Procuraduría General de la Nación

RESOLUCIÓN 437 DE 2013

(Octubre 1º)

“Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución 17 de 2000 delegando, distribuyendo y asignando competencias y funciones a la procuraduría delegada para la restitución de tierras y a la procuraduría delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados”.

El Procurador General de la Nación,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas en el artículo 277 de la Constitución Política, y las previstas en los numerales 6º, 7º, 8º, 38 y en el parágrafo único del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el Procurador General de la Nación puede ejercer por sí mismo las funciones señaladas en el artículo 277 de la Constitución Política, o delegarlas en cualquier servidor público o dependencia de la entidad de conformidad con el inciso 1º del parágrafo único del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000;

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, es facultad del Procurador General de la Nación, expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarias para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley;

Que el parágrafo 2º del artículo 119 de la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” dispuso que la Procuraduría General de la Nación deberá asignar un número suficiente e idóneo de personal para cumplir con sus deberes constitucionales y legales, principalmente para atender e intervenir en los procesos de restitución de tierras ante los jueces y tribunales superiores de distrito judicial;

Que mediante el Decreto 2246 de 2011, “por el cual se modifica la estructura de la Procuraduría General de la Nación” se adicionaron los numerales 17 y 18 del artículo 24 y los numerales 9º, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 y 11. 4º del artículo 29 del Decreto-Ley 262 de 2000; así mismo, se incorporó el inciso 2º al artículo 29 del último decreto en mención;

Que con fundamento en lo anterior se hace necesario distribuir y asignar las funciones y competencias establecidas en la Resolución 17 de 2000 y demás disposiciones que la modifiquen y adicionen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 2246 de 2011;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el artículo 1º de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:

“ART. 1º—Las competencias y funciones previstas en los artículos 23 al 36 del Decreto-Ley 262 de 2000, se delegan, distribuyen y asignan en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública.

— Procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

— Procuraduría delegada para asuntos civiles.

— Procuraduría delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social.

— Procuraduría delegada para la descentralización y las entidades territoriales.

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios.

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos.

— Procuraduría delegada para la moralidad pública.

— Procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa.

— Procuraduría segunda delegada para la vigilancia administrativa.

— Procuraduría primera delegada para la contratación estatal.

— Procuraduría segunda delegada para la contratación estatal.

— Procuraduría delegada para la economía y la hacienda pública.

— Procuraduría delegada para la policía nacional.

— Procuraduría delegada para las Fuerzas Militares.

— Procuraduría delegada disciplinaria para la defensa de los derechos humanos.

— Procuraduría delegada para la vigilancia judicial y la policía judicial.

— Procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales.

— Procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría segunda delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría tercera delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría cuarta delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría quinta delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría sexta delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría delegada para la conciliación administrativa.

— Procuraduría segunda delegada para la casación penal.

— Procuraduría tercera delegada para la casación penal.

— Procuraduría primera delegada para la investigación y juzgamiento penal.

— Procuraduría segunda delegada para la investigación y juzgamiento penal.

— Procuraduría tercera delegada para la investigación y juzgamiento penal.

— Procuraduría cuarta delegada para la investigación y juzgamiento penal.

— Procuraduría delegada para la restitución de tierras.

— Procuraduría delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados”.

ART. 2º—Modificar el artículo 2º de la Resolución 17 de 2000, cual quedará así:

“ART. 2º—Delegación de las funciones y competencias preventivas y de control de gestión. Deléganse las competencias preventivas y de control de gestión establecidas en los artículos 24 y 29 del Decreto-Ley 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública.

— Procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

— Procuraduría delegada para asuntos civiles.

— Procuraduría delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social.

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios.

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos.

— Procuraduría delegada para la descentralización y las entidades territoriales.

— Procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales.

— Procuraduría delegada para la restitución de tierras.

— Procuraduría delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados”.

ART. 3º—Modificar el artículo 3º de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:

“ART. 3º—Delegación de funciones preventivas y de control de gestión en las procuradurías delegadas que ejercen funciones de intervención ante las autoridades judiciales. La función preventiva y de control de gestión establecida en el numeral 15 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000 la ejercen, en el ámbito de competencia previsto en esta resolución para cada una de estas dependencias, las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría segunda delegada para la casación penal.

— Procuraduría tercera delegada para la casación penal.

— Procuraduría primera delegada para la investigación y juzgamiento penal.

— Procuraduría segunda delegada para la investigación y juzgamiento penal.

— Procuraduría tercera delegada para la investigación y juzgamiento penal.

— Procuraduría cuarta delegada para la investigación y juzgamiento penal.

— Procuraduría primera delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría segunda delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría tercera delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría cuarta delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría quinta delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría sexta delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado.

— Procuraduría delegada para la conciliación administrativa.

— Procuraduría delegada para asuntos civiles.

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos.

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios.

— Procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

— Procuraduría delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social.

— Procuraduría delegada para la restitución de tierras”.

ART. 4º—Adicionar el artículo 9A a la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:

“ART. 9A.—Delegación de las funciones y competencias de intervención judicial de restitución de tierras. Deléganse las funciones y competencias de intervención judicial en procesos de restitución de tierras establecidas en el artículo 29 del Decreto-Ley 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para la restitución de tierras”.

