Secretaría de Educación

RESOLUCIÓN 442 DE 2018

(Marzo 13)

“Por medio de la cual se delega la facultad para adelantar algunos trámites del desarrollo de la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y se establecen los lineamientos generales al proceso de declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, declarar la caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento en los contratos estatales celebrados por la Secretaría de Educación del Distrito”.

La Secretaría de Educación del Distrito

En uso de las facultades administrativas y de las atribuciones que le confiere la Constitución Política, las leyes 489 de 1998, 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, Decreto 854 de 2001 y demás normas concordantes y vigentes y,

CONSIDERANDO:

1. Que en el artículo 209 de la Constitución Política se prevé que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

2. Que en el artículo 211 de la Constitución Política se señala, entre otros, que la ley fijará las funciones y condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

3. Que los anteriores principios han sido clasificados por la jurisprudencia(1) en finalísticos, funcionales y organizacionales y en virtud de estos últimos se contempla la delegación de funciones, como una de las formas de repartirse las competencias dentro de la estructura administrativa, en desarrollo de la función administrativa (descentralización, desconcentración y delegación de funciones).

4. Que en el primer inciso del artículo 9º de la Ley 489 de 1998(2) se establece que “Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”, y, de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo del artículo 2º Ídem, “Las reglas relativas a … Delegación … se aplican en lo pertinente a las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que le es propia de acuerdo con la Constitución Política”.

5. Que, de igual forma, la Ley 489 de 1998 en su artículo 12 señala el régimen a que están sometidos los actos del delegatario en los siguientes términos: “Los actos expedidos por las autoridades delegatorias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario. (...). PAR.—En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal”.

6. Que en el ámbito de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la doctrina colombiana, se tiene: (…) “ha señalado que son elementos constitutivos de la delegación los siguientes: (i) la transferencia de funciones de un órgano a otro; (ii) que la transferencia de funciones se realice por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una previa autorización legal; (iv) y que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la competencia”(3).

7. Que los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, modificados por la Ley 1150 de 2007, establecen respectivamente: “En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2º: La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso (…) Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.

8. Que en el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 se dispone: “Las secretarías de despacho, departamentos administrativos y unidad ejecutiva de servicios públicos, como entidades ejecutoras que conforman el presupuesto anual del Distrito Capital, tienen la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hacen parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto. Estas facultades están en cabeza de los secretarios de despacho, directores de departamento y gerente de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. Estas competencias podrán ser delegadas en funcionarios del nivel directivo y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes”.

9. Que así mismo, en el artículo 17 del Acuerdo 257 de 2006(4) se prevé: “Las autoridades administrativas del Distrito Capital podrán delegar el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias, de conformidad con la Constitución Política y la ley, especialmente con la Ley 489 de 1998”.

10. Que de conformidad con el artículo 5º del Decreto 330 de 2008(5) corresponde al despacho del Secretario de Educación, entre otras, las funciones de: “H. Orientarlaspolíticasenmateriafinanciera, decontrataciónyserviciosadministrativos,que garanticenelapoyoefectivoeneldesarrollode losprogramasyproyectosdelaSecretaría;I. Expedir los actos administrativos que se generen a partir de la normatividad vigente y en desarrollo de las políticas del Sector Educativo; M. Orientar la definición de los criterios para el manejo del presupuesto de la Secretaría de Educación del Distrito; suscribir los contratos estatales y demás actos necesarios para el desarrollo de las funciones y delegar la ordenación del gasto cuando las necesidades del servicio lo requieran”.

11. De acuerdo con la Resolución 1865 del 14 de octubre de 2015, “Por la cual se modifica el Manual de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta global de personal administrativo de la Secretaría de Educación Distrital adoptado mediante Resolución 3950 del 7 de octubre de 2008”, el Secretario de Despacho tiene como funciones, entre otras: (…) 9. Expedir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las funciones y el desarrollo de losprocesosestablecidosparalaSecretaríay los requeridos como cabeza del sector de educación (…) 12. Orientar la formulación del presupuesto de ingresos y gastos de la SED, la determinación de los criterios para asignación y ejecución de recursos a los proyectos y programas, y delegación de la ordenación del gasto en los casos y circunstancias que se requiera con apego a la normatividad vigente sobre la materia (…) 13. Aprobar el Plan de contratación y suscribir los contratos correspondientes a asuntos relativos a la Secretaría Distrital de Educación (SED) conforme la ley, la delegación del alcalde mayor, y demás normas pertinentes”.

