Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

RESOLUCIÓN 439 DE 2017

(Junio 12)

“Por la cual se deroga la Resolución 926 de 2013 y se expide el procedimiento para dar cumplimiento al inciso segundo del artículo 99 de la Ley 1448 de 2011”.

El Director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,

en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las que le confieren los numerales 2º, 3º y 5º del artículo 9º del Decreto 4801 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el 10 de junio de 2011 el Congreso de la República profirió la Ley 1448 de 2011 con el objeto de “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.

Que el mencionado corpus normativo en su artículo 69 estableció que “Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.

Que mediante el artículo 103 de la Ley 1448 de 2011 se creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en adelante UAEGRTD, con el objetivo fundamental de servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados.

Que a su vez el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011 creó la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en adelante UARIV, con el objeto de coordinar de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las actuaciones de las entidades que conforman el sistema nacional de atención y reparación a las víctimas en lo referente a la ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y demás políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las mismas.

Que el artículo 26 de la Ley 1448 de 2011 dispone que las entidades del Estado deberán trabajar de manera armónica y articulada para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley, sin perjuicio de su autonomía.

Que el inciso segundo del artículo 99 de la Ley 1448 de 2011 determinó que: “Cuando no se pruebe la buena fe exenta de culpa, el magistrado entregará el proyecto productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución”.

Que el artículo 2.15.4.1 del Decreto 1071 de 2015 dispuso que “de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1448 de 2011, en los casos en que mediante sentencia judicial un proyecto agroindustrial productivo, establecido sobre un bien restituido, se entregue a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote, esta encargará su explotación a una de las sociedades fiduciarias con las que tenga contrato de fiducia mercantil, con la instrucción precisa de que contrate su explotación con terceros y destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución en la forma que determine la unidad”.

Que mediante Sentencia C-820 de 2012 la Corte Constitucional declaró exequible condicionalmente el inciso segundo del artículo 99 de la Ley 1448 de 2011, relacionado con los proyectos productivos, siempre y cuando se entienda que la continuación y entrega del proyecto productivo, así como las condiciones de explotación del mismo, están supeditadas al consentimiento de la víctima restituida, y que los recursos destinados a la reparación colectiva serán los que provinieren del producido del proyecto, descontada la participación de la víctima.

Que en la providencia Ibídem, la Corte expuso que: “existe un derecho de la víctima a definir si en el predio objeto de restitución puede o no continuar ejecutándose el proyecto agroindustrial allí desarrollado. Imponerle una obligación de continuarlo a pesar de haber sido desarrollado por terceros que no consiguieron probar la buena fe exenta de culpa implica someter a la víctima a cargas incompatibles con el proceso de reparación. La Corte considera que resulta razonable proteger la decisión de la víctima, pues aunque la continuidad del proyecto es relevante, no reviste el valor suficiente para desplazar su derecho a decidir. De acuerdo con lo anterior es constitucionalmente exigible, considerando las relaciones materiales que con el predio tienen las víctimas restituidas, que estas puedan decidir libremente la destinación definitiva que le darán al inmueble”.

Que adicionalmente en la misma sentencia la Corte expuso: “[...] prever que los rendimientos de un proyecto agroindustrial sean destinados a programas de reparación colectiva, constituye una expresión admisible de las disposiciones constitucionales consagradas en los artículos 58, 95 y 333.

De acuerdo con ello podría encontrarse amparada por la libertad de configuración reconocida al legislador, la imposición de determinadas cargas que sin resultar excesivas conminen a la víctima a participar en los procesos de reparación colectiva”.

Que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el mínimo vital debe ser evaluado desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo, verificándose que la realización de este derecho implique las reales posibilidades de disfrutar de la satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad humana (Sent. T-581A/2011).