ART. 5º—Modificar el artículo 16 de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:

“ART. 16.—Delegación de la función de coordinación de la intervención de las autoridades judiciales. Delégase la función de coordinación establecida en el artículo 36 del Decreto-Ley 262 de 2000 en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales.

— Procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

— Procuraduría delegada para asuntos civiles.

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios.

— Procuraduría delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social.

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos.

— Procuraduría delegada para la conciliación administrativa.

— Procuraduría delegada para la restitución de tierras”.

ART. 6º—Modificar el artículo 18 de la Resolución 17 del 2000, el cual quedará así:

“ART. 18.—Distribución de las funciones y competencias preventivas y de control de gestión. Las funciones y competencias preventivas y de control de gestión se distribuyen internamente así:

La procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, y las que le correspondan en su calidad de instancia coordinadora de la función preventiva integral.

La procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 3º, 5º, 6º y 7º del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, en los asuntos en los cuales se vean involucrados intereses de los menores, adolescentes, incapaces y la institución familiar.

La procuraduría delegada para asuntos civiles, ejerce las funciones y competencias preventivas relacionadas con los asuntos civiles establecidos en los numerales 1º, 5º, 6º, 8º y 15 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter civil.

La procuraduría delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social ejerce las funciones preventivas establecidas en los numerales 1º, 5º, 7º y 15 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trate de asuntos de carácter laboral.

La procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios ejerce las funciones preventivas establecidas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º y 12 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, relacionadas con los asuntos ambientales y agrarios.

La procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos ejerce las funciones y competencias preventivas establecidas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º, 9º y 12 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se vean involucrados los derechos de las minorías étnicas y cuando se trate de la defensa de los derechos humanos de cualquier ciudadano.

La procuraduría delegada para la descentralización y las entidades territoriales ejerce las funciones y competencias preventivas establecidas en los numerales 1º, 2º, 6º, 9º y 12 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trata de asuntos relacionados con la descentralización y las entidades territoriales.

La procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales ejerce las funciones y competencias preventivas establecidas en los numerales 1º, 7º y 14 del artículo 24 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trate de asuntos relacionados con la intervención en los procesos penales.

La procuraduría delegada para la restitución de tierras ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º, 15, 17 y 16 del artículo 24 y el numeral 11.4 del artículo 29 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trate de asuntos relacionados con restitución de tierras.

La procuraduría delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º, 17 y 18 del artículo 24 y el numeral 11.4 del artículo 29, cuando se trate de asuntos relacionados con los derechos de las víctimas del conflicto armado”.

ART. 7º—Adicionar el artículo 24A a la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:

“ART. 24A.—Distribución de las funciones y competencias de intervención judicial de restitución de tierras. Las funciones y competencias de intervención judicial en procesos de restitución de tierras establecidas en el artículo 29 del Decreto-Ley 262 de 2000 se distribuyen entre las siguientes procuradurías delegadas, atendiendo criterios de especialidad.

La procuraduría delegada para la restitución de tierras ejerce las funciones y competencias establecidas en los numerales 11.1 y 11.2 del artículo 29 del Decreto-Ley 262 de 2000, cuando se trate de asuntos de restitución de tierras”.

ART. 8º—Modificar el artículo 29 de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:

“ART. 29.—Distribución de la función de coordinación de la intervención de las autoridades judiciales. La función de coordinación establecida en el artículo 36 del Decreto-Ley 262 de 2000 se distribuye dependiendo de la especialidad de los procuradores judiciales que coordinan, en las siguientes procuradurías delegadas:

— Procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales.

— Procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

— Procuraduría delegada para asuntos civiles.

— Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios.

— Procuraduría delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social.

— Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos.

— Procuraduría delegada para la conciliación administrativa.

— Procuraduría delegada para la restitución de tierras”.

ART. 9º—Modificar el artículo 30 de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:

“ART. 30.—Denominación y delegación de funciones en las procuradurías judiciales. Las competencias y funciones previstas en los numerales 11.3 y 11.4 del artículo 29 y los artículos 37 al 48 del Decreto-Ley 262 de 2000 se delegan, distribuyen y asignan en las siguientes procuradurías judiciales:

— Procuradurías judiciales penales I y II.

— Procuradurías judiciales laborales I y II.

— Procuradurías judiciales de familia I y II.

— Procuradurías judiciales civiles I y II.

— Procuradurías judiciales agrarias I y II.

— Procuradurías judiciales administrativas I y II.

— Procuradurías judiciales de restitución de tierras I y II.

— Procuradurías judiciales de apoyo a las víctimas del conflicto armado I y II”.

ART. 10.—Modificar el artículo 31 de la Resolución 17 de 2000, el cual quedará así:

“ART. 31.—Criterios para la distribución de las competencias y funciones entre las distintas procuradurías judiciales. Las funciones establecidas en los numerales 11.3 y 11.4 del artículo 29 y los artículos 37 al 48 del Decreto-Ley 262 de 2000 se ejercen por las diferentes procuradurías judiciales penales I y II, procuradurías judiciales laborales I y II, procuradurías judiciales de familia I y II, procuradurías judiciales civiles I y II, procuradurías judiciales agrarias I y II, procuradurías judiciales administrativas I y II, procuradurías judiciales de restitución de tierras I y II, y procuradurías judiciales de apoyo a las víctimas del conflicto armado I y II atendiendo criterios de especialidad, jerarquía y calidades de las personas investigadas”.

ART. 11.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 1º de octubre de 2013.