12. Que la Resolución 1165 de 2016 “Por la cual se delegan las competencias en materia de ordenación del gasto y del pago de los recursos de funcionamiento e inversión y se dictan otras disposiciones” determina en su artículo tercero lo siguiente: “ART. 3º—DELEGACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente resolución, delegarenlos(las)subsecretarios (as) de la Secretaría de Educación del Distrito la competenciaparaadelantartodaslasfuncionesy actividadespropiasdelasetapasprecontractual,contractualy pos contractual(…).

13. De igual manera, el artículo primero de la Resolución 810 de 2017 “Por la cual se modifica la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, con la que se delegaron las competencias en materia de ordenación del gasto y del pago de los recursos de funcionamiento e inversión y se dictaron otras disposiciones” señala:

“ART. 1º—Modificar el texto de la nota de pie de página Nº 1 incorporada en el artículo 3º. DELEGACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, de la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, el cual quedará así:

A título enunciativo, la suscripción de los documentos relacionados con los siguientes trámites: Solicitud de Ordenación Contractual - SOC; Acuerdos de voluntades iniciales y adicionales, junto con sus modificaciones, adiciones y cesiones; aplicación de facultades excepcionales; imposición de multas, declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, declaratoria de siniestros y efectividad de las garantías exigidas en materia contractual; liquidación; reconocimientos económicos y reconocimiento y pago con cargo al rubro presupuestal de pasivos exigibles”.

14. Que mediante la Resolución 2126 del 12 de diciembre de 2017 se adoptó el “Manual integrado de contratación de la Secretaría de Educación del Distrito”, derogando en su totalidad las resoluciones 1333 del 30 de julio de 2014 y 2274 del 23 de diciembre de 2014 en las cuales se definían y establecían los lineamientos para la aplicación del proceso sancionatorio señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Sin embargo, atendiendo a lo dispuesto en el literal E del Manual LGEMC-01 “Lineamientos generales para la expedición de manuales de contratación” expedido por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, no se incluyó en el mencionado Manual integrado los lineamientos y delegaciones para adelantar el procedimiento sancionatorio, razón por la cual la administración debe proceder a definir aquellos a través del presente acto administrativo.

15. Que el artículo 29(6) de la Constitución Política, consagra el debido proceso como un derecho fundamental e impone su observancia en todas las actuaciones judiciales y administrativas.

16. Que con relación al debido proceso en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, la Ley 1150 de 2007(7) puntualiza en su artículo 17 lo siguiente:

“ART. 17.—DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.

PAR.—La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.

17. Que la Ley 1474 de 2011(8) en su artículo 86, contempla el procedimiento que deben adelantar las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la Administración Pública, para declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal.

18. Que el Consejo de Estado - Sección Tercera(9), ha replicado que compete a la ley definir los mínimos aspectos procedimentales que comprometan o condicionen las garantías propias del derecho fundamental del debido proceso reconocido a toda persona en el ordenamiento jurídico, denominada relación extra-orgánica. A renglón seguido señala: “Sin embargo, la Sala debe precisar que los aspectos ínter-orgánicos del procedimiento si pueden ser confiados a la potestad de auto-organización de cada entidad administrativa, tal como se señaló cuando se estudiaban los cargos formulados contra el artículo 89 del Decreto 2474 del 2008 (...). La determinación, por ejemplo, del trámite interno que deben seguir los funcionarios en las dependencias de la entidad cuando se adelanta un procedimiento administrativo de carácter sancionador no condiciona ninguna de las garantías del debido proceso, la eficacia de esta clase de normas se agota en el interior del aparato administrativo y por ende pueden regularse en los denominados manuales de contratación o de funciones”.

