Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 4121 DE 2011 

(Octubre 27)

“Por la cual se establece el procedimiento para tramitar solicitudes de saneamiento de nulidades y se dictan otras disposiciones”.

El Consejo Nacional Electoral,

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el parágrafo del artículo 237, y numerales 1º, 4º, 6º y 13 del artículo 265 de la Constitución Política,

CONSIDERANDO:

Que el parágrafo del artículo 237 de la Constitución dispone:

PAR.—Para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

Que sobre esta disposición, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, con ponencia de la honorable magistrada María Nohemi Hernández Pinzón, en providencia del trece (13) de diciembre de dos mil diez (2010), Expediente 11001032800020100076-00, demandante:

Mercedes del Carmen Maturana Esquivia, Demandado: Senadores de la República, Asunto: Recurso ordinario de súplica, sostuvo:

“Según esta disposición, no hay duda que el proceso electoral, cuando se instaura para juzgar la legalidad de actos de elección popular, con fundamento en la ocurrencia de irregularidades en el proceso de votación o en el escrutinio, debe cumplir con el “requisito de procedibilidad” consistente en que allí durante los escrutinios y ante las respectivas autoridades electorales, sean planteadas y sometidas a examen de esas autoridades, las mismas anomalías que luego se quieran llevar al conocimiento de la jurisdicción.

Lo así concebido por el constituyente tiene varias implicaciones. Una de ellas, quizás la más relevante para el sub lite, es que al proceso electoral ya no pueden acudir los asociados en forma directa, como sí ocurría antes de la enmienda constitucional, pues debido al cambio introducido con el Acto Legislativo 01 de 2009, los interesados en su formulación tienen el deber de poner en conocimiento de las autoridades electorales, durante los escrutinios y antes de que se produzca la elección, aquellas anomalías ocurridas durante las votaciones y los escrutinios, para que sean dichas autoridades, en cuya cabeza está el Consejo Nacional Electoral, quienes in situ verifiquen su existencia y procedan a corregirlas de conformidad con las prescripciones legales.

También implica el mencionado requisito, que los interesados en instaurar un proceso electoral, fundado en ese tipo de irregularidades en las elecciones populares, deben presentar la solicitud del caso ante la respectiva autoridad electoral, y que en respuesta la administración habrá de proferir las decisiones administrativas pertinentes. Sin embargo, es posible que la administración, pese a haber recibido la solicitud, no emita decisión al respecto, debido a circunstancias que no es el caso precisar en esta providencia.

Que el numeral 4º del artículo 265 de la Constitución dispone:

“4. Además, de oficio, o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados”.

Que el Consejo de Estado en sentencia de fecha 19 de septiembre de 2011, Expediente 11001-03-28-000-2010-00041-00, Radicado interno 2010-00041, consejera ponente Susana Buitrago Valencia, precisó el alcance de la referida disposición señalando que:

“(...).

Bajo esta hermenéutica la posibilidad de efectuar revisión a los escrutinios y documentos electorales como mecanismo para verificar la verdad electoral y en procura de establecer la legitimidad del voto, tiene el alcance restrictivo de que su operatividad únicamente procede cuando a ello sea indispensable recurrir de manera excepcional y extraordinariamente y por la señalada autoridad administrativa electoral, y siempre y cuando se halle en el escenario de estar conociendo de manera directa o vía recurso de apelación de una causal de reclamación de las contempladas en el artículo 192 del Código Electoral actual, o cuando decida lo pertinente al sometimiento a examen por cualquier ciudadano de alguna irregularidad en la votación o en el escrutinio, presuntamente constitutiva de causal de nulidad (requisito de procedibilidad - parágrafo del art. 237, C.P.).

En este orden de ideas, que el CNE pueda penetrar en el examen de documentos electorales y efectuar recuento de votos y de datos consignados en los formularios correspondientes que diligenciaron autoridades administrativas electorales en otras instancias del proceso administrativo electoral, esto es, sin que para ello este sometido a preclusibidad de etapa o instancia alguna, se enmarca como una posibilidad de carácter especial que solamente la puede ejercer en los escenarios antes señalados y cuando la búsqueda de la autenticidad del resultado electoral así lo exija. Entonces no se trata de una atribución que de ordinario, permanentemente, en todos los casos, por cualquier motivo y en cualquier época pueda ejercer el CNE. Por el contrario, su alcance se limita a los anteriores supuestos y es precisamente este condicionamiento el que identifica, caracteriza y confiere validez jurídica a su actuación revisora” (resaltado original).

Y más adelante, en la misma providencia reafirma el Consejo de Estado:

“(...).

