Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

RESOLUCIÓN 4 DE 2018

(Mayo 11)

“Por la cual se modifica la Resolución 2 de 2016”.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario,

en ejercicio de las facultades consagradas en las leyes 16 de 1990, 663 de 2000, 1731 de 2014, y los decretos 1313 de 1990, 1071 de 2015, 2371 de 2015 y 47 de 2016; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 21 de 1985 dispuso la creación de un fondo para respaldar los créditos otorgados por el entonces Fondo Financiero Agropecuario.

Que el artículo 29 de la Ley 16 de 1990 dispuso que el Fondo Agropecuario de Garantías, será administrado por Finagro y funcionará como una cuenta especial, sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera.

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16 de 1990 y los decretos 1313 de 1990 y 2371 de 2015, este último expedido bajo los lineamientos del literal e) del artículo 7º de la Ley 1753 de 2015, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario es el organismo rector del financiamiento del sector agropecuario y dentro de sus funciones determinadas en el artículo 2º del Decreto 2371 de 2015, señala las siguientes:

“(…).

k) Determinar el valor de las comisiones que se cobrarán a todos sus usuarios de crédito, el monto máximo de las obligaciones a respaldar, las condiciones económicas de los beneficiarios y los demás aspectos que aseguren la operatividad del Fondo Agropecuario de Garantías.

(...).

o. Establecer anualmente las condiciones generales de las garantías otorgadas a través del Fondo Agropecuario de Garantías, el monto máximo de las obligaciones a respaldar y cuando haya lugar, las condiciones en las cuales se aplica el subsidio otorgado por el Estado a las comisiones de las garantías. En todo caso, deberá asegurar la operatividad y sostenibilidad financiera del fondo”.

Que el parágrafo 3º del artículo 28 de la Ley 16 de 1990, el cual fue modificado por el artículo 6º de la Ley 1731 de 2014 establece que: “(...) La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario podrá reglamentar sobre la procedencia o no del cobro jurídico y la recuperación de las garantías reclamadas (...)”.

Que la Resolución 2 de 2016 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establece la reglamentación y operatividad del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

Que un borrador de este proyecto de resolución estuvo publicado en la página web de Finagro para comentarios de las partes interesadas.

Que el secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, presentó ante los miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario la justificación técnica y jurídica de la presente resolución.

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el numeral tercero del artículo 12 de la Resolución 2 de 2016, el cual quedará así:

“3. Para los créditos cuyo saldo en mora sea superior a 7,5 y hasta 12,5 SMMLV, la reclamación procederá no antes de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a la fecha de entrada en mora del crédito garantizado, para lo cual deberá enviar, además de los documentos relacionados en el numeral 2º del presente artículo los siguientes:

— Copia del mandamiento de pago y el auto que decreta medidas cautelares.

En este caso, la certificación de la gestión extrajudicial debe ser la realizada dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a la fecha de entrada en mora, y en todo caso dentro del lapso de tiempo que transcurra hasta presentar la reclamación.

Para estos créditos el intermediario financiero podrá optar por una reclamación sin cobro judicial, para lo cual deberá enviar los documentos citados en el numeral 2º del presente artículo acompañados de una comunicación en la que indique que se acoge a este mecanismo, evento en el cual se le pagará el 50% del valor de la garantía”.

ART. 2º—Modificar el parágrafo segundo del artículo 12 de la Resolución 2 de 2016, el cual quedará así:

“PAR. 2º—En los casos en que para el pago de la garantía se haya instaurado el proceso judicial, la entidad financiera deberá continuar gestionándolo de manera diligente y estará obligada a suministrar al FAG información en los términos y condiciones que establezca Finagro sobre el estado y avance de los procesos y para cualquier arreglo de cartera deberá contar con la aprobación del FAG. Dicha obligación cesará en los casos en que lo establece el artículo 15 de la presente resolución, o cuando el FAG haga uso de su facultad de vender a CISA las garantías pagadas”.

ART. 3º—Modificar el parágrafo 2º del artículo 15 de la Resolución 2 de 2016, el cual quedará así:

“PAR. 2º—Si por providencia ejecutoriada antes de la sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución, se llegare a decretar la perención, el desistimiento tácito, la nulidad del proceso o la prescripción, será obligación del intermediario financiero retornar al FAG, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la providencia respectiva el valor recibido como pago de la garantía, más los rendimientos respectivos valorados a la tasa de interés del respectivo crédito. En caso de que se supere dicho plazo deberá pagar intereses de mora a la máxima tasa legalmente permitida.

Cuando haya sentencia ejecutoriada que ordene seguir adelante con la ejecución y se llegare a decretar la perención o el desistimiento tácito, siempre que no sea por causas imputables al intermediario financiero, que no se hayan identificado bienes susceptibles de embargo o no hayan sido efectivas las medidas cautelares y el apoderado del intermediario financiero haya conceptuado respecto a la irrecuperabilidad de la obligación, el intermediario financiero no tendrá la obligación de retornar al FAG el valor recibido como pago de la garantía”.

ART. 4º—Incluir en el artículo 15 de la Resolución 2 de 2016, un parágrafo, que será el parágrafo tercero, el cual será del siguiente tenor:

“PAR. 3º—En los casos en los cuales dentro del respectivo proceso se hayan surtido las etapas judiciales, se cuente con sentencia ejecutoriada que ordene seguir adelante con la ejecución, no se hayan identificado bienes susceptibles de embargo o no hayan sido efectivas las medidas cautelares y el apoderado del intermediario financiero haya conceptuado respecto a la irrecuperabilidad de la obligación; cesará su obligación de continuar impulsando indefinidamente los procesos judiciales. Así mismo, cesará para Finagro la obligación de seguimiento a la gestión sobre dichos procesos.

La cesación de la obligación de que trata el presente parágrafo implica que el productor agropecuario no puede acceder nuevamente a las garantías del FAG hasta que se hayan recuperado los recursos pagados por el fondo. Por su parte, el intermediario financiero continuará con los reportes del deudor ante las centrales de información y deberá garantizar el cumplimiento para la etapa de recuperación, de las disposiciones definidas en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En los casos en los que el intermediario financiero logre la recuperación parcial o total de recursos relacionados con garantías del FAG pagadas, en las cuales cesó su obligación en los términos definidos en el presente parágrafo, deberá trasladar al FAG, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, la proporción que le corresponda de los valores recobrados, de acuerdo con el porcentaje de la cobertura de la obligación garantizada y hasta concurrencia del monto pagado por el FAG, sin que exista preferencia a favor del intermediario financiero. En caso de que se supere dicho plazo, deberá pagar intereses de mora a la máxima tasa legalmente permitida”.

ART. 5º—Autorízase a Finagro para adoptar los procedimientos y medidas necesarias para el desarrollo de la presente resolución.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y aplicará de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Lo establecido en el artículo 1º de la presente resolución aplicará a las garantías que para la fecha de su publicación se encuentren vigentes.

Lo establecido en los artículos 2º, 3º y 4º de la presente resolución, aplicará a todas las garantías en proceso de recuperación mediante cobro judicial, a partir de la expedición de la circular reglamentaria de Finagro.

Dada en Bogotá, D.C., a 11 de mayo de 2018.