19. Que la Secretaría de Educación del Distrito requiere establecer los lineamientos generales, en los cuales deben precisarse la aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la determinación de los responsables de adelantar las actuaciones pertinentes, en el marco de la expedición de la Resolución 2126 del 12 de diciembre de 2017 por medio de la cual se adoptó el “Manual integrado de contratación de la Secretaría de Educación del Distrito”.

Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaría de Educación del Distrito,

RESUELVE:

ART. 1º—Delegación para llevar a cabo la audiencia. Delegar en el(la) jefe de la oficina de contratos o quien haga sus veces, la facultad para impulsar el procedimiento, y adelantar los trámites en el desarrollo de la audiencia de declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, declarar la caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento en los contratos estatales y/o convenios (diferentes a los interadministrativos)(10), celebrados por la SED en virtud del Sistema de Compra Pública de competencia de la Dirección de Contratación, en cumplimiento del procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de los lineamientos administrativos que en aspectos ínter-orgánicos se fijan a través de la presente resolución.

En ejercicio de la delegación conferida, el (la) jefe de la oficina de contratos suscribirá en nombre de la SED, los documentos, citaciones, oficios y memorandos que en desarrollo del procedimiento se produzcan, salvo aquel mediante el cual se decrete, rechace o niega la práctica de pruebas, se adopte decisión de terminación del procedimiento o se declare el incumplimiento para la imposición de multa, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, la caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento y el acto que resuelva el recurso de reposición.

Así mismo apoyará al ordenador del gasto en la conducción de la audiencia correspondiente, y podrá suspenderla cuando ello resulte necesario para allegar o practicar pruebas que se estimen conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa.

PAR. 1º—La competencia para adoptar la decisión con la cual se termina el procedimiento, lo cual comprende la declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, declarar la caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento; así como resolver los recursos correspondientes con las respectivas determinaciones de fondo, estarán a cargo del ordenador del gasto correspondiente, de acuerdo a los actos administrativos de delegación vigentes.

PAR. 2º—El acto de delegación no exime de responsabilidad al delegante de conformidad con lo previsto por el parágrafo del artículo 12 de la Ley 489 de 1998, por lo cual corresponderá al delegatario presentar informes que sobre su gestión solicite el delegante, relacionados con el ejercicio de la facultad que mediante la presente resolución se le confiere.

ART. 2º—Establecer los siguientes lineamientos generales que regirán las actuaciones de la administración para efectuar la declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, declarar la caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento en los contratos estatales y/o convenios (diferentes a los interadministrativos), celebrados por la SED en virtud del sistema de compra pública de competencia de la dirección de contratación, así:

1. Previo a la audiencia.

1.1. Requerimiento al contratista o asociado: Bajo el entendido de que la supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista o asociado; quienes ejerzan tales calidades deben requerir del contratista o asociado los informes, aclaraciones y explicaciones que consideren pertinentes sobre el desarrollo de la ejecución contractual de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o convenio, o cuando tal incumplimiento se presente; actuación que deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Los requerimientos deberán hacerse por escrito al contratista o asociado, en plazo no superior a lo que la debida diligencia impone.

b) En el contenido del requerimiento dirigido al contratista o asociado se deben incorporar los hechos, actos o circunstancias sobre los que el supervisor e interventor requiere informes, aclaraciones y explicaciones y señalar con exactitud las razones y cláusulas por las cuales se considera que puede presentarse un incumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo y de ser pertinente o conducente, los documentos o soportes anexos que a juicio de la supervisión o la interventoría, deben ser allegados para aclarar las situaciones particulares de cada caso.

c) Dentro del mismo texto del requerimiento, el supervisor o interventor debe establecer un plazo prudencial y perentorio para recibir la respuesta por parte del contratista o asociado, teniendo en cuenta la gravedad y complejidad del asunto, así como la naturaleza y cantidad de los documentos solicitados.

