Defensoría del Pueblo

RESOLUCIÓN 413 DE 2016 

(Febrero 25)

“Por la cual se adoptan instrucciones frente al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario”.

El Defensor del Pueblo,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el(sic) numerales 1º, 25 y 27 del artículo 5º y parágrafo del artículo 18 del Decreto 25 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 281 de la Constitución Política, modificado por el artículo 24 del Acto Legislativo 2 de 2015, establece que el Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma.

Que el artículo 282 de la Constitución Política de Colombia establece que el Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado; 2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza; 3. Invocar el derecho de hábeas corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados; 4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley; 5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia; 6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia; 7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones; y, 8. Las demás que determine la ley.

Que el artículo 2º del Decreto 25 de 2014 establece que la Defensoría del Pueblo es la institución responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos mediante las siguientes acciones integradas: promover, ejercer, divulgar, proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones; fomentar la observancia del derecho internacional humanitario; atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior; y, proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la ley; además de las consagradas en el artículo.

Que el artículo 4º del Decreto 25 de 2014 establece que la dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo del Defensor del Pueblo, quien la ejercerá con la inmediata colaboración del vicedefensor.

Que el parágrafo 1º del Decreto 25 de 2014 establece que el Defensor del Pueblo podrá delegar sus funciones, salvo la de presentar informes anuales al Congreso de la República, en el vicedefensor, el secretario general, los directores nacionales, los defensores delegados, los defensores regionales, los personeros municipales y los demás empleados de su dependencia del nivel directivo o asesor.

Que el numeral 6º del artículo 18 del Decreto 25 de 2015 establece como una de las funciones de las defensorías regionales adelantar las investigaciones de oficio o a petición de parte, sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos y la inobservancia del derecho internacional humanitario y rendir los informes sobre el resultado de las mismas al Defensor del Pueblo.

Que el artículo 21 de la Ley 24 de 1992 estableció que en materia penal el servicio de defensoría pública se prestará a solicitud del imputado, sindicado o condenado, del Ministerio Público, del funcionario judicial o por iniciativa del Defensor del Pueblo cuando lo estime necesario y la intervención se hará desde la investigación previa.

Que el artículo 25 del Decreto 25 de 2014 establece que para constatar la veracidad de las quejas recibidas o prevenir la violación de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo podrá practicar visitas a cualquier entidad pública o privada y requerir la información que sea necesaria sin que pueda oponérsele reserva alguna. La Defensoría del Pueblo podrá recurrir a cualquier medio de prueba y tendrá el mismo valor que la ley le otorga para fines penales y disciplinarios.

Que el artículo 284 de la Constitución Política de Colombia establece que salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna.

Que el artículo 15 de la Ley 24 de 1992 establece que todas las autoridades públicas así como los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, deberán suministrar la información necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor, sin que les sea posible oponer reserva alguna, salvo los casos que la Constitución lo disponga. La información deberá ser suministrada en un plazo máximo de cinco días.

Que la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, ha establecido como uno de sus ejes fundamentales de gestión la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Que la Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, a través de la defensoría delegada para la política criminal y penitenciaria, ha venido realizando visitas de inspección a distintos establecimientos penitenciarios y carcelarios, en las que se desarrollaron actividades de divulgación y formación en materia de derechos humanos, así como de diagnóstico de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Que la Defensoría del Pueblo a través de la defensoría delegada para la política criminal y penitenciaria mediante el memorando 6 de 2014 dio instrucciones para que las defensorías del pueblo regionales realizaran visitas de inspección a los establecimientos penitenciarios y carcelarios ubicados dentro de su ámbito territorial.

Que la Defensoría del Pueblo adoptó la Resolución Defensorial 64 del 29 de septiembre de 2014, referente a la crisis humanitaria en el departamento del Chocó, formulando recomendaciones en materia penitenciaria y carcelaria para la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Que la Defensoría del Pueblo adoptó la Resolución Defensorial 65 del 3 de febrero de 2015, referente al crisis humanitaria en el departamento de La Guajira, formulando recomendaciones en materia penitenciaria y carcelaria para la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Que la Defensoría del Pueblo adoptó la Resolución Defensorial 66 del 11 de marzo de 2015, sobre la crisis en la prestación de servicios de salud en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de los departamentos de Antioquia y Meta, formulando recomendaciones para la garantía del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.

Que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo adoptaron la Directiva Conjunta 5 del 1º de diciembre de 2014, mediante la que se da un impulso preventivo a las recomendaciones presentadas por la Defensoría del Pueblo en la Resolución 64 de 2014 con ocasión de la crisis humanitaria en el departamento del Chocó, en la que se establecen recomendaciones al sistema penitenciario y carcelario de esa región.

Que la Defensoría del Pueblo ha acudido en reiteradas oportunidades la acción de tutela para que se amparen los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en diferentes regiones del país.

