Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 4475 DE 2015 

(Octubre 19)

“Por la cual se REVOCA la Resolución 3850 del 29 de septiembre de 2015 “Por medio del cual se adoptan decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en Bogotá D.C., para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 25 de octubre del año 2015””.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 265 numeral 6 y 316 de la Constitución Política, el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, las resoluciones 333 de 2015 y con fundamento en los siguientes

1. Hechos y actuaciones administrativas.

1.1. Mediante Resolución 3850 del 29 de septiembre de 2015 el Consejo Nacional Electoral adoptó decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en Bogotá D.C., para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 25 de octubre del año 2015.

2. Fundamentos jurídicos.

2.1. Competencia.

2.1.1. Constitución Política.

La Carta Fundamental ha conferido al Consejo Nacional Electoral la competencia para velar por el amparo de los procesos electorales a fin de que su resultado se traduzca en la verdadera intención del elector, libre de apremio.

En efecto, el artículo 265 de la Constitución Política en lo pertinente prescribe:

El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:

(...).

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. (...)”.

En lo que respecta a la circunscripción electoral en que deben sufragar los ciudadanos residentes en una respectiva entidad territorial, la Constitución Política dispone:

“ART. 316.—En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.

2.1.2. Decreto 2241 de 1986(1).

Concordante con lo expuesto anteriormente el Código Electoral, en lo pertinente preceptúa:

“ART. 1º—El objeto de este código es perfeccionar el proceso y organización electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la voluntad del elector expresado en las urnas. En consecuencia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y, en general, todos los funcionarios de la Organización Electoral del país, en la interpretación y aplicación de las leyes, tendrán en cuenta los siguientes principios orientadores:

(...).

4. Principio de la capacidad electoral. Todo ciudadano puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que delimite su derecho (…).

“ART. 11.—El Consejo Nacional Electoral tendrá a su cargo la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral y en el ejercicio de estas atribuciones cumplirá las funciones que le asignen las leyes y expedirá las medidas necesarias para el debido cumplimiento de éstas y de los decretos que la reglamenten.

“ART. 76.—A partir de 1988 el ciudadano solo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas que integraban el censo de 1988 y las que con posterioridad allí se expidan o se inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban en otro lugar.

“ART. 78.—La inscripción es acto que requiere para su validez la presencia del ciudadano y la impresión de la huella del dedo índice derecho del inscrito, en el correspondiente documento oficial. En el caso de personas mutiladas se dejará constancia y se procederá a imprimir otra huella que permita identificar al inscrito.

La presentación personal aquí ordenada se cumplirá ante el funcionario electoral del municipio o del lugar donde se desea sufragar, quien expedirá el comprobante de la inscripción donde conste el número de la cédula inscrita y el número del puesto de votación.

No surtirán efecto las inscripciones que se efectúen sin el lleno de los requisitos prescritos en el presente artículo y los funcionarios que las realicen serán sancionados con la pérdida del empleo, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal”(2).

2.1.3. Ley 136 de 1994(3).

“ART. 183.—Definición de residencia. Entiéndase por residencia para los efectos establecidos en el artículo 316 de la Constitución Política, el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo”.

2.1.4. Ley 163 de 1994(4).

“ART. 4º—Residencia electoral. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral.

Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción.

Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto 2762 de 1991”.

2.1.5. Ley 1475 de 2011(5).

“ART. 49.—Inscripción para votar. La inscripción para votar se llevará a cabo automáticamente al momento de la expedición de la cédula de ciudadanía. La Registraduría Nacional del Estado Civil establecerá los mecanismos necesarios de publicidad y logística para la actualización de la información por zonificación; en caso de que el ciudadano cambie de lugar de domicilio o residencia, dicho proceso se llevará a cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y se cerrará dos (2) meses antes de la respectiva jornada electoral de que se trate”.

2.1.6. Decreto 1294 del 17 de junio de 2015(6) expedido por el Ministerio del Interior.

“ART. 2.3.1.8.3.—Cruces de información. La Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información suministrada por el ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes procesos electorales, con las siguientes bases de datos:

• Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales Sisben, administrada por el Departamento Nacional de Planeación, DNP.

• Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social-BDUA del Fosyga adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.

• Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE.

• Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS.

PAR.—Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a la Registraduría Nacional del Estado Civil el cruce de información con cualquier base de datos pública o privada que se considere útil para establecer la residencia electoral”.

“ART. 2.3.1.8.5.—Entrega de resultados al Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil remitirá al Consejo Nacional Electoral, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes calendario durante el periodo de inscripciones, y dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de las inscripciones de cédulas, el resultado del cruce de base de datos”.

“ART. 2.3.1.8.6.—Decisión y notificación. El Consejo Nacional Electoral, con base en la información indicada en el artículo precedente, tomará la decisión que corresponda, la cual será notificada de conformidad con las normas legales pertinentes.

PAR.—El procedimiento y las decisiones del Consejo Nacional Electoral tienen carácter policivo administrativo. Estas últimas son de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de los recursos que legalmente procedan”.

“ART. 2.3.1.8.8.—Trashumancia histórica. Las inscripciones realizadas con anterioridad al 25 de octubre de 2014, podrán ser verificadas de conformidad con lo establecido en el presente capítulo. Para tales efectos, el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus competencias, fijará los criterios que definan el fenómeno de la trashumancia histórica y la verificación tendiente a dar cumplimiento al artículo 316 de la Constitución Política”.

2.1.7. Resolución 333 del 16 de marzo de 2015(7) proferida por el Consejo Nacional Electoral.

“ART. 20.—Recursos. Contra la resolución mediante la cual se ponga fin al procedimiento aquí regulado, procederá el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de la parte resolutiva de que trata el artículo anterior.

PAR.—Sin perjuicio de la interposición del recurso de reposición señalado, cuando exista plena prueba de la afectación o vulneración del derecho fundamental al ciudadano, de elegir y ser elegido, con la decisión de dejar sin efectos la inscripción de su cédula de ciudadanía, el Consejo Nacional Electoral revocará directamente y de oficio su decisión, de conformidad con lo establecido en el título III, capítulo IX, artículos 93 y 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra esta decisión no procederá recurso alguno”.

3. Consideraciones del Consejo Nacional Electoral.

La Constitución Política de Colombia establece que en los procesos electorales para la escogencia de las autoridades del orden local, solo pueden participar aquellos ciudadanos que residan en el respectivo municipio, lo que deriva en que el fenómeno de la denominada trashumancia electoral no tiene asidero en tratándose de inscripción entre localidades, a la luz de lo preceptuado en el artículo 316 Superior, que circunscribe la residencia electoral a “donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral; de manera que con la inscripción de la cédula bajo la gravedad de juramento manifiesta que reside en el municipio”.

Al respecto, esta corporación ha conceptuado:

“Ahora bien, respecto al caso consultado, resulta evidente que cuando el constituyente y el legislador determinan que para elecciones de carácter local, los ciudadanos deben sufragar en el municipio de su residencia, se están refiriendo a esa división territorial administrativa fundamental del Estado que posee autonomía fiscal, administrativa y que es gobernada por un alcalde, y no así a las localidades, comunas y corregimientos; divisiones políticas y administrativas en las que se pueden dividir los municipios, según determinación de los concejos municipales o distrital respectivos.

Esta corporación comparte completamente los criterios del constituyente y del legislador. pues es indiscutible que los ciudadanos puedan tener relación material e interés en más de una localidad dentro del municipio, porque se puede dar la circunstancia que habite en una y estudie y trabaje en otras, por lo tanto tiene un interés en lo que suceda en todas ellas. En suma al ciudadano le interesa todo lo que suceda en todo su municipio.