d) En los casos en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, copia del requerimiento al contratista o asociado será remitido al garante

e) La respuesta del contratista o asociado debe ser allegada al supervisor/interventor de la Secretaría de Educación del Distrito.

f) Cuando el contratista o asociado guarde silencio frente al requerimiento o la respuesta presentada no desvirtúe plenamente el posible incumplimiento, el supervisor o interventor elaborará con destino al área encargada de la ejecución del contrato, un informe pormenorizado de lo sucedido.

g) El informe que el supervisor o interventor rinda deberá ser objeto de análisis por al área encargada de la ejecución del contrato o convenio, y si encuentran procedente seguir con el procedimiento sancionatorio que a continuación se detalla, deberá justificar tal decisión y remitirlo a la oficina de contratos o la que haga sus veces.

En caso de ser satisfactoria para la supervisión y/o interventoría la respuesta al requerimiento presentada por el contratista o asociado, no habrá lugar a la aplicación del procedimiento previsto en los siguientes acápites.

1.2. Citación a audiencia: Evidenciado un posible e injustificado incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o asociado, de conformidad con el informe que sobre el particular remita el área encargada de la ejecución del contrato o convenio (diferente a los interadministrativos), el delegatario citará por escrito al contratista o asociado(11) presuntamente incumplido para que asista a audiencia para debatir lo ocurrido, mediante documento citatorio que emitirá de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Será remitido a la dirección física y electrónica que del contratista o asociado obre en la carpeta contentiva del expediente contractual y/o la que indique el área encargada de la ejecución del contrato o convenio,

b) En el escrito se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan la citación, enunciando las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista o asociado en desarrollo de la actuación y se acompañará del o los informe(s) de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación.

c) De igual forma se consignará el lugar, fecha y hora de citación para la realización de la audiencia, actuación que se surtirá con la prontitud que demande la naturaleza del contrato o convenio, la complejidad del posible incumplimiento y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

d) En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera que el contratista o asociado. Adicionalmente se debe citar a la interventoría, si aplica.

2. Desarrollo de la audiencia. En uso de la delegación conferida, el (la) jefe de la oficina de contratos o quien haga sus veces, deberá proceder de acuerdo con el procedimiento señalado en el literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de los lineamientos que en aspectos ínter-orgánicos se indican a continuación:

2.1. Participantes: Participarán en la audiencia las siguientes personas por parte de la Secretaría de Educación del Distrito:

a. El ordenador del gasto que haya suscrito el respectivo contrato o convenio, quién dirigirá la audiencia.

b. El (la) jefe de la oficina de contratos, quien acompañará y apoyará al ordenador del gasto en la conducción y dirección de la audiencia, con el apoyo del personal que designe para el efecto.

c. El o la supervisor(a) del contrato o convenio y quien(es) ejerce(n) apoyo a la supervisión, si el supervisor lo considera necesario.

d. Cuando el contrato ostente interventoría, participará, además del supervisor, el personal que el interventor designe mediante comunicación que dirigirá oportunamente al jefe de la oficina de contratos o quien haga sus veces.

e. El o la abogado(a) de la oficina de contratos que prestará soporte jurídico para la toma de decisiones y será el encargado de proyectar el acto administrativo correspondiente.

En todo caso el delegatario, podrá convocar a las personas que considere indispensables para el correcto y debido desarrollo de la audiencia.

2.2. Desarrollo de la audiencia: El delegatario, dará inicio a la audiencia, el cual acompañará y apoyará al ordenador del gasto en su instalación, conducción y dirección, prosiguiéndose el siguiente orden:

a. El (la) jefe de la oficina de contratos o quien haga sus veces, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista o asociado en desarrollo de la actuación.

b. Seguidamente se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o asociado o a quien lo represente y a continuación al garante, para que presenten sus descargos, en virtud de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

c. Tanto el delegatario como los demás participantes en representación de la entidad, así como el representante legal del contratista o asociado o quien lo represente y el garante del contratista o asociado, podrán hacer uso de la palabra tantas veces como sea necesario para aclarar los hechos sobre los que versa la citación, previo acatamiento de las reglas y el orden preestablecido por quien direcciona y modera la audiencia.