Que la Corte Constitucional ante la vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad adoptó la Sentencia T-388 de 2013, mediante la que se declaró un nuevo estado de cosas contrario a la constitución en el sistema penitenciario y carcelario colombiano.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia T-388 de 2013 impartió órdenes estructurales para superar la vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec; y el Consejo Superior de Política Criminal.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia T-388 de 2013 ordenó la adopción de medidas específicas frente a los establecimiento penitenciarios y carcelarios: Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta; Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Valledupar, Establecimiento Carcelario La Modelo de Bogotá, Cárcel Nacional Bellavista de Medellín, Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Popayán y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Barrancabermeja.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia T-388 de 2013 ordenó medidas de aplicación inmediata que aseguren los ámbitos de protección inmediatos e impostergables de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en todos los centros penitenciarios y carcelarios del país.

Que la Corte Constitucional en el resuelve cuarto de la Sentencia T-388 de 2013 estableció que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se hagan partícipes del proceso de cumplimiento de lo dispuesto en la providencia. Para lo que se deberá vigilar que en el proceso de cumplimento de la sentencia se sigan, efectivamente todas y cada una de las órdenes impartidas, tanto las generales como las específicas de cada caso. Adicionalmente se ordenó verificar que en el proceso de cumplimiento se tengan en cuenta todos y cada uno de los parámetros fijados en la presente sentencia, en los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11. Así como que dentro de este proceso de seguimiento y veeduría al cumplimiento de la sentencia se debe invitar a la Contraloría General de la República.

Que la Corte Constitucional en el resuelve segundo de la Sentencia T-762 de 2015 reiteró la existencia de un estado de cosas contrario a la Constitución Política de 1991, en el sistema penitenciario y carcelario del país, declarado mediante la Sentencia T-388 de 2013.

Que la Corte Constitucional a resuelve tercero de la Sentencia T-762 de 2015 declaró que la política criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad. Así mismo, que el manejo histórico de la política criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en la actualidad, lograr el fin resocializador de la pena.

Que la Corte Constitucional adoptó órdenes particulares frente a los 16 establecimientos penitenciarios y carcelarios que tratan las tutelas que fueron objeto de revisión en la Sentencia T-762 de 2015.

Que en el resuelve vigésimo segundo de la Sentencia T-762 de 2015 la Corte Constitucional dictó órdenes de carácter general frente a todos los actores del Estado involucrados en las diferentes fases de la política criminal, encaminadas a garantizar un estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos.

Que dentro de las partes a las que se impartieron órdenes por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015 se encuentra el Consejo Superior de Política Criminal del cual hace parte la Defensoría del Pueblo de conformidad a lo establecido en el artículo 167 de la Ley 65 de 1993, modificado 91(sic) de la Ley 1709 de 2014.

Que en el numeral 14 del resuelve vigésimo segundo de la Sentencia T-762 de 2015 la Corte Constitucional estableció que el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y del Derecho bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, en el término de 2 meses contados a partir de la notificación de la sentencia, emprendan todas las acciones necesarias para diseñar un cronograma de implementación de brigadas jurídicas periódicas en los establecimientos de reclusión del país.

Que en el numeral 15 del resuelve vigésimo segundo de la Sentencia T-762 de 2015 la Corte Constitucional estableció que el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y del Derecho bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, en el término de 4 meses deben emprender todas las acciones necesarias para implementar brigadas jurídicas en los 16 establecimientos de reclusión que fueron objeto de revisión en la sentencia.

Que en el numeral 16 del resuelve vigésimo segundo de la Sentencia T-762 de 2015 la Corte Constitucional estableció que el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y del Derecho bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo en el término de 4 meses deben recoger la información necesaria sobre las necesidades de información, acción y gestión que implican las brigadas jurídicas, para implementarlas en todos los establecimientos penitenciarios del país con base en el sistema de información.

Que la Corte Constitucional en el fundamento 103 de la parte motiva de la Sentencia T-762 de 2015 estableció un grupo líder del seguimiento a las órdenes proferidas y promoción del proceso de avance para la superación del estado de cosas inconstitucional. Fijando una entidad líder de los procesos atados a la superación del estado de cosas inconstitucional, otra encargada de la vigilancia del cumplimiento de las órdenes y una última que se apropie y promueva la acción conjunta de las entidades concernidas.

Que a fundamento 104 de la parte motiva de la Sentencia T-762 de 2015 de la Corte Constitucional se señaló que la Defensoría de Pueblo, misionalmente, aparece como el órgano capaz de articular (i) las fases de la criminalización, con especial atención en los efectos de cada una de ellas sobre las demás; (ii) las disposiciones generales con las realidades locales, en vista de la presencia regional de la institución y del reconocimiento amplio de la ejecución de la política criminal a lo largo y ancho del territorio nacional; como, (iii) los derechos constitucionales y las políticas públicas en materia criminal.

