Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras

RESOLUCIÓN 4242 DE 2017

(Junio 8)

“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 3899 del 8 de septiembre de 2010”.

(Nota: Véase Resolución 8282 de 2017 artículo 3° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las consagradas en los artículos 9º, 10, 12 y 78 de la Ley 489 de 1998, el literal n) del artículo 2º del Decreto 276 de 1988, los numerales 7º y 8º del artículo 21 de la Ley 7ª de 1979, y el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras ICBF, le corresponde asistir al Presidente de la República en la inspección y vigilancia de que trata el numeral 26 del artículo 189 de la Constitución Política, sobre las instituciones de utilidad común que tengan como objetivo la protección de la familia y de los niños, niñas y adolescentes, y dictar las normas administrativas indispensables para regular la prestación del servicio, el cumplimiento pleno de sus objetivos y el funcionamiento del sistema nacional de bienestar familiar, SNBF.

Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, establece el deber de vigilancia del Estado a todas las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el ICBF o sin ella, que aún, con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, niñas o adolescentes, y ratifica la competencia del ICBF como ente rector, coordinador y articulador del sistema nacional de bienestar familiar para otorgar, reconocer, renovar, suspender y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema.

Que el ICBF expidió la Resolución 3899 de 8 septiembre de 2010, por la cual se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema nacional de bienestar familiar, que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Que el artículo 139 del Código de la Infancia y la Adolescencia determina el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, SRPA, como un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible, que se rige por las normas subsiguientes y, en lo no previsto, por la Ley 906 de 2004 (CPP), exceptuando aquellas disposiciones que sean contrarias al interés superior de los adolescentes.

Que el artículo 140 de la Ley 1098 de 2006 determina que, en materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral.

Que el artículo 177 de la Ley 1098 de 2006 establece que las sanciones aplicables a los adolescentes a los que se les haya declarado su responsabilidad penal, dentro del marco del SRPA, se cumplirán en programas de atención especializados del SNBF y deberán responder a los lineamientos técnicos diseñados por el ICBF.

Que el cumplimiento de las medidas de privación de libertad, como proceso de atención pedagógico, educativo y restaurativo, es un servicio público a cargo del Estado que no puede ser suspendido o interrumpido, pues proporciona a los jueces el cumplimiento de las sanciones legales y a los adolescentes los medios adecuados para su protección.

Que de acuerdo con lo anterior, y en cumplimiento del principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política se hace necesario que el ICBF garantice la continuidad en la atención de los servicios brindados por las instituciones que operan las modalidades del SRPA y conflicto con la ley, a través de una mayor oferta de las instituciones que presten sus servicios en las diferentes modalidades, atendiendo la trayectoria y experiencia en el manejo de esta población, toda vez que actualmente no se cuenta con la posibilidad de tener entidades que puedan, en los casos en que se requiera, asumir de manera inmediata la prestación del servicio en las modalidades del SRPA, y de esta manera garantizar a los adolescentes y jóvenes la prestación continua del servicio en condiciones óptimas y propendiendo por el respeto de sus derechos.

Que por lo anterior y en cumplimiento del principio constitucional del interés superior de los niños, niñas y adolescentes se hace necesario establecer una licencia de funcionamiento inicial documental, para las instituciones que deseen prestar servicios en las diferentes modalidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en conflicto con la ley.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el artículo 13 de la Resolución 3899 de 2010, en el sentido de adicionar el numeral 13.5 en los siguientes términos:

13.5. Licencia de funcionamiento inicial documental. Es el acto administrativo mediante el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras, a través de la oficina de aseguramiento a la calidad o quien haga sus veces, autoriza a una persona jurídica para que preste servicios en las diferentes modalidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en conflicto con la ley, en inmuebles de propiedad del ICBF o de aquellos que se encuentren en comodato a favor del ICBF.

Esta licencia se otorgará hasta por el término de un (1) año, a la(s) persona(s) jurídica(s) que cumpla(n) con la totalidad de los requisitos del componente financiero, los requisitos del componente legal, a excepción del concepto sanitario y habilitación en salud, y los requisitos del componente técnico-administrativo a excepción de la dotación básica institucional-personal, y la infraestructura, establecidos en la Resolución 3899 de 2010 y sus modificaciones.

Una vez otorgada la licencia de funcionamiento inicial documental, la oficina de aseguramiento de la calidad comunicará a la dirección regional competente, el(los) acto(s) administrativo(s) mediante el(los) cual(es) fue(ron) otorgada(s) la(s) misma(s).

La dirección regional, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación, podrá adelantar los trámites contractuales para la prestación del servicio del SRPA, con la(s) persona(s) jurídica(s) que cuente(n) con licencia de funcionamiento inicial documental y certifiquen condiciones de idoneidad, experiencia y eficacia.

Cumplidos los requisitos anteriores se efectuará la entrega del inmueble para operar la respectiva modalidad, entrega que deberá realizarse a través de un acta detallada en la cual consten los aspectos y/o requisitos del componente legal pendientes por cumplir (concepto sanitario y habilitación en salud), así como los requisitos del componente técnico-administrativo relacionados con la dotación básica institucional-personal, y los requisitos de infraestructura, establecidos en la Resolución 3899 de 2010 y los lineamientos técnicos vigentes para la respectiva modalidad.

Una vez entregado el inmueble la dirección regional deberá realizar las siguientes visitas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos pendientes, así:

Una primera visita dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de entrega del inmueble, para realizar la verificación del cumplimiento total de los requisitos del componente legal (concepto sanitario y habilitación en salud) y el componente técnico-administrativo (vinculación del talento humano y dotación básica institucional), ateniendo lo definido en el lineamiento técnico vigente.

Una segunda visita que deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrega del inmueble, para efectuar la verificación del cumplimiento de los requisitos de infraestructura requeridos por el lineamiento técnico y la normativa vigente para la respectiva modalidad.

De estas visitas deberá dejarse actas detalladas con los correspondientes anexos fílmicos y fotográficos.

La ejecutoriedad del acto administrativo que otorga la licencia de funcionamiento inicial documental quedará sujeta a la condición resolutoria contenida en este, en el evento que se establezca en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos que estos o alguno de estos no se encuentran cumplidos.

ART. 2º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición y deberá ser publicada en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 8 de junio de 2017.

(Nota: Véase Resolución 8282 de 2017 artículo 3° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)