2.3. Suspensión de la audiencia: En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegatario, de oficio o a petición de parte, podrá suspenderla cuando ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa.

En todo caso al adoptar la decisión de suspender la audiencia, se señalará fecha, hora y lugar para reanudarla.

3. Expedición de actos administrativos derivados de la audiencia. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y que se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, declarar la caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento.

Los actos administrativos que como resultado de la audiencia deban proferirse, serán expedidos por el (la) ordenador(a) del gasto que suscribe el correspondiente contrato o convenio o quien haga sus veces, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y siguiendo las formalidades previstas por la Ley 1437 de 2017 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Contra la decisión proferida solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.

De ser necesaria la cuantificación de los perjuicios derivados del incumplimiento, la oficina de contratos recibirá del área encargada de la ejecución del contrato o convenio y/o de parte del interventor, la respectiva tasación aritmética, debidamente soportada.

4. Cesación del procedimiento. La SED, a través del ordenador del gasto, podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento, para lo cual se debe contar con documento expreso que en tal sentido allegue el área encargada de la ejecución del contrato en audiencia pública.

5. Ejecutoria del acto administrativo sancionatorio. Cualquiera sea la decisión sancionatoria producto del procedimiento anterior, y una vez en firme la decisión, el (la) jefe de la oficina de contratos remitirá los antecedentes, anexos y soportes junto con el acto administrativo, a las siguientes dependencias:

a) Al área o dependencia encargada de la supervisión y vigilancia de la ejecución del contrato y al ordenador del gasto, con el fin que realicen la compensación de saldos al contratista o asociado sancionado, siempre y cuando existan saldos a favor del mismo.

En el evento en que la compensación sea parcial o el contratista o asociado no cancele la sanción impuesta, el saldo deberá ser cobrado por gestión de la oficina asesora jurídica a través de las siguientes actuaciones: 1. Elaboración y envío del requerimiento al garante para cancelar el saldo correspondiente; 2. Por medio del cobro persuasivo o coactivo, en el marco de la normativa vigente

b) A la dirección financiera informando la sanción impuesta y el valor de la misma, para lo de su competencia.

Una vez ejecutoriado el acto administrativo, la oficina de contratos, deberá comunicar la parte resolutiva que declare el incumplimiento para la imposición de multa, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, declare la caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista o asociado, cuando aplique. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación y se publicará en el SECOP y en la página web de la SED, tal como lo dispone el artículo 218 del Decreto Ley 19 de 2012.

ART. 3º—Actualización procedimiento. Ordenar a la oficina asesora de planeación que en coordinación con la oficina de contratos proceda a elaborar los procedimientos, formatos, guías y demás documentos necesarios a adoptarse en el sistema de gestión de calidad al interior de la Secretaría de Educación del Distrito, en concordancia con lo establecido en el presente acto administrativo.

ART. 4º—Publicidad. La presente resolución será publicada en la página web de la SED y en el Registro Distrital.

ART. 5º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra ella no procede recurso alguno de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Bogotá, D.C., a los trece días del mes de marzo de dos mil dieciocho.

Publíquese y cúmplase.

1 Sentencias C-496 de 1998 y C-561 de 1999.

2 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones

3 Ver Sentencia C-036 de 2005 y T-024 de 1996, con criterio reiterado en las sentencias C-496 de 1998, C-561 de 1999 y C-727 de 2000.

4 Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones.

5 Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones.

6 ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria, y a en ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso.

7 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.