Que en las consideraciones de la Sentencia C-820 de 2012, la Corte dijo que “[...] en aquellos eventos en los cuales (a) el reclamo sea formulado por una víctima con derecho a restitución, (b) en el predio se desarrolle un proyecto agroindustrial y (c) el ocupante no hubiere probado la buena fe exenta de culpa procede —una vez reconocido el derecho del propietario, del poseedor o del ocupante del bien baldío— la entrega del proyecto a la Unidad Administrativa de Gestión de Tierras. Tal entidad deberá prever la explotación del proyecto a través de un tercero y disponer que sus frutos se destinen a programas de reparación colectiva. Ello implica —sin perjuicio de lo que disponga el plan al que alude el artículo 151 de la Ley 1448 de 2011— que los recursos deberán orientarse a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia considerando que son sujetos de la reparación los mencionados en el artículo 152 de la ley”.

Que el artículo 99 de la Resolución 953 de 2012, a través de la cual se expidió el “Manual técnico operativo del fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas”, en concordancia con lo citado estableció que se podrán suscribir contratos con entidades públicas o privadas para la administración del proyecto productivo y que una parte del producido del proyecto deberá destinarse a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución.

Que en el mismo sentido el artículo 100 Ibídem estableció que “Todos los contratos que se suscriban por los intermediarios contratados por el fondo de la unidad, en pro de explotar los proyectos agroindustriales mencionados, deberán incluir a la víctima restituida como parte. Estos contratos serán procedentes únicamente cuando las víctimas restituidas consientan en la entrega del bien, en las condiciones de explotación y en su participación en el proyecto. Los recursos destinados a la reparación colectiva serán los que provinieren del producido del proyecto, descontada la participación de la víctima”.

Que el artículo 151 de la Ley 1448 de 2011 ordenó a la UARIV, implementar un programa de reparación colectiva que tenga en cuenta factores como: el daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos; la violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos o el impacto colectivo de la violación de derechos individuales.

Que teniendo en cuenta la colaboración armónica de que trata el artículo 26 de la Ley 1448 de 2011 y las disposiciones de los artículos 99 de la Ley 1448, 2.15.4.1 del Decreto 1071 y 99 del manual técnico operativo en los cuales se determina que parte de los rendimientos de los proyectos productivos agroindustriales administrados por el fondo de la UAEGRTD deberán destinarse a la reparación colectiva y en concordancia con los artículos 151 y 152 de la Ley 1448 de 2011, los cuales disponen que la UARIV es competente para adelantar los programas de reparación colectiva, es necesario establecer el procedimiento para determinar, distribuir y trasladar los recursos destinados a la reparación colectiva que resulten de la administración de los proyectos productivos que hayan sido entregados para la administración al fondo de la UAEGRTD.

Que de conformidad con lo anterior y en armonía a las providencias emanadas por los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, y buscando la efectividad en el cumplimiento de las órdenes judiciales, se hace necesario modificar la Resolución 926 de 21 de octubre de 2013, para dar cumplimiento a los principios establecidos en la Ley 1448 de 2011.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO I

Criterios generales

ART. 1º—Objetivo general. Establecer el procedimiento y los aspectos generales que se deben tener en cuenta para dar cumplimiento al inciso segundo del artículo 99 de la Ley 1448 del 2011.

ART. 2º—Objetivos específicos. El procedimiento para dar cumplimiento al inciso segundo del artículo 99 de la Ley 1448 del 2011, tiene como objetivos específicos los siguientes:

a) Establecer los aspectos que se deben tener en cuenta para dar cumplimiento a las órdenes judiciales, respecto a la administración de proyectos productivos agroindustriales.

b) Definir el procedimiento para dar cumplimiento a las órdenes de administración de proyectos productivos agroindustriales.

c) Establecer la metodología para calcular la forma en que serán distribuidas las utilidades de los proyectos productivos agroindustriales administrados por el fondo de la UAEGRTD.

