsidio familiar de vivienda, así sea a través de diferentes registros de las personas integrantes del mismo. Si se incurre en esta conducta, las solicitudes correspondientes serán eliminadas de inmediato por la entidad competente. Si se detectare la infracción con posterioridad a la asignación del subsidio, se revocará su asignación y, por ende, no será pagado. Si ya ha sido pagado en parte o totalmente, se ordenará su restitución indexado con el índice de precios al consumidor, IPC, desde la fecha en que se asignó.

La infracción de esta norma implicará la pérdida del derecho a nuevas postulaciones durante un período de diez (10) años para todos los miembros del hogar.

(...) ART. 51.—Restitución del subsidio en caso de remate. En el caso en que la vivienda adquirida o construida con aplicación del subsidio familiar de vivienda fuera objeto de remate judicial dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha de expedición del documento que acredita la asignación del subsidio familiar de vivienda, y luego de deducirse el valor del crédito hipotecario insoluto y sus intereses y las costas correspondientes y demás créditos que gocen de privilegio conforme a la ley, deberá restituirse a la entidad otorgante el saldo hasta el monto del subsidio otorgado, en valor constante”;

Que en esta etapa de la liquidación, se hace necesario que la política de recuperación y depuración de cartera del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana en liquidación, Inurbe en liquidación, tenga en cuenta la calidad de la cartera y la capacidad de pago de los usuarios de crédito de vivienda de interés social y de los deudores de otros tipos de créditos, para propender por la pronta realización del proceso de liquidación de la institución, la recuperación de recursos de cartera como activo de la liquidación y la solución más expedita y económica en términos de costos;

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adóptese la política de saneamiento y recuperación de cartera del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en Liquidación, en los términos descritos en el presente acto administrativo.

ART. 2º—Destinatarios de la política de recuperación de cartera. Al programa de recuperación de cartera podrán acogerse todos aquellos deudores de créditos de vivienda aprobados en ejercicio de sus funciones, por el desaparecido Instituto de Crédito Territorial, ICT. Así mismo, podrán acogerse los deudores de préstamos hipotecarios otorgados a los funcionarios y ex funcionarios de acuerdo con la convención colectiva de trabajo, el Decreto 294 de 1981 y el reglamento respectivo de la política de vivienda implementada por el ICT y, posteriormente, por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, y finalmente, deudores de créditos a favor del Inurbe en liquidación proveniente de procesos de jurisdicción coactiva, procesos judiciales y otros generados durante la vigencia de la unidad administrativa especial liquidadora de los asuntos del ICT, así como deudores en acuerdos conciliatorios o transaccionales vigentes o que sean aprobados posteriormente a la expedición del presente acto administrativo, conforme a las normas legales.

ART. 3º—(Modificado).*Créditos sin proceso judicial. Para acceder a los beneficios del plan de recuperación de cartera aquí establecido, es indispensable la solicitud escrita del deudor, dirigida al gerente liquidador del Inurbe en liquidación y radicada ante el Inurbe en liquidación antes del 31 de diciembre de 2005, en la cual deberá solicitar la liquidación de su respectivo saldo en mora conforme con los parámetros definidos en la presente resolución.

*(Nota: Modificada por la Resolución 4513 de 2005 artículo 1º del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana)

ART. 4º— Créditos con proceso judicial. Para aquellos procesos que se encuentren en cobro de jurisdicción coactiva o cobro judicial, la solicitud deberá ser presentada ante el comité de defensa judicial y conciliaciones del Inurbe en liquidación antes del 30 de noviembre de 2005, el cual realizará un estudio económico y jurídico del solicitante y del estado del crédito, así como de los costos judiciales en que haya incurrido la entidad.

El comité de defensa judicial y conciliaciones del Inurbe en liquidación, recomendará al gerente liquidador la aprobación o no del acuerdo propuesto por el deudor.

En caso de aprobación, el comité recomendará la fórmula de pago, incluyendo la figura a aplicar de intereses y costas judiciales.

PAR.—El comité de defensa judicial y conciliaciones no podrá recomendar el levantamiento de ninguna medida cautelar hasta la cancelación total de la obligación.

*(Nota: Modificada por la Resolución 4513 de 2005 artículo 2º del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana)

ART. 5º—Recuperación de saldos insolutos. Para aquellos créditos que no se encuentren en cobro de jurisdicción coactiva o cobro judicial, se aplicarán las siguientes fórmulas para la liquidación de los saldos que se encuentren en mora:

Personas naturales

Para este tipo de deudores, el acuerdo ofrecido consistirá en el compromiso de pago, del valor del capital actualizado del saldo en mora de la obligación, aplicando para la liquidación del pago el valor del IPC publicado por el DANE, según la liquidación expedida por el Inurbe en liquidación.

El pago se podrá diferir en doce (12) cuotas, incluyendo un pago inicial del 20% del monto adeudado en atraso.

PAR.—Las condiciones y plazos que tengan vencimientos de cuotas con posterioridad al acuerdo de pago, se mantienen en las mismas condiciones iniciales del acuerdo hasta su terminación.

Entidades públicas

Para este tipo de deudores, entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal, el acuerdo ofrecido consistirá en el compromiso de pago, del capital más el valor del interés corriente legal del seis por ciento (6.0%), según la liquidación expedida por el Inurbe en liquidación.

El pago se podrá diferir en doce (12) meses, según propuesta presentada por el ente público y aprobada por el gerente liquidador.

PAR.—Las condiciones y plazos que tengan vencimientos de cuotas con posterioridad al acuerdo de pago, se mantienen en las mismas condiciones iniciales del acuerdo hasta su terminación.

Personas jurídicas privadas

Para este tipo de deudores, el acuerdo ofrecido consistirá en el compromiso de pago, del valor del capital actualizado del saldo en mora de la obligación, aplicando para la liquidación del pago el valor del IPC, publicado por el DANE, según la liquidación expedida por el Inurbe en liquidación.

El pago se podrá diferir en doce (12) cuotas, incluyendo un pago inicial del 20% del monto adeudado en atraso.

PAR.—Las condiciones y plazos que tengan vencimientos de cuotas con posterioridad al acuerdo de pago, se mantienen en las mismas condiciones iniciales del acuerdo hasta su terminación.

ART. 6º—El Inurbe en liquidación, se reserva el derecho de exigir nuevas garantías reales y/o quirografarias, la novación y/o actualización de las existentes, pudiendo incluir en las mismas cláusulas acelaratorias sin necesidad de reconocimiento o constitución en mora. Igualmente, podrá exigir documentos adicionales donde consten obligaciones claras, expresas y exigibles y, en general, cualquier acto jurídico que a juicio del Inurbe en liquidación sirva para respaldar e instrumentar los compromisos que se adquieran, así como también se reserva la facultad, conforme a la ley, de extinguir obligaciones mediante aceptación de daciones en pago.

ART. 7º—Vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 28 de septiembre de 2005.

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