RESOLUCIÓN 428 DE 1997 

(Julio 11)

“Por la cual se establece el control y una metodología para el cobro de una tarifa por el servicio que genera la inspección de desechos sólidos, las aguas de sentina y residuos de hidrocarburos en los puertos, terminales, muelles y embarcaderos Colombianos”.

El Superintendente General de Puertos,

en ejercicio de las facultades legales que le confieren los artículos 3º, 4º, 26, 27 numerales 27.1, 27.3, 27.7, 27.8 y 27.9 de la Ley 1ª de 1991, numerales 2º y 14 del artículo 6º del Decreto 2681 de 1991 y el Decreto 1002 de 1993, y

CONSIDERANDO:

1. Que corresponde a la Superintendencia General de Puertos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º y 5º numerales 5.11 y 5.23 de la Ley 01 de 1991, definir las condiciones técnicas de operación de los puertos, en materia tales como procedimiento para la inspección de instalaciones portuarias;

2. Que la contaminación en los puertos colombianos ha alcanzado unos niveles alarmantes y se hace necesario, controlar la prevención de la contaminación para ello, en representación de la Nación, la Superintendencia General de Puertos, en cumplimiento de las disposiciones vigentes, como el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 y su protocolo de 1978 Marpol 73/78, aprobado por la Ley 12 de 1981, establece en sus anexos I, Il, IV que los gobiernos de las partes, se comprometen a garantizar que en los puertos y terminales se establezcan sistemas de recepción por los desechos generados por lo buques;

3. Que en concordancia con lo anterior, la Superintendencia General de Puertos, expidió la Resolución 930 del 25 de noviembre de 1996, donde autoriza a las sociedades portuarias, titulares de concesiones, homologados de muelles privados, muelles pesqueros, embarcaderos y operadores portuarios, construir, operar o adecuar en los puertos y terminales marítimos de Colombia y en los fluviales donde Puertos de Colombia tenía instalaciones, sistemas adecuados para la recepción de desechos generados por los buques;

4. Que las sociedades portuarias, deben darle estricto cumplimiento a lo establecido en la resolución 930 de noviembre 25 de 1996, so pena de ser objeto de las sanciones establecidas en el parágrafo del artículo 4º de la citada resolución en concordancia con el Decreto 1002 de 1993;

5. Que de conformidad con la reglamentación académica de los cursos estatutarios de la organización marítima internacional, OMI, Colombia cuenta con inspectores, con atribuciones del estado rector del puerto que rige el puerto, debidamente titulados e inscritos como tales por la dirección general marítima, Dimar;

6. Que de conformidad con el convenio Marpol 73/78 en su artículo 4º, numeral 2º, establece que toda transgresión al convenio dentro de la jurisdicción de cualquiera de las partes, estará prohibida y será sancionada por la legislación de dicha parte;

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ART. 1º—Todas las naves que recalen en los puertos colombianos están obligadas a aceptar y facilitar la inspección del estado rector del puerto y si de esta inspección se desprende la necesidad de descargar los desechos, esto se efectuará en instalaciones receptoras debidamente autorizadas por la Superintendencia General de Puertos. El incumplimiento de esta obligación acarreará una sanción para la nave de acuerdo con lo prescrito en el Decreto 1002 de 1993.

Si la nave posteriormente a la inspección no demuestra una adecuada descarga, se presume que los desechos fueron arrojados al mar, en cuyo caso será sancionada de acuerdo, con lo preceptuado en el Decreto 1002 de 1993.

ART. 2º—Autorizar a las sociedades portuarias, a los titulares de concesiones, homologados de muelles privados y embarcaderos, el cobro de una tarifa por el servicio que genera la inspección de desechos sólidos, las aguas de sentinas y residuos de hidrocarburos en los puertos colombianos, la cual que se liquidara conforme a la siguiente metodología: US $ 0.30 por metro de eslora, para atender los costos del servicio de inspección.

PAR. 1º—La Superintendencia General de Puertos designará al inspector que efectuará la inspección al arribo de la nave, quien deberá estar registrado para este tipo de actividad ante la misma.

La inspección puede iniciarse por iniciativa propia, por solicitud de otro gobierno, por información recibida por un miembro de la tripulación, un organismo profesional, una asociación o cualquier otro individuo que tenga intereses en el buque, o cualquier persona que desee proteger el interés general.

PAR. 2º—Los recaudos que las sociedades portuarias, titulares de concesiones u homologaciones de muelles privados y embarcaderos, reciban por concepto de la inspección, deberán ser consignados a favor del inspector designado.

ART. 4º—El inspector que adelante la evaluación de los niveles de desechos en la nave y detecte alguna anomalía o irregularidad en la descarga de desechos, deberá: recoger todas las posibles evidencias, acompañará sus informes con ayudas audiovisuales y fotografías tomadas de diferentes ángulos, informar de este hecho, al director regional de la Superintendencia General de Puertos, con el objeto de dar inicio a la investigación correspondiente y comunicará la iniciación de la investigación a los demás entes gubernamentales que tengan competencia en caso de contaminación (Capitanía de puerto, Ministerio del Medio Ambiente, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía a General de la Nación).

ART. 5º—La Superintendencia General de Puertos determinará la sanción correspondiente en cada caso, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y las circunstancias bajo las cuales se incurrió en ella.

ART. 6º—Autorizar a los operadores portuarios que presten el servicio de recepción, que estén debidamente autorizados por la Superintendencia General de Puertos a cobrar una tarifa adecuada, que se encuentre dentro de los parámetros internacionales.

ART. 7º—Prohíbase el recibo de desechos peligrosos, infecciosos, radioactivos y todos aquellos que sean nocivos para la salud humana, en todos los puertos y terminales marítimos y fluviales donde Puertos de Colombia tenía instalaciones, en concordancia con lo establecido en la Resolución 189 de julio 15 de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.

ART. 8º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 11 de julio de 1997.

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