ART. 3º—Criterios técnicos. Para aplicar la metodología que se desarrolla a través del presente acto administrativo es preciso considerar los siguientes criterios técnicos:

Proyecto agropecuario(1): hace referencia a procesos productivos que incluyen la siembra de cualquier tipo de cultivo agrícola, plantación forestal o pastos y la cría, levante y/o engorde de animales para el consumo o para la venta.

Agroindustria(2): interrelación entre la producción de materias primas vegetales y animales, y su transformación para un uso específico, sea como materia prima o como producto terminado para el consumo.

Utilidad neta(3): se entiende por utilidad neta, el resultado financiero final y global de la actividad de una entidad. Se obtiene a partir de sumar y restar a la utilidad operacional, los ingresos y gastos no operacionales respectivamente, los impuestos y las reservas. Es el beneficio que efectivamente se puede distribuir a los socios.

ART. 4º—Orden judicial. Para que el fondo de la UAEGRTD inicie la administración de un proyecto productivo agroindustrial, debe contar la respectiva orden en providencia judicial ejecutoriada.

ART. 5º—Caracterización del proyecto agroindustrial. El fondo de la UAEGRTD realizará visita al proyecto agroindustrial con el objetivo de realizar su caracterización, la cual incluye aspectos generales del proyecto, información cartográfica, recomendaciones de manejo, inventario de elementos asociados al proyecto, costos estimados de mantenimiento, producción estimada, ingresos estimados y demás aspectos relevantes.

ART. 6º—Evaluación financiera del proyecto agroindustrial. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos del informe de caracterización, el fondo de la UAEGRTD realizará una proyección del flujo de caja del proyecto agroindustrial, para determinar en qué momento se alcanzaría el punto de equilibrio y los ingresos que se podría percibir.

ART. 7º—Presentación condiciones de administración y solicitud de consentimiento. Una vez el fondo de la UAEGRTD haya sido debidamente notificado de la orden judicial que le impone administrar un proyecto productivo agroindustrial en un predio cuya restitución fue ordenada, procederá a solicitar al beneficiario de la restitución su consentimiento libre, expreso e informado para adelantar tal administración, previa presentación de las condiciones de administración que de acuerdo al tipo de proyecto tendrían que tenerse en cuenta.

Una vez el beneficiario restituido manifieste su voluntad para que el fondo administre el proyecto agroindustrial implementado en el predio objeto de la restitución, suscribirá el documento correspondiente donde quedará constancia de su decisión.

ART. 8º—Terminación del proyecto productivo. El fondo de la UAEGRTD, deberá informar al restituido, que dentro de sus opciones también se encuentra dar por terminado el proyecto productivo agroindustrial, para lo cual deberá suscribir un documento donde quede expuesta su decisión.

PAR.—La decisión de dar por terminado el proyecto productivo agroindustrial por parte de la víctima, se trasladará al juez o magistrado que profirió la orden de administración para que dicte las disposiciones que considere pertinentes.

ART. 9º—No consentimiento por parte del restituido. Cuando se llegare a presentar el caso en que el beneficiario de restitución, no otorga su consentimiento para la administración del proyecto productivo agroindustrial por parte del fondo de la UAEGRTD y tampoco desea darlo por terminado, se dará traslado del caso al juez o magistrado que profirió la orden de administración para que tome las decisiones que considere pertinentes.

TÍTULO II

De la administración del proyecto productivo

ART. 10.—Esquema de administración. La fiduciaria encargada de administrar el patrimonio autónomo de la UAEGRTD y/o el fondo de la UAEGRTD, con base en la caracterización del proyecto productivo agroindustrial y su evaluación financiera, diseñará el esquema de administración más conveniente, el cual deberá ser socializado con el beneficiario de restitución para su aprobación.

ART. 11.—Explotación del proyecto agroindustrial a través de terceros. Los terceros a través de los cuales se explotará el proyecto agroindustrial, podrán ser personas jurídicas, naturales o la misma víctima restituida, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley para suscribir el contrato correspondiente, de acuerdo al esquema de administración del que trata el artículo 10 de la presente resolución.