8 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

9 Proceso con Radicación Nº 20273(6217)

10 En sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 24639 de 2009 se sostuvo: “A lo anterior se agrega que cuando las dos partes de la relación contractual representan al Estado y actúan en nombre de él, la Ley 80 de 1993, en su artículo 14 ha previsto la prescindencia de las cláusulas o estipulaciones excepcionales, por tratarse de contratos inter-administrativos y a no dudar el Convenio 4129-D de 30 de enero de 1995, es un contrato que cumple tales características, en consecuencia en esta clase de contratos no es posible estipular cláusulas excepcionales al derecho común y aunque la cláusula de multas no se encuentra consagrada como una facultad excepcional por la Ley 80 de 1993, circunstancia que permitía pactarla bien en los contratos interadministrativos o en aquellos regidos por el régimen del derecho privado, lo cierto es que ninguna de las partes está facultada para imponerlas unilateralmente, mediante acto administrativo, so pena de que el acto así expedido se encuentre afectado por vicio de incompetencia. Hoy con la Ley 1150 de 1993 (sic), si se encuentran prevista la competencia de la Administración para imponer multas al contratista, de manera unilateral, pero no en los contratos interadministrativos (...)”.

11 En caso que el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe citar al representante, en concordancia con lo expuesto en sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 25 de septiembre de 2013, exp. 19933 a su tenor:
“(…) Para abundar en razones que conducen a concluir que los consorcios y las uniones temporales se encuentran debidamente facultados para comparecer a los procesos judiciales que se promuevan u originen en relación con los procedimientos de selección o con los contratos estatales en los cuales aquellos pueden intervenir o asumir la condición de parte, según el caso, importa destacar que el inciso segundo del parágrafo primero del artículo séptimo de la citada Ley 80, determina que “[l]os miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal (…)”, cuestión que obliga a destacar que el legislador no limitó y no condicionó, en modo alguno, el amplio alcance de las facultades que, por mandato normativo, acompaña a quien se designe como representante de una de esas organizaciones, lo cual se opone por completo a las indicaciones anteriormente formuladas por la Sala en cuanto se venía sosteniendo que el representante de un consorcio o unión temporal tendría facultades para los solos efectos relativos a la celebración y ejecución del contrato.
Así, en la medida en que la ley no hizo distinción alguna acerca de la totalidad de los efectos para los cuales se hará la designación del representante del consorcio o unión temporal, es claro que no podrá hacerlo el intérprete. De manera que al determinar que las facultades correspondientes comprenderán todos los efectos, en ellos deben entenderse incluidas las actuaciones de índole precontractual y contractual que puedan y deban desplegarse en sede administrativa, como por ejemplo (…) notificarse de los actos administrativos de índole contractual que expida la entidad contratante e impugnarlos en vía gubernativa, etc.
Como resulta apenas natural, ha de entenderse también que la representación del consorcio o de la unión temporal, en los términos de la ley, para todos los efectos, comprenderá por igual las actuaciones procesales que deban emprenderse o desplegarse con el propósito de reclamar o defender en juicio los derechos derivados de la propuesta o del contrato. Es más, resultaría contradictorio e inadmisible suponer que el representante de una de esas agrupaciones empresariales pudiere celebrar el contrato, convenir su liquidación y hacer salvedades acerca de su contenido o notificarse válidamente de los actos administrativos contractuales e incluso recurrirlos en sede administrativa, pero que una vez agotada la vía gubernativa no pudiere demandar esos actos o el contrato mismo ante el juez competente o formular demandas en relación con las salvedades consignadas en el acta de liquidación final.
Surge aquí un efecto adicional que importa destacar, consistente en que la notificación que de los actos contractuales expedidos por la entidad estatal en relación o con ocasión de un contrato celebrado con un consorcio o una unión temporal, se realice con el representante de la respectiva agrupación, será una notificación que se tendrá por bien hecha, sin que resulte necesario entonces, para que el acto administrativo correspondiente produzca la plenitud de sus efectos, que la entidad contratante deba buscar y hasta ‘perseguir’, por el país o por el mundo entero, a los múltiples y variados integrantes del consorcio o de la unión temporal contratista.
Lo anterior porque el representante de los consorcios y de las uniones temporales, concebido y exigido por la ley para todos los efectos, es mucho más que un representante o mandatario de cada uno de los integrantes de la agrupación, individualmente considerados (…)”.