RESOLUCIÓN 4172 DE 2003 

(Julio 10)

“Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 1º de la Resolución 424 del 28 de junio de 2000”.

(Nota: Derogada por la Resolución 215 de 2007 artículo 19 del Consejo Nacional Electoral)

Consejero Ponente: Marco Emilio Hincapié Ramírez

Fecha: 2 de julio de 2003

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 5º, artículo 265 de la Constitución Política y 4º de la Ley 163 de 1994,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 316 de la Constitución Política prescribe: "En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio";

Que el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, "Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral", dispone:

"Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral.

Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad de juramento, residir en el respectivo municipio.

Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral, declarará sin efecto la inscripción (...)";

Que las disposiciones electorales persiguen perfeccionar el proceso y asegurar a través de la Organización Electoral que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean el reflejo exacto de los resultados de la voluntad popular expresada en las urnas;

Que el propósito del Constituyente al exigir en la Constitución Política, la condición de residente para participar en la elección de autoridades locales o asuntos concernientes a dichas localidades, es impedir el traslado de electores de una circunscripción a otra, para evitar que personas ajenas al respectivo municipio, incluyan en las decisiones que en éste deban adoptarse a nivel político, administrativo, financiero o social. (Se destaca);

Que esta corporación por medio de Resolución 754 del 6 de septiembre de 2000, manifestó: "... La trashumancia electoral es una práctica maligna e inveterada que es preciso combatir y eliminar porque:

a) Distorsiona los "mecanismos de participación" y afecta el "derecho a la autodeterminación", especialmente en las pequeñas comunidades, al someterlas a una manipulación externa indebida, cuando se trata de discutir y decidir sobre sus propios asuntos.

b) Atenta contra "la eficacia del voto" al generar la nulidad de la elección, si los votos de los no residentes inscritos llegaren a ser determinantes en la elección.

c) Malea "la trasparencia" del proceso electoral, al permitir que personas extrañas, sin vínculos permanentes con las comunidades, sin ningún sentido de pertenencia a las mismas, carentes en ellas de arraigo social, cultural, político o económico, aparezcan influyendo desfavorablemente en decisiones que las afectan...";

Que la Ley 599 de 2000, por la cual se expidió el Código Penal Colombiano vigente, tipifica como delito esta conducta, en el artículo 389 cuando reza: "... Fraude en inscripción de cédulas. El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público...". (Negrillas fuera de texto).

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-135 de 2000, manifestó lo siguiente: "... Debe anotarse al respecto, que el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P., art. 40), se radica en cabeza de todos los ciudadanos, pero está expresamente limitado por la Carta Política a los residentes en el municipio, cuando se refiere a la elección de autoridades locales o la decisión de asuntos del mismo carácter (C.P., art. 316), pues el Constituyente colombiano encontró que de esta forma debía cumplirse con el fin esencial del Estado (C.P., art. 2º), de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Así, la práctica de incluir en los censos electorales municipales o personas que no residen en el lugar, a fin de que estos votantes sean escrutados junto con los residentes en la elección de las autoridades locales o la decisión de asuntos que afectan a los habitantes de determinado municipio, claramente viola las disposiciones constitucionales aludidas, y es una actuación irregular que debe ser controlada por el Consejo Nacional Electoral, pues en esos casos, esta entidad debe ejercer de conformidad con la ley, la atribución especial de velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, al tenor del numeral 5º del artículo 265 de la Carta Política ..." (Negrillas fuera de texto);

Que dentro de las modalidades de constituir el denominado "trasteo de votos", se encuentran:

a) Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que inscriban su cédula;

b) Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que obtengan su cédula de ciudadanía y éstas sean incorporadas al censo electoral de ese municipio;

c) Exigencia de nombrar como jurados de votación en el respectivo municipio a las personas cuya inscripción se ha declarado sin efecto por violación al artículo 316 de la Constitución Política;

Que el Consejo Nacional Electoral, ejerce la suprema inspección y vigilancia de la Organización Electoral y vela por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, acorde con lo prescrito en el numeral 5º del artículo 265 de la Constitución Política;

Que la competencia otorgada por la Ley 163 de 1994 al Consejo Nacional Electoral, para que mediante un procedimiento breve y sumario deje sin efecto la inscripción irregular de cédulas en las votaciones de orden local, podrá ser ejercida directamente por esta corporación por tratarse de atribuciones conferidas mediante ley,

RESUELVE:

ART. 1º—Adiciónase al artículo 1º de la Resolución 424 del 28 de junio de 2000, el siguiente parágrafo:

PAR.—El Consejo Nacional Electoral podrá avocar el conocimiento, o asumir de oficio las investigaciones que se adelanten por inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en cualquier municipio del territorio nacional y en el estado en que se encuentren de manera discrecional con el fin de garantizar el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

(Nota: Derogada por la Resolución 215 de 2007 artículo 19 del Consejo Nacional Electoral)

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 10 de julio de 2003.

(Nota: Derogada por la Resolución 215 de 2007 artículo 19 del Consejo Nacional Electoral)

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