Ahora bien, como la carta superior determina que los concejos municipales y distrital tienen la facultad de dividir los municipios en comunas, corregimientos o localidades, según sea el caso, y que en cada una de esas divisiones se conforme una junta administradora local elegida popularmente, se deduce entonces que los ciudadanos podrán sopesar en cual de dichas divisiones, de su municipio de residencia, tienen más interés y de acuerdo a su criterio inscribirse en el censo de esa localidad para apoyar a través del sufragio a la junta administradora local correspondiente.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es válido afirmar que no existe trashumancia entre localidades, comunas ni corregimientos. Que éste fenómeno solo se configura cuando los ciudadanos se inscriben en el censo y votan en un municipio diferente a aquel en el cual residen.(8)

Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral en el acto administrativo de naturaleza breve y sumaria que regula el procedimiento a seguir en las investigaciones para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, estableció en el parágrafo único del articulo duodécimo que: “sin perjuicio de la interposición del recurso de reposición señalado, cuando exista plena prueba de la afectación o vulneración del derecho fundamental al ciudadano, de elegir y ser elegido, con la decisión de dejar sin efectos la inscripción de su cédula de ciudadanía, el Consejo Nacional Electoral revocará directamente y de oficio su decisión, de conformidad con lo establecido en el título III, capítulo I artículos 93 y 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra esta decisión no procederá recurso alguno”.

En efecto, corresponde a la administración revocar sus actos cuando se presenten las causales establecidas en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, correspondiéndole la competencia a la autoridad que expidió la decisión y de forma oficiosa, ante la advertencia de la concurrencia de alguna(s) de las causales preceptuadas, tales como (i) cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política, y (ii) cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona.

Luego entonces, para efectos de proteger el derecho fundamental de elegir y ser elegido consagrado en el artículo 40 de la Carta Política, y en aras de evitar un posible perjuicio a los ciudadanos que mutaron su inscripción entre localidades y por lo mismo, sin afectar las condiciones de territorialidad que demanda el artículo 316 de la Constitución, esta Corporación procede a revocar de manera unilateral y en consecuencia declarar sin efecto la Resolución 3850 del 29 de septiembre de 2015 del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se adoptaron decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en Bogotá D.C., para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 25 de octubre del año 2015.

En mérito de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ART. 1º—REVOCAR la Resolución 3850 del 29 de septiembre de 2015 “Por medio del cual se adoptan decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a determinar la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en Bogotá D.C., para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 25 de octubre del año 2015”, por la razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

ART. 2º—COMUNICAR la presente resolución a la Registraduría Distrital de Bogotá D.C., para que NOTIFÍQUE a las personas relacionadas en el artículo precedente de este proveído.

PAR. 1º—NOTIFICAR la presente resolución conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo undécimo de la Resolución 333 de 2005 proferida por el Consejo Nacional Electoral, concordante con el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011.

PAR. 2º—FIJAR en lugar público del despacho de la Registraduría Distrital de Bogotá D.C., copia de la parte resolutiva por el término de cinco (5) días calendario.

ART. 3º—COMUNICAR la presente resolución por conducto de la Registraduría Distrital de Bogotá D.C., a los ciudadanos que se relacionan en el artículo tercero de la Resolución 3850 de 2015, del Consejo Nacional Electoral.

ART. 4º—REMITIR copia de la presente resolución al registrador delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la gerencia de informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Registraduría Distrital de Bogotá D.C., para los efectos a que haya lugar en su cumplimiento.

ART. 5º—COMUNICAR el presente acto administrativo a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de sus respectivos cargos y competencias.

ART. 6º—PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo Nacional Electoral y/o de la Registraduría Nacional de Estado Civil, como garantía de transparencia y acceso a la información.

ART. 7º—LIBRAR por conducto de la subsecretaria de la corporación los oficios dispuestos para el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución.

ART. 8º—Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D.C., a 19 de octubre de 2015.

(1) “Por el cual se adopta el Código Electoral”.

(2) Artículo 77 modificado por el artículo 7º de la Ley 6 de 1990.

(3) ““Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

(4) “Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral”.

(5) “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.

(6) “Por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015, con el fin de establecer los mecanismos que hagan efectivo y oportuno el control que el Consejo Nacional Electoral ejerce sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía para combatir la trashumancia electoral”.

(7) “Por la cual se establece el procedimiento breve y sumario a seguir para dejar sin prescripción la inscripción irregular de cédulas”.

(8) Consejo Nacional Electoral, M.P. Carlos Camargo Assis, radicado 2428 de 2015, fecha: mayo 11 de 2015.