RESOLUCIÓN 415 DE 1997 

(Septiembre 18)

“Por la cual se reglamenta el Derecho Constitucional de Réplica”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 8º del artículo 265 numeral 5º de la Constitución Política y el numeral 12 del Decreto 2241 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 112 de la Constitución Política al consagrar el estatuto de la oposición, determina el derecho a la réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales;

Que el numeral 5º del artículo 265 Constitucional, ordena que el Consejo Nacional Electoral tiene el deber de velar el cumplimiento de los derechos de la oposición y de las minorías;

Que puede darse la circunstancia de que altos funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, en ejercicio de la función pública, con sus expresiones, tergiversen o agravien a los partidos y movimientos con personería jurídica que están en la oposición;

Que se hace necesario regular el derecho de réplica,

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. Los partidos y movimientos políticos que no participen del gobierno, tienen el derecho de ejercer la réplica, frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios, como una garantía constitucional consagrada en favor de la oposición.

ART. 2º—Proposición. El representante legal de un partido o movimiento político con personería jurídica, vinculado a la oposición, será la única persona que tiene facultad para formular querella en procura del derecho de réplica.

ART. 3º—Denuncia. El querellante formulará petición personal por escargo, en un término improrrogable de setenta y dos (72) horas, a partir de la ocurrencia de la conducta y en donde contendrá los siguientes aspectos:

1. Nombre y dirección del partido o movimiento con personería jurídica que representa. 2 Relación de los hechos que se considere motivos de tergiversaciones o agravio. 3. Aporte de por lo menos prueba sumaria de la presunta infracción.

ART. 4º—Reparto y pruebas. El Consejo Nacional Electoral al día siguiente de recibir la denuncia, nombrará consejero ponente para adelantar la investigación. Dicho funcionario tiene la facultad de solicitar y practicar las pruebas que considere pertinentes, en un término improrrogable de cinco (5) días a partir del auto en que avoque conocimiento.

PAR. —Todas las autoridades de la República y los medios de comunicación social del Estado, están obligados a dar respuesta en forma inmediata a las peticiones sobre pruebas que en ejercicio de investigación del derecho de réplica, solicita el Consejo Nacional Electoral.

ART. 5º—Proyecto y decisión. Surtido el término anterior, el Consejero Ponente, tiene un término improrrogable de cinco (5) días para elaborar y radicar el proyecto de decisión, el cual será sometido para aprobación del Consejo Nacional Electoral en la reunión ordinaria inmediatamente posterior a dicha radicación. En caso de ser improbado el proyecto, se reparte el proceso al consejero que siga en turno, quien tiene la obligación de presentar nuevo proyecto para la aprobación a más tardar en la siguiente reunión ordinaria.

ART. 6º—Recursos. Si la decisión niega el derecho de réplica se notifica personalmente o por estado al peticionario, quien sólo tiene derecho al recurso de reposición el cual deberá ser decidido en la reunión ordinaria del CNE siguiente al momento de haberse interpuesto.

En evento de que la decisión concede el recurso de réplica sólo precede una comunicación formal al peticionario y al funcionario que con su conducta dio lugar a la concesión del derecho.

ART. 7º—Ejecución. En firme la decisión del Consejo Nacional Electoral remitirá la providencia en un término improrrogable de dos (2) días a la Comisión Nacional de Televisión, en relación con la televisión; o, al organismo competente respecto de prensa y radio, para que en un término máximo de ocho (8) días calendario, den cumplimiento a la decisión, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se produjo la tergiversación o el agravio.

ART. 8º—Comunicación a autoridades legales. En el evento de que en un mismo año calendario, un funcionario exprese opiniones que tergiversen, agravien o profieran ataques públicos, generando dos o más derechos de réplica, el Consejo Nacional Electoral se obliga a remitir esas resoluciones, a la autoridad legal correspondiente para que si lo considera pertinente, indague preliminarmente o investigue ese comportamiento.

Comuníquese, publíquese y cúmplase,

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 18 de septiembre de 1997.

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