ART. 12.—Contrato de administración del proyecto productivo. El o los contratos que sean necesarios suscribir para la administración del proyecto productivo agroindustrial, de acuerdo al esquema de administración, implicarán la entrega total o parcial del usufructo del predio y deberá elevarse a escritura pública y ser registrado en el folio de matrícula inmobiliaria del bien restituido en los términos del artículo 8º, parágrafo 3-05 de la Ley 1579 de 2012.

ART. 13.—Distribución de utilidades netas del proyecto productivo:

Para realizar la distribución de las utilidades netas, se aplicarán los siguientes parámetros:

a) Cuando las utilidades netas mensuales del proyecto productivo sean inferiores o iguales a 2 smmlv, estas deberán ser transferidas en su totalidad a la víctima restituida, a fin de garantizar su mínimo vital.

b) Cuando las utilidades netas mensuales sean superiores a 2 smmlv e inferiores a 4 smmlv, a la víctima restituida se le transferirá lo equivalente a 2 smmlv, mientras que el restante será transferido a los programas de reparación colectiva.

c) Cuando las utilidades netas mensuales sean iguales o superiores a 4 smmlv, a la víctima restituida le corresponderá el 50% de las mismas, mientras que el 50% restante será transferido a los programas de reparación colectiva.

PAR. 1º—La suma de las utilidades netas que correspondan al beneficiario de la restitución y a la reparación colectiva, en ningún caso será mayor al cien por ciento (100%) del valor de las utilidades.

PAR. 2º—Para el desembolso y la periodicidad del pago de los montos que corresponden al beneficiario de la restitución, se acordará un mecanismo que se ajuste a la situación particular del proyecto agroindustrial.

PAR. 3º—En caso de presentarse pérdidas durante uno o más periodos, estas se enjugarán en el siguiente corte.

ART. 14.—Duración del contrato de administración del proyecto productivo. Los contratos de administración a los que se refiere el presente acto administrativo tendrán una duración acorde al ciclo productivo del proyecto y al esquema de administración del que trata el artículo 10 de la presente resolución, teniendo en cuenta el término de existencia de la UAEGRTD, establecido en la Ley 1448 de 2011, sin perjuicio de las normas que la modifiquen, adicionen o prorroguen.

TÍTULO III

Transferencia de recursos provenientes de la administración de los proyectos productivos por la UAEGRTD, a la UARIV dirigidos a la reparación colectiva.

ART. 15.—Procedimiento para la transferencia de recursos a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La UAEGRTD y la UARIV establecerán el procedimiento para realizar la transferencia de los recursos provenientes de las utilidades netas de la administración de los proyectos productivos agroindustriales, el cual en todo caso deberá respetar los conductos y procedimientos establecidos legalmente para el efecto.

ART. 16.—Cesación de las transferencias. La transferencia de recursos provenientes de los rendimientos de los proyectos productivos agroindustriales administrados por el fondo, puede cesar si se presenta cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Terminación del ciclo productivo del proyecto.

b) Terminación del contrato de administración del proyecto productivo.

c) Imposibilidad de continuar con la explotación del proyecto debido a fuerza mayor o caso fortuito.

ART. 17.—Derogatoria integral. La presente resolución deroga en todas sus partes la Resolución 926 de 2013.

ART. 18.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 926 de 2013 expedida por la UAEGRTD.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 12 de junio de 2017.

1 DANE. Conceptos armonizados, ficha técnica del concepto. Recuperado el 04/04/2017 de la página http://appweb.dane.gov.co:8011/birt441/frameset?__report=Conc/conceptos.rptdesign&Cod_Termino=6&__format=pdf

2 DANE. Conceptos armonizados, ficha técnica del concepto. Recuperado el 04/04/2017 de la página http://appweb.dane.gov.co:8011/birt441/frameset?__report=Conc/conceptos.rptdesign&Cod_Termino=29&__format=pdf

3 Contaduría General de la República. (2010). Diccionario de términos de contabilidad pública.