Que la Corte Constitucional a fundamento 104 de la parte motiva de la Sentencia T-762 de 2015 establece a la Defensoría del Pueblo como la entidad encargada de liderar el seguimiento de la sentencia. Disponiendo en consecuencia el establecimiento de un grupo de seguimiento de la Defensoría del Pueblo, el cual debe articularse con la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.

Que la Corte Constitucional a numeral 28 del resuelve vigésimo segundo de la Sentencia T-762 de 2015 dispuso que la Defensoría del Pueblo en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia, cree el grupo de seguimiento al cumplimiento de las órdenes generales y particulares proferidas en esta sentencia.

Que de conformidad al numeral 29 del resuelve vigésimo segundo de la Sentencia T-762 de 2015 la Corte Constitucional estableció que la Procuraduría General de la Nación es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento del fallo.

Que la Corte Constitucional en el fundamento 106 de la parte motiva de la Sentencia T-762 de 2015 dispuso que tanto para la vigilancia de las órdenes generales, de las particulares y de las de los casos concretos, la Procuraduría General de la Nación recibirá el apoyo de la Defensoría del Pueblo, como líder del seguimiento de la sentencia. Señalando que trabajarán en forma mancomunada en el impulso del cumplimiento de las órdenes que se profieran.

Que la Corte Constitucional en el numeral 27 del resuelve vigésimo segundo de la Sentencia T-762 de 2015 estableció que el Ministerio de la Presidencia de la República será la entidad encargada de asumir la articulación de las entidades administrativas y los diferentes entes territoriales.

Que la Corte Constitucional a numeral 30 del resuelve vigésimo segundo de la Sentencia T-762 de 2015 ordenó que al Ministerio de la Presidencia de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, que a través de sus representantes legales, en el término de los cinco días siguientes a la notificación de esta providencia, extracten las responsabilidades locales y nacionales emanadas de esta providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir.

Que a numeral 18 del resuelve vigésimo segundo de la Sentencia T-762 de 2015 de la Corte Constitucional se ordenó a la Defensoría del Pueblo la conformación del comité interdisciplinario de que trata la primera parte del fundamento jurídico 107, para que despliegue las actividades de diagnóstico y constitución de la línea base referida allí mismo. Para efectos de la conformación de dicha institución se confiere un término de treinta (30) días; para el despliegue de su labor, se confiere el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.

Que la Corte Constitucional en fundamento 109 de la parte motiva de la Sentencia T-762 de 2015 estableció que debe conformarse un comité interdisciplinario para estructurar las normas técnicas sobre la privación de la libertad.

Que por lo anterior, el Defensor del Pueblo,

RESUELVE:

1. Créase el grupo líder de seguimiento de la Defensoría del Pueblo al estado de cosas inconstitucional.

2. El grupo líder de seguimiento de la Defensoría del Pueblo al estado de cosas inconstitucional estará bajo la dirección de la defensoría delegada para la política criminal y penitenciaria.

3. El grupo líder de seguimiento de la Defensoría del Pueblo al estado de cosas inconstitucional estará conformado por funcionarios del despacho del Defensor, del despacho del vicedefensor, de la defensoría delegada para la política criminal y penitenciaria, y demás funcionarios y contratistas que se requieran en el curso de la ejecución de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015.

4. El grupo líder de seguimiento de la Defensoría del Pueblo al estado de cosas tendrá como objeto la coordinación y desarrollo de todas las acciones ordenadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015. En particular, liderar el grupo de seguimiento al estado de cosas inconstitucional y del comité interdisciplinario para la estructuración de las normas técnicas sobre la privación de la libertad.

5. Las defensorías delegadas y direcciones nacionales apoyarán el trabajo que desempeñará el grupo líder de seguimiento de la Defensoría del Pueblo al estado de cosas inconstitucional respecto a las solicitudes que este les realice.

6. La dirección nacional de defensoría pública será la responsable de desarrollar las obligaciones de la Sentencia T-762 de 2015 en lo concerniente a la realización de las brigadas jurídicas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, para lo cual se articulará para este asunto con el grupo líder de seguimiento de la Defensoría del Pueblo.

7. Las defensorías del pueblo regionales adoptarán todas las medidas tendientes para tener al interior de sus dependencias un funcionario destinado a desarrollar las actividades de seguimiento y ejecución de la Sentencia T-762 de 2015 dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del ámbito territorial de la regional, de conformidad a los lineamientos que adopte para tal fin el grupo líder de seguimiento de la Defensoría del Pueblo.

8. Advertir a las autoridades que hacen parte de las diferentes fases de la política criminal que los requerimientos realizados por parte de la Defensoría del Pueblo deben ser contestados en el término de 5 días, de conformidad al artículo 15 de la Ley 24 de 1992.

9. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 25 febrero de 2016.