Fondo Nacional del Ahorro

RESOLUCIÓN 4 DE 2011 

(Enero 13)

“Por medio de la cual se implementa el programa para la extinción de cartera que a 31 de diciembre de 2010 se encuentra en categoría E, castigada y saldos insolutos”.

El Presidente del Fondo Nacional del Ahorro “Carlos Lleras Restrepo”,

en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por la Ley 432 de 1998, 819 de 2003, los decretos 1454 de 1998 y 2555 de 2010.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 432 de 1998, se cambió la naturaleza jurídica del Fondo Nacional del Ahorro, transformándose en empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial.

Que la citada ley señaló como objeto de esta empresa: “El Fondo Nacional de Ahorro administrará de manera eficiente las cesantías y contribuirá a la solución del problema de vivienda y de educación de los afiliados, con el fin de mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización social”, para la realización de esto, tiene la facultad de otorgar créditos a sus afiliados, operación esta que ha venido haciendo desde su creación.

Que la Ley 819 del 9 de julio de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, estableció que las entidades financieras de carácter público al efectuar reestructuraciones de créditos, rebajas o condonaciones de intereses a sus deudores morosos, deberán realizarlo conforme a las condiciones generales del mercado financiero y con la finalidad de recuperar su cartera, evitar el deterioro de su estructura financiera y presupuestal y propender por la defensa, rentabilidad y recuperación del patrimonio público.

Que la Contraloría General de la República, en Concepto 14204 del 21 de mayo de 2004, agregó sobre el tema que “tratándose de entidades financieras de carácter público al efectuar rebajas de intereses a sus deudores morosos, deben someterse a unas condiciones generales del mercado financiero con la finalidad de recuperar su cartera, evitar el deterioro de su estructura financiera y presupuestal y propender por la defensa, rentabilidad y recuperación del patrimonio público, en cumplimiento de las directrices que para el efecto le señale la Superintendencia Financiera”.

Que la Contraloría General de la República mediante Instructivo 11-1000-443 del 8 de marzo de 2000, ratificado y complementado por medio de la Circular 11 del 28 de agosto de 2003, expresó que sus vigiladas deben adelantar “una gestión efectiva tendiente a la recuperación de su cartera, en procura de favorecer en todo momento los intereses de la entidad bajo la óptica de la relación costo-beneficio”; así mismo, considera que “... debe existir un programa de recuperación de cartera de créditos y cuentas por cobrar castigadas, el cual deberá contemplar al menos políticas claras en materia de condonación de intereses y de mora, modificaciones de tasas y plazos, acuerdos de pago, etc.”.

Que la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Concepto radicado 2002051 801-3 del 8 de noviembre de 2002, expresó que no existe impedimento para que las entidades financieras estatales, en procura de la defensa, rentabilidad y recuperación del patrimonio público, adopten decisiones como la rebaja o condonación de intereses conforme a las condiciones generales del mercado financiero y con sujeción a los aspectos descritos por la Contraloría General de la República en su calidad de órgano de vigilancia y control fiscal.

Que la junta directiva del Fondo Nacional de Ahorro mediante el Acuerdo 1080 de 2006 autorizó al presidente de esta entidad para implementar mecanismos de recaudo para créditos castigados.

Que teniendo en cuenta que la Circular Externa Básica Contable y Financiera 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en su capítulo V, establece que el castigo de activos no libera a los administradores de su obligación de proseguir las gestiones de cobro que sean conducentes, se hace necesaria la implementación de herramientas que permitan la recuperación de los créditos castigados, así como brindar a un significativo número de deudores la oportunidad de extinguir sus obligaciones vencidas, calificadas en categoría E.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. Implementar un programa para la extinción de los créditos en mora que cumplan con las condiciones que por esta resolución se determinan.

ART. 2º—Sujetos del programa. El programa para la extinción va dirigido a aquellos créditos que tengan una maduración superior a 24 meses y se encuentren en algunas de las siguientes condiciones al 31 de diciembre de 2010:

1. Créditos en categoría ‘El” cuya altura de mora está entre 541 a 1260 días; “E2”, entre 1261 a 1620 días, y “E3” superior a 1620 días.