Insiste la Sala en que se trata de un medio de control de naturaleza excepcional y extraordinario, subsidiario y residual, pues su ejercicio solamente es legítimo en el ámbito antes descrito, y debido que la directa finalización de los escrutinios por cuenta del organismo de control y vigilancia solo puede operar en los exclusivos casos en que esta providencia se señalan.

(...)”.

Que de conformidad con el artículo 265 de la Constitución, corresponde además al Consejo Nacional Electoral:

“1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral.

(...).

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

(...).

13. Darse su propio reglamento”.

Que se hace necesario determinar el procedimiento para implementar el funcionamiento de estas instituciones constitucionales por parte de las corporaciones escrutadoras departamentales, distritales, municipales y auxiliares que funcionarán con ocasión de las elecciones territoriales que se realizarán el 30 de octubre de 2011, por no ser aplicables para los escrutinios a su cargo, las disposiciones contenidas en las resoluciones 552 y 754 de 2010,

RESUELVE:

ART. 1º—Competencia. Las comisiones escrutadoras departamentales, del Distrito Capital y las comisiones escrutadoras distritales, municipales y zonales o auxiliares son competentes para atender las solicitudes de saneamiento de vicios de nulidad, de acuerdo con la presente regulación.

ART. 2º—Definiciones.

Reclamaciones: Son las peticiones que tienen como fin realizar correcciones en los escrutinios con base, exclusivamente, en las causales previstas en el artículo 192 del Código Electoral.

Solicitud de saneamiento de nulidades: Son las peticiones para realizar saneamiento de nulidades en el proceso de votación y escrutinio con base en hechos, que puedan afectar la validez de la declaración de elección y/o la verdad de lo resultados, y que sean distintos a los de las causales de reclamación consagradas en el artículo 192 del Código Electoral.

Revisión de escrutinios: Es el instrumento que permite verificar dentro del escrutinio los procedimientos, las decisiones y los documentos concernientes a cualquier etapa del proceso administrativo de elección con la finalidad de corregir o enmendar los errores e irregularidades en que se haya incurrido y de hacer prevalecer la verdad de los resultados.

La revisión no es un trámite independiente.

ART. 3º—Revisión de escrutinios legitimación, oportunidad. Las comisiones escrutadoras, al conocer de las reclamaciones que se interpongan por primera vez durante sus escrutinios, cuando conozcan de recursos y frente a las solicitudes de saneamiento de nulidades, podrán acudir excepcional y extraordinariamente al instrumento de la revisión antes de la declaratoria de elección.

Cuando se realice dentro del examen de los recursos o cuando se trate de una causal de reclamación consagrada en el artículo 192 del Código Electoral, solo podrá ser solicitada por el apelante o su apoderado y únicamente con relación a las zonas, puestos y mesas de votación objeto de conocimiento, sin perjuicio de las facultades oficiosas de los escrutadores.

ART. 4º—De la procedibilidad, legitimación, oportunidad, requisitos y notificación.

De conformidad con el parágrafo del numeral 6º, del artículo 237 de la Constitución, para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral.

Las solicitudes de saneamiento de nulidades y las reclamaciones son medios idóneos para agotar la procedibilidad. Estas pondrán ser presentadas, tratándose de la elección de cargos de nivel municipal o distrital, solamente ante las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales o distritales; y tratándose de cargos del nivel departamental, ante las mismas o ante los delegados del Consejo Nacional Electoral.

La solicitud podrá ser presentada por cualquier ciudadano, por escrito, antes de la declaratoria de elección, con indicación precisa de la zona, puesto y mesa de votación, así como la descripción y prueba de los hechos en que se fundamenta la solicitud. La decisión adoptada por la respectiva comisión escrutadora, se notificará en la misma audiencia pública de escrutinios, antes de la declaratoria de elección y con la misma se entenderá agotado el requisito de procedibilidad de que trata el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política.

Cuando la verificación de los hechos en que se basa esta solicitud requiera de pruebas técnicas que no estén disponibles de manera inmediata a los escrutadores, estos se abstendrán de tramitarla, y así lo declararán, agotándose de esta manera el requisito de procedibilidad.

ART. 5º—Para los escrutinios que se realizarán con ocasión de las elecciones del 30 de octubre de 2011, no se aplicarán las disposiciones contenidas en las resoluciones 552 y 754 de 2010.

ART. 6º—Comuníquese el contenido de la presente resolución al Registrador Nacional del Estado Civil, a los integrantes de las comisiones escrutadoras por intermedio de los respectivos secretarios y, por la subsecretaría de la corporación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 27 de octubre de 2011.