2. Cartera castigada.

3. Créditos con saldos insolutos, es decir, aquellos que no obstante haberse ordenado el remate del inmueble dado en garantía registran saldo pendiente por pagar a cargo del deudor,

ART. 3º—Parámetros de negociación para la extinción. Los parámetros de negociación a tener en cuenta para la extinción total de la obligación son los siguientes:

1. Para créditos castigados: Para el estudio de la propuesta de negociación de los créditos que se encuentren castigados el valor de la negociación será como mínimo el 50% de los saldos operativos.

2. Para créditos con calificación ‘El”: Para el estudio de la propuesta de negociación de los créditos que se encuentren en categoría “El” a diciembre 31 de 2010, el valor no podrá ser inferior al 70% de los saldos en balance.

3. Para créditos con calificación “E2” y “E3”: Para el estudio de la propuesta de negociación de los créditos que se encuentren en categoría “E2” y “E3” a diciembre 31 de 2010, el valor mínimo de negociación será el 50% de los saldos en balance.

4. Para créditos con saldos insolutos: Para el estudio de la propuesta para extinción de los créditos con saldos insolutos, el valor de negociación será como mínimo el 10% del saldo total de la deuda.

ART. 4º—Etapas del proceso. Las etapas que debe agotar el deudor que pretenda acogerse a la extinción de la obligación, son las que a continuación se establecen, siendo necesario el agotamiento de cada una de ellas, en el orden aquí establecido:

Solicitud: El deudor deberá presentar al fondo por escrito una propuesta de negociación para la cancelación total del crédito, en el formato que le indique la entidad.

Estudio y aprobación de la propuesta: El fondo evalúa la propuesta de pago presentada por el deudor, con base en los criterios establecidos en la presente resolución, y le informa por escrito si le fue aceptada o rechazada.

Consignación esfuerzo económico: Es el momento en el cual el deudor consigna el valor total de la propuesta aprobada, dentro del plazo señalado.

Extinción de la obligación: Verificado el cumplimiento del pago total de la negociación aceptada, incluyendo el pago de los honorarios y gastos judiciales al abogado externo, el fondo aplicará en el sistema el alivio correspondiente para que la obligación quede cancelada.

PAR.—En el evento de existir proceso judicial este no se suspende durante las etapas de negociación tendiente a la extinción de la obligación, salvo que se haya fijado fecha de remate, evento en el cual el deudor deberá cancelar el monto aprobado por el FNA y allegar el paz y salvo del abogado, en un término no inferior a 8 días hábiles antes de la fecha de remate.

ART. 5º—Términos y condiciones de la propuesta aprobada. Los deudores a quienes se les apruebe la propuesta para extinguir la obligación podrán efectuar el pago de la siguiente manera:

1. En un solo contado dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de aprobación.

2. En pagos parciales cancelando como mínimo el 35% del valor de la propuesta aprobada, pago que en todo caso debe realizarse a más tardar el 30 de junio de 2011. El 65% restante se cancelará dentro de los 120 días siguientes a la fecha del primer pago.

3. En el evento que el deudor no dé cumplimiento al plazo otorgado en los términos señalados no habrá lugar a aplicar el alivio y los pagos efectuados se tomarán como abono al crédito.

ART. 6º—Incumplimiento de la propuesta aprobada. En el evento en que el deudor no dé cumplimiento total a la negociación aceptada dentro del plazo concedido y/o no aporte el paz y salvo de honorarios y gastos judiciales que expide el abogado externo del FNA, la obligación continuará con su calificación y los pagos realizados se entenderán como abonos.

ART. 7º—Créditos en cobro judicial. Los deudores que se acojan al programa cuyos créditos se encuentren en cobro judicial, deberán cancelar al abogado externo del fondo, el valor de los honorarios y gastos judiciales adeudados, para obtener el paz y salvo por tales conceptos.

ART. 8º—Responsabilidad del programa. La división de cartera será la responsable del desarrollo del programa que por medio de esta resolución se implementa.

ART. 9º—La división de cartera mensualmente informará a la oficina jurídica, para lo de su competencia, acerca de las obligaciones que fueron extinguidas por cumplir con los requisitos exigidos en esta resolución.

ART. 10.—Vigencia del programa. Este programa se implementa a partir de la fecha de publicación de la presente resolución y estará vigente hasta el 30 de junio de 2011.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 13 de enero de 2011.